Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 60276
Causa Nº MO-60276-2016 R.S. 82/2020
Con fecha 5 de Mayo de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "GONZALEZ SARA C/ GUTIERREZ NICOLAS ADRIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa N º MO-60276-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental, con fecha 27 de Agosto de 2019 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Dicha sentencia fue apelada tanto por la parte actora como por la demandada y citada en garantía, los recursos fueron concedidos libremente, elevándose posteriormente las actuaciones a este tribunal.
Con fecha 22 de Octubre de 2019 la parte actora expresa sus agravios y con fecha 6 de Noviembre de 2019 la demandada y su garante hacen lo propio.
Conferidos los traslados del caso solo esta última fundamentación fue objeto de réplica, por parte de la actora, mediante el escrito electrónico de fecha 14 de Noviembre de 2019 .
Posteriormente, a fs. 255vta. se llamaron "autos para sentencia" , providencia que -firme- deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
Se agravia la parte actora de las sumas fijadas en concepto de incapacidad, gastos de tratamiento, gastos médicos y daño moral, reclamando su elevación.
A su turno, demandada y citada en garantía objetan los mismos rubros, pero bregando por su disminución; asimismo, se quejan de la tasa de interés fijada.
A los términos de cada una de dichas fundamentaciones recursivas, cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Previo a comenzar mi desarrollo en el punto, considero pertinente destacar que, desde mi punto de vista y en líneas generales, ambas expresiones de agravios satisfacen las exigencias del art. 260 del CPCC, sin perjuicio de lo que luego indicaré con algunos aspectos en particular, por lo que habré ingresar directamente en el fondo del asunto.-
Dicho esto, en orden a dar respuesta a los agravios, y como son varios los tópicos que se someten a nuestro conocimiento y decisión (art. 266 parte final CPCC), iré fraccionando mi razonamiento para dotarlo de toda la claridad expositiva que sea menester.-
a) Incapacidad
Los $360.000 fijados en el punto merecieron el embate de todas las recurrentes.
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Dicho esto, y en lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento, el valor referencial utilizado era el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad.-
Con todo, ponderando la evolución y situación de la economía nacional desde que comenzamos a utilizar dicha pauta hasta este momento, como así también el contexto de los indicadores actuales e incluso el nuevo criterio que hemos de aplicar para el cómputo de los accesorios (conforme ya lo indicaré en el punto pertinente de este voto), hemos entendido que el valor referencial que corresponde empezar a utilizar es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Por lo demás, y en cuanto a la aplicación de las previsiones del art. 1746 del CCyCN, el fallo da puntuales razones en virtud de las cuales no se ciñe, estrictamente, a fórmulas matemáticas, siguiendo la orientación que -como bien refiere el fallo- hemos adoptado en el punto desde esta Sala y sobre el tema no existen agravios de las partes.-
Ahora bien, para dar respuesta a los agravios traídos lo primero que debería definirse es la entidad del menoscabo.-
Y, de acuerdo con lo planteado en las quejas, debo referirme a la prueba pericial.-
Para abordar el tema he de recordar en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Pues bien, sentado ello tenemos -en el caso- la pericia médica de fecha 18 de Septiembre de 2018, con sus explicaciones de fecha 16 de Octubre y 3 de Diciembre de ese mismo año.
En la labor pericial, la experta (médica legista) señala que " a raíz del accidente ocurrido el día 15/09/2016, en base a mecánica accidental, examen clínico, estudios complementarios (RMN, ECO y RX) y antecedentes hospitalarios acreditados en autos, presenta: Lumbalgia postraumática por mecanismo de aceleración-desaceleración (reducción del rango de la movilidad de la columna, contractura muscular y rigidez con cambios degenerativos discales); Limitación funcional hombro izquierdo postraumática por mecanismo de contusión contra cuerpo duro (tendinitis porción larga del bíceps y desgarro de tendón supraespinoso); Limitación funcional muñeca izquierda postraumática por mecanismo de contusión contra cuerpo duro (tendinitis porción larga del bíceps y tendón del supraespinoso y esguince acromio clavicular) ".
Informando una incapacidad parcial y permanente del 23,9%
Viene cierto, y esto va en relación a los agravios traídos, que la demandada y su garante solicitaron (en sendas ocasiones, escritos de fecha 1 y 26 de Octubre de 2018) explicaciones a la perito.
Y, ahora, reeditan las cuestiones vinculadas con la conexión causal entre los hechos informados y el accidente.
Dicho esto, debemos computar que el accidente (en el cual el colectivo de la demandada atropella a la actora, como peatona) está acreditado y nadie lo discute.
A ello se suma que, en su labor pericial, la experta ha transcripto el contenido de las constancias médicas concomitantes al hecho y si bien es cierto que las hospitalarias no son demasiado abundantes, no menos cierto es que las posteriores (acerca de las cuales no se introdujo planteo alguno al venir al expediente -ver fs. 132/6-) indican problemática lumbar, en la muñeca y en el hombro, que son los aspectos físicos con los cuales se relaciona el menoscabo incapacitante informado.
Ciertamente, frente a la llegada de estas constancias pudo haberse actuado lo pertinente si se consideraba que había algo para plantear (art. 401 del CPCC).
Luego, y a la luz de lo expuesto, mas allá de la discrepancia subjetiva de las recurrentes y no existiendo en el expediente constancias, objetivas, que ameriten un apartamiento del dictamen, he de ceñirme al mismo (arts. 384 y 474 del CPCC).
Llegado este punto, debemos contextualizar la incapacidad informada (y sus repercusiones, concretas, no abstractas), con las circunstancias personales de la actora.
En tal sentido, la reclamante es de sexo femenino, tenía 63 años de edad al momento del hecho y era jubilada; sus condiciones socio económicas surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda (ver declaración de los testigos adjuntas en .pdf a la presentación de fecha 22/5/2019 y ratificaciones de fecha 5/6/2019).
Sentado ello, entiendo que conjugando todas esas circunstancias, el monto fijado en la instancia previa se perfila reducido y por ello promoveré su elevación a la suma de $500.000 (quinientos mil pesos) .
b) Gastos de tratamiento
La sentencia admite solo los gastos enfocados a realizar el tratamiento kinesiológico al que alude, descartando los gastos de tratamiento psicológico.
Ambas partes apelan de esto.
En cuanto al recurso de la actora, el mismo deviene claramente insuficiente, desde que -en cuanto al aspecto psicológico- no se hace cargo de las razones en virtud de las cuales se lo desestima en el fallo; y en cuanto al tratamiento kinésico, se limita a la mera discrepancia de criterio en relación al monto fijado.
Por ello, se lo deberá declarar desierto (art. 260 del CPCC).
En cuanto al planteo de la demandada y citada en garantía, vemos que el mismo se encamina a que el tratamiento kinésico sea costeado por la obra social de la actora.
Por cierto, dicha tesis no se compadece, en modo alguno, con la responsabilidad que ha sido decidida en cabeza de la accionada y con las prescripciones de los arts. 1716, 1738 y 1740 del CCyCN.
Pretender trasladar, en tal contexto, el costo del tratamiento por un daño del que resulta responsable la accionada, el sistema de asistencia social, para nada se ajusta a las previsiones de nuestro ordenamiento en materia de responsabilidad civil.
Luego, el planteo ha de ser desestimado.
c) Gastos médicos, de farmacia y traslado
El Sr. Juez a quo establece la procedencia de este rubro por la suma de $12000, generando ello el embate de la demandada y su garante.-
Cabe entonces memorar que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, pero ese concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces, sino que encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba y en la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas, tratamientos aconsejados, y todo ello sí debe ser probado y no puede derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares.-
Importante resulta mencionar, que reiteradamente esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente. El resarcimiento debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe -S.C.B.A., Ac.y Sent., Tº 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 11
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.