Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 28426
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en cuanto a la medida cautelar que decreta, dejando señalado que, devuelto el expediente a la instancia originaria deberá abordarse, allí, el pedido de sustitución de la medida cautelar que fuera introducido en su momento.
Costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
En cuanto al monto de los estipendios apelados respecto del auto regulatorio de fecha 21/8/2019, atento la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos, etapa cumplida, tomando como base regulatoria la suma reclamada en la demanda - $65.000 -, que llega firme a esta Alzada, y lo preceptuado por los arts. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 53 y ccdtes. del Dec. Ley 8.904/77, resultando reducidos los honorarios provisorios fijados a favor de los Dres. Guillermo Ernesto SAGUES y Adriana Nora HERRERO , SE LOS ELEVAN a las sumas respectivas de PESOS DOS MIL ($2.000.-) y de PESOS DOS MIL ($2.000.-) , con más la adición legal.-
Causa Nº MO-28426-2013 R.S. 138/2020
R.H. 49/2020
Con fecha 23 de Junio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: “JAUBELT SUSANA MARCELA C/ CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” Causa Nº MO-28426-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental el día 27/8/2019 trabo embargo preventivo por el monto reclamado de $ 2.193,10 que corresponden a los honorarios regulados provisoriamente a los Dres. Sagues y Herrero, con más la de $ 731, para responder a costos y costas, sobre la cuenta "Fideicomiso Protección Inder" del Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
2. Contra tal forma de decidir se alzó el día 28/8/2019 la citada en garantía interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs.2/9 y se fundó con el memorial presentado el 8/9 de aquel año el cual fue replicado el 12/9/2019.
Se queja el recurrente de la medida cautelar trabada por la sentenciante de grado peticionando la revocación del fallo. Asimismo pide la sustitución de la medida.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
3. A fs. 208 vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Adentrando al estudio de estos obrados hay dos cuestiones que debemos dejar señaladas, antes que nada.
Una es que sólo el criterio de elasticidad tantas veces utilizado por este Tribunal para apreciar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley adjetiva (art. 260) en la faena de sustentar el recurso de apelación de que se trate, es el que nos autoriza a desechar la aplicación de la sanción contenida en el art. 261 del mismo cuerpo normativo y a ingresar al análisis del fondo de la cuestión, pues mínimamente el libelo presentado por el recurrente cumple con dichos requisitos.-
Es que el quejoso expone en su gran mayoría cuestiones relacionadas al historial que tienen con el Dr. Sagues y Herrero en otras causas -que ya han sido expresadas a lo largo de la tramitación de los presentes-.
Luego argumenta muy profundamente la petición de sustitución de la medida -a lo cual me abocaré en los párrafos siguientes- y por ultimo fundamenta su solicitud de revocar el auto apelado en lo referente a la medida trabada, pero muy escuetamente.
La otra cuestión se da respecto a la sustitución de la medida peticionada por el apelante.
Veamos lo ocurrido en autos.
El 21/8/2019 se procedió a regular los honorarios provisorios de los Dres. Sagues y Herrero, los cuales han sido apelados por bajos. Asimismo los beneficiados solicitaron el embargo preventivo sobre la cuenta de la citada en garantía.
Ante ello, el apoderado de la citada en garantía interpuso recurso de apelación y solicitó la sustitución de la medida.
La jueza, haciendo una errónea interpretación del escrito, tomó el mismo como una revocatoria con apelación en subsidio.
Entonces rechazó aquella y concedió la apelación en relación mandando a cumplir con la carga del art.246 del código de rito.
Pero en ningún momento trató el pedido de sustitución de medida .
Consecuentemente, sería prematuro que este tribunal se adentrara en la cuestión de la sustitución de la medida cautelar, cuando el tema -que fuera introducido en la instancia previa- no mereció allí respuesta y, además, lo atinente a la sustitución de la medida tiene como presupuesto el análisis sobre el ajuste a derecho de la misma.
Así las cosas, y desde mi punto de vista, lo que corresponde es, en este momento, analizar las cuestiones que se traen en lo que hace a la procedencia del embargo. Luego, y si la medida se confirmara, disponer lo que corresponda en cuanto a la sustitución.
Dicho esto, y al solo efecto de dar respuesta al recurrente respecto de la introducción en el memorial de una eventual medida anticautelar anticautelar, debo decir que -según se ha señalado- no se podrá plantear exitosamente una anticautelar si es que ya el servicio de justicia se encuentra abocado al conocimiento de la precautoria que lo preocupa y procura evitar (conf. Peyrano, Jorge W. “Sobre usos equivocados de la prohibición de innovar y de la medida innovativa” en “Prohibición de innovar y prohibición de contratar”, obra colectiva del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario, Santa Fe 2007, ed. Rubinzal Culzoni, p. 116).
En efecto.
Existiendo una petición expresa de medida cautelar con despacho de primera instancia y pendiente la solución en esta alzada, la medida pedida deviene improcedente, primero porque no se la solicitó en primera instancia (art. 272 CPCC ) y segundo por una razón mas elemental: aquí ya se decretó la medida.
Ahora bien, sobre este piso de marcha y entrando a ponderar el ajuste a derecho de la misma cabe recordar que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 212 inc. 3° del CPCC, el embargo preventivo resulta procedente pendiente el proceso, si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviese recurrida, entendiéndose que no es necesario que exista cantidad líquida, sino elementos que posibiliten fijar una cantidad aproximada para la cautela (conf. Morello…, “Códigos…”, T° II-c, pág. 702, 2da. Edición, ed. Platense-Abeledo Perrot).
En cuanto a los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares –verosimilitud en el derecho y peligro en la demora-, aparecen de tal modo vinculados que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa (conf. Rev. La Ley 1996-B, p.732 cit. en Cam.Fed.L.P. “ P.R.C c/ Pami-Est. Nac. Y otros s/ amparo” del 21-3-10, publicado en www.pjn.gov.ar).
Y tales asertivos no escapan de lo acontecido en estos obrados, donde los Dres. Herrero y Sagues tienen sus los emolumentos provisorios regulados.
Y teniendo el carácter de provisorios, la aplicación del art. 17 de la ley arancelaria no escapa de ello, resultando -entonces- a cargo de la parte a la cual representaron (art. 17 ley 14.967, art. 77 CPCC).
Ello así, el estado actual del litigio (honorarios regulados y pendientes de ser revisado por la Alzada), evidencia la verosimilitud del derecho invocado (conf. causa 89.994 del 14.12.10 RSI 417 de 2010 de Sala III, doc. art. 212 inc. 3 del CPCC, conf. Morello ob. cit. pág. 707).
También es preciso dejar sentado que no queda anulado ni desaparece en forma absoluta por la existencia de la sentencia (honorarios); y en el caso, aun considerando la naturaleza semipública de la aseguradora (leyes 17.418 y 20.091) y los efectos que su condición produce respecto a la traba de embargos en su contra, el peligro se configura en función de la situación de “Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros” -multa impuesta a la por la autoridad de contralor en los términos del art. 58 inc. c ley 20091-.
En efecto, surge de la resolución n° 2018-837 del 22-8-18 dictada por la Superintendencia de Seguros (B.O. n° 33939 del 24-8-18), que tal multa (de $ 543.252,29) se le impuso “ por inconducta reiterada en lo que respecta al cumplimiento de su principal obligación en el marco del contrato de seguro, esto es, el pago de los siniestros frente al dictado de sentencia firme en su contra ”.
Cabe destacar que aun considerando la hipótesis de que tal resolución no esté firme por haber sido recurrida por la aseguradora, como ésta lo sostiene, y que ésta hubiera cumplido finalmente con los pagos referidos, no puede soslayarse el fundamento del organismo de control para imponer la sanción, esto es el hecho de advertir un patrón de conducta por parte de “Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros” en procura de no cumplir con las obligaciones a su cargo (en virtud de la sucesión de denuncias por parte de juzgados de diferentes jurisdicciones dando cuenta de la falta de pago de las sentencias firmes dictadas contra la aseguradora), todo lo cual hace que se configure en el caso, a partir de un dato objetivo, el requisito de admisibilidad en estudio, no advirtiéndose, obstáculo suficiente para la procedencia del embargo preventivo pedido y tendiente a garantizar el cobro del crédito del letrado (Cám.Civ.y Com. San Isidro, Sala III, Causa si40673/2018 R.S: 33/2019).
Entonces, con los argumentos traídos por la citada en garantía, no logra conmover a esta Alzada para revocar el fallo apelado, debiéndose confirmar la resolución en crisis en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Ello con costas de alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Dejando señalado que, devuelto el expediente a la instancia originaria deberá abordarse, allí, el pedido de sustitución de la medida cautelar que fuera introducido en su momento.
En cuanto al monto de los estipendios apelados respecto del auto regulatorio de fecha 21/8/2019, atento la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos, etapa cumplida, tomando como base regulatoria la suma reclamada en la demanda - $65.000 -, que llega firme a esta Alzada, y lo preceptuado por los arts. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 53 y ccdtes. del Dec. Ley 8.904/77, resultando reducidos los honorarios provisorios fijados a favor de los Dres. Guillermo Ernesto SAGUES y Adriana Nora HERRERO , propongo se los eleve a las sumas respectivas de PESOS DOS MIL ($2.000.-) y de PESOS DOS MIL ($2.000.-) , con más la adición legal.
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en cuanto a la medida cautelar que decreta, dejando señalado que, devuelto el expediente a la instancia originaria deberá abordarse, allí, el pedido de sustitución de la medida cautelar que fuera introducido en su momento.
Costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
En cuanto al monto de los estipendios apelados respecto del auto regulatorio de fecha 21/8/2019, atento la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos, etapa cumplida, tomando como base regulatoria la suma reclamada en la demanda - $65.000 -, que llega firme a esta Alzada, y lo preceptuado por los arts. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 53 y ccdtes. del Dec. Ley 8.904/77, resultando reducidos los honorarios provisorios fijados a favor de los Dres. Guillermo Ernesto SAGUES y Adriana Nora HERRERO , SE LOS ELEVAN a las sumas respectivas de PESOS DOS MIL ($2.000.-) y de PESOS DOS MIL ($2.000.-) , con más la adición legal.-
REGISTRESE. DEVUELVASE, ENCOMENDANDOSE A LA INSTANCIA DE ORIGEN LAS PERTINENTES NOTIFICACIONES
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2020 10:59:39 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 23/06/2020 10:59:49 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 23/06/2020 11:00:02 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia