Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 5990
Causa Nº MO-5990-2012 R.S. 140/2020
Con fecha 23 de Junio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “MONTENEGRO HUGO OSCAR Y OTRO/A C/ FERNANDEZ DIEGO OBDULIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” Causa Nº MO-5990-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA - GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 406/414 ?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora y la citada en garantía. La primera expresa sus agravios a través de la presentación electrónica 25914813, mientras que la aseguradora hace lo propio por medio de la presentación, de igual naturaleza, referenciada con el número 26509879.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar parcialmente a la demanda promovida por Hugo Oscar Montenegro y Elena Reina Anriquez contra Diego Obdulio Fernández y Marta Anneris Viviani y, en consecuencia, condena a los últimos nombrados a abonarle a los primeros la suma total de $201.200. Con más intereses calculados desde la fecha del ilícito- 11 de septiembre de 2010-y hasta la fecha de la sentencia según una tasa del 6 % anual y desde allí y hasta el efectivo pago según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Bs. As. Asimismo les impone las costas del juicio y hace extensiva la condena a Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada.
III. La coactora Anriquez se disconforma con el pronunciamiento, en lo relativo a la cuantía asignada para su reclamo en concepto de daño biológico (daño físico-psíquico). Como sustento de tal crítica esencialmente predica que se ha omitido valorar adecuadamente la prueba pericial médica de la que surge -dice- la gravedad de las lesiones sufridas y que justifican la fijación de un importe mayor. Asimismo-en igual dirección-alega que la desestimación de la reparación del daño y tratamiento psicológico perseguido, es equivocada porque el peritaje psicológico en el que se sustenta tal rechazo exhibe errores. También objeta el importe fallado para el rubro daño moral, sosteniendo al respecto que la decisión adoptada es igualmente equivocada porque no ha evaluado, en su real dimensión, las múltiples penurias que ha experimentado como consecuencia del accidente. En relación al rubro gastos médicos, farmacéuticos y de traslado se queja de su desestimación; por cuanto afirma que-contrariamente a lo expresado en el pronunciamiento-la ART no le ha cubierto la totalidad de estos desembolsos. En lo atinente al importe fijado para el reclamo de los tratamientos futuros, también lo estima escaso porque-sostiene-que los valores adoptados no se condicen con los actuales.
Por su parte el condemandante Montenegro se agravia de la suma otorgada en concepto de daño material, a la que califica como magra en orden a las dificultades que, según informa el perito ingeniero, comporta la reparación del vehículo. Pretendiendo-en consecuencia- que se le abone el valor de reposición del rodado. También critica el rechazo del rubro desvalorización del vehículo, afirmando para ello que aquel queda en evidencia si se repara en la imposibilidad de reparación del vehículo. Por último cuestiona también el rechazo del reclamo por privación de uso cuando, afirma, está demostrado el perjuicio que le ha ocasionado la indisponibilidad del vehículo. Por último objeta la tasa de interés establecida, aspirando a la fijación de la tasa pasiva digital que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo ambos demandantes respecto de los ítems tratamiento kinesiológico futuro y daño material, respectivamente, pretenden la modificación del inicio del cómputo de los intereses, afirmando en tal sentido que la mora ocurrió desde el momento en que se produjo el accidente.
A su turno la aseguradora critica el fallo por cuanto le ha atribuido la responsabilidad de la ocurrencia del accidente cuando-afirma-está demostrado que el demandante circulaba a excesiva velocidad y que el demandado gozaba de prioridad de paso. Subsidiariamente considera que el importe percibido por la coactora Anriquez de la ART es mayor que el que se dispone descontar en el decisorio; razón por la que aspira a la modificación de este punto. También sostiene la improcedencia de la partida de gastos médicos, en tanto y en cuanto -afirma- que el perito médico no ha especificado para que lesión en concreto es necesario el tratamiento. En subsidio, peticiona la disminución del importe fijado por tal concepto. Respecto a la indemnización fijada para el reclamo de daño material formulado por el coactor Montenegro, alega su improcedencia en función a la afirmada irresponsabilidad del accionado en la producción del siniestro. Por último objeta la concesión de la reparación del daño moral para la coactora Anriquez y el monto establecido; con el argumento de que no se encuentra justificada ni su concesión ni la entidad del importe.
IV. Inicialmente, por razones asociadas a un buen orden metodológico, me abocaré al agravio referido a la atribución de la responsabilidad.
Viene sosteniendo consolidadamente el Superior provincial, que cuando se trata de una colisión entre dos rodados que intervienen activamente, la teoría del riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil del dueño o guardián de las cosas. (Conf. SCBA Ac. 33.155, Ac. 35.531, Ac. 36.432, Ac. 38.271, Ac. 38.641, entre muchos otros).
De este modo quien acciona en los términos del mentado artículo 1113 del Código Civil sólo debe probar el daño, el riesgo de la cosa y el carácter de dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del menoscabo cuyo resarcimiento se persigue. Mientras que el demandado, a fin de enervar tal pretensión, deber demostrar que la propia víctima o un tercero por quien no se encuentra compelido a responder, interrumpió total o parcialmente la insoslayable vinculación causal que debe existir entre el evento y daño (conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 326:1299, SCBA Acuerdos 40.577, 65.924, 97.835, mi voto en la Sala II, causa 57.604, entre varios otros).
Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada en la oportunidad de contestar la intervención peticionada, amén de reconocer la ocurrencia del hecho, invoca como eximente de responsabilidad la culpa del actor en el desencadenamiento del accidente.
Concretamente alega “De la propia demanda surge que el siniestro se produjo por exclusiva responsabilidad del conductor del rodado Honda Prelude, que circulaba a excesiva velocidad y al llegar a la intersección no respetó la prioridad de paso que asistía al rodado Renault 12 por circular desde la derecha” (ver escrito de fs. 71/78, punto IV).
En mi criterio la accionada no logra demostrar la existencia del eximente de responsabilidad que alega.
En primer término estimo menester rememorar que la regla “derecha antes que izquierda”, en modo alguno, autoriza al que goza de tal preferencia a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda. (conf. mi voto, Sala I, causa 56.788 entre otras)
Es que no debe perderse de vista que el conductor que circula por la derecha también debe atenuar intensamente su marcha al llegar a un cruce de calles; para conservar así el dominio efectivo del vehículo y poder dar adecuada respuesta a los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (arg. artículos 39 y concordantes de la ley 24.449; SCBA 121.001, mi voto Sala III, causa 30.283, causa, entre otras).
A esta afirmación se le aduna que el sistema de prioridades de paso es una norma de prevención, destinada a guiar la conducta de los automovilistas en concretas situaciones en que tal prevalencia pudiera estar objetivamente en duda o, dicho de otra manera, cuando el avance normal del rodado que arriba al cruce pudiera "estar en entredicho" frente a otro vehículo que, de modo similar, se asoma al escenario del mismo cruce (conf. doctrina sentada por la SCBA, C. 86.372, 99.172, entre otras)
Pero, en principio, no es dable de acudir a tal norma cuando -en casos como el presente- el conductor que circula por la izquierda se encuentra más avanzado en el cruce. Es obvio que, en tales circunstancias, no cabe hablar de preferencias o prelaciones para el paso de un vehículo frente al otro. Simplemente, el demandante tenía expedito el paso y era impensable –según la experiencia práctica socialmente generalizada- para aquel que el automotor del demandado le disputara alguna preferencia (arg. artículos 41 y concordantes de la ley 24.449, su doc.; 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial de ingeniería mecánica, punto 12, fs. 232/234).
Los motivos esbozados me llevan a desestimar este agravio planteado por la aseguradora.
Despejada entonces la cuestión atingente a la atribución de la responsabilidad, examinaré la queja relativa la cuantía fijada para el rubro daño biológico para la codemandante Anriquez.
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente, en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución físico-psíquico que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
El perito médico Cerdarevich dictamina que, a raíz del evento dañoso ventilado en autos, la reclamante sufre cervicalgia postraumática y lumbalgia postraumática. Asimismo especifica que tales afecciones comportan una incapacidad, de tipo parcial y permanente, que porcentualiza en un 14,5 aplicación del método de la capacidad restante mediante (ver pericial médica, fs. 355/358).
El examen de la copia de la historia clínica labrada en el Hospital Universitario de la UAI, donde fue atendida el mismo día del accidente, devela que a la codemandante quejosa le fue diagnosticado un traumatismo cervical, tipo latigazo. Asimismo en ella se aprecia que el tratamiento ordenado-que incluyó uso de collar cervical-se limitó a la afección indicada (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver instrumento privado de fs. 162/193).
La valoración de los dictámenes periciales, y su consecuente fuerza probatoria, no escapa a los parámetros que dimana de las reglas de la sana crítica (arg. artículos 474 y concordantes del Código Civil, su doc.).
Así bien sostiene Hernando Devis Echandía-para subrayar la libertad de apreciación de la que goza el juez- que es absurdo pretender que aquel esté compelido a aceptar ciegamente las conclusiones periciales; por cuanto se desvirtuaría su función al convertir a los peritos en los jueces de la causa (Ver “Compendio de la prueba judicial”, Rubinzal Culzoni, Tomo 2, Santa Fe, 1982, pg. 134)
En tal sendero, entonces, su eficacia probatoria se encuentra inescindiblemente asociada a que sus conclusiones exhiban consistencia, con los antecedentes que den cuenta de la atención médica recibida. En especial aquellos producidos, con inmediatez, a la ocurrencia del ilícito (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 901 y concordantes del Código Civil, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otras).
Así las cosas, a mi juicio, la actora Anriquez ha demostrado con la suficiencia necesaria que, a raíz del ilícito, sufrió traumatismo cervical tipo latigazo (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal).
Por el contrario, desde mi óptica, la afección lumbar peritada no se encuentra demostrada en cuanto a su vinculación causal eficiente con el accidente sufrido. Esto, en tanto y en cuanto, aquella dolencia no resulta diagnosticada en el establecimientos asistencial donde fue atendida; ni tampoco puede apreciarse la prescripción de algún tratamiento para ella (arg. artículos 901, 902 y concordantes del Código Civil; 163 inciso 5), 384, y concordantes del Código Procesal).
Por otra parte, en el plano del pretendido daño psicológico, la perito Alcañiz hace mérito de la personalidad de base de la coactora y descarta la existencia de un menoscabo de tal naturaleza (ver pericial de psicología, fs. 269/270).
A mérito de su ontológica configuración, es de principio, que la determinación de la existencia del menoscabo psicológico requiere –inexorablemente- la aplicación de los criterios y técnicas científicamente idóneos para ello (arg. artículos 457 y concordantes del Código Procesal, su doc.; mi voto Sala II causa 63.147, entre otras).
Empero tal eficacia acreditativa exige que la experticia se encuentre adecuadamente sustentada, en las constancias probatorias existentes en el expediente. Amén de que sus conclusiones no pueden ser dogmáticas sino fruto de un razonamiento deductivo; de modo que si no se satisface tal recaudo el Juzgador se encuentra facultado a apartarse de ella (arg. artículos 357 y concordantes del Código Procesal, su doc; conf. doctrina sentada por la SCBA, Acuerdos 126762, entre otros.).
En la especie, contrariamente a lo pretendido por la codemandante Anriquez, no advierto razones que justifiquen la prescindencia de la pericia psicológica. En tanto y en cuanto aquella se sustenta en principios científicos objetivamente aplicados, a partir de la evaluación personal de la reclamante; interrelacionada-aplicación del método deductivo mediante- con los resultados obtenidos de la batería de tests complementarios (arg. artículos 384, 474 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”. Las indemnizaciones tabuladas son, por esencia, propia del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil.
Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
En concordancia con la tesis sostenida se hace trascendente enfatizar que el resarcimiento de los daños, está intensamente signado por el particularismo. De modo que no puede pretenderse identificar una suerte de consistencia entre los diferentes casos.
La traducción en numerario de los perjuicios variará, en función de las peculiaridades que presente cada ilícito y cada damnificado. Pretender homogeneidad resarcitoria y, simultáneamente, predicar la inaplicabilidad de los métodos actuariales para la cuantificación (que, como se dijo, tienden a establecer uniformidad) resulta manifiestamente contradictorio (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Por ende se impone subrayar, en sintonía con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aun cuando el porcentaje de incapacidad es un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efectos de fijar las sumas indemnizatorias, existen otros que también tienen decisiva incidencia; los que deben apreciarse interrelacionadamente y con el prisma de la razonabilidad económica (conf. doctrina sentada, en autos “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A.” del 11 de junio de 2019)
En la especie está probado que la accionante contaba con 56 años de edad al momento del hecho, que tiene estudios primarios completos, que es de estado civil casada, que vive con su esposo (que realiza changas de mecánica en su domicilio) , con dos hijos mayores de edad en una vivienda alquilada ubicada en Haedo, Partido de Morón y que se desempeña como asistente en un geriátrico (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver expediente sobre beneficio de litigar sin gastos 5995, por cuerda, declaración jurada de fs. 30/30 vta. informe socio ambiental de fs. 86/87 ; declaraciones testimoniales de fs. 17/19 y sus ratificaciones de fs.65/66 y de fs. 178).
La correlación de dichas circunstancias personales y socioeconómicas con la clase de lesiones sufridas -cervicalgia postraumática- y la ponderación de la incidencia disvaliosa de la minoración en el contexto general vital del reclamante, me convencen que el importe fijado es adecuado. Por tal motivo he de propiciar su confirmación (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil; 165 y concordantes del Código Procesal).
El decisorio ha dispuesto restar del monto indemnizatorio fijado la suma de $ 3116, 67, en tanto QBE ART informa a fs.227 que la actora percibió dicha cifra (ver sentencia de primera instancia, fs. 410 vta.).
La pretensión traída por la aseguradora no resulta, a mi criterio, atendible por cuanto el importe abonado por la incapacidad laboral temporaria informado por la ART es efectivamente el expresado en el decisorio. La cifra, por cierto mayor, a la que alude a la quejosa es fruto de la adición de otras conceptos -concretamente prestaciones en especie- oblados con otra finalidad resarcitoria. Por lo que va de suyo que no resulta pertinente considerarlo-descuento mediante- a los fines de la cuantificación del rubro daño biológico. (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil; 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver informe de fs. 227).
La coactora Anriquez objeta, también por estimarlo escaso, el importe fijado para su reclamo por daño moral. Por su lado la disconformidad de la citada en garantía trasunta tanto por la concesión del rubro como por la entidad dineraria establecida.
Para precisar la conceptualización del daño moral estimo acertada la tesis de Matilde Zavala de González quien- se empeña en subrayar- que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo es el criterio de la alteración, o pérdida de “la armonía vital del individuo” (aut. cit. “Resarcimiento d
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