Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 2062
Causa Nº MO-2062-2013 R.S. 160/2020
Con fecha 14 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ROMERO CLAUDIO JONATAN C/ FERREYRA DIEGO HERNAN Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”, Causa Nº MO-2062-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.9 Departamental el 14 de junio de 2018 dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por ROMERO CLAUDIO JONATAN contra FERREYRA DIEGO HERNAN y HDI SEGUROS S.A., condenando a estos últimos a abonar a el actor la suma de pesos trescientos treinta y seis mil novecientos con más los intereses dispuestos en el considerando quinto de aquella resolución. Impuso las costas a los accionados que resultaron vencidos y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que exista liquidación firme y aprobada.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron el día 19/6/2018 y el 22 del mismo mes y año la parte actora y demandada y citada en garantia, respectivamente interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 282 y se fundó con las expresiones de agravios del 2/9/2019 (actor) y 24/9/2019 (demandada y citada en garantía), replicadas el 4 y 8 de octubre de aquel 2019.
3. A fs.302vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Los agravios traídos por la parte actora están dirigidos al rechazo del rubro daño físico, al exiguo monto otorgado para el rubro gastos y por último a la tasa de interés aplicada por la jueza de grado.
Por su parte la demandada y citada en garantía se agravian de los suma cuantificada para los rubros daño psicológico, tratamiento y daño moral, pretendiendo su disminución.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
A fin de dar respuesta a las diversas cuestiones planteadas, he de parcelar mi razonamiento para dotarlo de la mayor claridad expositiva, abordando así los diversos rubros que han sido materia de agravio.
a).- Daño Físico
La sentenciante desestimó el rubro por lo que la actora apela tal decisión.
Comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Dicho esto, voy a reseñar -muy sintéticamente- los aspectos mas relevantes del trámite de autos, en lo que hace al punto.-
En tal sentido, debemos partir desde la pericia médica , la cual fuera presentada en autos el 26 de febrero de 2018, y que analizaremos bajo el prisma de los artículos 384 y 474 del C.P.C.C.-
El perito, destaca que el actor presenta cervicalgia, lumbalgia, esguince en rodilla derecha y tendinitis crónica en muñeca izquierda.
Por ello determina una incapacidad del 14.44%.
Del pedido de explicaciones efectuado por la demandada y citada en garantía el perito contesta el día 16 de marzo de 2018 que "la ausencia de documental, influye sin lugar a dudas en establecer nexo de causalidad. Pero en el hecho de referencia, se tomó en cuenta, la documental del 01-08-12 del hospital público, donde se refiere al antecedente del hecho, y la anamnesis del actor de no conseguir atención en ningún hospital público durante esas cuatro semanas, con imposibilidad de pagar un profesional particular, demorando así los diagnósticos más específicos y tratamiento indicado por el traumatólogo esas semanas de diferencia. Toda esa realidad hace que en este caso, la documental de unas semanas posteriores al hecho, con patologías constatadas al examen físico fueran consideradas, no así, las patologías que a la actualidad no presentan sintomatología, a pesar de ser mencionadas en las constancias y demanda" .
Ahora bien, si confrontamos las postulaciones del perito, con las demás constancias de autos y con la I.P.P. nro.10-00-026020-12/00,que corre por cuerda a la presente y que tengo a la vista en este acto encontramos algunas particularidades.
En efecto.
De la Historia Clínica del Hospital San Bernardino de Hurlingham, que obra en autos -fs. 172- donde el actor acudió en la fecha del evento objeto de autos, surge de la misma que al Sr. Romero se le realizaron placas radiográficas del hombro izquierdo y radiografías de cadera las cuales demostraron que no hay lesiones en las zonas señaladas.
A fs.175 se desprende del libro de guardia que el actor sufrió contusión en brazo y muslo izquierdo .
Mas luego, el 1 de agosto de aquel año el Señor Romero acude al Hospital Luis Güemes de Haedo donde le diagnostican trauma de encéfalo, trauma de columna cervical y lumbar, trauma de miembro superior izquierdo y trauma de tobillo derecho.
Según el perito sus fundamentos son basados en las constancias de la atención en este Hospital, pues son mas completos que los realizados en el día del accidente.
Manifiesta el perito que ciertas dolencias aparecen con posterioridad en el tiempo, y que las manifestadas por el actor se relacionan con las dolencias primogénitas
Postula el experto que el actor no acudió antes a la guardia por no conseguir turno en el Hospital Público.
Tales manifestaciones no han sido probadas en autos.
Ahora, dos semanas después de aquella atención basal para la pericia agregada a estos obrados, el actor se somete al examen efectuado por el medico policial en la IPP antes referenciadas.
Aquel galeno dictamino que el actor NO PRESENTA LESIÓN ALGUNA .
Conjugando todo ello, encuentro suficiente mérito para apartarnos de las conclusiones señaladas en la mentada experticia y sus explicaciones (art. 384 y 474 del C.P.C.C.) pues no veo acreditado el nexo causal entre las lesiones denunciadas por el actor y el evento objeto de autos.
Es que toda la explicación del experto se desvanece frente a la categórica postulación de un médico de policía, que -con cercanía temporal al hecho- informó la ausencia de lesión.
Consecuentemente soy de la idea que se deberán rechazar los agravios de la actora y confirmar la resolución apelada en tal sentido.
b) Daño Psicológico y su tratamiento
La demandada y citada en garantía traen quejas en relación al rubro en estudio pretendiendo su reducción.
La jueza de la anterior instancia cuantificó el daño psicológico en la suma de $200.000 y $36.400 para el tratamiento.-
Para abordar las quejas diré, en principio, que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.-
Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
Así las cosas, y computando los agravios debemos recordar también que esta Sala ha señalado reiteradamente (causa Nº 35.396, Reg. Sent. 141/96, entre muchas otras) que no procede acumular montos resarcitorios por incapacidad permanente y por tratamientos futuros en orden a disminuir o concluir con dichas minusvalías pues se estaría otorgando una doble indemnización.-
Pero ello será así en tanto nos hallemos ante tratamientos curativos y no tratamientos que apunten a prevenir un eventual agravamiento del menoscabo permanente (ver esta Sala, por unanimidad, en causas 47.399 R.S. 7/04 y 49.570 R.S. 759/04).-
Aclarado ello, volvamos al caso de autos, situándonos sobre la pericia psicológica, presentada el 26/12/2017 y su explicación del 2/3/2018 (art. 384 y 474 del C.P.C.C.).-
En dicho dictamen se informa, que el daño psicológico que presenta el actor corresponde a un : POSTRAUMATICO STRESS DISORDER (PTSD O DESARROLLO PSIQUICO POSTRAUMATICO) de tipo moderado. El grado de incapacidad psíquica que estimo para el actor es del 10%. Dicha incapacidad psicológica es de carácter parcial y permanente por ser un cuadro irreversible.
Y agrega que para que el cuadro del actor no se profundice indico psicoterapia de contención y esclarecimiento. Dicho procedimiento tendría la finalidad de que su cuadro de ansiedad no se agrave. La duración recomendada sería un tratamiento psicológico no menor de un año, que se prolongará o no, según la evaluación del profesional tratante, con una frecuencia de una sesión por semana. En cuanto a los honorarios en la actualidad oscilan entre los $700.- a $900.- la sesión, según la institución o el profesional que el actor elija .
Sentado ello, tampoco en este caso encuentro elemento alguno para apartarme de la conclusiones de la perito (art 384 y 474 del C.P.C.C.).-
Efectuado este análisis, y apoyándome en el mismo, es hora de analizar la tarifación económica de la incapacidad.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
En la actualidad el valor referencial utilizado es de $25.000 (veinticinco mil pesos) (esta sala causa 36.969, R.S.:;20/2020) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
En virtud de lo expuesto, considero que teniendo en cuenta las características personales de la victima (30 años al momento del hecho), el mesnocabo psíquico precedentemente aludido, y no habiéndose apelado por reducidos los montos indemnizatorios para el rubro en estudio, soy de la idea que se deberá confirmar la resolución crisis en tal sentido. (art. 165 del C.P.C.C.).
c) Daño Moral
La Sra. Juez de la instancia pre
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.