Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 42060
Causa Nº MO-42060-2015 R.S. 162 /2020
Con fecha 14 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ FERNANDEZ ALEJANDRO Y OTRA C/ BRIZUELA HUGO ARIEL Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-42060-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada de fs. 397/417?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA DIJO:
Contra la sentencia definitiva de fs. 397/417 apela la actora a fs. 418 y la demandada y citada en garantía a fs. 423. La parte actora presenta su expresión de agravios mediante presentación electrónica el día 21-2-2020 y la parte demandada el día 5-5-2020. El actor contesta el agravio de la demandada con fecha 11-5-2020.
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda entablada por Alejandro Fernández y Nidia Estela Espíndola por la suma de $ 716.400.- y 473.200.- respectivamente, contra Hugo Ariel Brizuela, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, en la medida del seguro.-
A) .- La demandada y su garante se agravian porque 1) el sentenciante tiene por acreditada una mecánica del hecho y en consecuencia la responsabilidad, en forma absolutamente infundada; 2) considera que el rubro incapacidad sobreviniente que engloba el daño físico y el psicológico debe ser rechazado o reducidas las sumas resultantes; 3) los gastos de farmacia, asistencia médica y traslados los estima elevados; 4) considera que las sumas fijadas para responder al daño moral resultan “excesivas y escandalosas“.
B) Los actores, a su turno, se quejan de: 1) los montos estimados para el rubro daño físico y psicológico son bajos; 2) lo mismo para el daño moral; 3) el importe para compensar los gastos de farmacia, asistencia médica y traslado los consideran insuficientes; 4).- cuestionan asimismo la aplicación de la tasa del 6% -interés puro– y solicitan la tasa BIP.
Analizaré primero la atribución de responsabilidad, cuestionada por la demandada y citada en garantía.-
Que día 30-10-2015 ocurrió un accidente, en el cual participó el demandado, lo pone de manifiesto el mismo al contestar demanda, fs. 50/50vta.; la denuncia de siniestro ante la aseguradora Río Uruguay de fs. 84/85 su comparecencia ante la comisaría de Hurlingham – ver fs. 19 - de la I.P.P. de la fiscalía N° 6.
Donde existen discrepancias es en la mecánica del suceso, mientras los actores describen en su demanda que venían caminando por la calle Conrado Villegas, al llegar a la intersección con la calle Dante comienzan el cruce de esta última y en la mitad de la calzada son embestidos por el demandado; el accionado declara que estaba estacionado sobre la calle Dante, hace marcha atrás, en ese momento escucha golpes en la luneta de personas que le dicen que pare y allí se percata que una señora dice ser tocada por su automóvil.
En la I.P.P. a fs. 12 consta la declaración del Sr. Fernández que manifiesta que cruzaba la calle Dante junto con la Sra. Nadia Soledad Bordón y Nidia Espindola; es menester aclarar que la Sra. Bordón figura en el acápite “Lesiones de terceros“ de la denuncia ante la aseguradora a fs. 85.
A fs. 13 de la I.P.P. el oficial principal Obando el mismo día del accidente realiza una inspección ocular del área y encuentra “…pequeños restos de pintura del rodado en cuestión…” y a fs. 15 el mismo oficial Obando teniendo ante sí el vehículo del demandado, un Peugeot, dominio KAC-267, observa que “…presenta daño en la parte delantera altura de la parrilla producto del impacto…”.
A fs. 8 y 18 de la I.P.P. constan los originales de la atención de los actores el día del accidente en el Hospital Municipal San Bernardino de Siena y a fs. 269 y 270 del principal, se encuentran adjuntas las copias fiel, firmadas por la directora de dicho nosocomio Dra. Alveolite de la atención de los actores.
A fs. 198 bis se adjunta el pliego de posiciones para el demandado Sr. Brizuela y a fs. 204 nos encontramos con que la parte actora solicita que se aplique el art. 415 del CPCC al demandado Sr. Brizuela, por no haber comparecido a absolver posiciones.
Esta confesión ficta produce los mismos efectos que la expresa, en cuanto a la admisión de los hechos personales y si ponderamos el resto de las pruebas en su integridad y vinculamos entre si los elementos aportados a la causa, y no habiendo la demandada probado lo alegado llego a la convicción que el accidente ocurrió conforme lo detallaran los actores ( art. 375, 415 y 384 del CPCC).
Por lo tanto el Sr. Brizuela está encuadrado en el régimen de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado (arts. 1757, 1758, 1769 del C. Civil y Com.) no habiéndose acreditado, desde mi punto de vista, ninguna eximente legal que acredite, siquiera parcialmente, la responsabilidad de los actores en la producción del evento y muy poco se hace en los agravios para demostrar lo contrario.
Conforme lo expuesto se rechaza el agravio de la demandada y su aseguradora.
Lo que resuelva sobre este rubro, incumbirá a ambas partes.-
La parte actora estima escasa la suma fijada por el Sr Juez y el demandado juntamente con su garante solicitan el rechazo del reclamo por incapacidad sobreviniente o en subsidio reducir el monto determinado.
a) Daño Físico
El día del accidente los actores fueron atendidos en el Hospital Municipal San Bernardino de Siena, conforme consta en el informe expedido por el Dr. Ramirez, que obra a fs. 8 y 18 del expediente penal y a fs. 269/270 del principal.
Voy a referirme separadamente a cada uno de ellos.
i)- Alejandro Fernández
El perito médico Dr. Mendiuk a fs. 308/313 entrevista a los co-actores, ordena para Fernández estudios complementarios RX de rodilla derecha de frente y perfil, tobillo izquierdo de frente y perfil , RNM de rodilla derecha y tobillo izquierdo. Aclara el experto a fs. 313 que las partes no cumplieron tratamiento FKT.-
Respecto del Sr. Fernandez estima una incapacidad del 5% por las secuelas detectadas en su tobillo izquierdo Esta pericia fue presentada el 11-4-2018. A fs. 268 se encuentra agregado un informe radiográfico, realizado al Sr. Fernandez, de fecha 28-3-2017 del “ Servicio de Diagnóstico por Imágenes “ del Hospital Municipal San Bernardino Hurlingham, firmado por el Dr. Draiye de muñeca derecha y rodilla y tobillo izquierdo, cuyo diagnóstico es “ Espacios articulares respetados. No se evidencian soluciones de continuidad ni signos radiológicos de lesión ósea vinculables a eventos traumáticos ”.
El dictamen pericial es un juicio de valor sobre cuestiones de hecho, respecto de los cuales se requieren conocimientos especiales, opinión técnica que el juez no se encuentra obligado a seguir. Como bien sostiene Hernando Devis Echandía – para subrayar la libertad de apreciación de la que goza el juez – “ que es absurdo pretender que aquel esté compelido a aceptar ciegamente las conclusiones periciales; por cuanto se desvirtuaría su función al convertir los peritos en los jueces de la causa “ ( Compendio de la prueba judicial, Rubinzal Culzoni, Tomo 2, Santa Fe, 1982, pág. 134 ).-
En ese orden de ideas –en mi criterio– existe documentación médica, ver fs. 268, que avala la inexistencia de secuelas en su tobillo izquierdo.
Por ello tengo por acreditado la ausencia de incapacidad física en el actor Alejandro Fernández (arts. 375,384, 474 del CPCC).-
ii) Nidia Espíndola
Respecto a la Sra. Espíndola después de revisarla sólo encuentra en su rodilla izquierda “maniobras de cajón negativas y maniobras de bostezo negativas “; en su columna lumbar, nada anormal “ inspección y palpación normal, flexoextensión completa, relaciones y lateralizaciones completas “.-
Ordena estudios complementarios de RX de columna lumbar de frente y perfil, RX de rodilla izquierda de frente y perfil, RNM de columna lumbar, RNM de rodilla izquierda.-
El experto concluye que la Sra. Espíndola posee una incapacidad parcial y permanente del 10,70%. 6% por traumatismo lumbar y 4,70% por traumatismo de rodilla izquierda.-
Teniendo en cuenta el estudio negativo de la columna lumbar, consideraré sólo la incapacidad del 4,70% en su rodilla izquierda – conforme informe de fs. 309- ( art. 384 y 474 del CPCC).-
b) Daño Psicológico
i) Alejandro Fernandez
La perito psicóloga, Lic. Sanchez, a fs. 252/259 detalla el procedimiento de evaluación, consistente en tres entrevistas y las técnicas psiacodiagnósticas de: Entrevista Semidirigida H.T.P., Cuestionario Desiderativo, SCL-90 R, Test de Bender y Test de Rorschach.
Después de un exhaustivo y meticuloso estudio del actor y de las técnicas sobre el realizadas, la experta llega a la conclusión que “…las temáticas psíquicas que se observan son compatibles con las vivencias del hecho que nos ocupa y no podrían explicarse en el texto del Sr. Fernández, sin la ocurrencia de este accidente “ agrega que “…la patología que presenta tiene carácter de crónico. “ y determina un porcentaje de incapacidad entre el 15 y el 20% y recomienda un tratamiento de tipo psicoanalítico por un lapso de un año con frecuencia semanal.-
No escapa a mi lectura del informe psicológico que la experta encuentra en el co-actor Fernandez, una personalidad de base sumamente compleja: Aislamiento y Evitación; Mecanismo de control Exarcerbado; Contenidos Agresivos e Irritabilidad; Sentimientos de Inestabilidad; Falta de Apoyo, Sostén y Contacto con la Realidad Deteriorado; Sentimientos de Opresión Ambiental y Condicionamiento Coartivo; Sentimiento de Incapacidad e Inadaptación y su Compensacion; Pensamiento Exacerbado; Contenidos Disfóricos, Perturbación a nivel sexual; Esquema Corporal Dañado.-
Esta serie de perturbaciones necesariamente deben ser tenidas en cuenta, y así lo haré mas adelante, en cuanto al porcentaje de incapacidad que tenga relación causal con el accidente.- ( art. 384 del CPCC).-
ii) Sra. Nidia Espíndola.-
A fs. 245/251 se encuentra el informe de la experta, utiliza también tres entrevistas y las mismas técnicas psicodiagnósticas.-
Llega a la conclusión que posee un grado de incapacidad entre leve y moderada de un 10% y resalta que sería conveniente un tratamiento psíquico de un año, “…teniendo en cuenta el entramado psíquico establecido entre los acontecimientos traumáticos del pasado de la actora (que describí como concausa) y el hecho que nos ocupa con sus consecuencias.”.-
Reseñados de este modo los aspectos que, desde mi punto de vista, resultan relevantes para el abordaje de los recursos he de memorar, también, que los porcentajes de incapacidad sólo deben considerarse como orientativos, los cálculos sobre la magnitud de las minusvalías deben ponderarse en conjunto con las demás particularidades que la causa presenta.
Por todo ello, teniendo en cuenta las consideraciones ya efectuadas en cuanto a la composición del menoscabo resarcible en este rubro respecto de cada uno de los actores, y sus circunstancias personales reseñadas en la sentencia apelada, entiendo que debe fijarse para el Sr. Fernandez, en concepto de incapacidad psíquica la suma de $ 125.000 (pesos ciento veinticinco mil) y para la Sra. Espíndola, en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente la suma de $ 225.000 (pesos doscientos veinticinco mil) (arts. 165, 384, 474 del CPCC).-
Como lo vengo sosteniendo reiteradamente, por vía de principio la procedencia del rubro resarcitorio daño psicológico, no enerva la viabilidad de la pretensión orientada a indemnizar, las erogaciones que demanden los tratamientos que-científicamente-se evidencien como fácticamente idóneos para una potencial disminución o atenuación del detrimento, sufrido por la estructura psicológica de la víctima (arg. artículos 1739 y 1746 del Código Civil y Comercial.- En tal sentido el Superior provincial viene afirmando consolidadamente “...que debe recordarse que en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 1727 del Código Civil y Comercial. Acreditada la necesidad del tratamiento psicológico, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente...” (SCBA. Acuerdos 69.476, 92.681, entre otros fallos similares).
En el caso de autos la perito psicológa, si bien informa que las víctimas experimentan una incapacidad psíquica, también expresamente refiere que en el caso del Sr. Fernandez “…se hace indispensable el tratamiento recomendado ya que colaboraría en la disminución de la intensidad de los síntomas más graves de aislamiento emocional, evitación, ansiedad, pensamiento anticipatorio y catastrófico…” – ver fs. 259 – lo mismo recomienda para la Sra. Espíndola, fs. 215.-.
Por lo explicitado, teniendo en cuenta la entidad del menoscabo, como así también lo antedicho en cuanto a los factores a tener en cuenta aquí, y la índole del tratamiento aconsejado, considero acertado el importe fijado por el el Sr. juez de primera instancia, rechazando las críticas al respecto.
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1746 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Asimismo es un auténtico hecho notorio que la circunstancia que la damnificada se atienda en nosocomios públicos, en modo alguno esteriliza la pertinencia del reclamo; por cuanto variadas practicas y la obtención de muchos medicamentos, no son suministrados gratuitamente. Razón por la que sus costos, deben ser solventados por el paciente. Cám. Civ. y Com. de Morón, Sala I, causas 23.879- R.S.:65/90; 27710-R.S.:46/92,votos del Dr. Russo.-
Por ello considero apropiado el importe de $ 5000 (pesos cinco mil) fijado en la instancia previa para cada uno de los actores (art. 165 del CPCC).
La demandada y su aseguradora consideran “excesivo y escandaloso“ el importe establecido para indemnizar el daño moral y la parte actora todo lo contrario.-
Aún cuando las lesiones de los actores no hayan sido de envergadura, han tenido dolores, molestias, malestares, incomodidades, aflicciones que debe ser reparadas.
La cuantificación de esta reparación, requiere del magistrado criterios de prudencia y razonabilidad evaluando para ello las características de las lesiones sufridas, los tratamientos suministrados y sus secuelas ( art. 1741 del C. Civil y comercial)
Aclarados estos parámetros, computándose las circunstancias personales de los co actores, las características del hecho y las muy escasas repercusiones que les han quedado instaladas a resultas del evento dañoso, entiendo que la suma fijada en la instancia previa se perfila elevada, y considero correcto fijar la indemnización por daño moral para el Sr. Fernandez en $ 50.000 ( pesos cincuenta mil) y para la Sra. Espíndola $ 90.000.- (pesos noventa mil) (art. 165 del CPCC).-
Los actores en su expresión de agravios, cuestionan la fijación del interés del 6% solicitando la utilización de la tasa pasiva mas alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días.-
Hasta el momento de celebrarse el acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. en los casos “ Vera“ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara. Por lo demás– desde mi punto de vista- era necesaria la unificación de posturas entre las diversas salas de este tribunal, para permitir que los justiciables, profesionales e incluso a los órganos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniforme acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como Tribunal de Alzada. Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en “ Vera “ y “ Nidera “ se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincial.-
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado – en la práctica – una uniformidad de criterios ( casi absoluta) en los órganos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
En este contexto, no resulta razonable seguir manteniendo una postura que, a la fecha, resulta minoritaria no solo en el ámbito interno de esta Excelentísima Cámara sino en el ámbito provincial.-
En consecuencia he de rechazar la apelación interpuesta, pues estimo económicamente adecuado fijar un interés puro del 6% anual desde la fecha del ilícito – 30 de octubre de 2015 – hasta la sentencia de grado (arts. 772 y 1748) y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (art. 622 C. Ciivl; SCBA Causa C119176 del 15-06-2016).-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente el fallo, reduciéndose las sumas fijadas en concepto de incapacidad y daño extrapatrimonial para el Sr. Alejandro Fernandez a las de $125.000 (ciento veinticinco mil pesos) y $ 50.000 (cincuenta mil pesos) respectivamente y para la Sra. Nidia Estela Espíndola, a las de $225.000 (doscientos veinticinco mil pesos) y $ 90.000 (noventa mil pesos) respectivamente; confirmando la sentencia apelada en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Imponiéndose las costas de Alzada en un 80% a la parte actora y en un 20% a la demandada y citada en garantía, teniendo en cuenta la desestimación total del recurso de la primera y la admisión, parcial, del recurso de la segunda (arts. 68 y 71 del CPCC)
Voto, en consecuencia,
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos f
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.