Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 18701
Causa Nº MO-18701-2014 R.S.166/2020
Con fecha 14 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "MUCHENIK NICOLAS FERNANDO C/ PEREZ DANIEL CARLOS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa N º MO-18701-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental, con fecha 10 de Octubre de 2018 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Dicha sentencia fue apelada tanto por la parte actora como por la demandada y citada en garantía, los recursos fueron concedidos libremente, elevándose posteriormente las actuaciones a este tribunal.
Con fecha 4 de Julio de 2019 la parte actora expresa sus agravios; con fecha 5 de Agosto de ese mismo año la demandada y su garante efectúan su presentación.
Conferidos los traslados del caso los agravios de la demandada y citada en garantía fueron objeto de réplica por parte de la actora, mediante el escrito electrónico de fecha 6 de Septiembre de 2019; mientras que los de actora lo fueron mediante la presentación de fecha 3 de ese mismo mes y año.
Zanjada la cuestión vinculada con el pedido de plenario efectuado por la demandada y citada en garantía, con fecha 27 de Febrero de 2020 se llamaron "autos para sentencia" , providencia que -firme- deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
Se agravia la parte actora de las sumas fijadas en concepto de incapacidad sobreviniente, también objeta la establecida para resarcir el daño moral, igualmente para la establecida para los gastos y, por último, ataca la tasa de interés.
Mientras que la demandada y su garante llegan objetando las sumas fijadas en concepto de incapacidad y daño moral.
A los términos de cada una de dichas fundamentaciones recursivas, cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Previo a comenzar mi desarrollo en el punto, considero pertinente destacar que, desde mi punto de vista y en líneas generales, ambas expresiones de agravios satisfacen las exigencias del art. 260 del CPCC, sin perjuicio de lo que luego indicaré con algunos aspectos en particular, por lo que habré ingresar directamente en el fondo del asunto.-
Por otro lado es necesario remarcar que, dada la fecha del accidente, el presente caso se ha subsumido en las normas del Código Civil (ahora derogado) -ver acápite "Cuestion preliminar" de los Considerandos del fallo- siguiendo el mismo temperamento que el que esta Sala ha asumido, y al respecto no existen agravios de las partes.
Dicho esto, en orden a dar respuesta a los agravios, y como son varios los tópicos que se someten a nuestro conocimiento y decisión (art. 266 parte final CPCC), iré fraccionando mi razonamiento para dotarlo de toda la claridad expositiva que sea menester.-
a) Incapacidad
Los $400.000 fijados en el punto merecieron el embate de todas las recurrentes.
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Dicho esto, y en lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento, el valor referencial utilizado era el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad.-
Con todo, ponderando la evolución y situación de la economía nacional desde que comenzamos a utilizar dicha pauta hasta este momento, como así también el contexto de los indicadores actuales e incluso el nuevo criterio que hemos de aplicar para el cómputo de los accesorios (conforme ya lo indicaré en el punto pertinente de este voto), hemos entendido que el valor referencial que corresponde empezar a utilizar es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Ahora bien, para dar respuesta a los agravios traídos lo primero que debería definirse es la entidad del menoscabo.-
Y, de acuerdo con lo planteado en las quejas, debo referirme a la prueba pericial.
Para abordar el tema he de recordar en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Pues bien, en el caso, el fallo trabaja en base a una incapacidad del 26,2%.
Para así hacerlo, se apoya en la pericia llevada a cabo en autos.
En efecto: el dictamen médico de fs. 384/7 nos habla de problemas en rodilla izquierda asignando una incapacidad del 18% (inestabilidad simple externa con hipotrofia, hidrartrosis, mas desgarro de ambos meniscos) y cervicobraquialgia por la que computa una incapacidad del 10% (contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis en las radiografías, reducción del rango de movilidad de la columna y electromiograma alterado en forma unilateral, sin discopatía localizada).
La demandada y su garante le pidieron explicaciones al perito (ver fs. 395/6), quien las evacuó a fs. 407/8.
Vienen en sus agravios las nombradas a cuestionar la vinculación causal del hecho con algunas de las lesiones mencionadas (especialmente las de la rodilla).
Entiendo que no les asiste razón.
La pericia emana de profesional competente, quien respondió -adecuadamente, a mi juicio- las explicaciones que se le solicitaron sobre el particular.
Se apoya en estudios complementarios y, particularmente, en documentación concomitante al hecho.
En tal sentido, no es dato menor que en la documentación médica (ver respuesta de fs. 312/313 y certificado de fs. 13) que refiere el experto se aluda a una gonalgia (lesión en la rodilla), señalando el perito que ello se corresponde con la mecánica del accidente (choque entre auto y motocicleta) lo que, desde mi punto de vista, es razonable (arts. 384 y 474 del CPCC).
Complementariamente, tenemos las declaraciones de los testigos Lopardo y Cebrian (audiencias del 2 y 3 de Mayo de 2016 -ver fs. 204/207-) quienes dan cuenta de haber visto al actor luego del accidente, las lesiones que pudieron percibir, el estado en el que el mismo se hallaba, hablando incluso de un problema en la rodilla; los testigos dan razones de sus dichos, son claros, categóricos y sus apreciaciones coinciden con el resto de las pruebas arrimadas, no habiendo mérito para descreer de sus afirmaciones (arts. 384 y 456 CPCC).
De este modo, tenemos un cuadro bastante claro de cual ha sido el menoscabo sufrido, no encontrando mérito, razón ni fundamento para apartarme de la pericial, pues la misma emana de profesional competente; se apoya en constancias concomitantes al accidente, además de en estudios complementarios; siendo corroborada por los dichos de los testigos y, además, no existe prueba (objetiva) en la causa que la contradiga (arts. 384 y 474 del CPCC) mas allá de la discrepancia subjetiva de las recurrentes.
Llegado este punto, debemos contextualizar la incapacidad informada (y sus repercusiones, concretas, no abstractas), con las circunstancias personales del actor.
En tal sentido, el reclamante es de sexo masculino, tenía 23 años de edad al momento del hecho, se desempeñaba como empleado y sus condiciones socio económicas surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda (ver especialmente fs. 78, 83 y 84).
Consecuentemente, teniendo en cuenta el porcentual de incapacidad ya referido, las repercusiones (concretas, no abstractas) del menoscabo, como así también las pautas de tarifación referencial que ya he aludido, entiendo que la suma fijada se perfila reducida y por ello he de proponer su elevación a la de $650.000 (seiscientos cincuenta mil pesos) .
b) Gastos
La sentencia admite esta parcela por la suma de $4.000.
La actora cuestiona el punto, pero lo hace en términos genéricos y sin decir demasiado en concreto.
Con lo cual, en este aspecto específico, su recurso no sortea la valla del art. 260 del CPCC, pues sobre el particular no dice absolutamente nada y, por ello, habrá de ser declarado desierto.
c) Daño moral
Ambas apelantes cuestionan la suma que aquí se ha fijado ($150.000).
Abordando el punto debo recordar que he venido sosteniendo reiteradamente antes de ahora, que si se hubieran acreditado que por la ocasión del hecho dañoso se le produjeron a la víctima lesiones físicas, el daño moral se tiene probado "re ipsa" al decir de Orgaz y que en atención a lo especificado precedentemente y las conclusiones periciales se tuvieron por demostradas las lesiones padecidas por la víctima por el hecho dañoso.-
En lo que hace al monto indemnizatorio fijado por tal concepto, cabe recordar que hemos dicho en esta misma Sala (ver entre otras voto de mi autoría: 43.370 R.S. 317/02) que el daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88,idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta las circunstancias personales del accionante que ya he enunciado, las lesiones que padeció a resultas del evento y las repercusiones físicas que le han quedado instaladas de por vida, entiendo que el monto fijado se perfila reducido, y por ello promoveré su elevación al de $300.000 (trescientos mil pesos) .
d) Intereses
La sentencia apelada ha mandado a aplicarlos a la tasa del 6% anual desde
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