Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32330
Causa Nº MO-32330-2017 R.S.: 173 /2020
Con fecha 16 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ VILCHEZ MARTA ISABEL C/ EMPRESA LINEA DOSCIENTOS DIECISEIS S.A.T. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” , Causa Nº MO-32330-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental, con fecha 31 de Octubre de 2019, dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen
Dicha sentencia fue apelada por la actora, la demandada y la citada en garantía, concediéndose sus recursos libremente.
Llegado el expediente a esta Sala el recurso de la actora se fundó con la presentación de fecha 18 de Febrero de 2020, mientras que el de la demandada y su garante se fundó con la presentación de fecha 12 de Marzo del mismo año.
Esas fundamentaciones merecieron las réplicas de fecha 30 de Abril y 19 de Mayo del corriente, respectivamente
Cumplidos los trámites del caso, con fecha 21 de Mayo del corriente se llamó "autos para sentencia" quedando las actuaciones en condiciones de decidir.
Se agravia la parte actora de las sumas fijadas para resarcir la incapacidad psicofísica y las consecuencias no patrimoniales del evento, reclamando su elevación; asimismo denuncia preterido su planteo de inaplicabilidad de la franquicia contenida en la póliza asegurativa.
Mientras tanto, la demandada y citada en garantía se quejan por la suma fijada en concepto de incapacidad y por la establecida para resarcir las consecuencias no patrimoniales del evento, pero pidiendo su reducción. También objetan la tasa de interés fijada en el fallo, reclamando el establecimiento de una tasa pura, en las condiciones que indican.
A los términos de sendas presentaciones cabe remitirse, en homenaje a la brevedad
Desde que ambas expresiones de agravios satisfacen, en líneas generales, las exigencias del art. 260 del CPCC (no asistiéndole razón -desde mi punto de vista- a la actora cuando endilga la insuficencia de la de su contraparte), he de pasar al análisis del fondo del asunto, parcelando mi razonamiento para dotarlo de la mayor claridad expositiva.
a) Incapacidad psicofísica
El fallo apelado ha fijado aquí la suma de $440.000, lo que agravia a todos los apelantes.
Es menester destacar, inicialmente, que aquí se computan las repercusiones físicas, pero también las psíquicas del evento.
Por mi parte, y como se llega a esta Alzada con cuestionamientos vinculados con ambas, los iré abordando metodológicamente para, sobre el final de esta parcela, ir analizando el monto que, en definitiva, promoveré que se fije como resarcimiento.
Aclarado ello, paso al tratamiento de las quejas.
Comienzo con el aspecto físico del menoscabo.
Es necesario recordar entonces -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccs. del CCyCN).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Llega, entonces, el momento de analizar los agravios que se han traído en el punto, relativos a la conexión causal de ciertos menoscabos informados en cuanto al hecho dañoso.
Tenemos, en tal sentido, que la pericia médica llevada a cabo en autos arrojó como resultado que la actora padecería una incapacidad del 22,2%, la cual se descompone del siguiente modo: 10 % Cervicobraquialgia postraumática; 8 % Impotencia funcional de hombro derecho; 6 % Lumbalgia (ver pericia del 28 de Noviembre de 2018).
Ahora bien, no llega cuestionada a esta Alzada la vinculación causal de la problemática en el hombro derecho con el evento de autos, pero sí objetan la demandada y su garante la conexión de los otros dos menoscabos (cervicobraquialguia y lumbalgia).
Respecto de ambas, vemos que la perito nos habla de un mecanismos de aceleración-desaceleración, pero -y aquí me detengo- en el caso de la lumbalgia también habla de un "mal caminar".
Llegado este punto, vemos que a la perito le fueron requeridas muy específicas explicaciones, por parte de las hoy apelantes, y vinculadas con el tema que ahora traen (ver presentaciones del 10 de Diciembre de 2018).
Veamos algunas de las preguntas, y las respuestas de la experta, en su presentación del 23 de Diciembre de 2018.
Cuando se le pide que explique donde constan las pretendidas lesiones de columna cervical y lumbar.
Responde que " toda la documentación médica del día del accidente y los días posteriores se halla transcrita en la pericia de manera textual y completa ".
Cuando se le pide que aclare si le fueron solicitados estudios radiográficos de columna el día del accidente, dice que " no consta" .
Dice también que no ha tenido a su vista estudios radiográficos del día del accidente de columna cervical y lumbar.
Cuando se le pregunta por la forma en que descarta la preexistencia, dice que " se descarta por lo que refiere la actora (NIEGA antecedentes traumático previos y/o antecedentes heredo familiares) y NO se encuentra agregado al expediente ninguna documentación médica de la actora que indique preexistencia ".
Cuando se le pregunta si puede afirmar con rigor científico que las lesiones encontradas en los estudios complementarios actuales, a cuatro años del accidente, son a causa exclusiva del hecho de autos dice que ello " se contesta en la pericia" .
Cuando se le pide que mencione cuál de los estudios complementarios practicados le permite afirmar la relación directa causa efecto, con rigor científico y decir que es el accidente de litis y no otra causa los que generan los padecimientos de columna, responde que " ninguno los estudios complementarios por si solos no indican causa de la patología" .
Al resto de las explicaciones cabe remitirse.
Pues bien, llegado este punto, volvemos a la pericia y al análisis que realiza de la documentación concomitante al hecho y allí advierto algo muy llamativo.
La perito alude a la Historia Clínica de la Clínica Constituyentes (ver fs. 64/66); en ninguna de sus constancias existe referencia alguna a patologías columnarias o lumbares.
Pero ocurre que ello sí surge de la constancia médica de fs. 70.
Ahora, lo que me parece sumamente llamativo es que la constancia médica de fs. 70 se remonte al mismo día que la de fs. 65) labrada en la Clínica Constituyentes), y en la primera se mencione la patología cervical y lumbar, mientras que en la segunda no.
Además, es llamativo que la misma persona acuda, el mismo día, a dos médicos distintos.
Mas aun cuando la propia actora, una semana después, vuelve a la Clínica Constituyentes y allí se menciona (fs. 65 in fine el alta médica).
En este singular contexto, y no existiendo ningún otro dato que avale la vinculación causal entre el hecho y estas dos patologías, ponderando asimismo que las conclusiones periciales son endebles y que la perito ha respondido, muy lacónicamente, las explicaciones que le fueron requeridas (art. 473 del CPCC), considero que no podemos tener por suficientemente demostrado el vínculo causal entre las patologías cervicales y lumbares y el accidente de autos (arts. 384 y 474 del CPCC).
Con lo cual, solo consideraré a los fines resarcitorios la incapacidad derivada del daño instalado en su hombro.
Ahora debo continuar por la faceta psíquica del daño.
Al respecto resulta menester memorar que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.
Y que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
La prueba esencial, en la especie, es la pericial.
Aquí la pericia psicológica (presentada el 22 de Octubre de 2018) establece un daño psíquico leve del 10%, correspondiente a un stress postraumático, o desarrollo psíquico postraumático.
Dice que dicho daño se encuentra directamente relacionado con el evento de autos. El mismo es de carácter parcial y permanente. Para que el cuadro no se profundice índica tratamiento psicológico modalidad Terapia Individual de contención y esclarecimiento para que su cuadro no se agrave, con una duración recomendada de 12 meses.
La demandada y su garante plantean aquí una serie de cuestiones pero advierto que, sobre el punto, no se le han pedido explicaciones a la experta, frente a su clara conclusión.
Por lo demás, se traen esos temas a la Alzada sin advertir -o quizás soslayando- que la pericia nos habla puntualmente de una incapacidad y, por otro lado, que si bien recomienda un tratamiento, es muy clara al señalar que el mismo apunta a evitar futuros agravamientos , lo que aventa toda duplicidad resarcitoria y diluye las objeciones que se traten -sobre el particular- en la expresión de agravios.
Consecuentemente, no veo mérito, razón ni fundamento para apartarme de las conclusiones de la perito psicóloga (arts. 384 y 474 del CPCC).
De este modo, ya tenemos circunscripto el menoscabo incapacitante tanto en la faz física (8%) como en la psíquica (10%).
Dicho esto, y sobre este piso de marcha queda por aludir -ahora- a la tarifación del perjuicio.
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Esta Sala Segunda venia utilizando el valor referencial utilizado es el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad.-
Con todo, ponderando la evolución y situación de la economía nacional desde que comenzamos a utilizar dicha pauta hasta este momento, como así también el contexto de los indicadores actuales e incluso el nuevo criterio que hemos de aplicar para el cómputo de los accesorios (conforme ya lo indicaré en el punto pertinente de este voto), entendimos que el valor referencial que corresponde empezar a utilizar es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.