Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 44436
Causa Nº MO-39723-2013
RIVAROLA GERARDO GASTON C/ MURAS HERNAN FRANCISCO Y OTRA S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
Expte n° MO 44436-2013
R.S. 181 / 2020
Con fecha 21 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "VELAZQUEZ PABLO DAMIAN C/ MURAS HERNAN FRANCISCO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-39723-2013 y RIVAROLA GERARDO GASTON C/ MURAS HERNAN FRANCISCO Y OTRA S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO), Expte n° MO 44436-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental, con fecha 7 de Septiembre de 2018 dictó sentencia definitiva única para ambos expedientes, haciendo lugar a las demandas promovidas, en los términos que de allí surgen.
En la causa MO-39723-2013 dicha sentencia fue apelada tanto por la parte actora como por la demandada y citada en garantía, los recursos fueron concedidos libremente, elevándose posteriormente las actuaciones a este tribunal.
Con fecha 15 de Mayo de 2019 la parte actora expresa sus agravios, con fecha 11 de Junio de ese mismo año la demandada y su aseguradora hacen lo propio. Conferidos los traslados del caso los agravios de la demandada y citada en garantía fueron objeto de réplica con la presentación del 19 de Junio de 2019 y el 28 de Junio son respondidos los agravios del accionante.
Con fecha 12 de Noviembre de 2019 -suspensión del llamamiento de "autos para sentencia" mediante- se dispuso una medida probatoria desde el tribunal, la cual fue cumplimentada y con fecha 23 de Junio de 2020 dicho llamamiento fue reanudado, por decisión firme.
En la causa MO-44436-2013 , la sentencia también fue apelada por ambas partes; los recursos se concedieron libremente y la misma fue elevada a la Cámara.
Con fecha 15 de Mayo de 2019 la parte actora presentó su expresión de agravios y con fecha 11 de Junio de 2019, la demandada y su garante desistieron del recurso. Los agravios de la actora no merecieron réplica.
Al igual que en el expediente acumulado, y por tratarse de una sentencia única, con fecha 12 de Noviembre de 2019 se suspendió el llamamiento de "autos para sentencia" siendo el mismo reanudado con fecha 23 de Junio de 2020.
Causa MO-39723-2013
Se agravia la parte actora de la desestimación del rubro incapacidad, introduciendo diversos cuestionamientos vinculados con la demostración del nexo causal entre el hecho y el menoscabo físico sufrido. Seguidamente ataca la suma fijada en concepto de daño moral y también objeta la tasa de interés que se mandó a aplicar, peticionando la aplicación de la tasa pasiva mas alta.
Mientras tanto, la demandada y su garante vienen a cuestionar el monto fijado en concepto de daño moral.
Causa MO-44436-2013
Aquí se agravia la parte actora de la desestimación del rubro privación de uso, objetando -además- la tasa de interés fijada.
A los términos de cada una de dichas fundamentaciones recursivas, cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Previo a comenzar mi desarrollo en el punto, considero pertinente destacar que, desde mi punto de vista y en líneas generales, las expresiones de agravios satisfacen las exigencias del art. 260 del CPCC, sin perjuicio de lo que luego indicaré con algunos aspectos en particular, por lo que habré ingresar directamente en el fondo del asunto.-
Dicho esto, en orden a dar respuesta a los agravios, como son varios los tópicos que se someten a nuestro conocimiento y decisión (art. 266 parte final CPCC), además de tratarse de dos causas acumuladas, iré fraccionando mi razonamiento para dotarlo de toda la claridad expositiva que sea menester.
Causa MO-39723-2013
a) Incapacidad
El rubro ha sido desestimado por la Sra. Juez de Grado, al considerar inacreditado el nexo causal entre las secuelas informadas por el perito médico y el evento de autos.
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
También debemos recordar que pesa sobre quien reclama el resarcimiento de un daño, la demostración del nexo causal entre el menoscabo referido y el hecho respectivo (art. 375 CPCC, esta Sala en causa nro. 43.282 R.S. 212/12).
Dicho esto y de acuerdo con lo planteado en las quejas, debo referirme a la prueba pericial.
Para abordar el tema he de recordar en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
Aquí tenemos una pericia médica donde se refiere una incapaciad del 27,53% hablando de cervicobraquialgia postraumática, lumbalgia y patología de rodilla derecha (ver fs. 371).
Como bien lo refiere el fallo, la demandada y su garante solicitaron explicaciones al perito (fs. 380/2vta.) quien las replicó -muy escuetamente- a fs. 386.
En sus quejas, la actora insiste en la vinculación causal entre el hecho y los menoscabos informados por el perito.
Pues bien, tal como lo refiere el fallo, la hoja de guardia de fs. 216 da cuenta, solamente y entre otras menciones casi ilegibles, de una lesión en el hombro derecho.
Luego aparecen las constancias de fs. 151/vta. en ellas se mencionan, unos días después del hecho, una serie de lesiones y estudios médicos, como así también los tratamientos sucesivos que recibió el actor.
Cabe aquí destacar que, llegadas tales constancias al expediente como prueba informativa, y hecho saber su contenido (ver fs. 153/vta.) ninguna de las partes activó el mecanismo del art. 401 del CPCC .
Con todo, y ya en la Alzada, le requerimos al actor que adjuntara las constancias de dichos estudios, y así lo hizo con su presentación de fecha 20 de Noviembre de 2019.
Me detengo en este punto para señalar que el desconocimiento y las cuestiones que planteó la demandada y citada en garantía frente a dicho aporte son improcedentes.
Es que era ella, a todo evento, quien tenía que haber formulado el planteamiento del art. 401 del CPCC, al venir las constancias de fs. 151/vta.
No lo hizo, fue esta Alzada quien requirió (de oficio) las piezas corroborantes, y el actor trajo las antes indicadas.
A ello se suma otro dato mas: al pedir explicaciones al perito, la demandada y citada en garantía pasan por alto, totalmente, lo que surge de estas constancias de fs. 151/vta.
Por lo demás, tenemos la declaración de la testigo Galvan (fs. 194/5)
La deponente relata los antecedentes del choque, de donde fue atendido el actor (y los motivos por los que ello fue así), habla del uso de un cuello ortopédico y de dolor en la rodilla.
Advierto, por lo demás, que al prestar declaración esta testigo se encontraba presente un letrado por la demandada y citada en garantía, y no veo que le haya formulado pregunta alguna sobre las cuestiones aquí analizadas (especialmente sobre las lesiones que pudo percibir la testigo y describe), ni que hubiera formulado planteamientos en los términos del art. 456 del CPCC.
De este modo, encontramos un plexo coincidente: pericial, historia clínica -con documental corroborante- y declaración testimonial (arts. 384, 456 y 474 del CPCC).
Viene cierto que lo que surge de la denuncia penal no es del todo claro, pero no menos cierto es que las piezas antedichas (y su concordancia) prevalecen, desde mi punto de vista, por sobre tal imprecisión; especialmente teniendo en cuenta la inactividad de la demandada, y su garante, frente al premencionado aporte (informativo) de fs. 151/vta.
Entiendo, por lo dicho, que no debemos apartarnos del dictamen pericial referido y que, con dicho plexo probatorio, ha quedado suficientemente demostrado el nexo causal entre el (incuestionado) accidente del que resulta responsable la parte demandada y los menoscabos físicos que el actor padece.
Aclaro (por aplicación del instituto de la apelación implícita) que teniendo en cuenta la entidad de las lesiones y lo que surge de la prueba de autos, entiendo que la eventual ausencia de cinturón de seguridad (y digo eventual, pues no la veo suficientemente demostrada) carece de toda incidencia en la causación del resultado.
Dicho esto, y en lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento, el valor referencial utilizado era el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad.-
Con todo, ponderando la evolución y situación de la economía nacional desde que comenzamos a utilizar dicha pauta hasta este momento, como así también el contexto de los indicadores actuales e incluso el nuevo criterio que hemos de aplicar para el cómputo de los accesorios (conforme ya lo indicaré en el punto pertinente de este voto), hemos entendido que el valor referencial que corresponde empezar a utilizar es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Llegado este punto, debemos contextualizar la incapacidad informada (y sus repercusiones, concretas, no abstractas), con las circunstancias personales del actor.
En tal sentido, el reclamante es de sexo masculino, tenía 33 años de edad al momento del hecho, era soltero, se desempeñaba como empleado y sus condiciones socio económicas surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda (ver fs. 46/7, 59 y 60).
Consecuentemente, teniendo en cuenta el porcentual de incapacidad ya referido, las repercusiones (concretas, no abstractas) del menoscabo, como así también las pautas de tarifación referencial que ya he aludido, entiendo que el rubro debe prosperar, por la suma de $550.000 (quinientos cincuenta mil pesos) .
b) Daño moral
Ambas apelantes cuestionan la suma que aquí se ha fijado ($100.000).
Abordando el punto debo recordar q
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.