Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32087
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor las consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto he de proponer Ia revocación de Ia sentencia de grado; admitiendo Ia pretensión incoada aunque circunscripta aI reclamo en concepto de daño moral voto, en consecuencia,
POR LA NEGATIVA
A Ia misma cuestión el señor juez doctor GALLO, por igual fundamentos voto también
POR LA NEGATIVA
CAUSA MO-32087-2017 R.S.: 219 /2020
Con fecha 06 de Agosto de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: LOPEZ NICOLAS AGUSTIN C/ GARCIA CRISTIAN ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO), MO-32087-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
I. Apela Ia sentencia de autos la parte actora mediante la presentación electrónica 28520919, que fuera replicada por la aseguradora a través de la presentación, de igual naturaleza, número 30530428..
II. La sentencia en trámite de revisión rechaza la demanda de daños y perjuicios promovida por Nicolás Agustin Lopez contra Cristián Alberto Garcia; imponiéndole al primero de Ios mencionados las costas del juicio, en orden al principio objetivo de Ia derrota.-
III. El apelante sostiene que dicha desestimación de Ia acción es inadecuada, por cuanto, a su juicio, obran en los actuados pruebas que demuestran los presupuestos que justifican su procedencia; entre los que, enfatiza, se encuentra Ia causa penal anexada. A la vez, dice, que puede advertirse la ausencia de toda demostración de alguno de los eximentes de responsabilidad normativamente establecidos. Por tales razones pretende Ia admisión de su pretensión resarcitoria.
IV. EI pronunciamiento en recurso apontocándose en Ia circunstancia que la I.P.P. 18293 no fue ofrecida por ambos contendientes procesales- y en concordancia con Ia doctrina acuñada por el Superior provincial en los Acuerdos 38338, 52871, 68250, 78497, 80081 entre otros- descarta Ia eventual eficacia acreditativa de dichas actuaciones.
Ahora si bien es cierta Ia doctrina referenciada estimo indispensable efectuar algunas consideraciones al respecto.
La teleología que subyace en Ia imposibilidad de trasladar la eficacia, es Ia de salvaguardar Ia garantía de defensa en juicio, que podría verse afectada en caso en que la parte, a cuyo respecto se pretende oponer determinadas constancia de Ia causa penaI, no hubiere tenido oportunidad de replicarlas adecuadamente o de contrastar sus conclusiones (conf. doctrina sentada por Ia S.C.B.A. Acuerdo 87 0061, entre otros) .
Empero es necesario precisar los limbos que enmarcan taI doctrina. Pues la axiología referida, como ningún otro valor comprometido en eI escenario del proceso judicial civil, ostenta un carácter absoluto.
Por lo que va de suyo que, insoslayablemente, su vigencia y exigibilidad debe ser armonizada con las otras valoracionesínsitas en la dinámica procesal .
En tal sentido eI mismo Máximo tribunal de la provincia sostiene que la doctrina que impide trasladar la eficacia probatoria de Ias constancias producidas en la causa penal, si el expediente no fue ofrecido por ambas partes si se ha omitido reproducir en sede civil dichos testimonios, "….no debe aplicarse rígidamente porque limita demasiado la apreciación judicial. " ( ver S.C.B.A. , Acuerdo 61.784). Solución que juzgo muy pertinente por cuanto, insisto, el esclarecimiento de Ia verdad juridica objetíva -la teleologia irrenunciable del iter procesal- no podría ser obstaculizada por Ia asignación de una prioridad absoluta- y por ende que virtualmente derogatoria- de la exigencia señaIada y particularmente enfatizada por los demandados recurrentes y su aseguradora (ver mi voto, en esta Sala II, causa 57.713, entre otras).
En ese contexto de actuación comparto la postura enarbolada por Jorge Mario Galdós, para quien en las hipótesis donde el expediente penal haya sido ofrecido por una sola de Ias partes, se haya omitido la ratificación o cualquier otra situación anáIoga, no pierde automáticamente su fuerza probatoria la que deberá ser analizada, siempre con eI tamiz de los parámetros inherentes a Ia sana critica, por eI juez civil, en concordancia con Ia restante prueba producida. (ver sus trabajo "Prueba Trasladada, eI expediente penal como prueba", Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Número 1, La Plata, 2006, pgs. 101 a 116 y "El valor probatorio del expediente penal en sede civil-primera parte" L.L.1992-D- 1040) .
A lo que cabe adunar que la Corte Suprema de justicia de Ia Nación viene afirmando consolidadamente que 'la prueba acumulada en lo criminal es invocable para la decisión del posterior pleito civil cuando Ia demandada ha tenido oportuna noticia del ofrecimiento de esa prueba y ha podido producir la que convenía a su derecho para desvirtuarla" (C.S.J.N., Fallos 182:502 187:627;188:7; 219:55; 182:531; L.L17-191 y 14-335; cit. .
En este orden de ideas eI examen de Ia IPP No 18293/17, agregada por cuerda, devela que eI demandado Garcia fue fehacientemente notificado respecto a su carácter de imputado en dichas actuaciones (ver fs. 9). Como así también puede apreciarse gue a fs. 16 Seguros Bernardino Rivadavia se presenta en eI expediente, a efectos de solicitar se le expida fotocopias simples de aquel.
Desde otro costado, no dejo de advertir que interiorizada Ia recurrente del ofrecimiento probatorio de su contraparte, tuvo ocasión suficiente y razonable de compulsar aquellas actuaciones del fuero punitivo y actuar, cuanto entendiera pertinente, en orden a desvirtuar o rebatir lo que pudiera surgir de dichas piezas; lo que nunca hizo (arg. artícuIo 163 inciso 5), segunda parte del código Procesal, su doc.).
Lo contrario, desde mi óptica, importa dejar supeditada la virtualidad acreditativa de un elemento de convicción, con especiales connotaciones probatorias, a Ia exclusiva discrecionalidad de las partes -en orden a sus propias estrategias procesales- tesis esta que colisiona con eI mandato constitucional de Ia tutela judicial efectiva (artículo 15 de Ia Constitución provincial).
Cabe concluir entonces que Ia ausencia del óbice procesal, enarbolado en Ia sentencia de grado, habilita a evaluar lo actuado en sede penal, en conjunción con las probanzas generadas en estos actuados (arg. artículos 375, 376 y concordantes del código Procesal).
En materia de responsabilidad derivada de la intervención de cosas riesgosas, eI Código Civil y Comercial no ha innovado respecto a Ia solución que consagraba eI digesto antecedente .
Ello en tanto y en cuanto también recepta fa denominada teoría del riesgo creado, al prescribir una responsabilidad objetiva en orden a Ia gue toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas; debiendo aquella. para eximirse de taI responsabilidad, acreditar Ia concurrencia de una causa ajena en Ia producción del ilicito.
Esto es eI hecho de Ia víctima, de un tercero por el cual no debe responder o eI caso fortuito o fuerza mayor (arg. artículos 1721, 1722, 1732, , 1757 y 7758 deI Código Civil y Comercial, su doc; mi voto Sala III, causa 29.793 entre otros).
De tal guisa se deduce que al actor sóIo Ie compete probar eI daño, el riesgo de Ia cosa que genera el menoscabo y eI carácter de dueño o guardián de aquella. Satisfecha esta exigencia se suscita una presunción, iuris tantum por cierto- de Ia responsabilidad del demandado. Quien, en aras de derrumbarla, debe acreditar algunos de los eximentes normativamente diseñados (arg. artículos 1722 y concordantes del Código Civil y Comercial).
Con tales lineamientos materializaré la valoración deI plexo probatorio de autos.
La ocurrencia del hecho, en mi criterio, queda acreditada con eI testimonio de Germán Gabriel Clavel producido a fs. 12/12 vta, de la causa penal acollarada. Precisamente de éste surge el contacto entre eI vehículo Fiat Punto, de color negro, el que aI realizar una acción de retroceso impacta contra el reclamante que se trasladaba en bicicleta, en el que aprecia lesiones relato éste que, se impone subrayar, se muestra consistente con Ios términos de Ia denuncia formulada por el actor a fs. 1 de la I.P.P de mentas (arg. articulos 375, 384 y concordantes del Código Procesal) .
También el perito ingeniero Martino, a partir del análisis de los escritos de autos y de Ia causa penal, informa Ia posible mecánica del hecho. Asi señala que el actor se trasladaba en bicicleta, por el carril derecho de la caIIe Presidente Sarmiento y al estar cruzando la caIle Rojas, es embestido por eI vehículo del demandado, que retrocediendo marcha atrás lo embiste provocando eI accidente (arg. artículos 375, 474 y concordantes del Código Procesal; ver Presentación electrónica 19068957).
En cuanto a Ia demostración deI daño, la copia simple del libro de guardia labrado en Ia Clinica Constituyentes da cuenta que el día 5 de mayo de 2017 Nicolás López es atendido por guardia, constatándose Ia existencia de politraumatismos secundarios que son atribuidos a una accidente en Ia vía pública; ordenándose las prácticas diagnósticas usuales (arg. articulo 375, 384 y concordantes del Código Procesal ver instrumento privado de fs. 103).
El panorama fáctico descripto, unido a los efectos presuntivos que derivan de Ia declaración de rebeldía decretada a fs. 114, me lIevan -en orden a los parámetros de Ia sana critica- a considerar demostrados, con Ia suficiencia mínima indispensable, Ios presupuestos que engendran Ia presunción de responsabilidad del accionado (arg. artículos 1734 y concordantes y artículos 60 y concordantes del Código Procesal) .
Presunción que, por otra parte, no ha sido derrumbada por los demandados a través de Ia demostración de algunos de los eximentes de Iey. Afirmación ésta que con diáfana claridad se exhibe a la luz de Ia ausencia de todo esfuerzo probatorio dirigido a tal fin (arg. articulos 1729, 1730, 1731 y 1734 del Codigo Civil y Comercial y 375 del Código Procesal) .
Dilucidada entonces la responsabilidad que cabe atribuirle al demandado en la ocurrencia del ilicito, examinaré los reclamos resarcitorios efectuados por eI quejoso .
En lo atinente a Ios rubros daño físico, daño psicológico y tratamiento psicológico, por su propia ontología, su demostración requiere ineludiblemente Ia producción de la prueba pericial. Por cuanto su configuración, y consecuente detección, reclama el empleo de métodos y criterios científicos, por principio, irreemplazables por otras sendas de prueba, (arg. artículos 375. 451 y concordantes del Código Procesal , su doc. ).
La voluntaria abdicación en su producción, que encarna en Ias providencias de fs. 140 y de fs.143, desemboca fatalmente en la improcedencia de tales reclamos (arg. artículos 1737, 1738 y concordantes del Código Civil y Comercial 375 deI Código Procesal ) .
A igual conclusión cabe arribar, siempre desde mi óptica, respecto a los ítems gastos médicos, farmacia y traslado y gastos de honorarios por tratamiento kinésico. Es que Ia falta de determinación de Ia exigencia del invocado daño físico incapacitante, con sus eventuales ribetes propios, trae como correlato Ia imposibilidad de conocer- tanto en Ia necesidad como en su concreción- la hipotéticas erogaciones que se afirman realizadas (arg. artículos 375 y concordantes del Código Procesal).
En mi criterio en eI contexto fáctico de los actuados, solo se exhibe como pertinente eI reclamo en concepto moral . Al respecto el articulo 1741 del Código Civil y Comercial consagra eI derecho a reclamar por las consecuencias no patrimoniales, experimentada a raíz de los hechos ilicitos. Concretamente Ia norma contempla eI derecho a ser resarcido por la alteración o pérdida de Ia armonía vital del individuo, fruto del evento dañoso y, simultáneamente, denota su autonomía conceptual en relación a la necesidad de Ia concomitante existencia de menoscabos de índole fisico-psiquico.
Por otra parte eI daño extrapatrimonial se produce in re ipsa, no requiere prueba.
Por lo que va de suyo que si el sujeto pasivo deI reclamo anhela neutralizar su resarcimiento, tiene Ia carga de demostrar cabalmente la existencia de una situación objetiva que lo excluya. (arg. articulo 1741 del Código Civil, su doc. y articulo 375 del Código Procesal).
En lo atinente a su cuantificación - que no tiene porque guardar proporcionalidad con Ios perjuicios materiales- se bien el legislador reconoce que elIa queda sujeta al arbitrio judicial, indica al sentenciante una pauta de valoración, volcada en la siguiente premisa: "el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas".
En la especie Ia apuntada ocurrencia de ilícito, conforme se especificara, justifica Ia viabilidad del reclamo. Solución ésta que no ha devenido esterilizada en virtud de la presencia de algún óbice demostrado por Ia parte demandada (arg. artículos 375 y concordantes ) .
A los fines de la cuantificación he de considerar, por un lado, la edad del demandante a Ia fecha del hecho-25 años-que es de estado civil soltero, instruido y que trabaja como empleado. Por el otro Iado, Ia mecánica del hecho, Ias lesiones especificadas, con motivo de la atención médica en la Clínica Constituyentes (solo politraumatismos) y la innecesaridad de someterse a tratamiento alguno (arg. artículos 1740, 1741y concordantes del Codigo Civil y Comercial; 375, 384 y concordantes del Código Procesal ).
Con tales directrices, en los términos del articulo 165 deI código Procesal, estimo razonable justipreciar el rubro de mentas en Ia suma de $ 15.000.
V. Dicha suma, fijada a valores actuales, devengará intereses según una tasa del 6 % desde la fecha del hecho-5 de mayo 2017- y hasta Ia fecha de Ia emisión de este pronunciamiento; y, de allí en adelante y hasta eI efectivo pago, los accesorios deberán calcularse según Ia tasa pasiva más alta que pague el Banco de Ia Provincia de Bs. As. en sus operaciones. de plazo fijo a 30 dias (Acuerdo Extraordinario 839/20; arg. articulo 37, inciso f) de Ia ley 5827) .
VI. La condena se hará extensiva a la citada en garantía, con los alcances del vínculo asegurativo (art. 118 ley 17418) y deberá cumplirse dentro de los diez días de quedar firme la liquidación que, al efecto, deberá practicar la parte actora.
VIII. Por las consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto he de proponer Ia revocación de Ia sentencia de grado; admitiendo Ia pretensión incoada aunque circunscripta aI reclamo en concepto de daño moral voto, en consecuencia,
POR LA NEGATIVA
A Ia misma cuestión el señor juez doctor GALLO, por igual fundamentos voto también
POR LA NEGATIVA
A LA SEGUNDA CUESTION, EI SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA DIJO:
Conforme se ha votado Ia cuestión anterior corresponde revocar la sentencia apelada, admitiendo la pretensión resarcitoria exclusivamente circunscripta aI rubro daño moraI, eI que se justiprecia en la suma de $15.000; cifra ésta a la que deberán adicionarse los intereses a liquidarse conforme las pautas especificadas en eI punto V de la presente.
La condena se hará extensiva a la citada en garantía, con los alcances del vínculo asegurativo (art. 118 ley 17418) y deberá cumplirse dentro de los diez días de quedar firme la liquidación que, al efecto, deberá practicar la parte actora.
Las costas de ambas instancias, en orden al principio objetivo de Ia derrota, se imponen a la parte demandada vencida (articulos 68 y 274 del Codigo Procesal). La pertinente regulación de honorarios se difiere para su oportunidad.
ASI LO VOTO
EI señor juez doctor GALLO por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Con lo que terminó eI Acuerdo dictándose Ia siguiente:
S E NT E N CI A
AUTOS Y VISTOS: De conformidad aI resultado que arroja Ia votación que instruye eI Acuerdo que antecede, por unanimidad, SE REVOCA Ia sentencia apelada, en cuanto rechaza la demanda, admitiendo Ia pretensión resarcitoria exclusivamente circunscripta aI rubro daño moral, eI que se justiprecia en Ia suma de $15.000, condenando al demandado Cristian Alberto Garcia a abonar al actor Nicolás Agustín Lopez dicha suma, dentro del plazo indicado en la votación; cifra ésta a Ia que deberán adicionarse los intereses a liquidarse conforme las pautas especificadas en eI punto V de la presente. La condena se hace extensiva a la citada en garantía SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP LTDA, con los alcances del vínculo asegurativo (art. 118 ley 17418).
Costas de ambas instancias, a Ia demandada vencida (artículos 68 y 274 deI Código Procesal).
La pertinente regulación de honorarios se difiere para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .-
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:33:51 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:34:02 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:34:16 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia