Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12126
Causa Nº MO-12126-2013 R.S.: 250 /2020
Con fecha 25 de Agosto de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ ARGAÑARAZ ELVIRA DEL CARMEN C/ TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.A C.I.I S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-12126-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 con fecha 22 de Noviembre de 2019 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la actora, como la demandada y su aseguradora.
Concedidos los recursos libremente, la parte actora funda el suyo con su escrito de fecha 1 de Junio de 2020 (a las 17:39); la demandada y su garante hacen lo propio con el escrito de la misma fecha, pero presentado a las 15:24.
Ninguna de tales fundamentaciones ha merecido réplica.
3. Con fecha 25 de Junio de 2020 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientras que actora viene objetando la tasa de interés, la demandada y su garante cuestionan el fallo por haber tenido por acreditado el hecho dañoso, como así también en lo que hace a los montos fijados en concepto de tratamiento terapéutico, daño moral y gastos.
A los términos de cada fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .
A fin de dotar a mi razonamiento de la mayor claridad expositiva, he fraccionar mi análisis, abordando las diversas cuestiones que las partes someten a nuestro conocimiento y decisión.
Ello no sin advertir que ambas expresiones de agravios satisfacen -en algunos de sus aspectos y sin perjuicio de lo que luego iré señalando respecto de ciertos puntos en particular- las exigencias del art. 260 del CPCC, en cuanto a la solvencia técnica de la fundamentación recursiva.
Paso, entonces, a ocuparme del fondo del asunto.
a) La acreditación del hecho dañoso
Sin objetar el encuadre jurídico del tema, la demandada y su garante se quejan del fallo en este aspecto y dicen que la actora no llegó a demostrar la existencia del hecho.
Entiendo que no les asiste razón.
Es bien sabido que, por imperio de lo establecido por el art. 375 del CPCC, resulta carga del accionante la acreditación del hecho del cual sostiene que ha derivado el daño en base al que reclama.
Pues bien, en el caso, la Sra. Juez de Grado ha tenido por acreditado el suceso apoyándose en la declaración testimonial de la Sra. Sayago (audiencia videograbada a fs. 119) y el informe de la tarjeta SUBE (fs. 155).
Pasando al análisis de dichos medios probatorios, he de recordar que "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente" (SCBA, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; SCJBA Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolas") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse, conforme las reglas de la sana crítica, las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa (esta Sala en causa nro. 56736 R.S.62/10, entre otras).
A la luz de lo expuesto, tenemos que la referida testigo Sayago (en la audiencia videograbada según constancia de fs. 119/120vta.) dice que conoce a la actora por ser vecina, conocida del barrio, hace diez años.
En cuanto al hecho de autos, relata que " estaba en el colectivo ", que estaba en la parada y justo llegó la actora, con la hija y los nietos
Dice en qué parada se encontraba y brinda algunas características de tiempo y lugar.
Relata que iban para Merlo, que subieron todos, habla de alguna conversación y describe que la testigo fue al fondo y que la actora se encontraba cerca del medio del colectivo.
Indica que cuando estaban por bajar, el colectivero frenó de golpe y vio una situación de desorden (" quilombo ", textual) dentro del colectivo, advirtiendo que la actora estaba caída en el piso.
Describe lo que sucedió después y que el colectivero le pidió al pasaje que se bajaran para llevarla al hospital.
Afirma que después preguntó a la noche que le había pasado y que la hija se lo relató; agrega haberla visto después con el brazo enyesado y habla de la actividad de la actora.
Cuando se le pregunta si vio a la actora caer, dice que no, que ya la vio cuando estaba caída en el piso.
También relata que la actora fue trasladada al Hospital Eva Peron.
Ahora bien, llegado este punto y con relación a este medio de prueba, teniendo en cuenta la índole de los agravios, entra en juego lo que ha dado en llamarse "crítica del testimonio".
La valoración, apreciación o crítica (C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 12/6/2001, “Navarro, Griselda v. Mederos, Héctor A. y otra s/daños y perjuicios”, JUBA, sumario B101483) del testimonio constituye una operación mental cuya finalidad es conocer el valor de convicción que pueda deducirse de su contenido (C. Civ. Com. Trab. y Minas Catamarca, 1ª, 15/5/1997, “Díaz, Jorge E. v. Alpargatas SA”, LLNOA 1998).-
En tal sentido, dispone el art. 456 del CPCC que el juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.
Es que ni la circunstancia de que un testigo afirme un hecho bajo juramento ni la seguridad de un testigo en cuanto a sus declaraciones (Falcón, Enrique M., Tratado de la prueba, t. 2, p. 371.) ni las manifestaciones al responder por las generales de la ley obstan al ejercicio por el juzgador de la potestad de apreciarlas según estas reglas (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1ª, 28/3/1983, “Cenzano, Raúl B. v. González, Manuel”. LL 1983-C-225; C. Nac. Civ., sala H, 4/10/1996, “Cosentino, José M. v. Cohn de Harari, Noemí S.”, LL 1998-A-473 - DJ 1999-1-539, y 18/11/1996, “R. de O., M. J. v. Rojas, Julio C. y otro”, JA 1998-I-síntesis; C. Fed. Mendoza, sala A, 20/9/2007, “Ortiz, Juan C. v. Empresa La Nueva Sarmiento SA”, Lexis 1/1040757).
No basta, entonces, que determinada persona (el testigo), acercada al proceso por otra (la parte) venga y afirme algo para que el magistrado se apoye en su versión para formular la reconstrucción de la plataforma fáctica del litigio; será menester que los datos que esta persona aporte, a la luz de la sana crítica y contextualizados con los demás datos que el proceso ofrezca, resulten suficientemente convincentes (arts. 384 y 456 del CPCC).-
Volviendo a los elementos probatorios allegados al proceso, tenemos que según surge de la constancia obrante a fs. 137, la actora fue atendida por el servicio de guardia del Hospital "Eva Peron" el día de los hechos , con lesiones en el hombro, antebrazo y muñeca.
A ello se suma otro dato definitorio: el informe de fs. 155 que da cuenta que la actora viajó el día de los hechos -y a la hora indicada- en el transporte público de la demandada .
Llegado este punto, y comenzando a dar respuesta a los planteos de las recurrentes, corresponde recordar que, en materia probatoria, existe un principio básico que es el de unidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que la prueba debe ser valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos, puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas deben ser arrimadas unas con las otras y todas entre sí; resultando censurables la descomposición de los elementos, disgregándolos y su disgregación para considerarlos aislada y separadamente (Sup. Corte Bs. As., 22/12/1987, "Rivero y Hornos, Miguel y otra c/v. Echaide, Norberto y otros s/daños y perjuicios", AyS 1987-V-355, entre otros).
Así entonces, tenemos aquí que los dichos de la testigo Sayago se ven apuntalados por dos elementos objetivos: el informe de la tarjeta SUBE (que da cuenta de viajes realizados el día del hecho) y la documentación médica (que da cuenta de la atención de la accionante ese mismo día).
Además, la explicación que da la testigo en cuanto a su percepción de los hechos y los motivos por los que llega a declarar es razonable: el hecho de que sea vecina de la actora (y por ello hayan subido en la misma parada de colectivo) lejos de debilitar su declaración, la fortalece.
Y mas aun si existen otros elementos de prueba que la apuntalan, además de no existir ningún dato (objetivo) que la contradiga (la mera imprecisión horaria no es suficiente en tal sentido), siendo que incluso las hoy apelantes no transitaron la vía que les otorgaba el art. 456 del ritual si tenían algo para introducir en relación a la testigo.
Luego, y a tenor de lo establecido por los arts. 384 y 456 del CPCC, coincido totalmente con la evaluación del plexo probatorio que ha efectuado la Sra. Juez de Grado.
Por ello, promoveré la confirmación del fallo apelado en este aspecto.
b.- Daño biológico (gastos de tratamiento psicológico)
El único aspecto que prospera de este reclamo, es el vinculado con los gastos para hacer frente a un tratamiento psicológico, admitiéndolo por la suma de $24.000 (veinticuatro mil pesos).
Para así hacerlo, la sentenciante se apoya en la pericia de la especialidad, considerando reversible el menoscabo en esta área y, entonces, limitado el resarcimiento a los gastos para afrontar dicho tratamiento, que tarifa como lo hace en virtud de las razones que brinda para estimar el costo de la sesión.
Frente a ello, lo único que hacen las apelantes es "discrepar" con el monto fijado, y exteriorizar tal discrepancia en un solo párrafo, en el cual solo la tildan de excesiva, y nada mas.
Con tal proceder no se cumple, siquiera mínimamente, con las exigencias del art. 260 del CPCC y, por ello, promoveré la declaración de deserción de esta parcela del recurso.
c. Daño moral
Los $130.000 fijados en el punto, son cuestionados por las recurrentes.
Abordando los agravios, es hora de recordar que el daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Por otro lado, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que el rubro tiene carácter eminentemente resarcitorio para la víctima y no sancionatorio para el victimario (esta Sala en causa nro. 42.001 R.S. 364/01, 47.522 R.S. 447/03).-
Decíamos en la causa nro. 44.628 (R.S. 637/01) que si el dinero que se paga por el daño moral no tuviera carácter indemnizatorio, faltaría el fundamento necesario para que la víctima lo percibiera y que encarando la reparación del daño moral como pena, se incurre en el defecto de enfocar el problema desde el punto de vista del autor, únicamente, al cual se le impondría la sanción de reparar el agravio causado, pero quedaría sin justificar la razón en virtud de la cual la víctima recibiría el importe de esa sanción ejemplar y que entre los objetivos de la pena prevenir, punir o enmendar, no está ciertamente el de enriquecer el bolsillo del perjudicado; en base a ello se señalaba que para constituir el derecho de la víctima a cobrar el importe de la reparación, es imprescindible recurrir a la idea del resarcimiento por lo que la reparación del daño moral es eminentemente satisfactoria.
Ahora bien, aquí tenemos probada la existencia del hecho, como así también que la actora sufrió algunas lesiones (pues hubo atención médica) pero no que haya padecido algún tipo de secuela física y, por lo demás, la secuela psíquica hallada se consideró reversible.
En tal contexto, y conjugando lo dicho con las circunstancias personales de la accionante, entiendo que la suma fijada se perfila elevada y, por ello, promoveré su reducción a la de $90.000 (noventa mil pesos) .
d. Gastos
La Sra. Juez de Grado fijó la suma de $1.000, lo cual es objetado por las recurrentes.
Abordando las quejas, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).-
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.-
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Aquí hemos tenido por acreditado el hecho dañoso, como así también los golpes de la actora e, incluso, su atención médica.
En tal contexto, tengo para mi que el rubro es procedente y que la suma fijada, bien módica, en modo alguno se perfila excesiva o irrazonable, por lo que promoveré su confirmación.
e. Intereses
La sentencia ha dispuesto el aditamento de intereses a una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta el dictado del fallo y, de allí en mas, la tasa pasiva digital, de la banca provincial.
Ello agravia a la actora.
Y, lo adelanto, habré de inclinarme por la desestimación de su recurso.-
Ello no sin efectuar las precisiones que a continuación realizo.-
Si bien, hasta el momento de celebrarse el Acuerdo nro. 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital (o la más alta, dependiendo del tenor de los agravios) informada por la banca provincial, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura (6%) establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los casos "Vera" y "Nidera".-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara.-
Por lo demás, se tornaba -desde mi punto de vista- necesaria la unificación de posturas entre las diversas Salas de este tribunal (dos de ellas desintegradas, por vacancias), para permitir a los justiciables, profesionales e incluso a los órganos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniformes acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como tribunal de Alzada.-
Viene cierto que ello podría haberse logrado a través del mecanismo del art. 37 de la ley 5827 (donde cada integrante de la Cámara explicitara su criterio personal), pero indudablemente hubiera implicado una demora considerable, carente de sentido cuando -a la luz de lo dicho en el párrafo anterior- tal postura se había tornado mayoritaria en el seno del tribunal.
Amén de ello, hay otra circunstancia.-
Como lo he venido resaltando en mis votos hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se expidió en tales precedentes ("Vera" y "Nidera" del año 2018) sin que luego volviera a fallar sobre la cuestión (al menos por lo que he podido recabar en el sistema de búsquedas JUBA).
Esta circunstancia generó las (a mi modo de ver) razonables cavilaciones en cuanto a los alcances de dicha doctrina, mas aun frente al paso del tiempo sin que volviera a reiterarse.
Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en "Vera" y "Nidera" se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincia (ver, entre infinidad de otros, C. Civ. y Com. Junin, 4/6/2019, "Salgado Mirta Mabel C/ Correa Roberto Javier S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. Dolores, 11/6/2019, "Calabrese, Silvia Graciela C/ Rojas, María Mercedes Y Otro/A S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. Necochea, 10/9/2019, "Berrier, Martín C/Copercido, Isabel Susana y Otra s/Daños y Perjuicios"; C. Civ. y Com. Azul, sala 2°, 19/9/2019, "Bilotto, Analía C/ Materiales Rurales El Quebracho S.A. y otro s/ daños y perjuicios"; C. Civ. y Com. Pergamino, 16/9/2019, "Scornavacche Veronica Teresa Y Otro/A C/ Ulman Agustin Y Otro/A S/ Daños Y Perj."; C. Civ. y Com. San Nicolas, 21/11/2019, "Sánchez, Juan José C/Caviglia, Ricardo Enrique Y Otros S/Daños Y Perjuicios
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.