Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 9856
CAUSA MO-9856-2015 R.S.: 258/2020
Con fecha 01 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "BONO WALTER C/ MALDONADO ALFREDO RAUL Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " CAUSA MO-9856-2015 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA/GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ , dijo:
Contra la sentencia definitiva de fs. 231/233 apelan la actora, la demandada y la citada en garantía, expresando agravios las partes por presentación electrónica el día 1-6-2020, obrando las réplicas con fecha 11 y 16 de Junio.
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por Walter Bono contra Alfredo Raúl Maldonado por la suma de $ 785.000 (setecientos ochenta y cinco mil ) haciendo extensiva la condena a Orbis Compañia Argentina de Seguros S.A..-
Las partes se agravian:
1. La demandada y citada en garantía cuestionan la atribución de responsabilidad.-
2. La actora: considera bajo los montos de incapacidad sobreviniente; daño psicológico y tratamiento; rehabilitación y gastos médicos; daño moral.
A ) Analizaré en primer término la queja de la demandada.-
Inicialmente juzgo atinado puntualizar que no habré de seguir a los litigantes en todos y cada uno de sus planteamientos sino que, no obstante examinarlos in totum, me limitaré a exponer en este voto las razones que estimo “...pertinentes para la solución del caso.” ( CSJN, Fallos 265:301, 278:271, etc. 384 CPCC).-
La controversia estriba en la atribución de responsabilidad que cada parte trata de adjudicar a la contraria. Cada dueño o guardián debe afrontar los daños causados al otro, salvo que se demuestre que el accionar de la victima o de un tercero haya excluido o limitado la responsabilidad de aquellos ( SCBA, ac. 44606 del 10-12-91 ).
El demandado agraviado hace explícita mención al art. 57 de la ley 11.768, sosteniendo que la prioridad de paso por la derecha es absoluta, que imponen al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al vehículo que se presente a su derecha, sin que importe discriminar quien llego primero a la encrucijada.
Este principio fue relativizado por la praxis judicial, la que ha recurrido a las leyes de la lógica, haciendo jugar las distintas circunstancias de tiempo, lugar y las particularidades de cada siniestro. Tal criterio jurisprudencial dio paso a otra regla, el principio “ derecha antes que izquierda “ no habilita al conductor que aparece por la derecha a arrasar con quien encuentra enfrente
En el expediente labrado en sede penal, N° 13640-14 fs. 2 consta la certificación de atención en el servicio de emergencias de la guardia traumatológica del Interzonal de agudos Luis Guemes el día 6-5-14.-
A fs.10 el Acta de Visu del vehículo Susuki Fun, dominio EFD-436 detalla los daños en su carrocería (abollado la parte delantera del capot y guardabarro lateral derecho frontal, rastros de pintura color gris sobre la goma del paragolpe delantero, con faltante de insignia de la marca Suzuki ). A fs. 11/12 obran dos fotografias del vehículo.-
A fs. 13 Acta de Visu se observa una bicicleta rodado 28 del tipo carrera de color gris, la cual se observa que (posee dañado la caja pedalera, como así también el sistema de velocidad (piñones) presentando deformada la llanta de la rueda trasera). A fs. 14/15 se observan cuatro fotos.-
La Sra. María Isabel Oyola declara a fs. 16, como testigo presencial, el día 25 de abril 2014. "...caminaba por la calle Curuchet en dirección a la Av. Santa Rosa, al llegar a la intersección con la arteria Merlo, observa como delante suyo un vehículo marca Susuki....circulaba por la calle Merlo en dirección hacia las vias ferreas, impacta con la trompa a un ciclista de sexo masculino que circulaba por la calle Curuchet hacia la Av. Santa Rosa y ya había cruzado en su totalidad la intersección de las citadas arterias...".-
El perito ingeniero Pedrayes, en el expediente principal, en su informe presentado el 13-08-2018, verifica las fotos del automóvil y visualiza que los daños en vértice delantero derecho, son de antigua data. "... dado que es evidente la presencia de corrosión en el daño, y esto no puede acontecer en 4 días después de producido el hecho. ". -
Las huellas físicas de la colisión son, de parte de la bicicleta toda la parte trasera posee dañado la caja pedalera, como así también el sistema de velocidad ( piñones) presentando deformada la llanta de la rueda trasera) de parte del automóvil rastros de pintura color gris sobre la goma del paragolpes delantero.-
La norma de tránsito establece que el vehículo que llega a una bocacalle debe reducir sensiblemente la velocidad y tiene la obligación de ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente a su derecha, luego, quien llega a una bocacalle sin prioridad debe extremar las precauciones disminuyendo la velocidad; si bien la presunción de culpabilidad aludida es iuris tantum, solo es legítimo apartarse de ella cuando median motivos de gravedad suficiente que así lo aconsejen y corresponde a quien viene por la izquierda destruirla probando que había llegado antes al cruce ganando el derecho de iniciar el mismo.
En el caso, los daños en el automóvil y en la bicicleta hacen evidente que el demandado impactó a la bicicleta del actor en su parte trasera cuando esta había cruzado gran parte de la calle Merlo y llegado primero a la intersección.
Lo aquí observado es corroborado por el testimonio de la Sra. Oyola.
Los medios de prueba, son elementos de un todo y ese conjunto, analizado en forma armoniosa, conforme las reglas de la sana crítica, permite reconstruir los hechos ( art. 384 del CPCC).
Las pruebas colectadas me permiten llegar a la convicción que los hechos ocurrieron conforme lo relatado por el actor, por lo tanto la demandada no ha podido probar el eximente de responsabilidadínsito en la 2da. parte del art. 1113 del C. Civil).
La demandada y su garante evocan algunos antecedentes del tribunal pero, desde mi punto de vista, ellos devienen inaplicables al supuesto de autos, pues las circunstancias del caso se presentan disímiles, en atención a la valoración probatoria que he efectuado.
Por lo tanto esta queja debe ser desestimada.
B ) .- Las quejas de la actora
La parte actora cuestiona el monto otorgado por este concepto. Describe las dolencias sufridas como consecuencia del accidente, con basamento en la pericia médica. Reconoce que la Sra. jueza no encontró motivos para apartarse del informe pericial, no obstante ello sostiene que la sentenciante no evalúo la real proyección invalidante de las secuelas físicas.-
El juez debe apreciar y valorar la prueba pericial, conforme criterios de atendibilidad, racionalidad, justificación, sin admitir que quede en jaque su autonomia para decidir. el dictamen pericial constituye un elemento más de prueba, que debe sopesarse con los otros elementos arrimados al expediente ( art. 474 del CPCC).-
En materia de indemnización por incapacidad física derivada de las lesiones sufridas a raíz de un hecho ilícito, el monto otorgado no se sujeta a una tabulación prefijada sino que se relaciona con los diversos aspectos de su humanidad y la proyección que la secuela del accidente tiene sobre su personalidad integral.
En la especie, el perito nos ha hablado de una incapacidad del 29,5% vinculada causalmente con el evento dañoso, aludiendo un cuadro de cervicalgia y lumbalgia con limitación funcional, síndrome meniscal rodilla derecha, síndrome vertiginoso y derivación nasal con dificultad respiratorio.
Conjugando las repercusiones concretas y específicas de las que nos habla el perito con las condiciones personales del actor (56 años al momento del hecho, divorciado, albañil, de las circunstancias socio económicas que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda) considero correcto el monto de $ 500.000 (pesos quinientos mil) otorgado para este rubro (art. 165 del CPCC).
A la luz de lo normado por el art. 1078 del Código Civil, el daño moral debe comprender el resarcimiento de la totalidad de los padecimientos físicos y espirituales derivados del ilícito, su estimación no debe ni tiene porque guardar proporcionalidad con los daños materiales emergentes del ilícito pues la magnitud del daño en tal sentido, sólo depende de la índole especial del hecho generador de la responsabilidad y no del resarcimiento específicamente referido al daño material.
Por lo tanto siguiendo criterios de prudencia y razonabilidad, ponderando la índole del hecho dañoso, la incapacidad que le ha quedado y las condiciones del actor, coincido con la suma de $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta mil) otorgado por la Sra. jueza de grado ( art. 1078 del C. Civil y 165 del CPCC).-
El informe pericial de la Lic. López otorga una incapacidad del 15% como consecuencia de una depresión moderada, como el daño es parcial y permanente aconseja un tratamiento terapéutico de una vez por semana durante un año.-
El Sr. Bono, cuestiona la falta de correlato entre los perjuicios psicológicos y el monto otorgado.-
El daño psicológico puede producir un verdadero menoscabo en la autoestima, porque a partir del perjuicio sufrido, el damnificado puede perder aptitud laboral, problemas de vinculación con el mundo exterior , frustración de proyectos de futuro.
Los porcentajes de incapacidad sólo deben ser considerados como orientativos para el juzgador, elementos referenciales o meramente orientadores que no lo vinculan, toda vez que la indemnización deberá ser establecida por el órgano jurisdiccional con arreglo al perjuicio efectivamente sufrido por la persona , sin someterse a cálculos matemáticos ni actuariales, no existen por lo tanto, pautas fijadas para determinar la valoración de este perjuicio, por depender de circunstancias de hecho variables en cada caso particular y libradas a la prudente apreciación judicial ( Cs. 48879 R.S. 23304 entre otras ).
Por ello considero atinado, el monto determinado por la a-quo en $ 80.000 (pesos ochenta mil ) ( art. 165 del CPCC).-
Respecto del tratamiento terapéutico, la Sra. Jueza fija una suma de $ 40.000.- (pesos cuarenta mil ).-
Asiste razón al reclamante, según las máximas de la experiencia y dado que nos hallamos ante tratamientos futuros, el costo promedio de una sesión alcanza a la suma de $ 1000 (pesos mil) por lo tanto, computando las características del tratamiento aconsejado pericialmente, elevo el costo del tratamiento a $ 52.000 (pesos cincuenta y dos mil) ( art. 165 del CPCC).-
En materia de reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación kinesiológica resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil.
Por lo tanto, computando lo indicado en la pericia médica, entiendo que debe ser confirmado el monto para cubrir esta terapia en $ 10.000.- (pesos diez mil ) ( art. 165 del CPCC)-
El actor se queja por el monto de $ 5000.- ( pesos cinco mil ) fijado para responder a los gastos médicos y farmacéuticos.-
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1078 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Como así también que es un auténtico hecho notorio que las obras sociales no cubren habitualmente la totalidad de tales gastos. (conf. la Cám. civ. y com 2da. –sala 3era. de la Plata, Cám. civ. y com. de Morón, Sala I, causas 23.879- R.S.:65/90; 27710-R.S.:46/92.-
Atento lo expuesto, considero que debe ser incrementado este rubro a la suma de $ 10.000 (pesos diez mil ) ( art. 165 del CPCC).-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia, elevándose el monto de condena a la suma de $ 902.000 (pesos novecientos dos mil) y confirmando el fallo apelado en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, atento el resultado de los recursos, en un 20% a la actora y en un 80% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Voto en consecuencia
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo, en cuanto a la tarifación de los montos.
Señalo, inicialmente, que coincido en un todo con el análisis atinente a la atribución de responsabilidad, por los mismos fundamentos que el voto que antecede, dejando expuesto que -desde mi punto de vista- las circunstancias de los antecedentes de esta Sala que se evocan, no se condicen con las circunstancias específicas del presente caso en juzgamiento.
En lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.