Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7307
Causa Nº MO-7307-2013 R.S.:276/2020
Con fecha 10 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ FACIO CLAUDIO ALEJANDRO C/ GARCIA GERARDO GABRIEL Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-7307-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental con fecha 4 de Junio de 2018 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
2. Contra tal forma de decidir se alza la actora, interponiendo recurso de apelación; que fue concedido libremente y se fundamentó con la expresión de agravios presentada con fecha 25 de Marzo de 2019, que no mereció réplica.
3. Cumplidos los trámites del caso, el 18 de Junio del corriente año, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , resultando necesario requerir las actuaciones en soporte papel, lo que fue cumplimentado con fecha 3 de Septiembre de 2020, quedando las actuaciones en estado de ser resueltas.
El actor se queja de los montos fijados por daño físico y moral, por la omisión de resolver en cuanto a los tratamientos futuros y en cuanto a la tasa de interés dispuesta.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .
Reseñado así el tema que nos convoca -antes que nada- debemos señalar que el caso debe juzgarse a la luz de las previsiones del Código Civil, tal como lo ha indicado la Sra. Juez de Grado e invariablemente lo hemos hecho desde esta Sala, teniendo en cuenta la fecha de acaecimiento del hecho dañoso.
Amén de ello debo señalar que la fundamentación recursiva contiene suficiente crítica como para sortear la valla del art. 260 del CPCC; con lo cual, he de ocuparme del fondo del asunto; para lo cual parcelaré mi razonamiento, en orden a dotarlo de la mayor claridad expositiva.
a) Incapacidad
El fallo ha fijado la cantidad de $520.000.
De tal suma se agravia el actor.
Y para dar respuesta a sus cuestionamientos es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
Para ello, entonces, debemos recurrir a las pericias llevadas a cabo en autos.
El fallo se apoya en las pericias presentadas médica y neurológica, computando una incapacidad física del 10%, una psicológica del 15% y una neurológica del 10%, trabajando en base a una incapacidad parcial y permanente del 33% (ver pericia neurológica de fs. 435/7 y médica de fs. 487/514)
Aclaro que, respecto de la parcela del fallo que consideró eficaces las pericias en cuestión no existe agravio de ninguna de las partes (arts. 260, 266 y 272 del CPCC) no habiendo, de este modo, planteo alguno tendiente a que las desatendamos. Tampoco hay objeción alguna en cuanto a la facción de la pericia psicológica por parte de un médico, con lo cual -aun cuando discrepo totalmente con tal proceder- la falta de agravio sobre el punto me impide ingresar en el tema.
Efectuada esa aclaración y sobre este piso de marcha queda por aludir -ahora- a la tarifación del perjuicio.
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente el valor referencial utilizado es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Por cierto, debemos conjugar la incapacidad resultante del evento con las circunstancias personales del actor, de sexo masculino, 51 años de edad al momento del hecho, docente, de las condiciones socio económicas que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda (ver fs. 52/4, 57/9) debiendo tenerse en cuenta -asimismo- lo que surge de las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 281/vta. y 369/370vta en cuanto a las repercusiones que el hecho le produjo.
Sentado ello, teniendo en cuenta las lesiones sufridas, el porcentual de incapacidad que le ha quedado y el impacto concreto (no abstracto) que las incapacidades informadas le han generado en su cotidianeidad, entiendo que las sumas fijadas han de elevarse a las de $800.000 (ochocientos mil pesos) .
b) Daño moral
El fallo cuantificó el rubro en la suma de $200.000, lo que agravia a la actora.
Por otro lado, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que el rubro tiene carácter eminentemente resarcitorio para la víctima y no sancionatorio para el victimario (esta Sala en causa nro. 42.001 R.S. 364/01, 47.522 R.S. 447/03).-
Decíamos en la causa nro. 44.628 (R.S. 637/01) que si el dinero que se paga por el daño moral no tuviera carácter indemnizatorio, faltaría el fundamento necesario para que la víctima lo percibiera y que encarando la reparación del daño moral como pena, se incurre en el defecto de enfocar el problema desde el punto de vista del autor, únicamente, al cual se le impondría la sanción de reparar el agravio causado, pero quedaría sin justificar la razón en virtud de la cual la víctima recibiría el importe de esa sanción ejemplar y que entre los objetivos de la pena prevenir, punir o enmendar, no está ciertamente el de enriquecer el bolsillo del perjudicado; en base a ello se señalaba que para constituir el derecho de la víctima a cobrar el importe de la reparación, es imprescindible recurrir a la idea del resarcimiento por lo que la reparación del daño moral es eminentemente satisfactoria.-
Sentado ello, computando la índole misma del hecho dañoso, las lesiones que sufrió el actor, los tratamientos a los que debió someterse y las repercusiones psicofísicas que les han quedado instaladas, de acuerdo con lo ya analizado, entiendo que la suma fijada aparece reducida (art. 165 del CPCC), por lo que propondré que se eleve a la suma de $300.000 (trescientos mil pesos) .
c) Tratamientos futuros
Denuncia el apelante una omisión en cuanto a la atención del rubro tratamientos futuros, reclamando la inclusión de dicha partida en relación al tratamiento kinésico y psicológico.
Viene cierto que dicho rubro había sido peticionado en el escrito de demanda (ver fs. 172) y que la sentencia omitió su abordaje, por lo que -frente al planteo introducido- nos compete ingresar en su análisis (art. 273 del CPCC).
Así las cosas, a tenor de lo prescripto por el art. 1086 del C. Civil, no surgiendo de la labor pericial que dichos tratamientos vayan a hacer desaparecer la incapacidad informada, teniendo en cuenta la índole de los tratamientos indicados a fs. 512vta./513, la frecuencia de las sesiones que allí se refieren, como así también la extensión de los mismos, y el hecho de que -al ser tratamientos futuros- su monto no debe ceñirse a los valores históricos señalados por el perito, computando asimismo la expresa petición introducida en los agravios (que actúa como límite a nuestras posibilidades revisoras, arts. 260, 272 y ccdtes. CPCC), entiendo que el rubro debe ser prudencialmente acogido, por la suma de $96.000 (noventa y seis ml pesos) .
d) Tasa de interés
La sentencia apelada ha mandado a aplicarlos a la tasa del 6% anual desde el accidente hasta la fecha del fallo y, de allí en mas, a la tasa pasiva mas alta de la banca provincial.
Ello provocó que la actora cuestione el fallo, pretendiendo la aplicación de la tasa pasiva digital.
Y, lo adelanto, habré de inclinarme por la desestimación de su recurso.
Ello no sin efectuar las precisiones que a continuación realizo.-
Si bien, hasta el momento de celebrarse el Acuerdo nro. 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital (o la más alta, dependiendo del tenor de los agravios) informada por la banca provincial, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura (6%) establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los casos "Vera" y "Nidera".-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara.-
Por lo demás, se tornaba -desde mi punto de vista- necesaria la unificación de posturas entre las diversas Salas de este tribunal (dos de ellas desintegradas, por vacancias), para permitir a los justiciables, profesionales e incluso a los órganos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniformes acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como tribunal de Alzada.-
Viene cierto que ello podría haberse logrado a través del mecanismo del art. 37 de la ley 5827 (donde cada integrante de la Cámara explicitara su criterio personal), pero indudablemente hubiera implicado una demora considerable, carente de sentido cuando -a la luz de lo dicho en el párrafo an
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