Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 11295
Causa Nº MO-11295-2011 R.S.: 277/2020
Con fecha 15 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ TRIPEPE MIRIAM SOLEDADC/ MAUCERI MIGUEL ANGEL y otros S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-11295-2011 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.2 Departamental el 2 de julio de 2019 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda promovida por MIRIAM SOLEDAD TRIPEPE contra MIGUEL ANGEL MAUCERI, TRANSPORTES LA PERLITA SA y METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS por daños y perjuicios y consecuentemente, condenó a estos últimos a pagar la suma de $1.272.600, con más los intereses establecidos en el considerando XI de la aludida resolución. Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida y difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron la parte actora (9/7/2019), la citada en garantía y la parte demandada (25/9/2019) interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente el 15/7/2019 y el 8/10/2019, respectivamente y se los fundó con las expresiones de agravios presentadas el 28/11/2019, la parte actora, y el 16/12/2019 la citada en garantía, haciendo lo propio la parte demandada el 6/2/2020.-
La misma fue replicada el 19/2/2020.-
3. El día 21 de abril de 2020 , se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora se queja de los escasos montos otorgados para los distintos rubros indemnizatorios solicitando su elevación, como así también de la tasa de interés aplicada por la jueza, pretendiendo que la misma sea la tasa pasiva bip.
Por su parte la demandada y citada en garantía se agravian de la atribución de responsabilidad del evento que se ventila en autos. Asimismo, para el caso de no ser acogida aquella queja, se agravia de las sumas fijadas por la jueza para los rubros indemnizatorios.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
1. La Responsabilidad .
En primer lugar y para un mejor orden de estudio, debo iniciar mi voto tratando la atribución de responsabilidad que cayó sobre la parte demandada.
En efecto.
La parte demandada, como la citada en garantía, sostienen que la jueza de grado atribuyó la responsabilidad sin existir en autos prueba testimonial alguna, basándose -para así hacerlo- en la historia clínica la cual condice con el relato de la actora.
Ahora bien.
Es necesario ponderar la solvencia técnica de la fundamentación recursiva traída.-
Y en orden a dar respuesta a la cuestión planteada es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuna que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa ns 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa ns 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa ns 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5s, pto. c), del Cód. Procesal; Causa ns 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación sobre este tema en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5s ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido, y si vamos a la sentencia apelada, vemos que la misma, luego de dar sólidos fundamentos jurídicos y teniendo por acreditado el hecho, señala que no sólo tomó en cuanta para atribuir la responsabilidad a la demandada a la historia clínica, sino que la misma se apoya también en la declaración testimonial acompañada en la causa -que en este acto tengo a la vista-; sumado a ello, los informes policiales que también se encuentran en aquella causa penal y que la demandada y citada en garantía nada han dicho.
La jueza tuvo por demostrado la eximente invocada por la actora con varias pruebas de las cuales las recurrentes no han rebatido siquiera mínimamente.
Agrego que tratar de modificar el fallo en lo medular como es la responsabilidad con solo decir que en autos no hay testigos, después de constatar que hay muchos mas elementos que la jueza ha tenido a la vista para dictar su resolución de la manera que lo hizo, dista mucho de ser fundamentos válidos para modificar aquel temperamento.
Luego de ello, los quejoso lo que hacen es copiar jurisprudencia que podría ser utilizada en cualquier apelación que se ataque la responsabilidad como pretende atacarla los recurrentes.
Es evidente, así, la insolvencia argumental de su expresión de agravios en el punto cuando reitero, la jueza tuvo en cuenta otros elementos que se encuentran tanto en estos obrados como en la causa penal que se adjunta por cuerda. y ninguno de estos argumentos han sido cuestionados.-
Por ello, y no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, deberá declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada y citada en garantía en lo que se refiere a la atribución de responsabilidad.
Zanjada tal cuestión podemos proseguir con las restantes.
Comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios triados por las partes debemos resaltar liminarmente que la Sra. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).-
Con lo cual, y partiendo de la base de que ambas expresiones de agravios en este punto en particular, sortean (en líneas generales y sin perjuicio de lo que luego indicaré en relación a alguno de sus aspectos) las exigencias del art. 260 del CPCC, pasaré a ocuparme del tratamiento de las quejas, parcelando mi exposición para dotarla de la mayor claridad expositiva.
a) Incapacidad física
Ambas partes se quejan del monto otorgado por la jueza de grado; la actora pretende elevar aquel monto y la demandada y citada en garantia su reducción.
Por otra parte, éstas últimas solicitan que se realice una nueva pericia en esta Alzada.
En primer lugar daré tratamiento a este reclamo.
Para ello, dire que la apertura del juicio a prueba en la Alzada tiene un caracter de excepción, y las situaciones que la autorizan son previstas en la ley de modo limitativo y dentro de las hipótesis allí contempladas (cfr. Cám. 2ª, Sala 3ª, La Plata, causa nº 79.473, R.S. I, 19-95, esta Sala en Causa nº 41.941, R.I. 78/00). Dice la doctrina que como no se puede apelar durante la etapa probatoria, se admite la posibilidad de que cuando el expediente es elevado al tribunal ad quem para resolver tal recurso, este controle el fallo del inferior, respecto de las probanzas denegadas o a la justicia de la providencia que ha declarado la negligencia; resolviendo sobre la necesidad, o no, de que tales medidas sean llevadas a cabo en la cámara (HITTERS,Juan Carlos, Tecnica de los Recursos ordinarios, Libreria Editora Platense, Buenos Aires. 2.000, pág. 476).-
La procedencia del replanteo de prueba en segunda instancia debe encararse con criterio estricto, para no convertir a esta en una faz de dilación del proceso o desequilibrar la igualdad de las partes, o en su caso, reabrir cuestiones sobre procedimiento precluidos.
Ello es así en tanto la concesión de un recurso en su forma libre, no importa constituir a la Alzada en una " segunda primera instancia". -
Los recurrentes en la expresión de agravios piden " que se realice una nueva pericia a través de la Oficina Pericial Departamental, para que revisando a la Sra. Tripepe, establezca el real porcentaje de incapacidad que la misma presenta ÚNICAMENTE RELACIONADO CON EL SUCESO INVESTIGADO EN AUTOS.
Ahora bien.
El art. 36, en el andarivel ya del podrá y no del deberá, prescribe una serie de posibilidades ordenatorias e instructorias que responden a la necesidad de hacer efectiva la mejor administración de justicia.-
Esta Sala II en la causa 35.425, R.I. 22/01 ha sostenido que: "l as consideraciones de las medidas probatorias que el Tribunal estime pertinentes en los términos de los arts. 36 y ccdtes. del ritual, quedan sujetas a sus facultades ordenatorias e instructorias cuando tenga el expediente a estudio para dictar sentencia , no siendo factible que -en los términos del artículo citado- las partes soliciten o sugieran al Tribunal la producción de prueba (Morello. Augusto Mario; Sosa, Gualberto Lucas; Berizonce, Carlos Omar. Códigos ... T II A. pags. 648 y sgtes., con jurisprudencia alli citada), pues -reiterando- tales resultan ser resortes que el ordenamiento ritual pone a disposición de los órganos jurisdiccionales, para que acuda a ellos solo en caso de considerarlo necesario" -
Que, por lo expuesto y sin perjuicio de lo que este tribunal pudiera entender necesario, no corresponde acoger ese planteamiento, al menos en la forma en que se lo ha entablado.
Zanjada así la cuestión, proseguiré con el estudio de estos obrados en relación al rubro daño físico.
Y para así hacerlo es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.