Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 49539
CAUSA MO-49539-2017 R.S.:279/2020
Con fecha 15 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SANCHEZ DANIEL ALBERTO C/ VIVAS MARIA ROSA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" CAUSA MO-49539-2017 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ , dijo:
Contra la sentencia definitiva de primera instancia, expresa agravios la parte actora mediante presentación electrónica de fecha 20-2-2020 y la demandada y citada en garantía con fecha 7-4-2020, a su vez la actora contesta los agravios de la demandada el día 11-5-2020.
El fallo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios, iniciada por Daniel Alberto Sanchez contra María Rosa, Carlos Alberto Alejandro y Franco Alfredo Pereira VIVAS, por la suma de $ 610.200.- haciendo extensiva la condena a HDI Seguros S.A. en la medida del seguro.
Ambas partes se agravian.
La actora , porque estima bajos los montos del daño: 1) biológico; 2) daño moral; 3) tratamiento kinésico y psicológico y 4) rechazo de la indemnización por la privación de uso.
La demandada y su aseguradora, postulan 1 ) la reducción del monto daño físico; 2) solicita la revocación del daño psicológico; 3) la reducción del tiempo de tratamiento psicológico; 4) elevado importe del daño moral.
Con ello dicho, paso al análisis de las quejas, abordando conjuntamente las que son comunes.
Los actores cuestionan el salario tomado como base por el a-quo $ 15.625.-( salario vital y móvil ) manifestando que debió ser considerado el salario que efectivamente percibía $ 35.682, argumentando en tal sentido.
En las lides de la cuantificación dineraria el valor resarcible es precisamente la referida integridad físico-psíquica genéricamente considerada. de modo que a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemático, efectuados en base al criterio de " expectativa de vida ".
Si bien es cierto que el art. 1746 del CCyC alude al empleo de un método matemático-actuarial de evaluación, en modo alguno de ello puede colegirse que el resultado dinerario que arroje aquel es de imperativo acatamiento para el juez.
Los codificadores sólo han establecido en el art. 1746 una serie de pautas orientativas, una suerte de parámetros referenciales, a los que el Juzgador debe ponderar dentro del universo de variables específicas y particulares, personales, sociales y económicas, a cuya consideración no puede renunciar. Para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos sino " que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial " (Lorenzetti, Ricardo " Código Civil y Comercial " T° VIII, Rubinzal Culzoni, pág.527 y ss.).
Aclarado el punto, me abocaré a tratar las quejas vinculadas con el monto fijado, en el que se englobó el aspecto físico y el psíquico del detrimento.
En tal sentido, tenemos lo siguiente.
a) Daño Físico
A fs. 185 se encuentra adjunto un diagnostico por imágenes efectuado en la Clínica Modelo RX de muñeca y RX de tórax de frente y perfil, no observándose alteraciones; a fs. 187 figura un estudio por tomografia computada de cerebro y columna cervical, realizado en la misma clínica, con resultado prácticamente normales.
En su presentación electrónica el perito médico Dr. Lopardo, examina al actor (cabeza, cuello, raquis cervical y dorsolumbar, torax y abdomen, rodillas, tobillos, pies) y en el acápite consideraciones médico legales manifiesta "....se constata alta laboral el día 21/08, con lo cual se estima que ha recibido un tratamiento corto sin documentarse kinesiología. Al examén actual presenta disminución de los movimientos pasivos con contractura muscular cervical, dolor y radiografías que muestran perdida de lordosis fisiológica de la columna sin alteraciones degenerativas. No se documenta tratamiento rehabilitador con alta a los 11 días. Refiere dolor difuso lumbar pero no se cuenta acredita atención médica al momento del accidente por dicha dolencia"
El experto en sus conclusiones no es categórico en la existencia de nexo causal entre las lesiones y el accidente, estimando una incapacidad física parcial y permanente del 8% por cervicalgia (contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis en las radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna).
Sugiere tratamiento kinesiológico por 20 sesiones en región cervical tres veces por semana.
Efectuado el traslado de la pericia, no mereció observaciones ni pedidos de aclaración por las partes.
b) Daño Psicológico
La parte demandada y su aseguradora proponen su revocación.
La experta Lic. Raimondo, junto con la entrevista personal, realizó al actor diversas técnicas ( inventario de Beck, test visomotor de bender, persona bajo la lluvia, D.F.H, H.T.P., MMSE de Folstein).
Conforme la evaluación de ese material psicológico, la experta concluye que el accionante "...como reacción al impacto traumatico producto del acontecimiento detallado, ha desarrollado sentimientos distímicos, perturbaciones en su autoconcepto y autoestima....sus mecanismos defensivos son rígidos e ineficaces, por lo que sus maniobras defensivas han resultado ineficaces...,ante el cual el sujeto ha reaccionado desarrollando un cuadro psicopatológico que se corresponde con un trastorno postraumático con indicadores de depresión leve..." sugiere una incapacidad del 9% de incapacidad.-
La demandada impugna la pericia y pide explicaciones.
Solicita que fundamente porque la depresión leve, crónica, sea exclusivamente secuelar del hecho y no haya incidencia concausal pre-existente, cuando en su dictamen manifiesta "...repertorio acotado de mecanismos defensivos, que se caracterizan por su labilidad, rígidos, maniobras defensivas ineficaces. " . Concluye rechazando la incapacidad e impugnando el año de tratamiento psicológico, aconsejando, dado la dolencia 6 meses de tratamiento.-
La Lic. Raimondo responde ratificando que el cuadro psíquico que en la actualidad presenta el peritado obedece a un trauma que guarda un nexo causal directo con los sucesos que se investigan.
Si bien la misión del perito consiste en contribuir a formar la convicción del juez, no cabe duda que no están ligados obligatoriamente a las conclusiones del experto. ( art. 474 del CPCC).
Aclarada esta cuestión los porcentajes de incapacidad deben ser considerados como orientativos, cualquier fórmula rígida de cálculo porcentual sobre la incapacidad debe ponderarse en conjunto con las demás particularidades que la causa presenta.
Tomando en cuenta lo dicho. considero excesiva la suma de dinero establecida por el Sr. Juez, para responder al daño biológico, debiendo reducirse a $ 230.000.- (pesos doscientos treinta mil) ( arts. 1738,1739 del CCy Com. y arts. 384, 165 del CPCC).
2) .- Daño Moral
Como fue dicho, el actor considera bajo el monto, el demandado y su garante entienden abultada la suma establecida para reparar este daño.
El daño moral es considerado en su más amplia dimensión conceptual, se extiende desde el accidente pasando por la zozobra de las heridas sufridas; el modo traumático en que se produjeron; las vicisitudes vividas con los tratamientos médicos; la angustia por el agravio a las afecciones legítimas
Todo este cúmulo de sinsabores y lesiones sufridas en los derechos extramatrimoniales deben ser reparados siguiendo criterios de prudencia y razonabilidad.
Por ello considero que le cabe razón a la parte demandada y su aseguradora, en virtud de lo cual propongo reducir el monto asignado para reparar este daño, a la suma de $ 100.000 (pesos cien mil).
La actora considera exiguo el monto
El experto Dr. Lopardo aconseja tratamiento kinésico a razón de 20 sesiones. Estas pautas no fueron refutadas por la partes. Ponderando el grado de convicción de la experticia y no encontrando justificativos para apartarme de ella, atento estar suficientemente fundado en sus conclusiones (art. 474 del CPCC) Considero que debe incrementarse el valor de cada sesión a $ 1000. - por lo que elevo la indemnización a $ 20.000.- ( pesos veinte mil ) ( art. 165 del CPCC)
4 ) .- Tratamiento Psicológico
En este item ocurre lo mismo, la parte actora se queja del monto otorgado porque, según su criterio ,las sesiones cuestan mas que los $ 700.- fijados por el a-quo.
La demandada, en cambio considera que el tratamiento de un año es excesivo y solicita su reducción a 6 meses.
La experta en su dictamen sugiere tratamiento psicológico con una frecuencia semanal por un lapso no menor a un año.
La Lic. Raimondo manifiesta que "...el objetivo del tratamiento es detener el avance de los síntomas , el no agravamiento del cuadro ".-
La prueba por excelencia, en conflictos de esta naturaleza es la pericial, que emana de un tercero a quien se le reconocen conocimientos técnicos en la materia sujeta a su dictamen, si bien el dictamen pericial no obliga al juez, cuando es suficientemente fundado y uniforme en sus conclusiones debe acordársele valor probatorio ( art. 474 del CPCC).-
Por ello no encuentro motivo para apartarme del tiempo de tratamiento sugerido por la perito.
Respecto del reclamo del actor, le asiste razón, y elevo el monto de la terapia a $ 52.000.- ( pesos cincuenta y dos mil pesos ) ( art. 165 del CPCC).
5 ) .- Privacion de uso.-
El accionante se queja por el no otorgamiento del rubro privación de uso.-
Ahora bien la privación de uso no constituye uno de los denominados daños in re ipsa, por lo que va de suyo que su resarcimiento requiere que el reclamante aporte las probanzas suficientes a tal fin. ( art. 1738,1739 del C. Civil y Com.; conf. doctrina sentada por la SCBA, Acuerdos 44.760, 52.441, entre otros precedentes, mi voto en la Sala I, Deptal. en la causa 57.185, esta Sala II, causas 46.778, RS 521/03; 55.852, RS 603/08, votos del Dr. Ferrari).
El perito ingeniero Celeste, a partir de la consideración de la naturaleza de los deterioros sufridos por el rodado del actor, informa que la reparación del vehículo siniestrado, demandaría alrededor de 5 días.
Ahora bien dicha conclusión pericial sólo habilita a considerar fácticamente corroborado, el lapso de tiempo por el que el demandante no podría tener la disponibilidad del vehículo de marras (arts. 384 y 474 del CPCC). Empero esta circunstancia no permite per se, sostener que tal indisponibilidad en el uso es la causa del desmedro patrimonial, rotulado como “privación de uso”. El mismo, necesariamente, debe ser suficientemente acreditado. De modo que la insatisfacción de esta carga procesal, desemboca fatalmente en la inadmisibilidad de esta especie de pretensión resarcitoria (arg. art. 375 del Código Procesal.
Precisamente esta última situación se configura en autos, pues la parte actora se ha limitado a afirmar que la privación del vehículo-con motivo de las reparaciones de que fue objeto- le ha provocado un daño. Más no ha arrimado elemento probatorio alguno que suscite la certeza moral necesaria, para acoger favorablemente este pedimento.
Por lo explicitado considero que este agravio debe ser rechazado.
6 ).- Tasa de Interés
El accionante cuestiona la aplicación de la tasa de interés del 6%, solicitando la fijación de la Tasa Pasiva Digital desde la fecha del hecho hasta el efectivo cumplimiento de la condena.-
Hasta el momento de celebrarse el acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. En los casos “ Vera “ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara. Por lo demás– desde mi punto de vista- era necesaria la unificación de posturas entre las diversas salas de este tribunal, para permitir que los justiciables, profesionales e incluso a los organos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniforme acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como Tribunal de Alzada. Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en “ Vera “ y “ Nidera “ se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincial.-
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado – en la práctica – una uniformidad de criterios ( casi absoluta) en los organos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
En este contexto, no resulta razonable seguir manteniendo una postura que, a la fecha, resulta minoritaria no solo en el ámbito interno de esta Excelentísima Cámara sino en el ámbito provincial.-
En consecuencia he de rechazar la apelación interpuesta, pues estimo económicamente adecuado fijar un interes puro del 6% anual desde la fecha del ilícito – 20 de agosto de 2017 – hasta la sentencia de grado ( arts. 772 y 1748 )y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa ( art. 622 C. Ciivl ) SCBA Causa C119176 del 15-06-2016.-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe modificarse parcialmente la sentencia reduciéndose las sumas fijadas en concepto de daño biológico a la de $ 230.000.- (pesos doscientos treinta mil) y daño moral a la de $100.000 (cien mil pesos) , elevándose las fijadas por tratamiento kinésico y psicológico a las de $ 20.000 ( pesos veinte mil) y $ 52.000.- (pesos cincuenta y dos mil pesos) respectivamente, confirmando el fallo en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Imponiendo las costas de Alzada en un 70% a la actora y en un 30% a la demandada y citada en garantía (art. 68 y 71 del CPCC).
Voto en consecuencia
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo.
En lo tocante al monto fijado por daño biológico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de lo
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