Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 38381
CAUSA MO-38381-2012 R.S.: 284/2020
Con fecha 17 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "VAZQUEZ CRISTIAN MARCELO Y OTRO/A C/ CORONEL GONZALO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " CAUSA MO-38381-2012 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA- GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ , dijo:
Contra la sentencia definitiva de fs. 453/468, apela la parte actora y la demandada junto a su aseguradora, expresando agravios la primera mediante presentación electrónica del 23-12-2019 y las segundas el 13-2-2020; ninguna de ellas mereció réplica.
El fallo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por Cristian Marcelo Vazquez y Rafael Marcelo Ramirez contra Gonzalo Coronel y Juan Carlos Duarte, por la suma de $ 340.000.- haciendo extensiva la condena a Provincia Seguros, en la medida del seguro.-
Los actores se agravian por la tasa del 6% aplicada por la Sra. Jueza desde la fecha del evento dañoso hasta el dictado de la sentencia.-
Los demandados y su garante se alzan contra los elevados montos fijados para indemnizar: 1) incapacidad sobreviniente; 2) tratamiento psicológico; 3) daño moral. Respecto del co-actor Ramirez directamente solicitan el rechazo del daño moral.-
Trataré las quejas de la demandada y citada en garantía.
1 ) .- Incapacidad sobreviniente
Las apelantes, cuestionan que la Sra. jueza no valoró correctamente la pericia médica. Para los impugnantes "...lo dictaminado por el experto médico es simplemente una opinión meramente subjetiva sin apoyatura científica ni fáctica. "
Ademas cuestionan la utilización del sistema " calcul au point" sin explicitarlo, para determinar el monto indemnizatorio.
En las lides de la cuantificación dineraria el valor resarcible es precisamente la referida integridad físico-psíquica genéricamente considerada. de modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de " expectativa de vida ". " Para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial " ( Lorenzetti, Ricardo L. " Código Cvil y comercial..." T° VIII, Rubinzal Culzoni, pgs.527 y ss. ).-
En cuanto a la incapacidad física, implica un " daño en el cuerpo o en la salud" es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano ( Zavala de gonzalez, Matilde " Resarcimiento de daños " t.2da. Daños a las personas; pág.71 y sgs. ).
Sobre este piso de marcha, vamos a la prueba.
A fs. 229, se encuentra adjunta la historia clínica del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Prof. Dr. Luis Guemes "...politraumatismos debido a accidente en la vía pública, al examen presenta dolor en hombro izquierdo, a nivel de articulación acromioclavicular, Rx: Fractura no desplazada de acromion. Tratamiento: Analgésicos cabestrillo y control por consultorios externos."
A fs. 327/330 nos encontramos con la pericia médica del Dr. Demkiw. En ella realiza un examen físico a los actores y exámenes complementarios, del Sr. Vazquez -Rx columna cervical, Rx hombro izquierdo, Rx rodilla izquierda, Resonancia Magnética Nuclear hombro izquierdo, resonancia Mágnética rodilla izquierda y electromiograma de miembros superiores -. respecto al Sr. Ramirez - Rx columna cerical, Rx rodilla izquierda, Rx tobillo izquierdo, Resonancia magnética nuclear tobillo izquierdo, electromiograma de miembros superiores -.-
Como corolario determina que el Sr. Vazquez presenta un compromiso en el hombro izquierdo, a raíz del accidente, otorgándole una incapacidad física parcial y permanente del 9%.-
Las lesiones del Sr. Ramirez , no son evaluadas por el experto como producto del accidente al no estar acreditadas en autos.-
La demandada, a fs. 368/370 impugna la pericia médica, pone de relieve que los estudios radiológicos efectuados al Sr. Vazquez, fueron efectuados en setiembre de 2014, dos años después del accidente.-
El Dr. Demkiw, mediante presentación electrónica de fecha 6-3-19, confirma y ratifica su experticia.
La normas procesales no le otorgan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, pero cuando el experto funda sus conclusiones en el saber científico de su especialidad, es necesario traer elementos de juicio que permitan advertir el error o insuficienciente aprovechamiento de sus conocimientos.
No encuentro en el reclamo de los demandados suficientes y sólidos argumentos que conmuevan el dictamen del experto. ( art. 474 del CPCC).-
Conforme lo expresado, computando las condiciones personales del co actor, como así también la incapacidad que le ha quedado, entiendo que el monto no es elevado, por lo que corresponde rechazar la queja de la demandada y citada en garantía, confirmando la suma determinada en primera instancia.
La perito psicóloga Lic. Cornejo, en su informe de fs.259/270 después de realizar una bateria de técnicas proyectivas, llega a la conclusión que el S r. Vazquez sufre de un trastorno por estrés post.-traumático y puede ser revertido con medicación psicofarmacologica y psicoterapia, aconsejando una sesión por semana durante un año.-
La parte actora, solicita explicaciones a fs. 284; los demandados y su aseguradora a fs. 297/300 impugnan la pericia.-
La Lic. Cornejo responde a fs. 356 aclarando que respecto al co-actor Sr. Ramirez sólo aconseja tratamiento psicofarmacológico y tratamiento psicológico, respeto al Sr. Vazquez, a fs. 358 reitera una terapia de un año de duración, una vez por semana, con un costo de entre $ 200/300.-
Las recurrentes, en su expresión de agravios, cuestiona que la Sra. jueza haya determinado el costo de cada terapia en $ 800. - haciendo hincapié en que la perito a fs. 358 determino otros valores.-
No escapa a la demandada que el costo de $ 220/300.- insinuado por la experta es de septiembre de 2016, y el monto fijado en la sentencia es de mayo de 2019 - 3 años despues -.
La valoración de la prueba, reclama no sólo un esfuerzo lógico, por parte del magistrado, sino sentido común, reglas de la experiencia, perspicacia y moderación; la fijación por parte de la Sra. Jueza de $ 800. - el costo de la terapia, responde a estos parámetros ( art. 384 del CPCC); es que, hallándonos ante tratamientos futuros, los montos deben fijarse a la fecha mas próxima a la de la sentencia.
Por ello se debe confirmar esta suma.-
El año consta de 52 semanas, por lo tanto 52 sesiones a un valor de $ 800. - da por resultado la suma de $ 41.600.- que con más los gastos de farmacia de $ 2400.- que no fueron impugnados, da por resultado $ 44.000.- ( art. 165 del CPCC).-
Por ello debe ser rechazado el agravio al respecto.-
La demandada y citada en garantía, en su queja, cuestiona los montos otorgados al Sr. Vazquez y al Sr. Ramirez, porque consideran que son excesivos, sin aportar otros argumentos.
Según reza, de un modo textual, el artículo 260 del ordenamiento adjetivo la expresión de agravios debe contener “una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Es decir que cuando se impugna la sentencia, el quejoso tiene la carga de introducir reflexiones o articulaciones razonadas, fundadas que objetivamente se exhiban como conducentes, para evidenciar lo desacertado de la sentencia de primera instancia. Caso contrario, la suerte del recurso fatalmente desembocará en su deserción por insuficiencia técnica.
Por lo tanto este agravio debe ser rechazado.
Sigo ahora con los agravios de la actora.
Los actores, cuestionan la fijación del interés del 6% solicitando la utilización de la tasa pasiva mas alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días.-
Hasta el momento de celebrarse el acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. En los casos “ Vera “ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara. Por lo demás– desde mi punto de vista- era necesaria la unificación de posturas entre las diversas salas de este tribunal, para permitir que los justiciables, profesionales e incluso a los organos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniforme acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como Tribunal de Alzada. Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en “ Vera “ y “ Nidera “ se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincial.-
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado – en la práctica – una uniformidad de criterios ( casi absoluta) en los organos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
En este contexto, no resulta razonable seguir manteniendo una postura que, a la fecha, resulta minoritaria no solo en el ámbito interno de esta Excelentísima Cámara sino en el ámbito provincial.-
En consecuencia he de rechazar la apelación interpuesta, pues estimo económicamente adecuado fijar un interes puro del 6% anual desde la fecha del ilícito – 13 de octubre de 2012 – hasta la sentencia de grado ( arts. 772 y 1748 )y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa ( art. 622 C. Ciivl ) SCBA Causa C119176 del 15-06-2016.-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que deberá confirmarse la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, imponiéndose las costas de Alzada en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente, y la cuestión propuesta voto por
LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo.
En lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Aquí debo detenerme para dejar señalado que, computando las circunstancias del caso (que bien reseña el Dr. Jorda), coincido en sus consideraciones vinculad
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.