Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12323
Causa Nº MO-12323-2014 R.S.:299/2020
Con fecha 01 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “SULCA CRISTIAN GUSTAVO C/ VIEYRA ANGEL EDUARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” Causa Nº MO-12323-2014 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 Departamental con fecha 31 de Octubre de 2019 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
2. Contra tal manera de decidir, apelan la actora, la demandada y la citada en garantía; los recursos se conceden libremente y son fundados con las presentaciones electrónicas de fechas 30 de Junio de 2020 (actora) y 16 de Junio de 2020 (demandada y citada en garantía); ninguna de ellas mereció réplica.
3. Con fecha 6 de Agosto de 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientras que la actora se queja de las sumas fijadas por incapacidad y daño moral, la demandada y su garante lo hacen en relación a la atribución de responsabilidad, a la cuantía del rubro incapacidad, a la suma fijada por gastos de tratamiento y a la establecida por daño moral.
Teniendo en cuenta la variedad de temas que se someten a nuestro conocimiento y decisión iré abordando los mismos de manera fraccionada, para dotar a mi razonamiento de mayor claridad expositiva.
a) La atribución de responsabilidad
Analizando la expresión de agravios de la demandada y su garante, entiendo que la misma no llega a satisfacer las exigencias del art. 260 del CPCC.
Al respecto, es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación de los quejosos en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
Llevando todo esto al caso, vemos que la fundamentación del sentenciante es bien clara y explícita, señalando cual es la normativa aplicable al caso, sus implicancias probatorias para cada una de las partes, el análisis de los elementos de convicción allegados y el señalamiento de que la demandada y citada en garantía no han podido probar su versión de los hechos.
Pues bien, en tal sentido y para que progresara su tesis defensiva, es claro que pesaba sobre la accionada y su garante la demostración de la responsabilidad de la propia víctima en el evento.
El fallo les enrostra no haberlo hecho y, frente a tal conclusión, en lugar de demostrar -de manera concreta y razonada- de dónde surgiría acreditado lo que ellas sostuvieron en los albores del proceso, se limitan a decir que tal circunstancia surge "del relato de los hechos y de la ubicación de los daños en los vehículos intervinientes" y que "existen elementos de prueba que demuestran que la moto no frenó en la boca calle, teniendo el horario del accidente y las especiales características del rodado en cuestión".
En este sentido, y si existen dichos elementos, las apelantes no intentan siquiera señalar e identificar cuales son; se preocupan en intentar desvirtuar los elementos de prueba que el sentenciante de grado valoró pero sin procurar, paralelamente, demostrar de qué elemento de convicción allegado al proceso surgiría la versión de los hechos sostenida por ellas.
Así las cosas, su fundamentación recursiva deviene, en el punto, notoriamente insuficiente y por ello promoveré la deserción de este aspecto de su recurso.
b) Incapacidad
Ambos apelantes se agravian de los $450.000 fijados en la sentencia para resarcir esta parcela del daño.
Comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Por lo demás, y dados los conceptos que se han incluido en esta parcela, debemos recordar también que -en nuestra concepción- el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.-
Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
Su análisis se da en el contexto del llamado daño material, y no del daño moral, no implicando un tercer género, sino un desglose práctico que apunta a una mejor tarifación del daño derivado del hecho.-
Llegado este punto, y a tenor de los agravios traídos, he de ocuparme -inicialmente- de las quejas que la demandada y su garante traen en relación a la vinculación causal del hecho, con alguno de los daños informados.
Al respecto, es necesario recordar que la acreditación de dicha vinculación es, por cierto, carga del actor (art. 375 del CPCC).
Es momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
Pues bien, el fallo se apoya en una incapacidad física y en una psíquica.
Sobre ambos aspectos tenemos agravios de la demandada y citada en garantía.
En lo que hace al aspecto físico, entiendo que les asiste razón.
Veamos.
Al presentar el dictamen médico (escrito de fecha 4 de Abril de 2019), el perito nos habló de una incapacidad del 16,11% que descompone del siguiente modo:
Pero el perito es bien claro al señalar, en ese momento, que no puede establecer vinculación causal de las mismas con el hecho de autos.
Pues bien, sucede unos días después de la presentación de la pericia (8 de Abril del mismo año) la actora trae la Historia Clínica del Hospital Héroes de Malvinas y luego (11 de Abril del mismo año) le pide explicaciones al experto.
Sucede que, cuando el perito las replica, dice que "es posible estimar que podría existir nexo causal entre las lesiones detectadas y el accidente en autos" (ver presentación del 5 de Mayo de 2019).
En tal contexto y analizando, a la luz de los agravios, la pericia y la documentación médica aportada he de señalar, inicialmente, que la explicación del perito recién transcripta dista mucho de ser asertiva, siendo expresada solo en modo potencial.
Por lo demás, coincido con las apelantes que, de la lectura de la escasa documentación médica aportada de fecha concomitante al hecho, no surge siquiera mencionada la fractura costal, ni tampoco reseñada la lesión en el manguito rotador.
Tampoco surge que se hubieran demostrado tratamientos u atenciones ulteriores, lo cual -según indican las máximas de la experiencia- hubiera sido de toda lógica en el caso de haberse producido lesiones de la entidad de la mencionada por el perito (art. 384 del CPCC).
Con lo cual, y sumando a todo ello la falta de asertividad del perito (solo nos habla en potencial), entiendo que tales lesiones no debemos computarlas a los fines de la incapacidad, ciñéndonos únicamente al 6% que informa en relación a la cervicalgia y que no es cuestionado eficazmente, pues al respecto solo se dice que "seguramente mejorará" con el tratamiento, interpretación que parte de la postura subjetiva de las quejosas sin suficiente anclaje objetivo en las constancias del expediente, pues el perito -en su presentación del 9 de Mayo de 2019- nos habla del propósito de evitar agravamientos y no de mejorías.
Zanjada esta cuestión, vemos que también se traen objeciones al análisis del aspecto psíquico del menoscabo, hablando de concausalidad.
Entiendo que, en este sentido, la argumentación es notoriamente insuficiente (art. 260 del CPCC), desde que el fallo, apoyándose en las consideraciones periciales y las explicaciones brindadas por la experta, efectivamente computa la existencia de dicha concausalidad para decidir como lo hace.
O sea, tal cuestión no ha sido desatendida y si las quejosas pretendían que los alcances de dicha circunstancia deberían haber sido diversos de los indicados en el fallo, debieron traer argumentos bastantes al efecto, cosa que no hacen.
En suma y de acuerdo con lo razonado para establecer el resarcimiento, debemos tener en cuenta una incapacidad física del 6% y la psicológica del 17,7% considerada en el fallo.
Dicho esto, y en lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sin
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