Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 39407
Causa Nº MO-39407-2016 R.S.:300/2020
Con fecha 01 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ FUSTER ALEJANDRO DAVID C/ ORMACHEA LAURA LORENA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-39407-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.9 Departamental el día 11 de julio de 2019 dicto resolución haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por FUSTER ALEJANDRO DAVID contra ORMACHEA LAURA LORENA y AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA -esta última en la medida del seguro- condenando a la parte demandada y citada en garantía a pagar al actor la suma de pesos un millón quinientos noventa y seis mil con más el interés establecido en el Considerando Quinto de aquella resolución. Impuso las costas a los demandados vencidos, difiriendo la regulación de honorarios para el momento en que exista liquidación aprobada.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron el día 16 de julio de 2019 y 18 del mismo mes y año, la citada en garantía y la parte actora, respectivamente interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente el 19 de julio de 2019 y se fundaron con las expresiones de agravios de fecha 6 de mayo de 2020 -parte actora- y veintiuno de mayo de 2020 - citada en garantia- replicas con los escritos electronicos presentados los días 29 de junio y 1 de julio de 2020.-
3. El 16 de julio de 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora se agravia de los montos otorgados para los distintos rubros indemnizatorios, el rechazo del tratamiento psicológico como así también de la tasa de interés aplicada por el juez de grado.
Por su parte, la citada en garantia direcciona sus quejas hacia la supuesta falta de licencia de conducir del actor como así también de la formula utilizada en la sentencia para cuantificar los rubros indemnizatorios.
Otros agravio va hacia el daño moral, el descuento de la A.R.T. y su petición que se agreguen intereses y la cuantificación de los gastos.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que la Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).-
Así las cosas y partiendo de la base de que ambas expresiones de agravios sortean (en líneas generales y sin perjuicio de lo que luego indicaré en relación a alguno de sus aspectos) las exigencias del art. 260 del CPCC, pasaré a ocuparme del tratamiento de las quejas, parcelando mi exposición para dotarla de la mayor claridad expositiva.-
Iniciaré mi voto tratando los agravios traídos por la citada en garantía en relación a la falta de licencia de conducir de la parte actora.
Debo recordar que antes de ahora (ver por ej. mi voto en las causa nros. 40.626 y 40627, RS.. 52/99; 52.253 y 52.252 R.S. 279/06 he sostenido que "tal como dijeran los Dres. Héctor Normando Conde y Roberto Cesar Suares en su libro ("Tratado sobre responsabilidad por Accidentes de Tránsito", t. II, nro. 24, p gs. 171 sgs.), que si bien la falta de licencia pudiera crear una presunción de responsabilidad- le agregaría yo en ciertos casos y estando a las circunstancia del caso en examen y sobre los hechos que se hallan producido, no puede resultar indiferente que tal omisión a la hora de juzgar las responsabilidades por un accidente de tránsito que entra a jugar en materia de responsabilidad por daños cuando media conexión causal adecuada entre aquélla y éstos" (CC0002 MO 55668 RSD-395-8 S 28-8-2008).
Pero aquí la citada en garantía no cuestionó en ningún momento la responsabilidad atribuida a la demandada.
No obstante ello, digo que la falta de licencia habilitante para conducir importa una infracción a la normativa de tránsito y que no podría por sí sola ser suficiente para generar la responsabilidad civil, coincidiendo, en cuanto que si bien puede ser un indicio -más que una presunción- no es un indicio de fuerte contenido y carácter vinculante que pueda definir la responsabilidad en la concurrencia de un hecho, en otras palabras que para mi entender tal indicio solo no puede sustentar la decisión sobre la responsabilidad en un hecho a juzgar" (esta sala en causa nro. MO 55668 RSD-395).
Pero lo cierto es que de las constancias de autos no hay prueba alguna que indique que el actor conducía con la licencia vencida, pues la citada en garantía no se ha ocupado a lo largo de la causa en probar aquella cuestión.
Más aún.
Como lo sostiene la actora en su contestación de traslado, al traer la copia de la licencia de conducir el actor, cumpliendo con la orden de la jueza de grado, en ningún momento la demandada y citada en garantía cuestionaron la misma. Entonces mal puede ahora traer argumentos que no han sido volcados en primera instancia, vedando a esta sala de ocuparse de ello en atención a lo normado por el art. 272 del código de forma bonaerense.
Entonces tal agravio ha de ser desestimado.
a) Daño biológico (comprensivo de los daños físico, estético y psicológico):
La parte actora se agravia del monto otorgado para este rubro y del rechazo del tratamiento psicológico, mientras que la citada en garantía lo hace atacando la formula utilizada por el sentenciante de grado.
Antes que nada debo dejar en claro que si bien el juez trató y cuantificó los rubros incapacidad física y psíquica todos juntos arrojando la suma de $1.647.000, para un prolijo estudio del tema me abocaré al estudio por separado de los rubros mencionados precedentemente, para luego llegar al monto resarcitorio global que corresponda por ellos.
a) Incapacidad física
Es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Para ello, entonces, debemos recurrir a la pericia médica del 27 de abril de 2019.-
De las consideraciones efectuadas por el experto extraigo que en "virtud al análisis de los estudios complementarios, así como las constancias médicas que obran en autos, el actor presenta: MIEMBRO INFERIOR Presenta hipotonía generalizada de ambos miembros inferiores, hipotrofia muscular con disminución del perímetro en pierna izquierdo, acortamiento de 4 cm a favor del miembro inferior izquiedo. Presenta Cicatriz hipertrófica hipopigmentada en cara externa de muslo tercio distal de 18,5 cm de largo x 1 cm de ancho. Signo de trendelenburg positivo con claudicación en la marcha y basculación pelviana. CADERA DERECHA: INSPECCION: Cicatriz atrófica, hipo e hiperpigmentada en cara externa de cadera derecha de 14 cm de largo x 2 cm de ancho. MOVIMIENTOS: FLEXION: (VN: 0 a 150°) Disminuida,siendo de 130°. EXTENSION: (VN: 0 °) Conservada. ABDUCCION: (VN: 0 ° a 45°) Disminuida, siendo de 30°. ADUCCION: Conservada. ROTACION INTERNA: (VN: 0° a 45°) conservada. ROTACION EXTERNA: (VN: 0° a 60°) Disminuida, siendo de 40°. RODILLA DERECHA: FLEXION: (VN: 0° a 150°) Disminuida, siendo de 120°. EXTENSION: conservada. TOBILLO IZQUIERDO: INSPECCION: 1. cicatriz atrófica hiperpigmentada en cara externa de pierna izquierda tercio distal de 16, 5 dm de largo x 1 cm de ancho 2. cicatriz hipertrófica e hipopigmetada en cara interna de pierna izquierda tercio distal forma de L de 14 cm de largo x 1 cm de ancho PALPACION: Dolor palpatorio en interlinea articular. MOVIMIENTOS: FLEXION DORSAL: Abolida EXTENSION PLANTAR: Abolida. EVERSION: Abolida. INVERSIÓN: Abolida. REFLEJOS Y SENSIBILIDAD: Reflejo aquileano abolido, a expensas de lo mecánico. Dermatitis ocre en cara externa de tobillo "
Concluye el experto que el actor presenta una incapacidad fisica de tipo parcial y permanente del 51,4%;
1) 40 % Anquilosis o artrodesis de tobillo (segun pag. 224 del Baremo
para el Fuero Civil y Comercial de Altube Rinaldi).
Capacidad Restante: 100% - 40% = 60%
2) 10% Fractura de Femur: de diafisis o supracondilea femoral con
conservacion del eje y callo hipertrofico. (segun pag. 210 del Baremo
para el Fuero Civil y Comercial de Altube Rinaldi).
60 % x 10% = 6 % 60 % - 6 % = 54 %
Capacidad restante: 54 %
3) 10% Discrepancia de longitud de miembros inferiores: de 3 a 5 cm.
(segun pag. 219 del Baremo para el Fuero Civil y Comercial de Altube
Rinaldi).
54 % x 10 % = 5,4 % 54 % - 5,4 % = 48,6 %
Capacidad restante: 48,6 %
SUMATORIA DE INCAPACIDADES: 1 + 2 + 3= INCAPACIDAD
40 % + 6 % + 5,4 % = 51,4 %
Ahora bien, analizada esta situación, entiendo que -a la luz de los precedentes ya evocados- no existen en el caso elementos de convicción (objetivos) que nos lleven a apartarnos de las conclusiones del perito: las mismas emanan de profesional competente, se apoyan en estudios complementarios y aluden a las constancias médicas contemporáneas al hecho (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Dicho esto, y sobre este piso de marcha queda por aludir -ahora- a la tarifación del perjuicio.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente el valor referencial utilizado es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Por otro
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.