Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 30716
Causa MO-30716-2014 R.S.: 313/2020
Con fecha 06 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "FRANCO RAUL MARCELO Y OTRO/A C/ GRANDINETTI ANA LAURA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa MO-30716-2014 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ , dijo:
Contra la sentencia definitiva, por presentación electrónica firmada el 29-11-2019, apela la actora mediante presentación electrónica el día 2-12-2019, la demandada y su aseguradora el día 6-12-2019, expresando agravios, la primera el día 1-6-2020 y la demandada y citada en garantía ese mismo día 1-6-2020; la actora contesta estos últimos agravios el 11-6-2020, mientras que la demandada y citada en garantía contestan el de la actora con fecha 10-6-2020.
El fallo de primera instancia hace lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios por la suma de $ 1.224.000. - iniciada por Raúl Marcelo Franco y Ramón Marcelo Soto contra Ana Laura, Jorge Luis y Luis Horacio Grandinetti, haciendo extensiva la condena a Providencia Compañía Argentina de Seguros S.A ., en la medida del seguro.-
A) Los actores se agravian porque consideran escasos los montos indemnizatorios del 1 ) daño biológico, (comprensivo del daño físico y psicológico) 2) daño moral, 3) gastos de farmacia y asistencia médica, 4 ) ponen enfásis en cuestionar la tasa de interes del 6% solicitando la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 5) el límite de cobertura.
B) Los demandados y su aseguradora se agravian por estimar altos los valores fijados para reparar 1) el daño biológico, 2) daño moral.
Me ocuparé primero de esta última expresión de agravios.
La accionada y su aseguradora manifiestan su discrepancia con lo expresado por la sentenciante, formulando valoraciones genéricas, cuestiona el punto por incapacidad otorgado en primera instancia, confusamente menciona la jurisprudencia del fuero y hace comparaciones con las cifras otorgadas por punto de incapacidad por colegas de Salas de Apelaciones de Capital Federal, olvidando que estamos en el Departamento Judicial de Morón, Pcia. de Buenos Aires.
El embate contra la sentencia de primera instancia debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero para ello, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto punto por punto parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido.-
Ni aún aplicando un criterio de suma elasticidad, esta expresión de agravios satisface -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC.-
Por ello deberá declararse desierto el recurso de apelación.
Analizaré, ahora, las quejas de la parte actora.
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el Sr. Franco "...debido a su situación de vulnerabilidad social y económ ) Daño Biológico
La pericia médica efectuada por la Dra. Bentaverri al Sr. Franco y al Sr. Soto, mediante presentación electrónica con fecha 21-3-2019 (asignándoles sendos porcentajes de incapacidad del 10% y 17,2% respectivamente) no es cuestionada, como tampoco los porcentajes de incapacidad indicados; sí es puesto en tela de juicio el monto, haciendo hincapié en que la cantidad y el carácter de las lesiones sufridas por los co-actores quedaron claramente plasmadas en dicha pericia.
Ponen de resalto en que "... el daño a la integridad física debe ser indemnizado, no sólo en el aspecto laborativo, sino realizando la proyección que las secuelas del accidente tienen sobre las esferas de la personalidad de la víctima...".
Agregan "...que el a-quo no ha hecho aplicación en forma efectiva de la doctrina de la reparación integral... y no ha tenido en cuenta la totalidad del plexo probatorio ... que dan cuenta de las lesiones, secuelas, limitaciones e incapacidades que el Sr. Franco y el Sr. Soto sufren y sufrirán...".
Por otro lado, la Lic. Pesca, perito psicóloga, en su experticia presentada el día 19-12-2018, después de realizar la entrevista personal con los actores y una batería de psicodiagnósticos, llega a la conclusión que ica, aunada a una precaria capacitación, el impacto del siniestro lo torna aún más vulnerable.. . Por el mismo motivo sus posibilidades de recuperación a través de tratamientos médicos y psicológicos adecuados también se ve restringida por la falta de medios económicos, distancia habitacional y ausencia de cobertura médica..." por lo tanto estima su incapacidad parcial y permanente en el 5%.
Respecto del Sr. Soto "...no se ha detectado patología reactiva al accidente de autos"
En su agravio critican a la Sra. Jueza, que para fijar la indemnización, no ha tenido en consideración la totalidad del plexo probatorio, que dan debida cuenta de las lesiones, secuelas, limitaciones e incapacidades del Sr. Franco y Soto.
En el análisis de la prueba ofrecida y producida, el juez no está obligado a ponderar una por una todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime conducentes o sean decisivas para fallar; en definitiva se trata de una facultad privativa del magistrado ( art. 384 del CPCC).
En las lides de la cuantificación dineraria el valor resarcible es precisamente la referida integridad físico-psíquica genéricamente considerada. De modo que a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de " expectativa de vida" .
El juzgador tiene una serie de pautas orientativas, una suerte de parámetros referenciales, que debe ponderar dentro del universo de variables específicas y particulares, personales, sociales y económicas, a cuya consideración no puede renunciar.
Uno de los autores de la reforma Civil y Comercial nos dice: "...que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial " (Lorenzetti, Ricardo L. "Código Civil y Comercial, T° VIII, pgs. 527 y ss ) .
Como corolario de lo expuesto, teniendo en cuenta los porcenajes de incapacidad informados y las circunstancias personales de los actores, considero que los montos fijados por la Sra. Jueza ($362.500 para Franco y $450.000 para Soto) , son correctos, por ello debe rechazarse el agravio.-
Los actores consideran exigua la cifra establecida para compensar el daño moral, porque estiman que "...las dolencias, malestares, molestias, angustias y sufrimientos..." son modificaciones disvaliosas que han proyectado sus efectos en todos los aspectos de su vida y por ende justifican la queja.
La determinación del monto por esta partida resarcitoria es de difícil fjación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos ni a procedimiento matemático alguno, por cuanto corresponde atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso.-
Así las cosas, ponderando las características propias del caso de autos, las lesiones que los actores padecieron, la incapaciad que les quedó, conjugando ello con sus circunstancias personales entiendo que los montos fijados en la instancia originaria ($180.000 para Soto y $250.000 para Franco) son los adecuados (art 522 y 1078 del C. Civil y art. 165 del CPCC).-
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Asimismo es un auténtico hecho notorio que la circunstancia que la damnificada se atienda en nosocomios públicos, en modo alguno esteriliza la pertinencia del reclamo; por cuanto variadas practicas y la obtención de muchos medicamentos, no son suministrados gratuitamente. Razón por la que sus costos, deben ser solventados por el paciente. (conf. la Cám. civ. y com 2da. –sala 3era. de la Plata, Cám. civ. y com. de Morón, Sala I, causas 23.879 ).-
Por ello, computando la índole de las lesiones sufirdas, estimo acertado el planteo de los actores y propongo incrementar el monto a la suma de $ 5000. - para cada uno de ellos.
Los accionantes en su expresion de agravios, cuestionan la fijación del interes del 6% solicitando la utilización de la tasa pasiva mas alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días.-
Hasta el momento de celebrarse el acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. En los casos “ Vera “ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara. Por lo demás– desde mi punto de vista- era necesaria la unificación de posturas entre las diversas salas de este tribunal, para permitir que los justiciables, profesionales e incluso a los organos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniforme acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como Tribunal de Alzada. Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en “ Vera “ y “ Nidera “ se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincial.-
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado – en la práctica – una uniformidad de criterios ( casi absoluta) en los organos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
Por lo demás, y esto es definitorio, la SCBA ha terminado de clarificar la cuestión, con el dictado de la sentencia en la causa C. 123.090, "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" (fallo del 18 de Septiembre de 2020).
En consecuencia he de rechazar la apelación interpuesta, pues estimo económicamente adecuado el interés dispuesto en la sentencia.
Los actores en su presentación, manifiestan que en el fallo la Sra. Jueza al hacer extensiva la condena a Generali Argentina Compañia de Seguros S.A., en la medida del seguro, no aclara la fecha del límite de cobertura; que si este fuese el vigente a la fecha del siniestro estaría palmariamente desactualizado, por lo tanto solicitan que se " ...establezca como tope para la responsabilidad de la Citada en Garantía, el límite de cobertura actual"
Asiste razón a los agraviados. Viola el principio de reparación integral la aplicación del límite de cobertura vigente a la fecha del siniestro, ello implicaría que la prestación a cargo de Generali Argentina fuese por una cifra inferior al de la garantía mínima vigente en ese momento, porque como bien dice la SCBA en autos " Martinez, Emir c/ Boito Alfredo s/ Ds. y Pj. "...implicaría desnaturalizar el contrato, provocar un infraseguro y patentizar el beneficio indebido a la aseguradora...".
En un reciente fallo -que analógicamente se puede traer a estos obrados-, esta sala segunda en causa mo16237-2015, ha dicho que " el devenir y desarrollo del proceso económico de este país en los últimos años y teniendo en cuenta los destructivos efectos inflacionarios... la clausula limitativa de cobertura del seguro se ha mantenido petrea, en valores desactualizados haciendo recaer ese atraso exclusivamente en la víctima.
La aplicación literal de la clausula de limitación de cobertura contenida en la póliza resultaría frustratoria de la finalidad económica-social del seguro, dejando al firmante del mismo desprotegido por una cobertura proporcionalmente inferior en relación con la magnitud del daño.
Esta situación repercute en la víctima frente a quien se respondería en interior proporción, frustrando su naturaleza indemnizatoria.
La SCBA en causa 119088 ha dicho que " Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.
Dicha obligatoriedad es una pieza más del sistema de protección de las víctimas porque la garantía de solvencia que -en ejercicio de una función social- ofrecen las aseguradoras permite que los daños irrogados con el ejercicio de determinadas actividades (como ser la conducción de un automóvil) sean efectivamente reparados (conf. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio, "Derecho de tránsito. Ley 24.449", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, pág. 269 y sigs.).
Así, el seguro obligatorio -que no se agota en la relación jurídica que vincula al asegurado con el asegurador- también obedece a una necesidad y función socializadora y colectivizadora de los riesgos, atenta primordialmente a la protección de la víctima a través de la efectiva reparación de sus daños; de modo que una razonable aplicación de las cláusulas del contrato, ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del principio de reparación integral de los damnificados, debe llevar a extender la garantía contratada incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico, y sin perjuicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio y las demás prestaciones o riesgos convencionalmente comprometidos por la aseguradora (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43, y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 69, 109, 118, 158 y concs., LS; 3, 37 y concs., ley 24.240; arts. 217, 218, 219 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430). "
Por lo expuesto se deberá revocar parcialmente la sentencia de grado, dejando establecido que el límite de cobertura ha de computarse según la normativa vigente, al momento de hacerse efectivo el pago.
Así y de compartirse mi criterio, considero que debe declararse desierto el recurso de la demandada y citada en garantía y modificarse parcialmente la sentencia, elevando al suma fijada en concepto de gastos a la de $5.000 para cada actor y dejando establecido que el límite de cobertura ha de computarse según la normativa vigente, al momento de hacerse efectivo el pago, confirmándola en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada y citada en garantía, atento el resultado propuesto para los recursos (arts. 68 y 71 del CPCC).
Voto en consecuencia
PARCIALMENTE por, la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo, en cuanto a la tarifación de los montos.
Partimos de la base, al igual que lo señala el preopinante, de que el recurso de la demandada y su garante no satisface, en modo alguno, las exigencias del art. 260 del CPCC.
Queda, entonces, por ocuparnos del de la actora.
Al respecto, y en lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económic
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