Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 37068
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, consecuentemente, se revoca el fallo apelado que decretó la caducidad de instancia, debiéndose en la instancia de origen seguir el tramite según su estado.
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
Causa Nº MO-37068-2012 R.S.:316/2020
Con fecha 13 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “AGUILAR ELOISA GRACIELA C/ CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” Causa Nº MO-37068-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.3 Departamental el día 16 de abril de 2020 resolvió decretar la caducidad de instancia en atención al pedido efectuado por la citada en garantía. Impuso las costas a la parte actora y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó la parte actora el 27 de abril de 2020 interponiendo recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Rechazada la primera el recurso fue concedido en relación el día 28 de aquel mes y año y se fundó con el escrito de revocatoria que ha merecido la réplica presentada el día primero de junio de 2020-
3. Llegados los autos a esta Sala desde la Presidencia de la misma se llamó "AUTOS", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Claro está que la actora se agravia de la caducidad decretada por la sentenciante de grado.
Sostiene en sus fundamentos que el plazo estatuido por la norma que regula la misma (art. 311 y cctes. del código de rito) no se encuentra cumplido por lo tanto, solicita que se revoque aquel pronunciamiento.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae.-
En primer lugar debo señalar que la caducidad de la instancia, que es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica.-
Y agrego que es totalmente cierto que la caducidad de instancia deba apreciarse con criterio restrictivo, de eso no hay dudas (esta Sala en causa nro. 42.515 R.S. 329/02, entre otros); pero tampoco hay dudas de que, cuando evidentemente están dadas las circunstancias para hacerlo, la caducidad debe decretarse, más aun cuando por más restrictividad que le pongamos al prisma interpretativo, el desinterés por el impulso del proceso es evidente (esta Sala en causa nro. 58.744 R.S. 23/12).-
En tal contexto, para que la caducidad se produzca, deben concurrir una serie de requisitos; en esencia: la apertura de una instancia y el transcurso del término legal para producirla sin la realización de actividad procesal útil; a lo que se suma, claro está, el tránsito por el procedimiento del art. 315 del CPCC que, en su caso y con sus limitaciones, da al eventual perjudicado por la caducidad una última chance de purgar su inacción, efectuando -frente a la (única) intimación que debe cursársele- la actividad procesal impulsoria que evite la muerte del proceso.-
Al respecto, desde esta Sala hemos señalado que la existencia de un segundo pedido de caducidad enerva la posibilidad de que, luego del mismo, se realicen actos impulsorios ínterin la cuestión de la caducidad se resuelva (causa nro. 21021 R.S. 116/15; en el mismo sentido C. Civ. y Com. Pergamino, 27/8/2013, "Fanucchi, Gabriela Maricel c. Romano, Ariel s/ ds. y ps." cit. en. AA.VV., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Lopez Mesa (dir.) - Rosales Cuello (coord)., T III, p. 687); es la ratio de la primera parte del art. 315 del CPCC, siendo los actos posteriores al segundo acuse -aun cuando la cuestión no hubiera sido resuelta- ineficaces para purgar la inactividad anterior.-
Con todo ello veamos que ha ocurrido en estas actuaciones.-
En primer lugar diré que en estos obrados ya hubo una resolución rechazando un pedido de caducidad por haber la parte actora instado el proceso a partir de la intimación cursada oportunamente (ver escrito de la citada en garantia del 04/05/2018, el escrito impulsorio y el rechazo de la misma del 05/07/2018).-
Luego, con fecha 14 de abril de 2020 la citada en garantía nuevamente plantea la caducidad de instancia por considerar que la actora no ha instado el proceso desde el 19 de noviembre de 2019.
La Sra. Juez de grado resolvió decretar la caducidad de instancia en base a que desde el último acto impulsorio (19 de noviembre de 2019) hasta el día 16 de Marzo de 2020 -fecha en la cual se dicto la Resolución 386/20 SCJBA, ha transcurrido el plazo de tres meses previsto por el art. 310 inc. 3° del C.P.C.C..-.-
Ahora bien, paso ahora a ocuparme de los agravios concretamente traídos (art. 266 in fine CPCC).-
Comparto con la recurrente que el último acto impulsorio ha de contarse el 30 de noviembre de 2019 y no el 19 de aquel mes y año, pues el 19/11/2019 se envío de cédula digital, la que fue librada el día 20/11/2019; surtió efectos notificatorios respecto de su destinatario el 22/11/2019; y quedó firme el 30 de noviembre a las 12.00 horas.
Hasta esta fecha el expediente estaba instado.
Ahora bien.
De la solo lectura e interpretación del art.311 del código de rito se desprende que los plazos para el cómputo de la caducidad "correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a la ferias judiciales".-
Consecuentemente, del simple cálculo cronológico desde la fecha a computarse como último acto impulsorio (30 de noviembre de 2019), hasta el 16 de marzo de 2020 entiendo que no ha trascurrido el plazo de caducidad establecidos en los arts. 310, inc. 3, computados de acuerdo a los normado por el art. 311 del mismo.
Por lo demás, no puedo dejar de reflexionar en la postura que aquí ha asumido la citada en garantía: en el medio de una pandemia, una gravísima crisis sanitaria mundial y en el contexto de un servicio de justicia enfrentando una compleja situación, cuando todavía los plazos ni siquiera habían sido reanudados por la Suprema Corte, utiliza el momento (donde aun los plazos no se habían reanudado, insisto) para introducir un pedido de caducidad de instancia.
Vaya este pensamiento para reflexionar si este es el standard de actuación procesal que queremos (y nos merecemos) para los tiempos venideros; si es eso lo que la ley manda cuando indica que los letrados deben actuar colaborando con la justicia (art. 58 inc. 1º ley 5177) y, en definitiva, remarcar que el pedido formulado -amén de haber computado mal los plazos para pedirla- en modo alguno se adecúa al espíritu subyacente al instituto de la caducidad (el desinterés en el impulso) el procurar que se lo decrete en el contexto de un servicio de justicia intentando funcionar en el medio de una emergencia sanitaria mundial.
Por todas estas razones, propongo se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el fallo apelado y, consecuentemente se rechace la caducidad decretada debiendo en la instancia de origen seguir el tramite según su estado. Ello sin costas atento el caracter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, consecuentemente, SE REVOCA el fallo apelado que decretó la caducidad de instancia, debiéndose en la instancia de origen seguir el tramite según su estado.
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2020 12:41:45 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 12:56:34 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 12:58:39 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia