Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 13571
Causa Nº MO-13571-2011 R.S.:326/2020
Con fecha 13 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ M. E. C/ SUCESORES DE C. A. C. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-13571-2011 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 531/541?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apela la sentencia de autos la parte demandada y la citada en garantía, quienes formulan sus agravios a través de la presentación electrónica número 30446440.
II. El pronunciamiento en recurso hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por E. M., en su caracter de progenitora de A. M., contra los sucesores de C. A. C.. En consecuencia condena a éstos últimos a abonarle a la primera la suma de $ 514.140,1, con más intereses calculados según las pautas establecidas en el considerando séptimo. Asimismo les impone las costas del juicio y hace extensiva la condena a ORBIS Compañia Argentina de Seguros S.A.
III. Los apelantes objetan el decisorio de grado en lo atinente a la cuantía establecida para la partida incapacidad psicofísica. Como sustento de esta queja arguyen que tal importe es desproporcionado en orden a las secuelas que han quedado efectivamente probadas, puntualizando que ello obedece a que se ha aplicado ciegamente una fórmula matemática de cálculo sobre la base de ficciones que no se condicen con las circunstancias específicas de la demandante. Por igual motivo-carácter excesivo-se agravian del importe establecido en concepto de daño moral, afirmando para ello que aquel excede los padecimientos y quebrantos espirituales que pueden haberse experimentado. Por última impugnan la tasa de interés fijada, para lo que afirman que dicho temperamento se aparta indebidamente de lo decidido, por Acuerdo Exytraordinario, por esta Alzada departamental.
IV. Inicialmente examinaré la queja relativa al monto justipreciado en concepto de incapacidad psicofísica.
Como lo vengo sosteniendo en las lides de la cuantificación dineraria, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en si mismo es la integridad física/ psíquica genéricamente considerada.
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Las indemnizaciones tabuladas, son por esencia propias del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontologíca inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. ( arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
En la especie el perito médico traumatólogo Mendiuk dictamina que la demandante sufrió un esguince de columna cervical, precisando que tal afección-además de guardar relación con los datos recabados-suscitan una incapacidad parcial y permanente que porcentualiza en un 6 % de T.O. (ver presentación electrónica 224300435013022216).
De la historia clínica labrada en el Hospital Municipal de Morón, donde se le brindó la atención médica primaria, surge que la damnificada sufrió TEC sin pérdida de conocimiento y politraumatismos (ver fs. 29 de la causa penal 35.849/09, por cuerda). Dicho cuadro es coincidente con el consignado en la historia clínica elaborada en el Sanatorio Güemes y que da cuenta el instrumento privado glosado como fs. 250/252 (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal, su doc.)
Por su parte la perito psicóloga M., luego de puntualizar que la actora presenta una personalidad de base dentro de los parámetros esperables, informa que la peritada presenta un desarrollo psíquico postraumático, que cataloga como un daño psíquico, desencadenante de una incapacidad parcial y permanente que porcentualiza entre un 1% y un 10 % (ver escrito electrónico 233800435012652704)
A partir de la consideración de la edad de la accionante al momento del ilícito-11 años- de sus circunstancias socioeconómicas y personales –no trabaja, vive en Castelar con su madre y su abuela y tiene estudios secundarios-interrelacionadas con las lesiones físicas y psíquicas reseñadas, aprecio que el importe establecido para el rubro en análisis es excesivo (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil; 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver expediente 13575, sobre beneficio de litigar sin gastos, por cuerda; declaración jurada de fs. 15/16; declaraciones testimoniales de fs. 135/137).
En consecuencia propicio su reducción a la suma de $ 100.000 (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal)
Como anticipara el monto establecido para el reclamo por daño moral también se encuentra objetado por excesivo.
El reclamo del daño moral, desde mi óptica, gira en torno a la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo. Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial, sufrido por la víctima a raíz del evento dañoso (arg. artículo 1078 del Código Civil, su doc.).
Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades frustradas, por lógica a raíz de la lesión, que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona antes de padecer el accidente; atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, su doc).
En lo atinente a su prueba es evidente que no se requiere una demostración acabada; debiéndoselo tener por acreditado con la sola acción antijurídica, atento constituir un daño in re ipsa.
Como correlato de ello es una carga del responsable de aquel, la demostración cabal de la existencia de circunstancias que excluyan su procedencia (arg. artículo 1078 y concordantes del Código Civil, 375 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 39.597, 46.960, 59.834, entre muchos precedentes análogos).
Ahora bien el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria y no existe razón jurídica que imponga una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico-psíquico-estético.
Tal solución obedece a la evidente disímil teleología que tiene cada uno de estos rubros. (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, Cám. civ. y com. Departamental, mis votos en Sala II, causas 49.945, 53.694, entre muchos precedentes análogos).
En la especie a partir de la consideración de la edad de la víctima al momento del hecho -11 años- el contexto socioeconómico en el que se desarrolla su existencia (del que ya he hecho mérito), la clase de lesiones sufridas y el tratamiento médico que se le ha prescripto (esencialmente medicamentoso) , considero que la cifra justipreciada es elevada. Por tal motivo propongo su reducción a la suma de $ 50.000 (arg. artículos 1078 del Código Civil, 165, 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal, ver pericial médica de fs.465/467, copia de historia clínica de fs. 247/252 y de fs. 29 de la causa penal 35.849/09, por cuerda)
Por último analizaré la queja planteada por la citada en garantía, vinculada con la tasa de interés establecida.
A partir del voto emitido en la causa 68.355 de la Sala I de esta Excma. Cámara civil y Comercial, la apreciación de la actual realidad económica bajo el prisma del derecho constitucional a la reparación integral, me convencieron acerca de la pertinencia de aplicar la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Dicho temperamento fue adoptado en consonancia con la doctrina acuñada en el tópico por la Suprema Corte de Justicia provincial (causa “Cabrera”, el 15 de junio de 2016, C. 119.176).
Empero la actual configuración del escenario económico me ha llevado a evaluar la razonabilidad de las soluciones propiciadas en los términos aludidos.
En efecto y como lo he señalado desde la causa 41.260 de esta Sala II si la cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostentan el carácter de obligación de valor, se efectúa a importes actuales la aplicación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del acto ilícito, torna irrazonable el monto que se justiprecia. Duplicando, o incluso triplicando en muchos casos el monto de condena; al punto que los accesorios superan en demasía el importe del capital.
Ello obedece esencialmente al hecho de que la tasa pasiva bancaria contiene componentes, tales como la consideración de la pérdida del valor adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario, los gastos operativos, y las exigencias del encaje bancario (ver, en este sentido, el voto del Ministro Soria en la causa SCBA, B. 63.460).
Vengo sosteniendo que la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito; y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.; mis votos, Sala II, causa 55546, Sala III, causa 41.190 entre muchos otros).
Así las cosas si la teleología de los intereses moratorios no es otra que resarcir la privación del uso del capital de condena, fijado a valores actuales, aplicar la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho ilícito equivale a conceder un plus resarcitorio-una suerte de “sobre indemnización”- que a la postre no es otra cosa que consagrar una solución que colisiona con el principio de razonabilidad económica.
La realización del derecho a la reparación integral, de raigambre constitucional, debe lograrse por medios legítimos, adecuados y proporcionales; de modo que aquella no puede ser fruto de meros cálculos aritméticos, desvinculados de la realidad económica en la que se inserta su ejercicio (arg. artículos 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional; conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 313:896; 327:508, entre otros).
En la especie se aprecia que el pronunciamiento en recurso ha fijado, como monto total de la condena la suma de $ 514.140,11; importe éste cuantificado al momento de su emisión.
La aplicación de la tasa pasiva más alta-al momento la denominada BIP- conlleva prácticamente duplicar el capital de mentas (ver “cálculos de intereses en línea”, www.scba.gov.ar).
Va de suyo, conforme a las directrices conceptuales esbozadas anteriormente, que dicho resultado se aprecia como desproporcionado, prescindente de la realidad económica y conculcatorio de la proscripción del enriquecimiento sin causa (arg. artículos 953, 1071 y concordantes del Código Civil; 726, 9, 10 del capítulo 3 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial, su doc.).
Asimismo debe resaltarse que el Superior provincial, en la causa C 123.090, ha establecido la pertinencia de fijar un interés puro del 6 % desde la fecha del hecho y hasta la fecha de la estimación de los daños; momento a partir del cual deberán liquidarse los accesorios según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a plazo fijo a 30 días
Por otra parte la solución esbozada se ha tornado imperativa a raíz de que la Excma. Cámara de Apelación, en pleno, la ha receptado mediante el dictado del Acuerdo Extraordinario 839/20 (arg. artículo 37, inciso f) de la ley 5827).
A la luz de lo expuesto considero pertinente admitir este agravio traído por la aseguradora. Consecuentemente considero que debe enmendarse el pronunciamiento y establecer que los intereses que devengue el capital de condena, deberán ser calculados al 6 % anual desde la fecha del hecho-23 de abril de 2009- y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia- 21 de agosto de 2018-y de allí en adelante y hasta el efectivo pago, según la tasa pasiva más alta que pague el Banco Provincia de Bs. As en sus operaciones de plazo fijo a 30 días.
V. Por las consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto propongo la modificación del pronunciamiento apelado; en lo atinente a la cuantía de los rubros incapacidad psicofísica, daño moral y en lo referente a la tasa de interés aplicable al capital de condena.
Voto, en consecuencia, PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.-
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo, en cuanto a la tarifación de los montos.
En lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades
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