Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 51628
Causa N º MO-51628-2018 R.S.:378/2020
Con fecha 19 de Noviembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "FRIAS MAURICIO JULIAN Y OTROS C/ ALBARRACIN MARIA EUGENIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa Nº MO-51628-2018 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ , dijo:
Contra la sentencia definitiva apela la parte demandada y citada en garantía, encontrándose incorporada la expresión de agravios mediante presentación electrónica con fecha 11-8-2020, que no mereció réplica.
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda entablada por Mauricio Julian Frias, Yanina Grisel Silva Benitez y Matias Sebastian León contra María Eugenia Albarracin, por daños y perjuicios, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía Prudencia Compañia Argentina de Seguros Generales S.A, en la medida del seguro.
La demandada se agravia porque la Sra. Jueza 1) "...imputa a la accionada, la exclusiva responsabilidad en el acaecimiento y generación del siniestro..." ; 2) por considerar " exorbitantes " las sumas fijadas en concepto de incapacidad sobreviniente-las secuelas físicas y psicológicas; 3) elevado el rubro daño moral; 4) excesivo el costo del tratamiento terapéutico
Me abocaré al análisis de la primera queja.
Las pocas pruebas aportadas las evaluaré seleccionando las más eficientes, conforme criterios de prudencia, razonabilidad y buen juicio ( art. 384 del CPCC). No hay fotos del vehículo siniestrado ni del lugar del hecho, no hay pericia mecánica, la declaración testimonial de la única testigo la Sta. Bolert, aporta pocas certezas, manifiesta que estando parada esperando un colectivo sobre la calle San Antonio -de doble mano- , "escucho" el impacto y allí miro, que el vehículo VW blanco, que circulaba por la calle Formosa que choco al Peugeot de la demandada se dio a la fuga a alta velocidad .
Coincide con lo manifestado por los actores en su escrito de demanda de fs. 12 "...colisionan con un vehículo que se encontraba circulando por la arteria última mencionada, el cual siguió su marcha a gran velocidad sin detenerse y sin poder identificarlo...".
Según palabras de la testigo la conductora del Peugeot, "...la chica venía bien...".
Preguntada la Sta. Bolert por la Sra. Jueza por donde circulaba el auto blanco marca VW, responde "...por la derecha..." de donde estaba ubicada.
La idoneidad de la testigo no fue cuestionada por las partes, por lo que tengo sus declaraciones como ciertas ( art.456 del CPCC).
Es cierto que el art. 41 de la ley 24.449 otorga prioridad de paso a quien cruza por la derecha y que esta es absoluta. Pero ello ocurre cuando quien conduce lleva a cargo un manejo responsable, con pleno control del vehículo, a una velocidad acorde al máximo permitido para transitar por una calle, 40 km conforme el art. 51 de la ley 24.449.
Tanto los actores como la testigo coinciden en que el automóvil VW se trasladaba a gran velocidad .
Apreciando la prueba conforme los parámetros arriba mencionados, la reconstrucción de los hechos me llevan a la convicción que la mecánica del siniestro no sucedió exactamente como relataron los actores, con la prueba aportada no satisfacieron el imperativo en su propio interés, que es la carga de aportar la prueba de los hechos que avalen su posición ( art. 375 del CPCC).
Por ello considero que la responsabilidad de la demandada se atenúa, al haberse acreditado la fractura, parcial, del nexo causal, interviniendo un tercero, que trasponía la encrucijada a mayor velocidad que la permitida; aunque la fractura del nexo causal no es total, y existe también responsabilidad de la conductora del automotor que llevaba a los actores, pues cruzaba la arteria careciendo de prioridad de paso.
Consecuentemente, entiendo que la demandada, y su garante, deberán responder por los daños y perjuicios sufridos por los actores sólo en un 50% (arts. 1716,1725,1726,1739 del C.Civil).
Por todo lo expresado el agravio debe ser receptado parcialmente.-
2. Incapacidad sobreviniente de Mauricio Julian Frias, Yanina Grisel Siva Benitez y Matias Sebastian Leon.-
La demandada cuestiona los montos otorgados en concepto de incapacidad física y daño psicológico.-
Si bien es cierto que el art. 1746 del C. Civil y Comercial alude al empleo de un método matemático- actuarial de evaluación, en modo alguno de ello puede colegirse que el resultado dinerario que arroje aquel es de imperativo acatamiento para el juez.
Tengo para mi que los codificadores sólo han establecido en el art. 1746 una serie de pautas orientativas, una suerte de parámetros referenciales; a los que el juzgador debe ponderar dentro del universo de variables específicas y particulares, personales, sociales y económicas, a cuya consideración no puede renunciar. En este sentido bien nos dice precisamente uno de los autores de la reforma, parafraseando la consolidada doctrina elaborada en el tópico por la Corte Suprema de Justicia, que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino "...que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial " ( conf. Lorenzetti, Ricardo L. Código civil y Comercial, T° VIII ).-
Por ello, computando las circunstancias personales de los actores enunciadas en el fallo y conjugándolas con los porcentuales de incapacidad informados pericialmente, propongo para Mauricio Julián Frias, reducir este monto indemnizatorio a la suma de $ 362.500.- ( pesos trescientos sesenta y dos mil quinientos) para Yanina Grisel SILVA BENITEZ se reduce la indemnización a la suma de $ 250.000.- (pesos doscientos cincuenta mil) y para Matías Sebastian LEON se reduce el monto indemnizatorio a la suma de $ 270.000.- (pesos doscientos setenta mil) (art. 165 del CPCC).
Resumiendo, se hace lugar parcialmente al agravio.
La accionada y su aseguradora consideran arbitrario, exagerado y desprovisto de toda lógica el monto fijado en la sentencia, para los tres actores.
El daño moral es considerado en su más amplia dimensión conceptual, razón por la cual sus límites no se fijan en el tradicional pretium doloris sino que se extiende a todas las posibilidades - frustradas a raíz de la lesión- que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida .-
La cuantificación del daño moral no exige relación de cantidades con el resrcimiento patrimonial sino que su determinación obeece a criterios de prudencia y razonabilidad. Al analizar su admisibilidad, se parte de la prsunción de tenerlo por configurado en virtud de la naturaleza del perjuicio, la naturaleza de las lesiones permiten describir el dolor físico y a su vez inferir un panorama de dolor moral, desazón y angustia 8 art. 1741 del C. Civil y Com ) .-
Por lo expuesto propongo reducir el monto resarcible por daño moral para el Sr. Frias a $ 145.000.- ( pesos ciento cuarenta y cinco mil ); para la Sra. Silva Benitez $ 100.000.- ( pesos cien mil ) y para el Sr. Leon $ 108.000.- ( pesos ciento ocho mil ) art. 165 del CPCC).-
La demandada cuestiona el costo de las sesiones por altas, sostiene que la sentencia de la Sra. jueza, en este acápite es injustificada y arbitraria, y que el valor de la sesión debería ser de $ 600/800 , pero no realiza una articulación fundada, concreta y objetiva que demuestre ni siquiera aproximadamente cuales son los motivos por los cuales considera el fallo erróneo y el costo de la sesión de $ 600/800 como el correcto ( art. 260 del CPCC). por ello este agravio debe ser rechazado-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia, estableciendo que la demandada -y su garante- responderán por un 50% de los montos de condena; y reduciendo las sumas fijadas en concepto de incapacidad para Mauricio Julián Frias, reducir este monto indemnizatorio a la suma de $ 362.500.- ( pesos trescientos sesenta y dos mil quinientos) para Yanina Grisel SILVA BENITEZ a la suma de $ 250.000.- (pesos doscientos cincuenta mil) y para Matías Sebastian LEON a la suma de $ 270.000.- (pesos doscientos setenta mil) y por daño moral para el Sr. Frias a $ 145.000.- ( pesos ciento cuarenta y cinco mil ); para la Sra. Silva Benitez $ 100.000.- ( pesos cien mil ) y para el Sr. Leon $ 108.000.- ( pesos ciento ocho mil )
Costas de Alzada, a la actora (art. 68 del CPCC)
Voto en consecuencia
PARCIALMENTE por la NEGATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo.
En primer lugar, y por sus mismos fundamentos, coincido con lo que se ha analizado precedentemente en cuanto a la atribución de responsabilidad y la fractura, solo parcial, del nexo causal.
En lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Aquí debo detenerme para dejar señalado que, computando las circunstancias del caso (que bien reseña el Dr. Jorda), coincido en sus consideraciones, como así también –teniendo en cuenta las circunstancias personales de las víctimas, el daño que han sufrido y la incapacidad que les ha quedado, con sus repercusiones concretas y no abstractas, todo ello a la luz de las mencionadas pautas de tarifación referencial- acompaño al colega en su propuesta de reducción.
En otro orden de ideas, y con relación al daño moral, he venido señalando que el mismo resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Por otro lado, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que el rubro tiene carácter eminentemente resarcitorio para la víctima y no sancionatorio para el victimario (esta Sala en causa nro. 42.001 R.S. 364/01, 47.522 R.S. 447/03).-
Decíamos en la causa nro. 44.628 (R.S. 637/01)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.