Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 15579
Causa Nº MO-15579-2013 R.S.:388/2020
Con fecha 03 de Diciembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ VILLALBA DUARTE BERNARDO C/ CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-15579-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental con fecha 31 de Julio de 2020 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
2. Contra tal manera de decidir, apelan la actora y la citada en garantía; los recursos se conceden libremente y son fundados con las presentaciones electrónicas de fechas 1 de Octubre de 2020 (actora) y 2 de Octubre de 2020 (citada en garantía); ninguna de ellas mereció réplica.
3. Con fecha 29 de Octubre de 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientras que la actora se queja de los montos fijados por incapacidad y daño moral, la aseguradora sostiene que la sentencia infringe el principio de congruencia por establecer montos mayores a los reclamados originalmente, y luego cuestiona las sumas fijadas en concepto de incapacidad psicofísica, tratamiento psicológico, gastos y daño moral; también objeta lo decidido en el rubro daño material y la tasa de interés indicada en el fallo.
A los términos de sendas fundamentaciones recursivas cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Teniendo en cuenta la variedad de temas que se someten a nuestro conocimiento y decisión iré abordando los mismos de manera fraccionada, para dotar a mi razonamiento de mayor claridad expositiva.
Aclaración preliminar
Previo a todo cabe señalar, en respuesta a lo sostenido por la citada en garantía atinente a una eventual infracción al principio de congruencia, que "el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad LO QUE EN MAS O EN MENOS RESULTE DE LA PRUEBA o de la depreciación monetaria, no siendo por ello lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada; en estos casos no se incurre en el vicio de "ultra petita".
Ocurre que mediante tal reserva se evita la plus petición inexcusable y -precisado el objeto- se deriva su cuantificación a las pruebas pertinentes".
Tal es, por otra parte, la jurisprudencia de la Sala (Causas 44.304, R.S. 206/00; 44.858, R.S. 442/02; entre infinidad de otras).
De este modo, se habilita al Juez para fijar en el decisorio una suma mayor, sin violar el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional (esta Sala en causa nro. 43.041 R.S. 206/00, entre otras).
Por ello, dado que el fallo capitaliza el hecho de haberse reclamado " la suma de Pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta ($435.860), o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a producirse en autos " y no haciéndose cargo de tal circunstancia la recurrente (art. 260 del CPCC), entiendo que el agravio no prospera.
Aclarado esto, podemos continuar.
a) Incapacidad psicofísica
Ambas partes se disconforman de los $580.000 fijados en el punto.
Comenzando a abordar el tema, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).
A fin de abordar los agravios, y de acuerdo con los alcances del fallo en el particular, cabe memorar también que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.
Las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
Sentado todo ello, es momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
Pues bien, el fallo se apoya la pericia llevada a cabo en autos que nos habla de una incapacidad parcial y permanente del 19% en el aspecto físico, la cual se descompone en un 12% por compromiso cervical y 8% por el hombro izquierdo, utilizando el método de la capacidad restante.
Y en el aspecto psicológico (en base a un psicodiagnóstico) con una incapacidad parcial y permanente de 20% de la T.V., refiriendo una Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestación depresiva grado III.
Aquí me detengo para señalar, antes que nada, que en modo alguno comparto este proceder, en el cual el perito médico se expide sobre la faceta psicológica, aun cuando lo haga apoyado en un psicodiagnóstico, porque el tema excede a su competencia (mi voto en causa nro. 55898 R.S. 81/09, entre infinidad de otras).
Ahora, como la cuestión de la competencia del perito no ha sido objeto de agravio, no debo introducirme en el particular (arts. 260, 266 y ccdtes CPCC); ello, claro está, sin perjuicio de la eventual valoración que del dictamen haremos (arts. 384 y 474 del CPCC).
En cuanto a la eficacia probatoria del dictamen, algo sintéticamente la citada en garantía habla de la ausencia de constancias concomitantes al hecho dañoso.
Ahora, la quejosa no dice absolutamente nada en cuanto al tramo del fallo en el cual se capitaliza el informe del Centro Médico Hurlingham (fs. 186/7) lo que denota la insuficiencia de su recurso (art. 260 del CPCC), al menos para objetar esta parcela de la decisión.
Entiendo, entonces, que dada la opinión pericial, la competencia del perito (médico) y la inexistencia de pruebas (objetivas) que ameriten apartarse del dictamen, aquí debemos atenernos al mismo.
Con todo, sí considero que le asiste razón a la aseguradora en cuanto a las objeciones que trae relacionadas con el aspecto psicológico, las consecuencias informadas, la permanencia del cuadro y la superposición de partidas.
En efecto: el perito transcribe el psicodiagnóstico (que nos habla de una incapacidad del 15%, sin decir que sea permanente y sugiriendo un tratamiento) y luego informa una incapacidad del 20%, a la que asigna carácter parcial y permanente, pero consignando que sería "física".
Se observa, entonces, no solo una contradicción, sino también la asignación de un viso de permanencia que no surge del estudio en el cual el experto (que no es psicólogo, sino médico) dice haberse apoyado.
Frente a ello, entiendo que la pericial es totalmente insuficiente para formar convicción en lo que hace a la existencia de esta incapacidad permanente, ya que tal carácter (la permanencia) no surge suficientemente demostrada en el psicodiagnóstico en el cual el médico se ha basado.
Entiendo, entonces, que el único aspecto que deberemos considerar en este rubro resarcitorio es el tocante al menoscabo físico, con la incapacidad del 19% que se informa y, en este sentido, no encuentro mérito para apartarme de la pericia (arts. 384 y 474 del CPCC).
Dicho esto, circunscripto el menoscabo incapacitante y en lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Hasta el momento, el valor referencial utilizado era el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad.-
Con todo, ponderando la evolución y situación de la economía nacional desde que comenzamos a utilizar dicha pauta hasta este momento, como así también el contexto de los indicadores actuales e incluso el nuevo criterio que hemos de aplicar para el cómputo de los accesorios (conforme ya lo indicaré en el punto pertinente de este voto), hemos entendido que el valor referencial que corresponde empezar a utilizar es el de $25.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad.
Así las cosas, teniendo ello en cuenta, definida la entidad del menoscabo incapacitante, debemos conjugarla con las específicas circunstancias del caso; aquí el actor es una persona de sexo masculino, contaba con 48 años de edad al momento del hecho, de las condiciones socio económicas emergentes de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos, contextualizando todo ello con el porcentual de incapacidad referido y las pautas (referenciales) de tarifación económica que ya he enunciado, tengo para mi que la suma fijada se perfila algo elevada y por ello promoveré su reducción a la de $500.000 (quinientos mil pesos)
b) Tratamiento psicológico
La sentencia estableció la suma de $20.000, apoyándose en el dictamen pericial que había sugerido un tratamiento por un plazo no menor a un año y con frecuencia semanal
De ello, solo se queja la citada en garantía.
Ahora, sus quejas vinculadas a la eventual duplicidad resarcitoria se diluyen en atención a lo resuelto en el punto anterior (donde no le hemos reconocido visos de permanencia al menoscabo psíquico); por lo demás, en cuanto a la existencia en sí del daño (aunque no permanente) la pericial efectuada no se ve contradicha por ningún elemento objetivo (arts. 384 y 474 del CPCC), y en cuanto al monto, teniendo en cuenta las indicaciones efectuadas en cuanto a las características del mismo (plazo de duración, cantidad de sesiones) y los valores que (según las máximas de la experiencia, art. 384 CPCC) cabe computar en este sentido, entiendo que la suma establecida no se perfila en modo alguno excesiva, por lo que -ante la ausencia de recurso de la contraparte- promoveré su confirmación.
c) Gastos médicos
Los $10.000 fijados en el fallo llegan cuestionados por la parte demandada y su garante.
Cabe entonces memorar que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostr
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.