Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 11687
Causa Nº MO-11687-2014 R.S. 58/2020
Con fecha 14 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "TORALES FRANCO CARLOS DANIEL C/ GONZALEZ FELIX HERNAN Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa Nº MO-11687-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1ra.: ¿Es justa la sentencia apelada de fs.356/367?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA DIJO:
Contra la sentencia de primera instancia de fs. 356/367 apela el actor y la demandada a fs. 368. El primero expresa agravios mediante escrito electrónico de fs. 12-9-19 y la demandada el día 26-9-19.-
El fallo hace lugar al reclamo de daños y perjuicios por la suma de $ 518.100.- impetrado por el Sr. Franco Carlos Daniel Torales contra Transporte Automotores La Plata S.A. y Felix Hernán Gonzalez, haciendo extensiva la condena a Metropol Sociedad de Seguros Mutuos , en la medida del seguro.-
A) La parte actora se agravia de la aplicación del interés del 6% hasta la fecha de la sentencia y la tasa pasiva digital hasta el efectivo cumplimiento, solicitando la tasa activa desde la fecha del evento hasta su efectivo pago.-
La cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostenta el carácter de obligación de valor, se efectúa a valores actuales, vengo sosteniendo que la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría espuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arts. 622,623 y conc. Del C. Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, mis votos, Sala II, causa 55546, Sala III, causa 41.928 ).-
Así las cosas la teleología de los intereses moratorios no es otra que resarcir la privación del uso del capital de condena fijado a valores actuales, pues estimo económicamente adecuado fijar un interés puro del 6% anual desde la fecha del ilícito –25-02-2014 – hasta esta sentencia y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días.-
Por lo explicitado considero que debe rechazarse el agravio.-
B) La demandada cuestiona: 1) el porcentual de incapacidad física, daño psicológico y monto; 2) daño moral, elevado quamtum; 3) gastos de traslado excesivo y 4) intereses.-
Me abocaré al primero de los agravios.-
La demandada y citada en garantía cuestionan los porcentajes de incapacidad física y psíquica y el monto otorgado.-
Como consecuencia del accidente el actor es trasladado al hospital General de Agudos F. Santojanni, donde le realizan radiografías, una toillete de heridas – limpieza de heridas – colocándole una valva posterior de yeso, Reingresó el 28-02-14 por una celulitis del miembro inferior y rodilla derecho, la que drena líquido purulento, quedando internado durante 5 días. Dejando de supurar a los dos meses-
A fs. 301/302 se encuentra agregado dos informes, uno en “Diagnóstico Tesla“ de radiografía de rodilla derecho de frente y perfil y el otro RM de rodilla derecho sin gadolinio del ”Hospital Interzonal Prof. Dr. Guemes“ donde se observa un contenido líquido laminar inferior de la grasa de Hoffa.
A fs. 324/329 el perito médico Dr. Herszhorn, amén de revisar al actor, evalúa los exámenes complementarios
llegando a la conclusion que el Sr. Torales posee una “sinovitis post-traumática con retracción musculo tendinosa" que lo hace acreedor a una incapacidad parcial y permanente del 10%.-
Este diagnóstico no mereció pedido de explicaciones ni reproche por parte de las partes en la oportunidad prevista por el art. 473 del CPCC., por lo tanto mal pueden plantearse discrepancias en la expresión de agravios, cuando no fueron requeridas al juez de primera instancias.-
Las conclusiones a que arriba el perito no atan al juez, pero cuando son suficientemente fundadas y certero en sus conclusiones debe acordársele valor probatorio. La experticia del Dr. Herszhorn cumple con estos requisitos (art. 474 del CPCC).-
Por lo tanto debe rechazarse la queja al respecto.-
La demandada Rechaza el daño psíquico por entender que existen factores concausales asociados al accidente.-
La Lic. Lara a fs. 302/304 le realiza al actor una entrevista psicodiagnótica; y los siguientes test: Test guestáltico visomotor de Bender, H.T.P. y Rorschach. Cómo resultado de ello arriba a la conclusión que el Sr. Torales “…estaría actualmente atravesando un cuadro mixto de ansiedad y depresión, que guarda un nexo causal directo con el accidente de autos…”.-
Estima una incapacidad parcial y permanente del 10% y sugiere, con el fin de evitar el agravamiento del cuadro descripto, un tratamiento psicológico de una vez por semana durante un año.-
La demandada y citada en garantía a fs. 345/46 observa y solicita explicaciones a la perito.-
Mediante presentación electrónica de fecha 26-11-2018 la experta responde los requerimientos de los demandados y hace incapie “…que si bien el tiempo transcurrido indica que el cuadro se encuentra consolidado, la ayuda terapéutica impediría su agravamiento…” –
Como vengo sosteniendo reiteradamente, la procedencia del rubro resarcitorio daño psicológico, no impide la viabilidad de la pretensión orientada a indemnizar, las erogaciones que demanden los tratamientos que-científicamente- se evidencien como fácticamente idóneos para una potencial disminución o atenuación del detrimento, sufrido por la estructura psicológica de la víctima (arts. 1068 y 1086 del C. Civil).-
En tal sentido el Superior Provincial viene afirmando consolidadamente “...que debe recordarse que en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad del tratamiento psicológico, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente...” (SCBA. Acuerdos 69.476, 92.681, entre otros fallos similares).-
En el caso de autos la experta, si bien informa que la víctima experimenta una incapacidad psíquica del 10%, también expresamente refiere que “La ayuda terapeutica impediría su agravamiento“.-
El daño psíquico supone una perturbación de la personalidad de la víctima que altera su equilibrio básico y su vida de relación. La pericia aparece fundada en principios técnicos inobjetables, y los argumentos de la parte demandada no conmueven ni desvirtúan sus conclusiones.-
Por ello, conforme las reglas de la sana crítica, le otorgo eficacia probatoria (art. 474 del CPCC), debiendo, en consecuencia, ser rechazado el agravio.-
Los accionados solicitan que el daño moral sea desestimado o reducido su monto a justos límites por no guardar relación alguna con la presunta incapacidad.-
Mediante la indemnización del daño moral se tiende a reparar la disminución de aquellos bienes que tienen un valor superlativo en la vida de las personas, que son la tranquilidad de espíritu, la integridad física, la disminución de las capacidades laborativas y que producen un hondo sufrimiento y afectan su faz interna.-
Su determinación obedece a criterios de prudencia y razonabilidad, por ello estimo ajustado a derecho reducir la indemnización a la suma de $ 120.000 (art. 165 del CPCC).-
Los reclamantes plantean excesiva la suma determinada para solventar estos gastos, atento haber sido el actor atendido en un hospital público.-
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1078 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Asimismo es un auténtico hecho notorio que la circunstancia que la damnificada se atienda en nosocomios públicos, en modo alguno esteriliza la pertinencia del reclamo; por cuanto variadas practicas y la obtención de muchos medicamentos, no son suministrados gratuitamente. Razón por la que sus costos, deben ser solventados por el paciente. (conf. Cám. Civ. y Com. de Morón, Sala I, causas 23.879- R.S.:65/90; 27710-R.S.:46/92,votos del Dr. Russo ).-
Por lo tanto, considero que debe ser rechazado el agravio y hacerse lugar al rubro.-
El agraviado dice que existe una manifiesta contradicción en lo establecido como intereses de gastos futuros, porque el Sr. juez los fija a partir de quedar firme, porque se establecen a valores actuales y sin embargo en la condena se fijan desde el momento del hecho.-
Es una errónea interpretación de los accionados, el Señor juez dice: “en cuanto a los intereses por tratamiento futuro, fijados precedentemente por la suma de $ 54.600.- que aún no han sido erogados, deberán computarse desde la fecha del presente decisorio“ por lo tanto no desde el momento del accidente.-
Considero que esta queja debe ser rechazada.-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio considero que debe revocarse parcialmente la sentencia, reduciéndose el monto de condena a la suma de $ 478.100 (pesos cuatrocientos setenta y ocho mil cien). Costas de la Alzada a la accionada vencida 8 art. 68 del CPCC).-
Voto, en consecuencia,
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo.-
En lo tocante al fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular ; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo , adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible , se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Aquí debo detenerme para dejar señalado que, computando las circunstancias del caso (que bien reseña el Dr. Jorda), coincido en sus consideraciones vinculadas con la valoración del plexo probatorio y del dictamen pericial, como así también –teniendo en cuenta las circunstancias personales de la víctima, el daño que ha sufrido y la incapacidad que le ha quedado, con sus repercusiones concretas y no abstractas, todo ello a la luz de las mencionadas pautas de tarifación referencial- acompaño al colega en su propuest
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