Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7781
Causa Nº MO-7781-2012 R.S.:439/2020
Con fecha 29 de Diciembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ NOTARO ANTONELA C/ HEREDEROS DE CELIA JORGE ANTONIO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-7781-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental con fecha 3 de Febrero de 2020 resolvió hacer lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Con la presentación de fecha 18 de Agosto de 2020 expresa sus agravios la actora, replicados por la citada en garantía con su presentación de fecha 25 de ese mismo mes y año.
Con la presentación de fecha 17 de Agosto de 2020 lo hace la demandada, presentación replicada por la actora con fecha 28 de ese mismo mes y año.
Con el escrito electrónico de fecha 11 de Agosto de 2020 expresa sus agravios la citada en garantía, siendo replicados los agravios el 28 de Agosto de 2020 por la parte actora.
Se agravia la actora de los montos fijados por incapacidad y daño moral, pretendiendo su elevación; también cuestiona el fallo en cuanto a la extensión del deber de responder de la citada en garantía, argumentando en lo medular que habiendo invocado los alcances de la cobertura, los mismos no fueron acreditados.
Se queja la demandada de que se haya hecho lugar a la demanda, cuestionando en lo fundamental la valoración de la prueba rendida en la causa penal; también objeta la falta de actualización del límite de cobertura.
Cuestiona la citada en garantía los montos fijados para resarcir la incapacidad, el daño moral y los gastos; también objeta el fallo en lo que hace a la tasa de interés fijada.
A los términos de cada una de esas presentaciones cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 10 de Septiembre de 2020 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Comenzando a dar tratamiento a las cuestiones planteadas debo referirme, primeramente, al recurso de la demandada vinculado con la atribución de responsabilidad.
Y, a mi modo de ver, el mismo es insuficiente.
En tal sentido, es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación de la quejosa en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido, vemos que el fallo es meduloso en cuanto a los motivos jurídicos y fácticos de su decisión.
Allí se efectúa una valoración detallada de los diversos elementos probatorios (causa penal, pericia, testimonial) y como fruto de la misma, el sentenciante de la instancia previa construye su conclusión.
Contraponiéndose con ella, la demandada habla de una errónea valoración de la causa penal, habla de dos testigos que habrían declarado en la misma (que ni siquiera individualiza) pero deja totalmente irrebatido el análisis de los restantes elementos probatorios que efectúa el Sr. Juez de Grado, especialmente en lo que hace a la antirreglamentaria colocación del ventilador y el antirreglamentario funcionamiento del local.
Nada se dice en los agravios de la pericial, ni de la testimonial, que el sentenciante valora, ni mucho menos de los fundamentos jurídicos que claramente explicita.
Consecuentemente, pienso que le asiste razón a la actora cuando plantea la insuficiencia y el recurso de la demandada deviene desierto en este aspecto.
Zanjada esta cuestión debo pasar al análisis de los montos resarcitorios, cuestionados por la actora en los términos antes indicados.
En cuanto a la incapacidad, el fallo fija la suma de $727.000.
Vengo afirmando que la indemnización por tal concepto encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (conf. mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física-psíquica y estética que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. doctrina de Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
En la especie, tenemos dos dictámenes periciales, a los cuales el Sr. Juez de Grado les reconoció plena virtualidad probatoria y el tema no es objetado en los agravios.
Según la pericia del médico legista (fs. 372/5) la actora padeció la amputación del dedo índice a nivel de la primera falange, posee limitación en la movilidad del dedo pulgar y el mayor y fracturas en el cuarto y quinto metacarpiano; el experto explica qué tareas concretas de su vida ve limitadas a raíz de ello, nos habla del menoscabo estético (amputación del dedo y cicatrices) demás de dolor lumbar y contractura muscular.
Nos informa una incapacidad física parcial y permanente del 21,05% , refiriendo también una incapacidad estética del 7,84%
A ello se suma una incapacidad psíquica, informada por psiquiatra (fs. 341/346vta.), hablando de un daño psíquico, incapacitante, vinculado causalmente con el hecho dañoso y que le genera un 25% de incapacidad parcial y permanente.
A esta altura conviene enfatizar que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales médicos, cuya valoración no escapa a las reglas de la sana crítica, se encuentra inescindiblemente asociada a que sus conclusiones exhiban consistencia con los antecedentes que den cuenta de la atención médica recibida. En especial, aquellos producidos con inmediatez a la ocurrencia del ilícito (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 1726 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otros.)
Así bien sostiene Hernando Devis Echandía-para subrayar la libertad de apreciación de la que goza el juez- que es absurdo pretender que aquel esté compelido a aceptar ciegamente las conclusiones periciales; por cuanto se desvirtuaría su función al convertir a los peritos en los jueces de la causa (Ver “Compendio de la prueba judicial”, Rubinzal Culzoni, Tomo 2, Santa Fe, 1982, pg. 134)
En ese orden de ideas -en mi criterio- no existe razón alguna para apartarnos de las pericias y ni siquiera en los agravios se traen fundamentos de entidad en este sentido, con lo cual tenemos adecuadamente circunscripto el menoscabo psicofísico padecido por la actora a resultas del evento y la incapacidad que le ha quedado instalada, de manera permanente.
Ahora bien, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física genéricamente considerada (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil).
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos; o de meros cálculos matemáticos efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Las indemnizaciones tabuladas son, por esencia, propias del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil.
Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
En concordancia con la tesis sostenida se hace trascendente enfatizar que el resarcimiento de los daños, está intensamente signado por el particularismo. De modo que no puede pretenderse identificar una suerte de consistencia entre los diferentes casos.
La traducción en numerario de los perjuicios variará, en función de las peculiaridades que presente cada ilícito y cada damnificado. Pretender homogeneidad resarcitoria y, simultáneamente, predicar la inaplicabilidad de los métodos actuariales para la cuantificación (que, como se dijo, tienden a establecer uniformidad) resulta manifiestamente contradictorio (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Por ende se impone subrayar, en sintonía con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aun cuando el porcentaje de incapacidad es un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efectos de fijar las sumas indemnizatorias existen otros que también tienen decisiva incidencia; los que deben apreciarse interrelacionadamente y con el prisma de la razonabilidad económica (conf. doctrina sentada, en autos “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A.” del 11 de junio de 2019)
En la especie está probado que el accionante contaba con 21 años al momento del hecho, es de sexo femenino y era estudiante para esa época.
La correlación de las antedichas circunstancias personales, con la especie de minoración psicofísica sufrida (que ya he analizado) me lleva a considerar que el monto justipreciado en el pronunciamiento recurrido es insuficiente y por ello promoveré su elevación al de $1.000.000 (un millón de pesos).
Ambas apelantes, como se reseñara, también se disconforman con el importe de $300.000 fallado para el reclamo en concepto de daño moral.
El reclamo del daño moral, desde mi óptica, gira en torno a la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo. Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial, sufrido por la víctima a raíz del evento dañoso (arg. artículo 1078 del Código Civil, su doc.).
Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades frustradas, por lógica a raíz de la lesión, que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona antes de padecer el accidente; atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, su doc).
En lo atinente a su prueba es evidente que no se requiere una demostración acabada; debiéndoselo tener por acreditado con la sola acción antijurídica, atento constituir un daño in re ipsa.
Como correlato de ello es una carga del responsable de aquel, la demostración cabal de la existencia de circunstancias que excluyan su procedencia (arg. artículo 1078 y concordantes del Código Civil, 375 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 39.597, 46.960, 59.834, entre muchos precedentes análogos).
Ahora bien el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria y no existe razón jurídica que imponga una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico-psíquico-estético.
Tal solución obedece a la evidente disímil teleología que tiene cada uno de estos rubros. (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, Cám. civ. y com. Departamental, mis votos en Sala II, causas 49.945, 53.694, entre muchos precedentes análogos).
En la especie a partir de la consideración de las condiciones personales de la víctima, y especialmente las condiciones del hecho dañoso y sus consecuencias (con la amputación de un dedo al momento del hecho y fracturas, entre otras lesiones, y el lógico dolor que ello genera en el momento del accidente), sumadas a las repercusiones psicofísicas que le han quedado instaladas, entiendo que el monto fijado es reducido y por ello promoveré su elevación al de $600.000 (seiscientos mil pesos).
Me quedan por tratar, dentro de los componentes resarcitorios, el monto fijado en concepto de gastos ($82.800)
El fallo aquí tiene una particularidad porque engloba los gastos por tratamientos futuros y también los gastos de atención médica (y análogos) concomitantes al accidente.
La citada en garantía apela el rubro, pero no se hace cargo -suficientemente- de este distingo, sino que solo se enfoca en la última parte del resarcimiento mencionado, para el cual el Sr. Juez de Grado fijó la suma de $6.000.
Es tal el límite que existe para el recurso (arts. 260, 266 y ccdtes CPCC).
Abordando el tema, debo señalar que es incuestionable que tales erogaciones constituyen un daño patrimonial indirecto, por cuanto representan un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.