Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 13727
Causa Nº MO-13727-2013 R.S.: 440/2020
Con fecha 29 de Diciembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ SANCHEZ MARIA BALVINA C/ CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-13727-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental con fecha 29 de Junio de 2020 resolvió hacer lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Contra tal forma de decidir se alza únicamente la citada en garantía, interponiendo recurso de apelación; que fue concedido libremente.
Con la presentación de fecha 7 de Agosto de 2020 expresa sus agravios, los cuales no merecieron réplica.
Se agravia la recurrente de que la sentencia hubiera superado el monto reclamado inicialmente, luego cuestiona las sumas fijadas para resarcir los diversos rubros, de la tasa de interés establecida y por la imposición de costas.
A los términos la expresión de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 10 de Septiembre de 2020 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Comenzando a dar tratamiento a las cuestiones planteadas debo referirme, primeramente, a las quejas vinculadas al principio de congruencia.
Entrando a analizar los agravios destaco, inicialmente, que no le asiste razón a la citada en garantía en este cuestionamiento.
Desde esta Sala se ha señalado que " el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad LO QUE EN MAS O EN MENOS RESULTE DE LA PRUEBA o de la depreciación monetaria, no siendo por ello lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada; en estos casos no se incurre en el vicio de "ultra petita".
Ocurre que mediante tal reserva se evita la plus petición inexcusable y -precisado el objeto- se deriva su cuantificación a las pruebas pertinentes ".
Tal es, por otra parte, la jurisprudencia de la Sala (Causas 44.304, R.S. 206/00; 44.858, R.S. 442/02; entre infinidad de otras).
De este modo, se habilita al Juez para fijar en el decisorio una suma mayor, sin violar el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional (esta Sala en causa nro. 43.041 R.S. 206/00, entre otras).
Por ello, y teniendo en cuenta cómo se ha entablado la demanda (efectuando tal reserva), el agravio no prospera.
Proseguimos con los montos que llegan apelados.
La apelante se queja de los $420.000 fijados para resarcir la incapacidad.
Vengo afirmando que la indemnización por tal concepto encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (conf. mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física-psíquica y estética que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. doctrina de Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
En la especie, tenemos dos dictámenes periciales.
Vamos, primero, a analizar el aspecto físico de la problemática.
Aquí la Sra. Jueza de Grado se apoya en la pericia médica, pero contrastándola con las constancias de atención médica concomitantes al hecho, solo recepta aquellas secuelas que encuentran vinculación con alguna de esas piezas relativas a la atención temprana de la reclamante.
Pues bien, la quejosa (mas bien genéricamente) habla de la ausencia de constancias concomitantes al hecho, sin hacerse cargo de dicho análisis y del contraste que efectúa la Sra. Jueza de Grado.
Por ello el recurso, en este aspecto, es notoriamente insuficiente (art. 260 del CPCC)
Con lo cual, me ciño a la consideración del fallo, que tiene por probada la incapacidad del 4,20% vinculada causalmente con el evento y derivada de la problemática instalada en el hombro de la reclamante.
En el aspecto psicológico, el fallo se apoya en la pericia de la especialidad (escrito del 3 de Abril de 2019 y sus explicaciones), la cual nos dice que la Sra. Sanchez presenta un cuadro de Trastorno por Stress Postraumático, atribuible al accidente motivo de autos y que equivale a una incapacidad laborativa parcial y permanente del 17,5% de la total obrera, aconsejando un tratamiento psicoterapéutico no menor a 2 años a razón de dos sesiones semanales para evitar el agravamiento del mismo.
Aquí los agravios también rozan la insolvencia; en un solo renglón se dice que no está probado que la dolencia genere un detrimento de esa magnitud, pero sin señalar razones suficientes que nos lleven a apartarnos del dictamen.
Por lo demás, lo atinente a la duplicidad resarcitoria se diluye a poco que advirtamos que el tratamiento aconsejado lo es para evitar agravamientos y no apunta a la curación, como lo refiere el experto en su escrito del 13 de Mayo de 2019.
De este modo, coincido con el porcentual de incapacidad psicofísico que capitaliza el fallo apelado como vinculado causalmente con el evento dañoso.
Ahora bien, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física genéricamente considerada (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil).
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos; o de meros cálculos matemáticos efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Las indemnizaciones tabuladas son, por esencia, propias del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil.
Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
En concordancia con la tesis sostenida se hace trascendente enfatizar que el resarcimiento de los daños, está intensamente signado por el particularismo. De modo que no puede pretenderse identificar una suerte de consistencia entre los diferentes casos.
La traducción en numerario de los perjuicios variará, en función de las peculiaridades que presente cada ilícito y cada damnificado. Pretender homogeneidad resarcitoria y, simultáneamente, predicar la inaplicabilidad de los métodos actuariales para la cuantificación (que, como se dijo, tienden a establecer uniformidad) resulta manifiestamente contradictorio (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Por ende se impone subrayar, en sintonía con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aun cuando el porcentaje de incapacidad es un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efectos de fijar las sumas indemnizatorias existen otros que también tienen decisiva incidencia; los que deben apreciarse interrelacionadamente y con el prisma de la razonabilidad económica (conf. doctrina sentada, en autos “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A.” del 11 de junio de 2019)
En la especie, la accionante contaba con 53 años al momento del hecho, es de sexo femenino, empleada, con dos hijos y de la condición socio económica que surge de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda, a las que cabe remitirse
La correlación de las antedichas circunstancias personales, con la especie de minoración psicofísica sufrida (que ya he analizado) me lleva a considerar que el monto justipreciado en el pronunciamiento recurrido no se perfila elevado, por lo que promoveré su confirmación.
La apelante también se disconforma con el importe de $210.000 fallado para el reclamo en concepto de daño moral.
El reclamo del daño moral, desde mi óptica, gira en torno a la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo. Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial, sufrido por la víctima a raíz del evento dañoso (arg. artículo 1078 del Código Civil, su doc.).
Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades frustradas, por lógica a raíz de la lesión, que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona antes de padecer el accidente; atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, su doc).
En lo atinente a su prueba es evidente que no se requiere una demostración acabada; debiéndoselo tener por acreditado con la sola acción antijurídica, atento constituir un daño in re ipsa.
Como correlato de ello es una carga del responsable de aquel, la demostración cabal de la existencia de circunstancias que excluyan su procedencia (arg. artículo 1078 y concordantes del Código Civil, 375 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 39.597, 46.960, 59.834, entre muchos precedentes análogos).
Ahora bien el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria y no existe razón jurídica que imponga una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico-psíquico-estético.
Tal solución obedece a la evidente disímil teleología que tiene cada uno de estos rubros. (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, Cám. civ. y com. Departamental, mis votos en Sala II, causas 49.945, 53.694, entre muchos precedentes análogos).
En la especie a partir de la consideración de las condiciones personales de la víctima, y especialmente las condiciones del hecho dañoso y sus consecuencias, sumadas a las repercusiones psicofísicas que le han quedado instaladas, entiendo que el monto fijado es excesivo y por ello promoveré su reducción al de $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) .
También objeta la recurrente los $5.000 fijados en concepto de gastos médicos, farmacéuticos y de traslado.
Abordando el tema, debo señalar que es incuestionable que tales erogaciones constituyen un daño patrimonial indirecto, por cuanto representan un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos.
Circunstancia ésta que no resulta desvirtuada por la mera circunstancia de que la víctima tenga obra social. Porque aquellas, es un auténtico hecho notorio, no cubren la totalidad de los gastos (conf. mi voto en Sala II, causa 5847 entre muchas otras;)
Empero la tesis expuesta no conlleva una abrogación, lisa y llana, de la exigencia acreditativa que impone el artículo 375 del Código Procesal. Aunque, claro está, que la ponderación de la satisfacción de tal carga procesal adopta una particular fisonomía, atento las particularidades que caracterizan a esta especie de erogaciones.
Como usualmente se trata de desembolsos de escaso monto; de los que no se tiene el comprobante o los recibos o instrumentos funcionalmente análogos que permitan apreciar su existencia de un modo pleno, lo determinante es que las erogaciones guarden concordancia-una suerte de relación de necesariedad- con los padecimientos sufridos por la víctima (arg. artículos 499, 506, 511 y concordantes del Código Civil; mi voto, Sala II, causa 41.262, entre otras).
Ahora bien acreditadas como vienen las lesiones sufridas y la atención médica, el monto fijado no se perfila en modo alguno excesivo y por ello promoveré su confirmación.
Debo proseguir, ahora, con el tratamiento de las quejas vinculadas con los gastos de tratamiento.
Aquí la quejosa deja totalmente irrebatidas las consideraciones que formula la Sra. Jueza de Grado para acoger el rubro y dimensionarlo económicamente (la magistrada se apoya en la pericial y en las máximas de la experiencia para determinar el costo de la sesión a la fecha del fallo), trayendo solamente objeciones genéricas y harto sintéticas.
Por ello, su recurso deviene -en el punto- desierto (art. 260 del CPCC).
Dejando atrás los montos de condena y en cuanto a los intereses, el fallo los fija a la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta el momento de la sentencia, señalando que de allí en mas se calcularán a la tasa pasiva mas alta de la banca provincial; salvo en lo que hace a los tratamientos futuros, donde adopta un temperamento algo diverso, dada la fecha a la que se cuantifica el resarcimiento.
La apelante cuestiona la tasa de interés fijada, sin advertir que la misma se ajusta a lo decidido por la SCBA en "Vera" y "Nidera" y reiterado con el dictado de la sentencia en la causa C. 123.090, "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" (fallo del 18 de Septiembre de 2020).
Es que en ningún momento el fallo está disponiendo la aplicación de la tasa pasiva digital, o siquiera de la tasa pasiva, desde el momento del hecho.
Por lo demás, y en cuanto al inicio del cómputo, la apelante pretende que se los calcule desde la notificación de la demanda por tratarse de responsabilidad contractual.
Desde esta Sala hemos señalado que los intereses se deben desde que el perjuicio se produce.
Y que, aun tratándose de responsabilidad contractual y aun cuando en general pudiera ser necesaria la interpelación para la constitución en mora, cuando el cumplimiento de la obligación ya no resulta factible el deudor queda por ello constituido en mora; de esta manera, en casos como el presente (cuando a consecuencia del incumplimiento la víctima ha sufrido daños en su integridad psicofísica) ha entendido la jurisprudencia que al existir imposibilidad de cumplimiento no sería adecuado supeditar la responsabilidad del deudor a una exigencia que se ha tornado estéril por obra del mismo.
Esta Sala en la causa 38393, R.S. 200/98, con voto de los Dres. Suares y Calosso ha seguido idéntico temperamento mandando a abonar intereses desde el momento que aconteciera el hecho que hace nacer la responsabilidad de los demandados y así se lo ha decidido en pronunciamientos posteriores (causa nro. 39421 R.S. 198/04, entre otras).
En consecuencia, las quejas -en el punto- no prosperan.
Finalmente, la quejosa dice agraviarse de la imposición de costas, pero no trae absolutamente ningún argumento para avalar su protesta, con lo cual el recurso aquí también es insuficiente (art. 260 del CPCC).
Luego, y por todo lo expuesto, si mi propuesta es compartida se deberá modificar el fallo únicamente en lo referente al monto que fija por daño moral, el que se reducirá a la suma de $150.000 (ciento cincuenta mil pesos), confirmándolo en lo demás que decide y ha sido materia de agravio
Las costas de Alzada deberán imponerse en un 10% a la actora y en un 90% a la citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente, a la cuestión planteada voto
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo.
En lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.