Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 9263
Causa N º MO-9263-2017 R.S.:21/2021
Con fecha 09 de Febrero de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: SERVIDAN CELESTE ABIGAIL C/ FORT MARIA DEL CARMEN Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) , Causa N º MO-9263-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro, 4 Departamental, con fecha 16 de Julio de 2020 dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora, la demandada y la citada en garantía, el recurso se les concede libremente a todas ellas y el expediente es elevado a la Cámara.
Una vez en esta Alzada, la actora funda su recurso con la expresión de agravios de fecha 21 de Agosto de 2020, que no ha sido replicada.
La demandada lo hace con el escrito de fecha 31 de Agosto de 2020 (a las 8.00hs.), que es contestado con el de fecha 7 de Septiembre de 2020, a las 14.27hs.
La citada en garantía expresa sus agravios con la presentación de la misma fecha, pero a las 9:20hs., respondida con el escrito de fecha 7 de Septiembre de 2020, a las 14.30hs.
Veamos el contenido de las quejas.
La actora llega a esta segunda instancia cuestionando la suma fijada en concepto de incapacidad psicofísica, también de la establecida para resarcir el daño moral y de la tasa de interés.
La demandada, a su turno, ataca la atribución de responsabilidad, para luego objetar la suma fijada para resarcir la incapacidad.
Finalmente, tenemos que la citada en garantía objeta lo referente al daño psíquico (pidiendo su rechazo) y al daño moral.
A los términos de cada una de estas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
2. Planteadas como vienen las cuestiones, debo indicar -antes que nada- que desde mi punto de vista todas las expresiones de agravios contienen crítica suficiente como para abrir la instancia revisora; en algunos casos, sortean de manera ajustada la valla del art. 260 del CPCC, pero -con el criterio elástico que debe emplezarse al efecto- aun así podemos tener por satisfechas esas exigencias.
Dicho esto, comienzo abordando la cuestión de la responsabilidad.
Nos hallamos ante un caso en el cual colisionaron un automotor con una motocicleta.
El Sr. Juez de Grado, correctamente, aplica la normativa vigente; dada la fecha del hecho,
En tal sentido, el art. 1769 del CCyCN indica que " los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos ".-
Con lo cual, devienen de aplicación las pautas de los arts. 1757 y siguientes.-
En virtud del primero " toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención ".-
La responsabilidad se coloca, concurrentemente, sobre el dueño y el guardián (art. 1758) indicando que " se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta ".
Ahora, cuando la responsabilidad es objetiva, debemos abrevar en el art. 1722: " el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario ".
Coincidentemente, y cuando se hubiera alegado la conducta de la propia víctima como eximente legal, debemos acudir al art. 1729 que ya no habla -como regla- de "culpa" de la víctima, sino de "hecho del damnificado".-
El artículo indica que " la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial ".-
El círculo termina de cerrarse con la regla del art. 1734 del mismo estatuto legal: la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega.-
Así, y desde mi punto de vista, el mecanismo de juzgamiento no ha variado, en sustancia, del existente en el régimen del anterior: siguen pesando sobre las partes las mismas cargas de afirmación y demostración, y siguen siendo de utilización -para nosotros- iguales pautas de juzgamiento.
Ahora, y pasando al caso, vemos que los agravios de la demandada se centran, únicamente, en la parcela del fallo que habla del reconocimiento efectuado en el acta preventora policial, como así también en lo atinente al croquis ilustrativo.
Y, en base a ello, reclama que se rechace la demanda.
Ahora bien, sucede que - aun si diéramos razón a la quejosa - lo cierto es que para lograr el ansiado rechazo, en tanto el acaecimiento del hecho llega reconocido, ella debió demostrar el hecho de la víctima con suficiente virtualidad para seccionar, total o parcialmente, el nexo causal.
Pero, en sus agravios, no existe una sola mención a elementos de prueba (objetivos) que avalen la versión de los hechos que brindó en su responde.
Así, reconocido como llega el acaecimiento del hecho, aplicándose las reglas de la responsabilidad objetiva y dado que era la accionada quien debía demostrar la eximente (art. 1734 citado), si no lo logra, la demanda irremediablemente la demanda prosperará.
Siendo ello lo que sucede en el caso pues, aun si le diéramos razón a la quejosa y prescindiéramos de las pruebas y elementos de convicción que objeta, no obstante ello seguiría sin quedar acreditada la versión que ella misma aportó al venir al proceso.
Luego, y por tales razones, el planteo que apunta al rechazo de la demanda no ha de prosperar.
Debo proseguir, ahora, con el abordaje de las quejas vinculadas con las partidas resarcitorias.
Los apelantes, con diversos enfoques y perspectiva, se quejan de lo decidido en cuanto al daño psicofísico.
En base a las razones que expone, el Sr. Juez de Grado tarifó el resarcimiento para esta partida en la suma de $340.000.
Es tiempo de señalar que, a partir del análisis de lo normado por los artículos 1737, 1738 y 1740 del Código Civil y Comercial puede sostenerse que la indemnización por incapacidad sobreviniente encuentra su justificación en la afectación de la persona y que su teleología es la de enjugar la repercusión disvaliosa, que aquella provoca, en la integridad personal y en la salud psicofísica de la víctima.
A esta altura, y de acuerdo a la índole de los planteos traídos, conviene enfatizar que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales médicos, cuya valoración no escapa a las reglas de la sana crítica, se encuentra inescindiblemente asociada a que sus conclusiones exhiban consistencia con los antecedentes que den cuenta de la atención médica recibida. En especial, aquellos producidos con inmediatez a la ocurrencia del ilícito (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 1726 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otros.)
En ese orden de ideas -como fue puesto de relieve en el fallo- la atención inicial no menciona, para nada, una problemática lumbar o un esguince de tobillo. Ello aparece casi un mes después.
En ese sentido la referida ausencia de toda mención a ella en el abordaje médico primario, constituye una circunstancia con particular incidencia negativa en la demostración de la insoslayable relación de causalidad (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; arg. artículos 1726, 1727 y concordantes del Código Civil y Comercial).
No es, a mi modo de ver, razonable considerar que la actora hubiera sufrido problemáticas de diverso tipo, y solo haya sido atendida por alguna de ellas.
Especialmente si, como esta visto, una de ellas implica un problema para la deambulación (esguince de tobillo).
Por lo demás, la policontusión no es -a mi juicio- un término que luego permita incorporar lesiones de entidad y que, por tales, merecerían una mención autónoma en la atención inicial.
Lo mismo sucede, desde mi óptica, con la problemática lumbrar: se la refiere un mes después y no están claras las razones por las que debería considerársela causalmente vinculada con el hecho de autos.
Es por ello que coincido con el Sr. Juez de Grado en su apreciación de la prueba pericial, apreciación que lejos está de resultar arbitraria o infundada; de hecho, las discrepancias del quejoso implican mas que nada
De este modo, y por las razones ya dadas, comulgo con el temperamento del Sr. Juez de Grado al detraer parte de la incapacidad y considerar solo la atinente a la fractura de muñeca, inicialmente diagnosticada (6%).
A su turno la perito psicológa Botbol dictamina que el actor presenta un daño psicológico causalmente vinculado al hecho (depresión reactiva) mencionando una incapacidad del 10% en concepto de daño psíquico (ver su presentación de fecha 7 de noviembre de 2018).
El dictamen está fundado, emana de profesional competente, se apoya en estudios complementarios y no existe ni prueba (objetiva) que lo contradiga, ni tampoco existen razones para apartarnos del mismo (arts. 384 y 474 del CPCC).
La demandada y citada en garantía traen algunas objeciones a su respecto, pero configuran mas bien una discrepancia subjetiva de criterio antes que el aporte de razones (objetivas) que nos lleven a desatender la opinión pericial.
Conviene recordar que el daño psicológico está representado por las alteraciones, experimentadas en la personalidad de la víctima, usualmente exteriorizadas en diversa sintomatología tales como depresiones, fobias o cualquier otra afectación que dificulta la interacción de la persona en su medio social; resultando requisito indispensable para su configuración el carácter irreversible de las secuelas de tal orden (conf., mi voto en Sala II, causa 33.976, entre varios otros).
Su resarcimiento, por otra parte, encuentra expreso reconocimiento normativo en el artículo 1738 del Código Civil y Comercial, que contempla como indemnizable la vulneración antijurídica de la salud psíquica.
En mérito de su ontológica configuración, es de principio, que la determinación de la existencia del menoscabo psicológico requiere –inexorablemente- la aplicación de los criterios y técnicas científicamente idóneos para ello (arg. artículos 457 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Y es justamente ello lo que aquí sucede.
Ahora bien, ya adentrándome en las lides de la cuantificación dineraria de la incapacidad sobreviniente, se hace imperioso recordar que el valor resarcible es precisamente la referida integridad físico-psíquica genéricamente considerada.
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de abstractos e impersonales cálculos actuariales, efectuados en base a criterios de “ganancia futura frustrada” y “aptitud productiva”.
Es menester enfatizar que si bien es cierto que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial alude al empleo de un método matemático-actuarial de evaluación, también lo es, que en modo alguno de ello puede colegirse que el resultado dinerario que arroje aquel es de imperativo acatamiento para el juez.
Tengo para mí que los Codificadores sólo han establecido en el precitado artículo 1746 una serie de pautas orientativas, una suerte de parámetros referenciales; a los que el Juzgador debe ponderar dentro del universo de variables específicas y particulares, personales, sociales y económicas, a cuya consideración no puede renunciar.
En este sentido bien nos dice precisamente uno de los autores de la Reforma, parafraseando la consolidada doctrina elaborada en el tópico por la Corte Suprema de Justicia, que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino “que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial” (conf. Lorenzetti, Ricardo L., “Código Civil y Comercial….”, Tomo VIII, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 2015 pgs. 527 y ss.; en el mismo sentido ver Galdós, Jorge M, “Cuatro reglas sobre la cuantificación…”, RCyS 2016-XII; conf. mi voto en la Sala III, causa 29.793, entre otros)
En consecuencia consideraré el resultado de la operatoria aritmética efectuada en la sentencia recurrida; pero sólo como un elemento más a ponderar entre una multiplicidad de variables, en especial las referidas a la edad, el sexo , la actividad, la magnitud de la minusvalía sufrida en concreto y en especial conexión con todas las peculiaridades del sujeto damnificado.
En la especie la actora tenía 20 años de edad a momento del accidente, convivía con sus padres y trabajaba como empleada, sus condiciones socio económicas surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos, conforme lo referido en el fallo, y que nadie cuestiona (art. 260 del CPCC).
La correlación de las lesiones físicas y psíquicas sufridas, enmarcadas en el contexto vital descripto, me convencen de que el importe fijado es algo reducido y, por ello, promoveré su elevación a la suma de $450.000 (cuatroscientos cincuenta mil pesos) (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal).
Debo ahora, analizar, el importe fijado para el reclamo en concepto de daño moral.
En novel artículo 1741 del Código Civil y Comercial consagra el derecho a reclamar por las consecuencias no patrimoniales, experimentadas a raíz de los hechos ilícitos.
Concretamente la norma contempla el derecho a ser resarcido, por la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo, fruto del evento dañoso.
Por otra parte el daño extrapatrimonial se produce “in re ipsa”, no requiere prueba. Por lo que va de suyo que si el sujeto pasivo del reclamo anhela neutralizar su resarcimiento, tiene la carga de demostrar cabalmente la existencia de una situación objetiva que lo excluya. (arg. cit. artículo 1741 del Código Civil y Comercial, su doc. y artículo 375 del Código Procesal).
En lo atinente a su cuantificación -que no tiene porque guardar proporcionalidad con los perjuicios materiales- si bien el Legislador reconoce que ella queda sujeta al arbitrio judicial, indica al sentenciante una pauta de valoración, volcada en la siguiente premisa: "el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas".
Desde la perspectiva expuesta, para fijar su cuantía habré de valorar los padecimientos físicos en causalidad adecuada con el accidente (incluída una fractura, con el lógico dolor que genera) y la patología de índole psicológica ya mencionada. En consecuencia aprecio atendible la queja planteada por la actora y, por ende, propicio, la elevación de la suma fijada a la de $ 200.000 (arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal)
Seguidamente examinaré el agravio atinente a la tasa de interés.
A partir del voto emitido en la causa 68.355 de la Sala I de esta Excma. Cámara civil y Comercial, la apreciación de la actual realidad económica bajo el prisma del derecho constitucional a la reparación integral, me convencieron acerca de la pertinencia de aplicar la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Dicho temperamento fue adoptado en consonancia con la doctrina acuñada en el tópico por la Suprema Corte de Justicia provincial (causa “Cabrera”, el 15 de junio de 2016, C. 119.176).
Empero la actual configuración del escenario económico me ha llevado a evaluar la razonabilidad de las soluciones propiciadas en los términos aludidos.
En efecto y como lo he señalado desde la causa 41.260 de esta Sala II si la cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostentan el carácter de obligación de valor, se efectúa a importes actuales la aplicación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del acto ilícito, torna irrazonable el monto que se justiprecia. Duplicando, o incluso triplicando en muchos casos el monto de condena; al punto que los accesorios superan en demasía el importe del capital.
Ello obedece esencialmente al hecho de que la tasa pasiva bancaria contiene componentes, tales como la consideración de la pérdida del valor adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario, los gastos operativos, y las exigencias del encaje bancario (ver, en este sentido, el voto del Ministro Soria en la causa SCBA, B. 63.460).
Vengo sosteniendo que la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito; y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.; mis votos, Sala II, causa 55546, Sala III, causa 41.190 entre muchos otros).
Así las cosas si la teleología de los intereses moratorios no es otra que resarcir la privación del uso del capital de condena, fijado a valores actuales, aplicar la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho ilícito equivale a conceder un plus resarcitorio-una suerte de “sobre indemnización”- que a la postre no es otra cosa que consagrar una solución que colisiona con el principio de razonabilidad económica.
La realización del derecho a la reparación integral, de raigambre constitucional, debe lograrse por medios legítimos, adecuados y proporcionales; de modo que aquella no puede ser fruto de meros cálculos aritméticos, desvinculados de la realidad económica en la que se inserta su ejercicio (arg. artículos 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional; conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 313:896; 327:508, entre otros).
Asimismo debe resaltarse que el Superior provincial, en la causa C 123.090, ha establecido la pertinencia de fijar un interés puro del 6 % desde la fecha del hecho y hasta la fecha de la estimación de los daños; momento a partir del cual deberán liquidarse los accesorios según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a plazo fijo a 30 días
Por otra parte la so
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