Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 44225
Causa Nº MO-44225-2016 R.S.:102/2021
Con fecha 08 de Abril de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ BAEZ ROMERO ILDA CONCEPCION C/ ARANDA ALDO RUBEN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-44225-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental dictó sentencia rechazando la demanda interpuesta respecto de la citada como tercera a la Sra. Caballero en los términos del art. 94 del C.P.C.C. y de la aseguradora Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A.. Asimismo, hizo lugar a la demanda interpuesta por Baez Romero contra EMPRESA LINEA 216 S.A.T., condenando a éste último a pagar a la actora la suma total de $605.000, con más los intereses calculados en el considerando sexto de la aludida resolución. Hizo extensiva la condena a ESCUDO SEGUROS S.A. e impuso las costas a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la parte actora como la demandada y citada en garantía interponiendo recurso de apelación; los mismos fueron concedidos libremente y se fundaron con las expresiones de agravios del 9 y 14 de diciembre de 2020 replicadas con los escritos presentados los días 23 y 29 de aquel mismo mes y año.-
3. El día 11 de febrero de 2021, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientras que la demandada y citada en garantía se agravian de la atribución de responsabilidad que cae sobre la primera y -en caso de no hacer lugar al reclamo- también atacan los montos otorgados para los rubros indemnizatorios , la parte actora lo hace en relación a esto último pero, claro está, pretende su elevación. Por otra parte la actora se queja de la tasa de interés aplicada en autos.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
En primer lugar me ocuparé de los agravios relacionados con la responsabilidad del evento dañoso para luego, si corresponde, seguir con los restantes.
A) La responsabilidad.
Antes que nada debemos señalar que el caso debe juzgarse a la luz de las nuevas previsiones del CCyCN. compartiendo el criterio expuesto por la jueza de grado.-
Allí se determina la responsabilidad del transportista.-
Reza el artículo que "la responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes...".-
Al respecto, la doctrina nos dice que se establece una responsabilidad objetiva para la eventual responsabilidad por incumplimiento del transportador. La norma remite a los artículos 1757 y siguientes, o sea, a las normas sobre la responsabilidad civil derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades.-
Cabe mencionar, además, que el régimen jurídico aplicable al transporte de personas se integra con las reglamentaciones y los marcos regulatorios y las normas de defensa de la competencia, lealtad comercial y defensa del consumidor, y particularmente con el artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994.(CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO, LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), Ed. Rubinzal-Culzoni -2015 Tomo VII pags.23 y sig).-
De este modo, se presenta una dimensión constitucional del contrato de transporte de pasajeros, particularmente en lo que concierne a la seguridad personal de éstos. En ese marco se ubican los importantísimos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia: "Ledesma" (Fallos: 331:819); "Uriarte Martínez" (Fallos: 333:203); "Montaña" (3-5-2012) y "Maules" (del 11-12- 2014).-
Sigue diciendo la doctrina evocada que, regresando a los principios, "es preciso señalar que de la norma surgen las siguientes pautas: a) La responsabilidad por daños a las personas transportadas se rige por los principios de responsabilidad por el hecho de las cosas y actividades riesgosas...".-
De estas consideraciones queda por precisar que en la responsabilidad por daños a las personas transportadas, no son eximentes: a) La autorización administrativa (que tiene relevancia en materia de transporte); b) El cumplimiento de las técnicas de prevención (que también es sumamente importante en la organización de transporte).-
Ahora bien, si se considera que el factor de atribución es objetivo, porque así lo establece el artículo 1757, ello implica que sólo se libera demostrando causa ajena, que no sea ninguna de las dos que están prohibidas como eximentes por el propio artículo 1757.-
Las demás situaciones que configuren "causa ajena" pueden actuar como eximentes, siempre que (además) reúnan los requisitos de cada una de estas situaciones que liberan o pueden liberar de responsabilidad (hecho del tercero, hecho de la víctima, caso fortuito).-
Ligado a ello, el art. 1291 es muy claro en su redacción.-
El mismo refiere que por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por los siniestros que afecten a la persona del pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas.-
Aquí es necesario deslindar el alcance de la norma.-
En primer término hace responsable al transportista por el daño en la persona del pasajero, complementando la norma general que establecía por cuáles reglas se rige la responsabilidad del transportista en casos de daños al pasajero.-
Aquí se lo considera responsable. En la general se indica el sistema de responsabilidad aplicable. Son normas complementarias.-
De manera tal que el transportista responde sin más si el pasajero resulta dañado o sus cosas. Claro está que en base a los principios, pautas y eximentes de los artículos 1757 y siguientes (CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO, cit., Tomo VII pags.23 y sig).-
Concatenado todo ello podemos decir que el transportista asume una obligación fundamental de resultado; el desplazamiento o conducción del pasajero sano y salvo hasta el lugar de destino. La mentada obligación no expira con el cumplimiento del traslado del viajero sino también asume una obligación de seguridad y de vigilancia para que no sufra su integridad personal. Sin lugar a dudas estamos frente a una relación contractual (pasajero-empresa) y la ejecución debe de efectuarse de acuerdo a lo convenido, conduciéndose al pasajero al lugar de destino, por la ruta y en el tiempo establecido o el que resulte de las reglamentaciones.-
Ahora bien, en el contexto descripto es claro que incumbía a la actora dejar suficientemente demostrada la existencia del hecho en sí, como así también su vinculación (nexo causal) con los daños en virtud de los cuales viene a reclamar, con esto levantaría su carga -y en caso de no lograr acreditar alguno de estos extremos se diluiría la responsabilidad del transportador-; luego, si el actor probaba los extremos a su cargo, incumbiría a la demandada la alegación -y demostración- de alguno de los eximentes legales ya descriptos.-
Ante este cuadro de situación, debemos acudir al plexo probatorio, dejando en claro -para ello- que "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente" (SCBA, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; SCJBA Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolás") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse, conforme las reglas de la sana crítica, las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa.-
Sentado ello, es tiempo de volver a los escritos fundacionales del litigio.-
La actora, en su demanda, relata que el día 27 de mayo de 2016, siendo aproximadamente las 13:04 hs, viajaba a bordo del colectivo de la Empresa de Transporte 216, Linea 269, Interno 313 por la calle Sarmiento de la localidad de Castelar - Partido de Morón, con sentido de Morón hacia Castelar. Lo hacia de pie porque los asientos se encontraban ocupados. Sostiene que el colectivo realizó una brusca, violenta e imprevista frenada al llegar a la intersección con la calle Rojas y producto de ello, todos los pasajeros que se encontraban de pie cayeron sobre el pasillo de la unidad, asi como también aquellos que se encontraban sentados fueron desplazados de sus asientos o golpeados con pasajeros que cayeron encima de los mismos.
La señora Baez Romero cayó sobre el piso de la unidad, soportando también sobre su cuerpo el de otros pasajeros que viajaban a pie y que también cayeron por la violenta frenada.
Por su parte la demandada reconoce el siniestro pero los acontecimientos se suscitaron de diferente manera.
Relata que aquel día habiendo arribado a la intersección con la calle Rojas y encontrándose expedito el transito, el Sr. Aranda inicia marcha en su cruce, y cuando promediaba el mismo, es embestido en la parte lateral media derecha del bus por el rodado Renault Clio Dominio HMM-999, que en alocado tránsito por la calle Rojas hizo su tardío ingreso a la intersección y que su conductora asumió la condición de embistente, con la presunción jurisprudencial de culpabilidad que ella importa.
Invoca la culpa exclusiva del conductor del rodado Renault Clio en la producción del siniestro.
La sentencia recepta la tesis de la actora, lo que agravia a la demandada y citada en garantía apelantes quien manifiesta que la a quo no valoró la prueba adecuadamente.-
Entonces, procederemos al análisis del plexo probatorio arrimadas a estos obrados.
Así, tengo a la vista la causa penal N°10-00-021978-16/00, de la que extraigo que en su inicio la actora relata el hecho génesis de autos diciendo en aquella oportunidad que el colectivo choco.
Siguiendo el recorrido de la misma, encontramos el testimonio del Sr. Montes, quien el día del hecho viajaba en el colectivo 269 interno 313 con dirección a Morón relatando que el colectivo al llegar a las arterias Sarmiento y Rojas, frena de golpe, cayéndose la gente que venia parada al suelo. Dice que al detener la marcha, la gente comenzó a levantarse, escuchando que una señora que se había caído se quejaba del dolor en las rodillas, cintura y muñecas.
Por su parte el Señor Sigot -quien también fue pasajero del ómnibus- nos dice que al llegar a la intersección de las arterias Sarmiento y Rojas de Castelar, el colectivo por razones que desconoce frena de golpe, cayéndose el dicente y la gente que venia parada al suelo. Expone que al detener la marcha, la gente comenzó a levantarse, escuchando que una señora que se había caído, se quejaba del dolor.
Por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden, los testigos son coincidentes en cuanto a la producción del evento dañoso, la cantidad de gente que venía en el colectivo y no hay en la causa ninguna prueba (objetiva) que demuestre lo contrario.
Concretamente: contamos con dos declaraciones testimoniales, coincidentes, que nos hablan de la existencia de un hecho,
Por otra parte la contraria hizo el esfuerzo para contradecir aquellos elementos de convicción objetivos, trayendo a la tercero citada la cual se encuentra rebelde.
La propia actora en su declaración en sede penal nos habla de un choque el cual se produjo entre el automóvil conducido por la tercero y el colectivo de la demandada.
También tenemos la pericia mecánica obrante en autos que refiere que la denominada Calle Sarmiento es una arteria principal, si se acepta esta denominación, en relación a la densidad vehicular respecto a las arterias secundarias como la arteria Rojas.
Es de señalar que la arteria Sarmiento presenta un carril por mano con alta densidad de tránsito incluyendo líneas de transporte público. Zona plenamente urbanizada.
Rojas es de mano única y de regular densidad de tránsito.
Ello es conteste con el informe de la Municipalidad de Morón cuando refiere que la calle Presidente Domingo Faustino Sarmiento posee según usos y costumbres, calidad de avenida. Con doble sentido de circulación (EO-OE) con 9,00 m. en su ancho total de calzada. La calle Rojas (con tal condición) poseé sentido único de circulación SN, Con 6,00 m. en su ancho total de calzada.-
La Sra. Caballero, que circulaba por la calle Rojas denuncia en su seguro que "la asegurada circulaba por la calle Rojas y al llegar a la intersección con la calle Sarmiento, frena pero como la calle estaba mojada porque llovía, impacta contra el colectivo, rayando el lateral del mismo".-
Así la demandada y citada en garantía sostiene que mas allá de que la sra. Caballero circulaba por la derecha, el colectivo transitaba por una calle de mayor jerarquía.
Concatenando todas estas pruebas que aporta la causa, debo señalar que el hecho que el colectivo transitara por una calle de mayor jerarquia, ello no destruye la prioridad de paso que tenia el automóvil de la Sra. Caballero dado que esta accedía a la encrucijada desde la derecha (art. 41 ley 24449 de aplicación en la Pcia de Bs.as. por lo dispuesto por la ley 13927).-
Sabemos que en los casos de excepción no se encuentran las avenidas , tesis que -con algunas discrepancias- ha sostenido la casación local (SCBA C 122276 fallo del 05/06/2019, "Salomón, Lucas Roberto c/ Tolosa, Horacio Saúl s/ Daños y perjuicios", trayendo a colación incluso la doctrina sentada en las causas C. 118.128, "Rearte", sentencia de 8-IV-2015; C. 120.890, "Canales", sentencia de 18-IV-2018 y C. 121.006, "Flamenco", sentencia de 30-V-2018) (esta sala en causa MO-19185-2011 R.S. 7/2020).-
Por todo ello, tengo que el 27 de mayo de 2016, cerca de las 13.00 hs, ocurrió un accidente de transito en la intersección de las calles Presidente Domingo Faustino Sarmiento y Rojas.
Que la Sra. Caballero circulaba por la derecha e, independientemente de que la calle Sarmiento es de mayor jerarquía, ella tenia la prioridad de paso (arg. art. 41 ley de transito nacional).
Que a raíz de ello el colectivo frenó bruscamente provocando que los pasajeros que estaban parados cayeran al piso uno encima del otro ocasionando las lesiones descriptas en autos y que más adelante se detallan (ver pericia médica del 5/8/19)
En ese marco ha dicho la Corte Suprema que la interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene causa en el contrato de transporte de pasajeros, debe ser efectuada con sustento en el derecho a la seguridad previsto constitucionalmente para los consumidores y usuarios y que la incorporación del vocablo seguridad en la Carta Magna, es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderoso o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos (Corte Sup., 3/5/2012, “Montaña, Jorge L. v. Trasportes Metropolitanos General San Martín”, SJA 2012/11/21-25).-
Se reiteraban, así, conceptos que la Corte venía expresando con anterioridad en diversos precedentes.-
Entre ellos, me parece relevante destacar lo resuelto en “Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A.”, fallo del 22/04/2008 (Fallos 331:819), que si bien no es un caso similar al que estamos tratando en autos, expone claramente la responsabilidad del transportista.
Allí se señalaba:
“5º) Que la sentencia impugnada sostiene que hay un deber de seguridad a cargo del prestador del servicio quien debe llevar al pasajero sano y salvo a destino (art. 184 Código de Comercio), y luego lo exime invocando culpa de la pasajera por introducir el pie en el hueco que había entre el vagón y el andén. Este razonamiento revela un defecto grave de fundamentación que obliga a calificar como arbitraria a la sentencia en recurso.
6. Que el razonamiento judicial debe partir de la ponderación de los valores constitucionales, que constituyen una guía fundamental para solucionar conflictos de fuentes, de normas, o de interpretación de la ley como los invocados por la recurrente. En el presente caso, se trata de la seguridad, entendida como un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de las personas. La incorporación de este vocablo en el art. 42 de la Constitución Nacional, es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos.
La interpretación de extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros integrada con lo dispuesto por el art. 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios.
7. Que los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial.
Un comerciante exigiría a un colega una serie de pruebas y de información para celebrar un contrato de transporte de mercaderías valiosas, y si no lo hace, no podrá invocar su propia torpeza. En cambio, el usuario de un servicio de subterráneos, que sale del vagón rodeado de gente, sin poder ver siquiera el piso, apretujado y empujado hacia la salida, no puede desempeñar el mismo estándar de diligencia. Sería contrario a las costumbres y hasta absurdo que antes de subir exigiera información sobre las medidas de seguridad que tiene el vagón, o en los momentos previos al descenso interrogara al guarda, que tampoco suele estar presente, sobre los riesgos que existen en ese acto.
El ciudadano común que accede a un vagón de subterráneos tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Ello es así porque la prestación de servicios masivos presenta un grado de complejidad y anonimato que resultan abrumadores para quienes los reciben. El funcionamiento regular, el respaldo de las marcas y del Estado es lo que genera una apariencia jurídica que simplifican y los hacen posible. Las pruebas que realiza el consumidor para verificar la seriedad creada y representada por el derecho. El fortalecimiento de la apariencia jurídica y de la confianza son esenciales para estos sistemas, que no podrían subsistir tanto si se negara protección jurídica a las marcas, como si se exigiera que el consum
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