Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 34139
Causa Nº MO-34139-2017 R.S.: 112/2021
Con fecha 13 de Abril de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ M. S. Y OTRO/A C/ S. N. H. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-34139-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental, con fecha 1 de Septiembre de 2020 dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Dicha sentencia fue apelada por la actora y también por la demandada y citada en garantía.
Sus recursos fueron concedidos libremente.
El recurso de la actora fue fundado con la expresión de agravios de fecha 2 de Octubre de 2020, que no mereció réplica.
El de la demandada y citada en garantía con la expresión de agravios de fecha 29 de Septiembre de 2020, que fue contestada con el escrito de fecha 26 de Octubre de 2020.
La actora se queja de las sumas fijadas para resarcir el rubro daño psicológico, respecto de todos los actores; así también el establecido en concepto de valor vida, y el daño moral, para la madre y hermanos del difundo. También objeta la tasa de interés fijada.
La demandada y citada en garantía, mientras tanto, comienzan atacando la atribución de responsabilidad, reclamando el rechazo de la demanda por entender configurada la eximente de responsabilidad consistente en la responsabilidad de la propia víctima. También objetan los montos fijados e, igualmente, que la condena no sea extendida en la medida del seguro.
A los términos de sendas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Cumplidos los trámites de rigor, se llamaron "AUTOS PARA SENTENCIA" , firme tal providencia se sorteó el orden de estudio y votación, quedando el expediente en condiciones de ser resuelto.
2. Reseñada así la cuestión, y en tanto ambas expresiones de agravios, en líneas generales, cumplen las exigencias del art. 260 del CPCC, he de ingresar al análisis del fondo de la cuestión.
Y, ciertamente, debo hacerlo tratando lo atinente a la atribución de responsabilidad.
Nos hallamos frente a una colisión de un automotor con una motocicleta, en la cual el tripulante de esta última perdió la vida.
A estar de la aseguradora recurrente, el accidente sería responsabilidad de la propia víctima y por ello reclama el rechazo de la demanda.
Abordando el tema, debo decir que dada la fecha del accidente (mayo de 2017), y de acuerdo con las previsiones de su art. 7, el caso debe juzgarse a la luz de las previsiones del CCyCN.
En tal sentido, el art. 1769 del CCyCN indica que " los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos ".
Con lo cual, devienen de aplicación las pautas de los arts. 1757 y siguientes.
En virtud del primero " toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención ".-
La responsabilidad se coloca, concurrentemente, sobre el dueño y el guardián (art. 1758) indicando que " se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta ".-
Ahora, cuando la responsabilidad es objetiva, debemos abrevar en el art. 1722: " el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario ".-
Coincidentemente, y cuando se hubiera alegado la conducta de la propia víctima como eximente legal, debemos acudir al art. 1729 que ya no habla -como regla- de "culpa" de la víctima, sino de "hecho del damnificado".-
El artículo indica que " la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial ".-
El círculo termina de cerrarse con la regla del art. 1734 del mismo estatuto legal: la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega.-
Así, y desde mi punto de vista, el mecanismo de juzgamiento no ha variado, en sustancia, del existente en el régimen del anterior: siguen pesando sobre las partes las mismas cargas de afirmación y demostración, y siguen siendo de utilización -para nosotros- iguales pautas de juzgamiento.-
Al respecto, en vigencia del régimen anterior se ha venido señalando que:
" un automóvil constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs. As 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones",t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974: en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113), circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la exención de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113 2do párrafo cit), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art.1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (art. 513 y 514 del Código Civil).-
Viene al caso referir que esta Sala tiene dicho en las causas nro. 26.963, R.S. 139/91; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras que: "...Cuando el artículo 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743 del 14/10/86; D. J. B. A. T. 132-1.987, ejemplar n ° 10.229 del 24/4/87).-
Asimismo, la circunstancia que el accidente fuera protagonizado por dos vehículos en movimiento, de manera alguna puede destruir de vigencia la presunción de responsabilidad que el art. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián que con su vehículo ha provocado los daños cuyo resarcimiento es motivo de reclamo.-
Es decir, los accionantes sólo están obligados a demostrar el accidente, el contacto material de la cosa conducida por su parte con la otra y la existencia de daños (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.744, D. J. J. oct. 1.988). Por el contrario, corre por cuenta del demandado, acreditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por el que no deba responder (arts. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil y 375, 2° párrafo del C. P. C. C.), o, en su defecto, la ocurrencia de un caso fortuito -arg. arts. 513 y 514 del Código Civil"-.-
Ha dicho también esta Sala en las causas nro. 20.745, R. S. 63/88; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras: "...Cualquiera fuere el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño sea para demostrar la existencia de aquélla, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar -frente a la concreta invocación del victimario exteriorizada en su responde (art. 354, inciso segundo del C. P. C. C.)- es si ha mediado responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder -art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte "in fine" del Código Civil".-
En cuanto a la justificación de las eximentes legales, "Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa..." -art. 375 del C. P. C. C..-
Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos, deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743; D. J. B. A. T. 132-1.987)" (Causa Nº MO-24867-2011 R.S. 54/2019) .-
La primera cuestión que nos trae el recurrente en sus agravios es la atinente a la falta de casco y su conexión causal con el resultado producido (muerte del conductor de la motocicleta).
Sobre el particular, se ha sostenido desde la Sala que la ausencia de casco no obstaculiza en nada la responsabilidad que se le atribuye al demandado pues su uso solo obedece a preservar la seguridad de quien conduce o es acompañante, en el caso de la moto, y menguar los daños producidos (esta Sala en causa nro. 41271 R.S. 57/02), cobrando especial relevancia cuando los daños se producen en la zona de la cabeza (esta Sala en causa nro. 48325 R.S. 666/03)
De este modo, la ausencia de casco no resulta determinante para el juzgamiento de la mecánica del evento, sí lo es en orden a determinar su incidencia causal en la generación de determinados daños (esta Sala en causa nro. 14260 R.S. 47/15).
Ahora bien, a estar de las recurrentes si la víctima hubiera llevado casco puesto las consecuencias hubieran sido otras.
Su defensa cae a poco que leamos la autopsia obrante en la causa penal: allí se habla de politraumatismos, con traumatismo cerrado toraco abdominal grave, caracterizado por la presencia de fracturas costales izquierdas, desgarro pulmón izquierdo, hemotorax izquierdo, estallido cardíaco, hematoma peri renal y peri esplénico.
Aseverando que la jerarquía de esas lesiones conducen a un cuadro de descompensación hemodinámica severa y shock hipovolémico que conduce al óbito tras breve o nulo período agónico (ver fs. 26/7 de la causa penal).
Ello es coincidente con la pericia mecánica (escrito del 7 de Julio de 2019) donde el experto habla del golpe del tórax de la víctima contra el rodado, y que esa es la causa de la muerte .
Luego, y como se ve, la cuestión del caso ha tenido poco que ver en este desenlace, si el fallecimiento se produjo por lesiones en el tórax.
Por si ello fuera poco, los testigos que declararon en sede penal, refirieron que la víctima portaba su casco (ver fs.37 y 38).
En verdad, frente a la contundencia de los elementos reseñados, el agravio roza la falta de seriedad y, desde ya, no es de recibo.
Tampoco es de recibo la restante queja, vinculada con la forma en que ocurrió el choque.
La pericia mecánica ya referida es clara al describir la forma en que se produjo el accidente.
Es mas, el croquis adjunto a la misma también muestra, muy claramente, que el rodado de la demandada es el que intenta un giro a la izquierda ; si bien de condiciones particulares, dada la disposición especial de las arterias en la zona, pero giro a la izquierda al fin.
Y, en definitiva, según el perito, es el automóvil el que se coloca en la línea de circulación de la motocicleta, sin que exista ninguna prueba (objetiva) que demuestre lo contrario (arts. 384 y 474 del CPCC).
Coincido, entonces, con la apreciación de la Sra. Juez de Grado: no existe, aquí, prueba alguna de que la víctima circulara de manera inadecuada, siendo clara la pericia en cuanto a la mecánica del evento y en cuanto a que es la parte demandada la que se coloca en la línea de marcha de la motocicleta, al virar hacia la izquierda.
Frente a ello, el contar -o no- con licencia para circular (que a lo sumo sería una infracción administrativa) en nada varía el análisis de la cuestión, en la medida en que no se demuestre (siquiera indiciariamente) una conducción inadecuada por parte de la víctima, cosa que aquí no sucedió.
Luego, y con el enfoque restrictivo que debe primar en el análisis de las eximentes legales, entiendo que debe confirmarse la atribución de responsabilidad que porta el fallo apelado.
He de proseguir, ahora, con el análisis de los rubros resarcitorios y demás cuestiones que se traen en los agravios.
En tal sentido, los rubros que integran la condena son el valor vida (para la madre), daño psíquico (para la madre y los hermanos) y daño extrapatrimonial (para la madre y los hermanos), y todos ellos han sido objetados por las partes.
Paso al abordaje de las quejas.
a) Valor vida
El fallo condena a pagar la suma de $3.433.224,59, lo que agravia a ambas partes.
Al respecto, he de recordar que, según lo determina el art. 1745 del CCyCN, " en caso de muerte, la indemnización debe consistir en: a) los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal; b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes; c) la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos ; este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido ".
Así, y como se ve, lo que debe resarcirse es el haber perdido la chance de ayuda futura.
Esta sala tiene dicho que la vida humana tiene un valor económico en función de lo que producía o podía producir a los beneficiarios de tal actividad económica ( causa 39.421 R.S.198/04 ).-
El art. 1084 crea una presunción de daño en favor de las personas allí aludidas, la viuda y los hijos menores de la víctima.-
La Corte Nacional ha sido clara a este respecto: ha dicho sobre el particular: “ la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de la vida humana no es otra cosa que la mediación de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingreso se extingue“ (CSJN, “Balbuena”, del 5-7-94,consid.6; “Brescia”, del 22-12-94,consid.27; “Savarro de Caldara “ del 17-4-97,consid.20; “Ferrari de Garnd”, del 24-8-2006 y sus citas ).
Esto, obviamente, nos aleja de las certezas y nos lleva a un terreno conjetural; lo que se resarce es el haber perdido una posibilidad de ayuda, no la ayuda en si misma.
El juzgador no está obligado a ceñirse a parámetros matemáticos rígidos o a un sistema tarifado que se desentienda de las características peculiares de la víctima y su entorno familiar.-
Entre los principios que gobiernan la tarea cuantificadora deben sobresalir la integridad y plenitud.
Ahora bien, en la sentencia se capitalizan como elementos relevantes (y nadie los discute) que la víctima tenía 17 años al momento del hecho, que trabajaba como repartidor y era estudiante, que ayudaba a su madre y tenía tres hermanos; se considera, asimismo, el informe ambiental obrante en el beneficio de litigar sin gastos que corre por cuerda (fs. 16 y siguientes), y al cual cabe remitirse; son igualmente ilustrativos los dichos de los testigos Moran y Gimenez Brandon sobre la dinámica familiar y la función de la víctima en su seno.
Pues bien, a la luz de lo expuesto, no considero que la suma fijada resulte excesiva.
Hay que tener en cuenta, en el punto, que si bien la condena se fija a valores de la fecha de la sentencia estamos hablando de ayuda futura de un hijo hacia su madre, con lo cual los efectos de la decisión deben proyectarse varias décadas hacia adelante, cuando dicha ayuda sea necesaria (los últimos diez años de vida, según las máximas de la experiencia, art. 384 del CPCC).
Yerran, entonces, los demandados y la aseguradora cuando pretende que nos ciñamos, a tales efectos, a aquellos valores de la fecha actual, o del momento del deceso, cuando lo que debe ponderarse (tarea de suma dificultad) es la ayuda futura que el hijo podría prestar a su madre.
Por lo demás, la suma fijada tampoco se evidencia reducida, por cuanto hay que considerar lo que, según las máximas de la experiencia, sucede en cuanto a la asistencia de los hijos hacia sus padres, pero también que los hijos, al formar sus propias familias, no destinan la totalidad de sus ingresos a este menester; y sin olvidar que estamos resarciendo una chance, con todo lo que ello implica a la hora de la tarifación.
Luego, y por lo indicado, la suma establecida se perfila prudente, equitativa y razonable, no resultando excesiva ni tampoco reducida.
b) Daño psíquico
El rubro ha prosperado para la Sra. Sandra Mendez en la suma de $418.947,12; por la suma de $ 396.662,32 para el coactor Agustin Gonzalo Pereyra Mendez y $ 403.375,82 para el coactor Santiago Pereyra, en los tres casos abarcativos de
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