Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 29135
Causa Nº MO-29135-2010 R.S.: 115/2021
Con fecha 15 de Abril de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ GOMEZ LUCAS DAVID C/ MENDEZ ANTONIO RUBEN Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-29135-2010 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra el pronunciamiento del Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 Departamental del día 12 de marzo de 2020 se alzaron las partes intervinientes en autos interponiendo recurso de apelación; los mismos fueron concedidos libremente y se fundaron con las expresiones de agravios que ambos presentaron el 30 de noviembre de 2020, replicada el día 15 de diciembre de 2020.-
3. El día 29 de diciembre de 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Ambas partes se agravian de la atribución de responsabilidad atribuida por el juez de grado. Claro que mientras la actora pretende que se adjudique el 100% de aquella a la demandada, ésta última solicita que se revoque la resolución por cuanto de las constancias de autos se puede ver que la culpa del hecho que aquí se ventila, fue pura y exclusivamente del actor.
Asimismo, para el caso de no hacer lugar a esta petición, ambas partes atacan los montos indemnizatorios que el juez de grado cuantificó para los distintos rubros.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
En primer lugar diré que dada la fecha del accidente, y de acuerdo con las previsiones de su art. 7, el caso debe juzgarse a la luz de las previsiones del Codigo Civil velezano, tal como lo hizo el juez de primera instancia.
Aclarado ello, por razones de orden metodológico habré de adentrarme a continuación, al análisis de la responsabilidad en el evento dañoso; y para ello viene al caso referir que esta Sala tiene dicho en las causas nro. 26.963, R. S. 139/91; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras que: "...Cuando el artículo 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743 del 14/10/86; D. J. B. A. T. 132-1.987, ejemplar n ° 10.229 del 24/4/87).-
Asimismo, la circunstancia que el accidente fuera protagonizado por dos vehículos en movimiento, de manera alguna puede destruir de vigencia la presunción de responsabilidad que el art. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián que con su vehículo ha provocado los daños cuyo resarcimiento es motivo de reclamo.-
Es decir, la accionante sólo está obligada a demostrar el accidente, el contacto material de la cosa conducida por su parte con la otra y la existencia de daños (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.744, D. J. J. oct. 1.988). Por el contrario, corre por cuenta del demandado, acreditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por el que no deba responder (arts. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil y 375, 2° párrafo del C. P. C. C.), o, en su defecto, la ocurrencia de un caso fortuito -arg. arts. 513 y 514 del Código Civil"-.-
Ha dicho también esta Sala en las causas nro. 20.745, R. S. 63/88; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras: "...Cualquiera fuere el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño sea para demostrar la existencia de aquélla, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar -frente a la concreta invocación del victimario exteriorizada en su responde (art. 354, inciso segundo del C. P. C. C.)- es si ha mediado responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder -art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte "in fine" del Código Civil".-
En cuanto a la justificación de las eximentes legales, "Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa..." -art. 375 del C. P. C. C..-
Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos, deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743; D. J. B. A. T. 132-1.987).-
No obstante, a los fines de la responsabilidad civil por el riesgo creado, la irrelevancia de la culpa del causante de los daños, no enerva el análisis de su conducta por el juzgador.
En tal sentido, ha dicho esta Sala en la causa 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08; entre otras: "...Al juzgar el comportamiento de la víctima o de un tercero, necesariamente deber incluirse bajo la óptica del juzgador el obrar dinámico del victimario, para poder apreciar con corrección si la conducta que se reprocha al damnificado o al tercero por el que no se debe responder, resulta o no indiferente o es injustificada, y si ha contribuido total o parcialmente a la producción de los daños. Esa investigación fáctica no persigue establecer la culpa del autor material del perjuicio, pues la responsabilidad que la autoría en este caso supone, viene impuesta por la Ley con total independencia de un reproche culposo" .-
Teniendo en cuenta los conceptos hasta aquí expuestos y reconocido el hecho por ambas partes -difiriendo sus posturas lógicamente en las circunstancias de su producción- he de analizar la prueba producida en autos no sin antes advertir que: "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente" (SCBA, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; SCJBA Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolás") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse, conforme las reglas de la sana crítica, las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.
Y en éste orden, comenzaremos por analizar la prueba producida en la causa penal que corre por cuerda -y se tiene a la vista en este acto- que sea relevante para dar respuesta a los agravios de las partes recurrentes.
De dichas actuaciones extraemos que las arterias donde se produjo el siniestro tienen ambas doble sentido de circulación (ver fs. 4/5 de la aludida causa penal).
En efecto. La inspección ocular nos dice que las calles Estanislao Lopez y Teniente Fernandez tienen doble sentido de circulación.
De la pericia mecánica obrante en autos a fs. 436/437, se desprende que la "moto circulaba por Fernandez en dirección Oeste a Este, en tanto el auto lo hacía por Lopez de Sur a Norte"
"El choque se produce entre algún sector frontal o fronto-lateral de la moto y el lateral izquierdo del automóvil"
"...desde el aspecto exclusivamente físico del hecho la moto fue embistente físico y que de las estimaciones efectuadas, la moto inició el cruce de la intersección por la izquierda del automóvil"
Por último señala es experto que "no hay datos en autos que permitan calcular las velocidades de los vehículos"
Aquí de la prueba pericial mecánica producida surge claro que quien circulaba por la derecha era la parte demandada /ver croquis de fs. 435); por lo demás, no llego a capitalizar de dicha pericia ningún otro dato de relevancia.
La propia actora reconoce, a lo largo de la causa y en sus reiteradas presentaciones que ella venia circulando por la izquierda del demandado.
En cuanto a los daños en los vehículos, no se pudo determinar por cuanto no hay fotos ni inspección de los mismos.
Por lo demás, la testigo -acompañante del actor que circulaba en la moto- poco ha aportado en cuanto a la mecánica del evento en si mismo.
Entonces, por todo lo que llevo dicho, tenemos dos circunstancias: la moto del actor fue el embistente y, a su vez, el demandado tenía prioridad de paso.
No obstante ello cabe memorar que el carácter de embistente configura, ya de por sí, una presunción de responsabilidad; que, lógicamente, ha de contextualizarse con las demás circunstancias del caso y puede diluirse frente a las mismas.
Se decía al respecto en casos anteriores de esta misma Sala que el carácter de "embistente" de un móvil no es prueba irrebatible de responsabilidad pues en más de una ocasión el "embestido" ha sido el imprudente; son situaciones que surgen de la diaria experiencia a la cual los jueces no podemos ser ajenos (causa nro. 57355 R.S. 21/10)
También se ha sostenido que la condición de embistente no tiene carácter absoluto ni implica necesariamente que aquél a quien se le atribuye sin más, deba responder por las consecuencias dañosas que se originan en un accidente de tránsito. Por el contrario, es relativo, ya que solo una maniobra puede transformar rápidamente la condición de embestido en embestidor y admitir esa conducta divaliosa puede conducir a consagrar un reconocimiento injusto y carente de equidad (esta Sala en causa nro. 43316 R.S. 530/01).
De hecho, y como ya lo veremos, la ley de tránsito sienta algunas presunciones en materia de responsabilidad, pero no capitaliza, en ellas, la condición de embistente.
En sintonía con esto último, y como lo decía, la otra circunstancia que tenemos para valorar es la prioridad de paso del automóvil de la demandada, al llegar por la derecha.-
El art. 41 de la ley 24.499 es claro:
" todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:
a) La señalización específica en contrario;
b) Los vehículos ferroviarios;
c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión;
d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha;
e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón;
f) Las reglas especiales para rotondas;
g) Cualquier circunstancia cuando:
1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada;
2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel;
3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía;
4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.
Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no ".
Luego, debo abordar aquí una cuestión trascendente para el caso, que es la consideración del Sr. Juez de Grado en el sentido de que en el caso no regiría la prioridad de paso.
En tal sentido, y como se lee en el artículo antes citado, el hecho de tratarse de una encrucijada con dos sentidos de circulación no aparece incluída en el listado de supuestos en los cuales se pierde la prioridad de paso.
En tal contexto, hay algo obvio: quien debiera emprender el cruce de una arteria en estas condiciones, necesariamente deberá cerciorarse de la inexistencia de otros vehículos que tuvieran dicha prioridad .
Es la propia actora quien da cuenta de que inició el cruce por la izquierda del demandado.
De este modo, no coincido con la perspectiva que subyace al fallo apelado y, desde mi punto de vista, la prioridad de paso tenía plena operatividad en el caso.
A su vez, el art. 64, segundo párrafo, indica que
" Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron ".-
Respecto de las normas sobre prioridad de paso, he de recordar el voto del Dr. Roncoroni emitido en la causa Ac 87234 "Landi, Alberto Daniel c/Sobrino, Oscar Eliseo y otros s/Daños y perjuicios", fallo del 29/8/2007, al menos en sus aspectos generales.-
Decía allí el jurista platense que:
" Precisamente buscando el sentido de la preferencia de paso en las encrucijadas que consagra la regla "derecha primero que izquierda" que entroniza el primer párrafo del inc. 2 del art. 57 de la ley 11.430 -como antaño lo hiciera el art. 71 inc. 2 de la ley 5800- hemos sostenido que la subsistencia de una sociedad depende de la existencia de un proyecto vital común, sentido y compartido como tal, que requiere, necesariamente, de la ordenada y, en lo posible, armónica convivencia de sus integrantes. Para ello, la sociedad demanda un orden o pacto social que ordene esa convivencia en torno a una serie o conjunto de normas cuyo acatamiento y cumplimiento ha de imponerse coactivamente a quienes no le presten voluntaria sujeción. Esto es el ordenamiento jurídico de una comunidad. Y como tal, así entendido, el ordenamiento jurídico -como cada una de sus normas- expresa un proyecto coexistencial.
Si entendemos el profundo significado y trascendencia de ese ordenamiento jurídico (que no es otro que el de permitir y ordenar la convivencia -vivir con los demás, vivir en sociedad-) habremos, también, de aprehender, en su justa medida, el mismo sentido que impregna a cada una de las normas que se integran en el sistema. Todas y cada una de ellas sirven a esa armonía y entendimiento del vivir en conjunto.
Y desde ya que entre esas todas, se encuentra la norma que otorga el derecho de paso en las encrucijadas. Por ello, cuando en mis anteriores fallos de Cámara me he referido a cómo juega dicha norma en tales circunstancias de lugar, estoy poniendo el foco ni más ni menos que en la necesidad de ese entendimiento vital común que debe ser compartido y respetado y que tiene su cuota de realismo en cada momento de la convivencia. Necesidad que en el supuesto que nos ocupa tiende a ser satisfecha por lo que llamamos una norma de prevención.
Pero para mejor comprender todo ello y mi postura ante el tema creo conveniente reiterar la línea argumental que vengo defendiendo desde mis tiempos de juez de primera instancia y luego en la Cámara donde se me escuchara decir: "en el escenario de las ciudades multitudinarias y de gran parque automotor -como la nuestra- la presencia preponderante, invasora y casi omnipotente en sus calles de vehículos preñados de velocidad y cargados de potenciales riesgos, exigen de la comunidad una serie de normas de prevención que se traduzcan en pautas de comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y evitar, en lo posible, aquellos riesgos".
Algunas normas de este tipo, que hacen a la seguridad y educación vial, aparecen contenidas en los Códigos de Tránsito (entre nosotros antiguamente la ley 5800 y hoy la ley 11.430) y reclaman -pese al desdén que hacia su eficacia saben exteriorizar sus destinatarios y hasta los encargados de velar por su acatamiento- un celoso cumplimiento y un rigor creciente en el reproche a su violación. La solidaridad y las necesidades de defensa y preservación de una sociedad organizada, frente a la violencia mecánica presente en su seno y que actitudes u omisiones individuales o conductas desviadas pueden hacerla desbordar en daños, así lo requieren.
Convencido de que precisamente una de estas normas es aquella que consagra la regla de la prioridad de paso (arts. 71 inc. 2 de la ley 5800 y 57 inc. 2) he dicho de ella que juega como cuña del civismo en el desplazamiento urbano de los automotores, desde que objetivamente exige que quien llega a una bocacalle debe ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por su derecha. De lo contrario esa preciosa regla de tránsito (y que la salud de la sociedad necesita que se internalice en todos los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, lo que es más, el desplazamiento vehicular por las calles se sembraría de inseguridad en cada esquina, donde la prioridad no estaría dada por una regla objetiva cual la de las manos de circulación, sino por una regla de juego arbitraria y hasta salvaje, cual la de quien llega primero al punto de colisión y resulta impactado, se libera de culpas (28-IV-1983, R.S.D. 136 Bis/1983; íd. c. 190.838 del 18-X-1984, R.S.D. 258/1984) o, agrego ahora, por la no menos peligrosa de que quien primero ingresa a la bocacalle está exento de reproches (Cam. 1a. Sala III, La Plata, reg. sent. 267/1984).
Si como afirma Oliver W. Holmes, la suerte del ser humano se encuentra permanentemente acicateada por el peligro y la incertidumbre ("The Path of de law", Harvard Law Review, t. 10, pág. 466), no debe sorprender que como juez encuentre necesario, en casos como el que nos ocupa, priorizar el valor seguridad, entendido precisamente como protección frente a esos riesgos. El mundo circundante es un mundo de riesgos y, en particular, lo es el tránsito vehicular que se integra en su realidad, el cual debe ser asegurado con normas como las del art. 57 inc. 2º, segundo párrafo de la ley 11.430. Es que como decía Recasens Siches "sin seguridad jurídica no hay Derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase".
Es bueno recordar, cuando transitamos la vereda de la axiología de la mano del valor seguridad y pretendemos asegurar el mismo en aras de la vida en común, que "desde siempre el hombre ha pretendido conocer con la mayor precisión posible qué acciones de otros hombres pueden interferir con él, y que acciones suyas pueden incidir en los otros. Lo cual deriva de una de las características de la condición humana que es querer saber a qué atenerse en las relaciones con los demás" (A. Alterini, "La inseguridad jurídica", Abeledo-Perrot, 1993, pág. 15).
Para ello, precisa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.