Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 5113
Causa Nº MO-5113-2015 R.S.: 117/2021
Con fecha 15 de Abril de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ TAPIA OSCAR FELIX C/ ALVAREZ ALEJANDRO FABIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-5113-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 Departamental con fecha 11 de Agosto de 2020, dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
2. Contra tal forma de decidir se alzan la actora, la demandada y su garante interponiendo recurso de apelación; dichos recursos fueron concedidos libremente.
La actora funda el suyo con su presentación de fecha 2 de Noviembre de 2020, la que fue respondida con el escrito de fecha 20 de ese mismo mes y año.
La demandada y citada en garantía lo hacen con el escrito de fecha 29 de Octubre de 2020, respondida con el escrito de fecha 13 de Noviembre de 2020.
3. Con fecha 3 de Diciembre de 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La actora se queja, primero, de que se hayan descartado algunas de las secuelas informadas pericialmente (puntualmente, la cervical); asimismo, cuestiona el monto que se ha fijado en concepto de incapacidad. Se queja, a continuación, de las sumas fijadas para resarcir los tratamientos futuros y el rubro gastos.
Asimismo, objeta la suma fijada en concepto de daño moral y la tasa de interés fijada, para -por último- cuestionar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la normativa que veda la actualización monetaria.
Mientras tanto, la demandada y su garante se quejan de los montos fijados por incapacidad y daño moral.
A los términos de cada una de estas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Previo a todo comienzo debo señalar que, a mi modo de ver, el caso debe resolverse con apoyatura en la preceptiva vigente al momento de acontecer el hecho dañoso, la que deviene aplicable tanto a la atribución de responsablidad como al juzgamiento de los montos; así lo hemos venido decidiendo invariablemente desde la Sala (causas nro. 66239 R.S. 157/15; 71223 R.S. 158/15; 53797 R.S. 159/15; entre otras).
Dicho esto, en orden a dar respuesta a los agravios (que -a mi juicio- satisfacen las exigencias del art. 260 del CPCC), y como son varios los tópicos que se someten a nuestro conocimiento y decisión (art. 266 parte final CPCC), iré fraccionando mi razonamiento para dotarlo de toda la claridad expositiva que sea menester.-
a) Incapacidad
Los $480.000 fijados en el punto merecieron el embate de ambas recurrentes.
Dicho esto, y comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).
Ahora bien, la primer cuestión que se somete a nuestra decisión es la atinente a la composición del daño.
En efecto: la perito médico actuante sostuvo que el actor padece una incapacidad del 19% de carácter parcial y permanente, atribuyendo un 10% a la cervicalgia y un 10% a la impotencia funcional del hombro derecho.
Frente a ello, el magistrado de la instancia previa -apoyándose en las constancias de atención médica que refiere- decidió que solo debe computarse esta última, considerando que no existe ningún antecedente o constancia que acredite la lesión cervical informada.
Ello agravia a la actora.
En tal sentido, debo señalar que la acreditación del nexo causal entre el hecho dañoso y los menoscabos que se dicen padecidos a resultas del mismo, resulta carga de quien así lo invoca (art. 375 del CPCC).
Para abordar las quejas he de recordar en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Ahora bien, aquí la experta -inicialmente (pericia del 1 de Agosto de 2018)- refirió la presencia de la cervicalgia.
Sucede que, cuando se le pidieron explicaciones (escrito del 14 de Agosto de 2018), las evacuó con su presentación del 9 de Septiembre de 2018.
En la misma, la experta refiere que en la documentación médica del día del accidente las lesiones de la columna cervical " no constan puntualmente " y que "se encuentra englobadas dentro del politraumatismo".
Pero después se le pide que explique si puede afirmar con rigor científico que las lesiones encontradas en los estudios complementarios actuales, a tres años del accidente, son a causa exclusiva del hecho de autos.
Y la perito responde que NO , aunque aclarando que " no hay constancia en el expediente ni lo refiere actor de otro tipo accidente, ni de antecedentes heredofamiliares, ni actividad que realice el actor que indique que la patología que hoy presenta sea por otra causa ".
Luego se le pide que indique cuál de los estudios complementarios practicados le permite afirmar la relación directa causa efecto, con rigor científico y decir que es el accidente de litis y no otra causa los que generan los padecimientos de columna.
Y dice que NINGUNO .
De este modo, es la propia perito quien afirma que no puede aseverar con rigor científico que las secuelas estén relacionadas causalmente con el accidente.
Por lo demás, no me parece convincente el intento de que ingresen dentro del concepto genérico de "politraumatismos", incluso teniendo en cuenta la inexistencia de toda otra mención, o tratamiento, ulteriores.
Para cerrar, y dando respuesta a los agravios que se traen aquí, entiendo que los dichos de los testigos (en cuanto a la entidad del hecho, los golpes y el estado inmediatamente posterior del accionante) no son suficientes para demostrar la existencia de una cervicalgia, con un porcentaje de incapacidad vinculado causalmente al evento.
Así entonces, y por tales razones, considero que las quejas en este punto no son atendibles.
Voy, entonces, a ceñirme al porcentual de incapacidad que ha tenido en cuenta el Sr. Juez de Grado (14,5%).
Aquí me detengo para señalar, en respuesta a los agravios de la demandada y su garante, que no existe ninguna prueba (objetiva) en la causa que nos indique que dicha incapacidad (que los expertos han calificado de permanente) fuera a remitir; y si bien no es una incapacidad de gran magnitud, tampoco nada nos indica (objetivamente, insisto) que se trate de secuelas leves, como lo sostienen las recurrentes.
Zanjadas tales cuestiones y establecido, de este modo, el daño resarcible, y en lo que hace a la cuantificación cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
El valor referencial actualmente utilizado es el de $35.000 por punto de incapacidad.
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).
Por lo demás, y en lo que hace al cálculo del resarcimiento mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, he señalado -anteriormente- que el caso se regía por el Código Civil y no por el CCyCN; por ello, no rige la preceptiva del art. 1746 del CCyCN.
De este modo, nada nos impone trabajar en base a dicha operatoria; incluso, en la causa nro. 37.805 (R.S. 6/2020) y análogas en el mismo sentido, he dado mis razones en cuanto a la inconveniencia de ceñirnos a fórmulas matemáticas estrictas; pero, insisto, aquí es insustancial reeditar aquellas cuestiones, desde que no resulta de aplicación la norma del art. 1746 del CCyCN.
Y todavía hay mas, pues habiéndose aplicado una fórmula matemática, la actora viene a disconformarse de su resultante, poniendo énfasis en las variables utilizadas cuando, como está a la vista y surge del propio fallo, la propia accionante no arrimó elementos de convicción, objetivos, que permitan trabajar con los parámetros económicos que pretende.
Luego, y a tenor de lo expuesto, conjugando todo lo dicho, nuestras pautas de tarifación económica ya referidas, como así también las repercusiones concretas (no abstractas) que el hecho produjo en la integridad psicofísica del actor, y articulándolas con las circunstancias personales del actor (43 años de edad al momento del hecho, casado, con dos hijos, yesero, de las condiciones personales que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos) entiendo que el monto fijado se perifla reducido y por ello promoveré su elevación a la suma de $550.000 (quinientos cincuenta mil pesos).
Gastos
El Sr. Juez a quo establece la procedencia de este rubro por la suma de $ 4.000, generando ello el embate de la parte actora.
Cabe entonces memorar que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, pero ese concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces, sino que encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba y en la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas, tratamientos aconsejados, y todo ello sí debe ser probado y no puede derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares.-
Importante resulta mencionar que reiteradamente esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente. El resarcimiento debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe -S.C.B.A., Ac.y Sent., Tº 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.-No debe olvidarse que el art. 1.086 del Código Civil establece que la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de la curación y convalecencia del ofendido..." (conf. Causa de esta Sala Nº 21.203, R.S. 134/88, Nº 41.649, R.S. 607/99, entre otras).-
También es menester referir que ha dicho esta Sala, con anterioridad, que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no esté demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., Tº 117, pág. 127- (conf. Causas de esta Sala Nº 20.745, R.S. 63/88; Nº 24.973 R.S. 165/90; Nº 41.649, R.S. 607/99).-
En el caso concreto de autos vienen probadas las lesiones sufridas por la parte actora como consecuencia del evento de autos, como así también su atención médica.
Frente a tal cuadro de situación, el rubro es procedente y la suma fijada
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.