Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 40230
Causa Nº MO-40230-2013 R.S.:123/2021
Con fecha 20 de Abril de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ BATALLER JUAN PABLO C/ SESSA ELIAS Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-40230-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. Contra la sentencia de fecha 15 de Abril de 2019, que hizo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen, se alzaron la actora, la demandada y la citada en garantía.
Los recursos fueron concedidos libremente.
El de la actora se fundó con la expresión de agravios de fecha 9 de Septiembre de 2020, que no mereció réplica.
El de la demandada con la expresión de agravios de fecha 15 de Septiembre de 2020 (a las 11:03: 16) que tampoco mereció réplica.
El de la citada en garantía con la expresión de agravios de fecha 15 de Septiembre de 2020 (a las 21:59:49), que fue respondida por la actora mediante su escrito de fecha 10 de Noviembre de 2020
La actora se queja del fallo en cuanto a la determinación del límite de cobertura de la citada en garantía, sosteniendo que obligación de la Aseguradora en la sentencia, debe encontrarse dentro de las sumas que fija la Resolución 1162/2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y argumentando en tal sentido.
La demandada también se queja de lo atinente a la extensión de la condena a la citada en garantía, en análogos términos que la actora; cuestiona, además, la atribución de responsabilidad afirmando que la mecánica del accidente no se encuentra debidamente probada; que el actor es quien lo embistió, que él contaba con prioridad de paso y que la culpa ha sido exclusiva del accionante. A su vez, objeta las sumas fijadas por incapacidad y daño moral.
La aseguradora, finalmente, se queja de la atribución de responsabilidad; dice que el demandado poseía prioridad de paso en la encrucijada, que el actor se interpuso en su marcha y que dicha defensa fue soslayada en la instancia previa.
Sostiene que no está probado el embestimiento del cual habló el actor inicialmente, habla de la ausencia de casco y objeta las consideraciones del fallo en cuanto a la valoración de la prueba testimonial.
Luego, objeta la suma fijada en concepto de incapacidad, se queja de la fórmula utilizada en el fallo para calcularla, atacando asimismo la acumulación de incapacidades física y psíquica.
Igualmente se queja de la condena a abonar el tratamiento psicológico, indicando que ello no fue peticionado y argumentando en pos de su rechazo.
Finalmente ataca la suma fijada en concepto de daño moral y la tasa de interés que se mandó a aplicar, peticionando que sea la del 6% desde el momento del hecho, y hasta el efectivo pago.
Cumplidos los pasos procesales del caso, con fecha 3 de Diciembre de 2020 se llamaron “autos para sentencia”, providencia que adquirió firmeza, procediéndose -luego- al sorteo del orden de estudio y votación, quedando los obrados en condiciones de decidir.
2. Planteada como viene la cuestión, es necesario comenzar -antes que nada- remarcando que, dada la fecha del accidente (29 de Enero de 2012) el caso debe juzgarse de conformidad con la normativa vigente al tiempo de acontecer los hechos, tanto para la determinación de la responsabilidad como para, en su caso, la definición de la cuantía resarcitoria (art. 7 CCyCN; causas nro. 66239 R.S. 157/15; 71223 R.S. 158/15; 53797 R.S. 159/15; entre otras).
Dicho esto, y en tanto las expresiones de agravios sortean -en algún caso mínimamente- las exigencias del art. 260 del CPCC, voy a ocuparme del fondo del asunto.
Y comienzo por la atribución de responsabilidad.
Tenemos en el caso una colisión entre dos motocicletas.
Viene sosteniendo consolidadamente el Superior provincial, que cuando se trata de una colisión entre dos rodados que intervienen activamente, la teoría del riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil del dueño o guardián de las cosas. (Conf. SCBA Ac. 33.155, Ac. 35.531, Ac. 36.432, Ac. 38.271, Ac. 38.641, entre muchos otros).
De este modo quien acciona en los términos del mentado artículo 1113 del Código Civil sólo debe probar el daño, el riesgo de la cosa y el carácter de dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del menoscabo cuyo resarcimiento se persigue. Mientras que el demandado, a fin de enervar tal pretensión, deber demostrar que la propia víctima o un tercero por quien no se encuentra compelido a responder, interrumpió total o parcialmente la insoslayable vinculación causal que debe existir entre el evento y daño (conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 326:1299, SCBA Acuerdos 40.577, 65.924, 97.835, mi voto en la Sala II, causa 57.604, entre varios otros).
Pues bien, la defensa esencial de la demandada y su garante tiene que ver con la prioridad de paso del accionado.
Abordando la cuestión, he de señalar que la regla “derecha antes que izquierda”, en modo alguno, autoriza al que goza de tal preferencia a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda. (conf. mi voto, Sala I, causa 56.788 entre otras)
Es que no debe perderse de vista que el conductor que circula por la derecha también debe atenuar intensamente su marcha al llegar a un cruce de calles; para conservar así el dominio efectivo del vehículo y poder dar adecuada respuesta a los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (arg. artículos 39 y concordantes de la ley 24.449; SCBA 121.001, mi voto Sala III, causa 30.283, causa, entre otras).
Y si bien es cierto que, en varias ocasiones, hemos definido la controversia en base a la normativa que consagra la prioridad de paso (incluso la presunción consagrada por la ley 24.449, en su art. 64), no menos cierto es que ello está ligado a la circunstancia de que, quien gozaba de tal prioridad, hubiera circulado correctamente, sin que existieran razones para endilgarle una cuota de responsabilidad.
Ahora bien, en el caso, es indisputable que el demandado llegaba por la derecha a la encrucijada y, por ello, contaba con prioridad de paso.
Si se diera tal única circunstancia, indudablemente esto conduciría al rechazo de la demanda.
Pero ello no es así.
En efecto: la testigo Lopez en su declaración del 24 de Septiembre de 2015 ha señalado que el accionado llegaba a la bocacalle a velocidad elevada ( "venía bastante ligero", "a toda velocidad", "muy rápido" ) y si bien la quejosa nos trae algunos cuestionamientos respecto de esta declaración, en sus agravios, lo cierto es que no existe ninguna razón (objetiva) para descreer de sus dichos (arts. 384 y 456 del CPCC).
No lo es el hecho que sea conocida del actor, a poco que advirtamos que el accidente se produjo en su barrio (a unas 10 cuadras del domicilio de la declarante), lo cual -según las máximas de la experiencia- hace explicable que los testigos lo conozcan y hubieran estado en el lugar de los hechos; es mas, al comenzar su declaración, ella no lo ocultó sino que lo afirmó expresamente.
Amén de ello, la aseguradora -presente al momento de la audiencia en la que depuso esta testigo- no le ha formulado mayores interrogaciones respecto de su presencia en el lugar, o la visualización de los hechos.
Por lo demás, esta circulación a elevada velocidad, puede contrastarse -armónicamente- con el hecho de haber salido despedido ("volado") el actor de su motocicleta y la magnitud de las lesiones que se le produjeron (art. 163 inc. 5 CPCC).
Llegado este punto, cabe señalar que tanto la testigo Lopez, como el testigo Moreno (que declara en la misma fecha que Lopez) y el testigo Sanchez (que también declara en la misma fecha) le asignan, coincidentemente, al demandado el carácter de embistente.
Por lo demás, bien refiere la sentencia que la pericia mecánica (fs. 267/273), que transcribe el fallo con amplitud, no aporta elementos de relevancia.
Desde esta perspectiva, el hecho de haber circulado el demandado a velocidad elevada es -desde mi punto de vista y al igual que lo ha considerado el Sr. Juez de Grado- lo determinante para la producción del accidente, pues la prioridad de paso es una norma de prevención, destinada a guiar la conducta de los automovilistas en concretas situaciones en que tal prevalencia pudiera estar objetivamente en duda o, dicho de otra manera, cuando el avance normal del rodado que arriba al cruce pudiera "estar en entredicho" frente a otro vehículo que, de modo similar, se asoma al escenario del mismo cruce (conf. doctrina sentada por la SCBA, C. 86.372, 99.172, entre otras).
Pero ello no implica que quien la posea pueda lanzarse a trasponer una encrucijada de manera indebida o sin la prudencia necesaria, que es lo que aquí ha ocurrido.
Incluso, y cabe señalarlo para ir cerrando, los apelantes vienen a plantear en sus agravios la responsabilidad exclusiva del actor, lo cual delimita las potestades revisoras del tribunal, ya que no traen como alternativa la eventualidad de una distribución de responsabilidades.
Por lo demás, y en cuanto al uso del casco, además de no estar acreditada su ausencia (art. 375 CPCC), ello no es determinante para el juzgamiento de la responsabilidad en el evento.
Los motivos esbozados me llevan a desestimar este agravio planteado por el demandado y su aseguradora.
Despejada entonces la cuestión atingente a la atribución de la responsabilidad, debo pasar al abordaje de la cuantía resarcitoria.
El fallo fija en el punto la suma de $2.191.017,99, lo que agravia al demandado y a su aseguradora.
Para ingresar al tratamiento del tema, debo recordar que -como lo vengo afirmando- la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente, en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución físico-psíquico que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
Pues bien, para abordar el rubro debemos detenernos, inicialmente, en las secuelas en base a las cuales trabaja el fallo.
Según surge de la pericia médica (fs. 341/3), el actor presenta, a raíz del accidente, una incapacidad física, parcial y permanente de 26% (según el método de la capacidad restante); ponderando al efecto: 20% por el compromiso orbitario derecho con fractura y cirugía con colocación de material de osteosíntesis, 5% por el compromiso olfatorio y 2,55% por la pérdida dentaria.
Consecuentemente con ello, el sentenciante detrae este porcentaje en su fallo.
Desde la perspectiva psicológica , el sentenciante pondera la pericia de la especialidad (fs. 278/282) que nos habla de un cuadro severo calificado como Postraumático Stress Disorder (PTSD O Desarrollo Psíquico Postraumático), estimando un porcentual de 35% de incapacidad psíquica parcial y permanente por el deterioro observado.
Llegado este punto, debemos señalar que la valoración de los dictámenes periciales, y su consecuente fuerza probatoria, no escapa a los parámetros que dimana de las reglas de la sana crítica (arg. artículos 474 y concordantes del Código Civil, su doc.).
Así bien sostiene Hernando Devis Echandía-para subrayar la libertad de apreciación de la que goza el juez- que es absurdo pretender que aquel esté compelido a aceptar ciegamente las conclusiones periciales; por cuanto se desvirtuaría su función al convertir a los peritos en los jueces de la causa (Ver “Compendio de la prueba judicial”, Rubinzal Culzoni, Tomo 2, Santa Fe, 1982, pg. 134)
Desde esta perspectiva, vemos que el judicante se ciñó a las conclusiones periciales; paralelamente, no advertimos en los agravios -ni de la demandada ni de su aseguradora- crítica suficiente de este aspecto del fallo.
Sí se objeta la cuantificación, pero no las bases tenidas en cuenta al efecto.
Con lo cual, trabajaremos con idénticos parámetros a los que utilizó el magistrado de la instancia originaria, computando las secuelas incapacitantes informadas por los peritos médico y psicóloga, aunque no en una suma acumulativa, sino con el método de la capacidad restante.
Es tiempo de memorar que cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”. Las indemnizaciones tabuladas son, por esencia, propia del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil.
Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
En concordancia con la tesis sostenida se hace trascendente enfatizar que el resarcimiento de los daños, está intensamente signado por el particularismo. De modo que no puede pretenderse identificar una suerte de consistencia entre los diferentes casos.
La traducción en numerario de los perjuicios variará, en función de las peculiaridades que presente cada ilícito y cada damnificado. Pretender homogeneidad resarcitoria y, simultáneamente, predicar la inaplicabilidad de los métodos actuariales para la cuantificación (que, como se dijo, tienden a establecer uniformidad) resulta manifiestamente contradictorio (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Por ende se impone subrayar, en sintonía con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aun cuando el porcentaje de incapacidad es un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efectos de fijar las sumas indemnizatorias, existen otros que también tienen decisiva incidencia; los que deben apreciarse interrelacionadamente y con el prisma de la razonabilidad económica (conf. doctrina sentada, en autos “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A.” del 11 de junio de 2019).
Amén de ello, destaco que -de acuerdo con la fecha en que se produjo el evento- no deviene aquí aplicable la regla del art. 1746 del CCyCN.
Bajo esta perspectiva, debemos conjugar el porcentual de incapacidad referido, con las circunstancias personales del actor (sexo masculino, 39 años de edad, techista y luego changarín, de las condiciones socio económicas que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos, que podemos compulsar a través del servicio MEV).
Así las cosas, articulando el porcentual de incapacidad antes señalado, con el menoscabo psicofísico que le ha quedado instalado al accionante, con sus circunstancias personales, entiendo que la suma fijada se perfila elevada, por lo que promoveré su reducción a la suma de $1.800.000 (un millon ochoscientos mil pesos).
Debo proseguir con el rubro tratamiento psicoterapéutico.
El propio fallo reconoce que el mismo no ha sido solicitado; la citada en garantía plantea la existencia de un defecto de congruencia y entiendo que le asiste razón.
Es que, al no haber sido el rubro materia de petición, mal puede incluírselo en el fallo, de acuerdo con lo previsto por los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCC.
Incluso, ni siquiera el actor se ha ocupado de refutar este planteo recursivo de la aseguradora.
Con lo cual, deberá revocarse este aspecto del fallo, no incluyéndose este monto en la condena.
Debo tratar, ahora, las quejas en cuanto al daño moral.
El fallo fija la suma de $400.000, que solo es apelada por alta.
Para precisar la conceptualización del daño moral estimo acertada la tesis de Matilde Zavala de González quien- se empeña en subrayar- que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo es el criterio de la alteración, o pérdida de “la armonía vital del individuo” (aut. cit. “Resarcimiento de Daños”, tomo 5-A- editorial Hammurabi, Bs. As. 2005, pg. 22).
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial, sufrido por la víctima a raíz del evento dañoso.
Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades frustradas, por lógica a raíz de la lesión, que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona antes de padecer el accidente; atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, su doc).
En lo atinente a su prueba es evidente que no se requiere una demostración acabada; debiéndoselo tener por acreditado con la sola acción antijurídica, atento constituir un daño in re ipsa.
Como correlato de ello es una carga del responsable de aquel la demostración cabal de la existencia de circunstancias que excluyan su procedencia (arg. artículo 1078 y concordantes del Código Civil, 375 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 39.597, 46.960, 59.834, entre muchos precedentes análogos).
Ahora bien el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria y no existe razón jurídica que imponga una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico-psíquico.
Tal solución obedece a la evi
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