Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 8021
Causa Nº MO-8021-2014
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ PEREZ DANIEL JONATHAN Y OTRA C/ BELCUORE GRACIELA SILVIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-8021-2014 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 Departamental con fecha 20 de Mayo de 2022, dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen; con fecha 6 de Junio de 2022 la sentencia fue aclarada en cuanto a la sumatoria de los montos.
Apelaron la actora, la demandada y la citada en garantía.
Sus recursos fueron concedidos libremente.
La actora fundó el suyo con la presentación de fecha 8 de Julio de 2022, replicada con fecha 16 de Agosto de 2022.
La demandada y la citada en garantía, fundaron el suyo con la presentación de fecha 1 de Agosto de 2022, replicada con fecha 9 de ese mismo mes y año, debiendo tenerse en cuenta que con el escrito de fecha 20 de Diciembre de 2022, la aseguradora desiste de sus agravios vinculados con la extensión de la cobertura, en atención a las observaciones que se hicieran en el interlocutorio de fecha 6 de ese mismo mes y año.
En cuanto al contenido de los agravios, la actora viene cuestionando los montos fijados por incapacidad, la suma fijada por daño moral y los intereses.
La demandada y citada en garantía, a su turno, se quejan de la atribución de responsabilidad, de las sumas reconocidas por incapacidad, de la establecida para resarcir el tratamiento psicológico y de la fijada en concepto de daño moral.
A los términos de cada una de esas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Cumplidos los pasos procesales pertinentes, con fecha 22 de Diciembre de 2022 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose luego al sorteo del orden de estudio y votación, quedando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Teniendo en cuenta el tenor de los agravios traídos, iré parcelando mi análisis para dotarlo de mayor claridad expositiva.
Destaco, como capítulo preliminar, que teniendo en cuenta la fecha del acaecimiento del accidente, el caso debe fallarse de acuerdo con la normativa vigente al momento de acontecer los hechos (Código Civil), como ha procedido a efectuarlo el Sr. Juez de Grado (art. 7 CCyCN).
Sentado ello, y por razones obvias, comienzo analizando la atribución de responsabilidad.
Al respecto, en vigencia del régimen anterior se ha venido señalando que:
" un automóvil constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs. As 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones",t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974: en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113), circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la exención de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113 2do párrafo cit), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art.1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (art. 513 y 514 del Código Civil).
Viene al caso referir que esta Sala tiene dicho en las causas nro. 26.963, R.S. 139/91; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras que: "...Cuando el artículo 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743 del 14/10/86; D. J. B. A. T. 132-1.987, ejemplar n ° 10.229 del 24/4/87).
Asimismo, la circunstancia que el accidente fuera protagonizado por dos vehículos en movimiento, de manera alguna puede destruir de vigencia la presunción de responsabilidad que el art. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián que con su vehículo ha provocado los daños cuyo resarcimiento es motivo de reclamo.-
Es decir, los accionantes sólo están obligados a demostrar el accidente, el contacto material de la cosa conducida por su parte con la otra y la existencia de daños (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.744, D. J. J. oct. 1.988). Por el contrario, corre por cuenta del demandado, acreditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por el que no deba responder (arts. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil y 375, 2° párrafo del C. P. C. C.), o, en su defecto, la ocurrencia de un caso fortuito -arg. arts. 513 y 514 del Código Civil"-.
Ha dicho también esta Sala en las causas nro. 20.745, R. S. 63/88; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras: "...Cualquiera fuere el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño sea para demostrar la existencia de aquélla, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar -frente a la concreta invocación del victimario exteriorizada en su responde (art. 354, inciso segundo del C. P. C. C.)- es si ha mediado responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder -art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte "in fine" del Código Civil".
En cuanto a la justificación de las eximentes legales, " Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa... " -art. 375 del C. P. C. C..
Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos, deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743; D. J. B. A. T. 132-1.987)" (Causa Nº MO-24867-2011 R.S. 54/2019) .
Sentado ello, he de pasar -ahora- al análisis del plexo probatorio; ello con la advertencia que he de analizar los elementos de prueba de acuerdo a la regla de la sana crítica, haciendo mención o poniéndose énfasis sólo en aquellos que sean esenciales para formar mi convicción (conf. arg. Art. 384 del Cód. Procesal), y/o como ha dicho nuestro mas Alto Tribunal que "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo más fehaciente" (conf. SCBA, DJBA, t. 36, págs. 393 y 471, autos "Emmi c/ Carnevale", Agosto/53).
En tal contexto, entiendo que los agravios de la demandada y su garante -al filo de la deserción- no resultan suficientes para desvirtuar la solución que porta la sentencia.
Al respecto, vemos que las quejosas, al relatar la mecánica del hecho en sus escritos iniciales (fs. 51/61, 110/120), nos hablan de un sobrepaso indebido por la derecha de parte de la motocicleta en la que viajaban los actores y pretenden atribuirles responsabilidad en el evento.
Desestimada su defensa, insisten en esta sede recursiva, sosteniendo que no está demostrada la mecánica del hecho señalada por los actores y sí la relatada por su parte.
Pero aquí hay algo fundamental.
Por mas que descartemos la testimonial que vienen objetando, y los dichos de los actores, hay una cuestión irrefutable.
La pericia mecánica de fecha 24 de Marzo de 2019 y sus explicaciones de fecha 23 de Noviembre de 2020.
El perito fue contundente:
" la colisión se produjo cuando la motocicleta conducida por la actora que circulaba por el lateral derecho de la Av. Rivadavia, resulto colisionada por alcance por el automóvil que conducía el demandado, lo que resulta concordante con los daños relevados en los informes de visu de la causa penal y el lugar donde fueron encontrados los rodados.
De lo expuesto en la contestación de demanda, se desprende que la motocicleta habría colisionado al automóvil cuando este estaba girando hacia la derecha para ingresar a la calle Pasteur, lo que no resulta verosímil, ya que el automóvil no presento daños en su lateral derecho, ni la motocicleta por colisión en su parte frontal o delantera izquierda, no concordando además con la posición en que fueron encontrados los vehículos por la instrucción policial .
CONCLUSION: De todo lo expuesto entonces se desprende que resulta más probable o verosímil, que el accidente haya ocurrido, cuando el automóvil Renault Clío conducido por la demandada Belcuore, que circulaba por la Ruta Provincial 7 con dirección desde Merlo hacia Morón, antes de cruzar la calle Pasteur, colisiona por alcance, con su frente derecho a la parte trasera de la motocicleta que transportaba a los actores de autos, que lo precedían, circulando en su misma dirección y sentido, por el lateral derecho de la avenida . La colisión produce muy probablemente los daños que presento el automóvil y los que se le relevaron a la moto en su parte trasera, como así también impulsa hacia adelante a la moto y sus dos ocupantes, que caen al pavimento ".
Entonces, he aquí un dato totalmente objetivo, y del cual las apelantes no se hacen cargo en sus agravios: los daños que presentaba la motocicleta, en su parte trasera.
Es por ello, y no por los dichos de los actores o del testigo, que el experto descarta la mecánica del hecho expuesta por ellas, y considera que el accidente sucedió como lo relata (arts. 384 y 474 del CPCC).
Ahora, y partiendo de la base de este elemento (objetivo por cierto e incuestionado en los agravios) los dichos del testigo Reynoso (fs. 28 de la IPP), aunque no esté mencionado en el acta preventora, cobran relevancia (arts. 384 y 456 del CPCC) pues describen una mecánica del hecho análoga a la ya aludida.
Si a ello sumamos la total falta de aporte de otros elementos de convicción por parte de los responsables del evento, y la fragilidad de sus agravios (pues dejan incuestionado algo fundamental, como ser la inspección de los vehículos y el hecho de que la pericia se apoye en dichos extremos, objetivos, insisto) considero que los agravios vinculados con la atribución de responsabilidad deben desestimarse.
Prosigo con los restantes agravios.
Y comienzo por los atinentes al rubro incapacidad, que prosperó por la suma de $2.800.000 para el co actor Perez y $2.100.000 para la co actora Bruzzone.
Primero me refiero al recurso de la actora.
A su respecto, es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
En este sentido, vemos que la parte actora aquí nos trae una argumentación totalmente genérica, hablando casi exclusivamente del uso de una fórmula matemática, sin que surja del contexto del fallo que ello haya sido así, o que una fórmula matemática haya sido la determinante para fijar los montos.
Si a ello sumamos que la parte actora no dice nada mas que esto, es claro que su recurso deviene desierto en el punto y así propondré que se lo declare.
Prosigo con las quejas de la demandada y citada en garantía, que sí sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. CCyCN).
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).
Por cierto, quien alega haber padecido un daño como consecuencia de determinado hecho debe demostrar no solo la existencia de ese menoscabo, sino también su vinculación causal con el evento (arts. 1736 y 1745 C.C. y C.N., art. 375 del C.P.C.C.).
La prueba esencial, en la especie, es la pericial.
Respecto de su valoración he de recordar que -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/1
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.