Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 41795
Causa Nº MO-41795-2011 R.S.: 138/2021
Con fecha 29 de Abril de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ IPARRAGUIRRE JUSTO C/ GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-41795-2011 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia definitiva dictada por la Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental por la cual se rechazó la demanda promovida por IPARRAGUIRRE JUSTO contra GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A, imponiéndose las costas al actor y difiriendo la regulación de los honorarios profesionales, se alzo la parte actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente y se fundó con la expresión de agravios del 16 de diciembre de 2020 replicada el 8 de febrero de 2021.-
2. El día 25 de febrero de 2021, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Claro está que los agravios se direccionan al rechazo de la demanda que en su oportunidad entablara el actor, peticionando el quejoso que se revoque la decisión adoptada y se haga lugar a su reclamo.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
En primer lugar, he de señalar que comparto lo dispuesto por la jueza de grado en relación a la fecha que ha ocurrido el evento que se ventila en autos y la aplicación del código de fondo que se encontraba en vigencia en aquella época (arg. art. 7 del cccn)
Entonces, la aplicación del código velezano se impone.
Ahora bien.
Adentrándonos al caso de autos, el actor relata que el día 21 de diciembre de 2009, circulaba como acompañante a bordo del rodado marca Corsa, color gris, Dominio DLI 488 conducido por el Sr. Hugo Eduardo Reinoso, por la autopista del Oeste con sentido desde Moreno hacia Luján, sentido cardinal Este-Oeste, con destino final a la Provincia de San Luis. Dice que al llegar a la altura del Km. 51 aproximadamente, unos cuatro (4) km. antes de llegar al peaje, ingresa por la ventanilla de su lado un proyectil (piedra) arrojado desde el exterior, que impacta del lado derecho de su rostro, provocando pérdida de conocimiento instantánea y ante el desconocimiento del conductor sobre que estaba sucediendo al actor y por seguridad, continuó la marcha hasta el próximo peaje, donde se dio inmediata intervención al personal policial. Estos trasladaron al actor al Hospital Interzonal de Gral. Rodriguez, donde se le brindó asistencia médica, efectuándole las primeras curaciones y desinfecciones, para luego derivarlo a la Clínica Solís de la localidad de San Justo, donde quedó internado por cuatro días.
Por su parte Grupo Concesionario del Oeste S.A., negó en forma particularizada los hechos invocados y sin reconocer la existencia del hecho debatido en autos y manifestó que no obra en sus registros denuncia del hecho en cuestión que surja del Reporte de Novedades que lleva el Grupo Concesionario diariamente ante cualquier denuncia y/o anomalía que suceda en la autopista concesionada.
Bajo estos lineamientos es oportuno recordar lo dicho por mi en causa nro. 54.935 R.S. 380/08 con relación a la responsabilidad de los concesionarios viales.-
Dije, en aquella oportunidad que:
"Tratándose indudablemente de una responsabilidad que le es atribuida a la demandada en su carácter de empresa concesionaria vial, y en atención a los fundamentos expuestos en la expresión de agravios –específicamente el segundo de los mismos- es preciso poner de manifiesto en tal orientación que la presente Sala ha sostenido ya en otras causas, posición jurídica a la que he adherido y comparto plenamente (ver en especial: c. 51.916, R.S. 644/05; c. 52.630, R.S. 381/06; c. 47.192, R.S. 698/04).-
En la causa 47.192 (R.S. 698/04) del Registro de esta Sala se analizó la responsabilidad de los concesionarios viales; reproduzco -aquí- las consideraciones genéricas que allí se efectuaron y que devienen de aplicación al -específico- caso que hoy tenemos para juzgar.-
Se dijo allí
"Múltiples posturas pueden asumirse ante este tipo de sucesos para juzgarla eventual responsabilidad del concesionario vial.-
Así, desde los diversosángulos del pensamiento jurídico se ha procurado encuadrar esta responsabilidad ya sea como extracontractual (fundándose, principalmente, en la naturaleza jurídica del peaje y en las obligaciones que pesan sobre el concesionario) o contractual (aludiendo a la existencia de una relación de consumo entre el usuario y el concesionario), existiendo -también- posturas que hacen referencia a una responsabilidad objetiva y por riesgo creado (Pizarro) o que, relativizando la necesidad de encuadrar la responsabilidad como contractual o extracontractual, ponen énfasis en la dilucidación de la objetividad o subjetividad de la responsabilidad, concluyendo que el concesionario responde en base a la obligación tácita de seguridad de resultado, por imperio del principio general de buena fe (Vazquez Ferreyra) (...)
Hecha esta muy breve introducción de la problemática que nos convoca, he de señalar que -desde mi punto de vista- la respuesta adecuada al tema es la que surge de la postura del voto disidente del Dr. Vazquez en los diversos precedentes de la C.S.J.N., entre los que se encuentra el citado por el Sr. Juez de Grado en la decisión hoy en crisis -ver C.S.J.N. en autos "Colavita, Salvador y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios" C. 356 XXXII del 7 de marzo de 2000; "Rodríguez, Eduardo Javier c/ Buenos Aires, Provincia de; Concesionario Vial del Sur S.A. y otross/ sumario - daños y perjuicios" R 204. XXXII del 9 de noviembre de 2000 y "Recurso de hecho. Ramirez, Ramón Aníbal c/ Virgen de Itatí Concesionario de Obras Viales S.A." R. 578 XXXVII del 21 de mayo de 2002).-
Tal postura sustenta que
"(...) Que en cuanto a Concesionaria Vial del Sur S.A. la solución es otra.
Que a su respecto no se trata de establecer si, en función de la relación concedente-concesionario, la responsabilidad de esa empresa puede aparecer allí donde también debería aparecer la responsabilidad estatal, o ser más o menos extensa que esta última, como tampoco si deriva o no del contrato de concesión o del reglamento deexplotación del corredor vial.-
Que ello es así, porque el contenido y términos de la relación de derecho público que existe entre el concedente o el concesionario no es oponible al usuario del sistema de rutas concesionadas por peaje, quien al pagarlo establece con la empresa concesionaria una relación de derecho privado distinta de base contractual. En tal sentido ,el vínculo que enlaza al usuario con el concesionario vial es una típica relación de consumo (arg. arts. 1 y 2 de la ley 24.240), por lo que la responsabilidad del último por los daños sufridos por el primero se ubica en el régimen contractual.
Que, en concreto, frente al usuario el concesionario tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la carretera estará libre de peligros y obstáculos, y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta agregar que para obtener tal prestaciónes que precisamente el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario vial lo percibe.
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agotaen la remodelación, conservación y explotación del corredor vial en cuanto hace a su demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá en contra del concesionario -como sucede en todo supuesto de responsabilidad objetiva- una presunción de responsabilidad
(...)
Que, asimismo, no es ocioso traer a colación que la responsabilidad del concesionario en casos como el que tratan las presentes actuaciones ha sido afirmada en las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, en las que se suscribió un despacho según el cual la relación entre concesionario y usuario reviste naturaleza contractual, teniendo el primero a su cargo una obligación de seguridad (º) (Comisión Nº 1, "Responsabilidad de las empresas concesionarias de obras públicas: peaje", Despacho "A", punto "A") (...) ".-
Por otra parte, y manteniéndome -por el momento- en el plano de la doctrina del mas Alto Tribunal, no podemos dejar de tener en cuenta tres circunstancias mas.-
La primera es que la decisión dictada en los -ya citados- casos Colavita y Rodríguez no fue -amén de la aludida disidencia- unánime, sino mayoritaria.-
(...)
La segunda circunstancia de relevancia es la actual composición de la cimerajurisdicción nacional y -especialmente- el criterio sustentado por uno de sus nuevos miembros, la Dra. Highton de Nolasco, en cuanto a la temática hoy en análisis.-
Integrando la Sala F de la Cámara la citada jurista ha dejado aclarada suposición al señalar -respecto de la responsabilidad del concesionario vial- que la misma "es contractual en tanto (...) responsabilidad contractual no es sinónimo de contrato; que frente al usuario la empresa concesionaria asume claras obligaciones jurídicas; que con el dictado de la ley 24240 de defensa de los consumidores y usuarios se concreta en nuestro sistema el principio de protección al consumidor; que con la reforma constitucional de 1994 el principio obtiene primera jerarquía al quedar incorporado al art. 42 de la ley suprema; (...) que la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella es una típica relación de consumo; (...) que la responsabilidad de los concesionarios tiene fundamento objetivo; que cualquiera sea el supuesto, el responsable solo podrá eximirse acreditando la ruptura de la cadena causal; que de conformidad con la obligación de seguridad asumida y de acuerdo al principio de buena fe, el usuario debe llegar sano y salvo al punto de destino; que el deber de custodia es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido -entre otras- prestaciones tales como la vigilancia permanente de las rutas, la remoción inmediata de obstáculos y de elementos extraños y el retiro sin demora de animales que transitan por las rutas(...)" (C. Nac. Civ., Sala F., 24/10/2000, "Cardell, Fabián v. Caminos del Oeste S.A., J.A. 2001-II-200, voto de la Dra. Highton de Nolasco).-
Y la tercera es que, en mi concepción, la relación de una decisión judicial con los precedentes jurisprudenciales anteriores ha de tender -como lo ha puesto de manifiesto la doctrina y como invariablemente he procurado hacerlo a lo largo de mis años de praxis judicial- a constituir mas un acto de razón que de mera adhesión de autoridad(cfe. Ariza, Ariel. En torno al razonamiento judicial en Derecho Privado. publicado en J.A. Número Especial. Razonamiento Judicial. Marzo de 2004, p g. 17) y es por ello que los fundamentos del voto minoritario al que hiciera referencia al principio son los que, a mi modo de ver, brindan la respuesta certera a la cuestión en análisis en tanto es la que mejor armoniza con lo normado por los artículos 42 de la Constitución Nacional, 504, 1198 del Código Civil, 1, 2, 3, 5, 6, 40 y 65 de la ley 24.240, y 38 de la Constitución Provincial y demás normas concordantes, brindando una protección mucho mas amplia y efectiva a los usuarios de servicios como el mencionado.-
Al respecto no puedo obviar la reiterada y constante referencia que se hace en los instrumentos que regulan la concesión a los "usuarios" (noción ineludiblemente ligada a la de "servicio") y la esencia de la relación entre el usuario y el prestatario, lo que denota, a mi modo de ver, una relación de consumo, que -por tal- queda atrapada por la regulación referenciada.-
Y en la misma línea interpretativa a la que me adscribo -con relación ala existencia de un deber de seguridad- se han expedido el Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes en autos "Diaz, Juan A. y otras v. Caminos del Rio Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales y otros" (publ. en J.A. 2002-IV-179)y la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en autos "Hernández, Emilio C. c. Red Vial Centro S. A." (publ. en LLC 2002, 1211 - LLC 2001, 1078).-
Autorizada doctrina ha entendido -también- que existe, en este tipo de vinculaciones, una relación a la que resultan aplicables las normas y principios protectorios de los consumidores (ver, entre otros, Galdos, José Mario. Peaje, relación de consumo y animales sueltos. Otro trascendente fallo publ. en La Ley ejemplar del 12/5/2004; Ghersi, Carlos A. Responsabilidad concurrente del Estado, de las empresas de peaje y de los dueños de animales sueltos por accidentes con automotores en rutas, publ. en J.A. 1999-II-139; Sagarna, Fernando Alfredo, ob. cit., pág. 216).-
(...)
A su turno la Cámara de Apelación Civil y Comercial Segunda, Sala II, de La Plata ha sostenido -en muy claros conceptos que comparto plenamente- idéntica posición que la hasta aquí delineada (ca. 94.460, autos "Reyes, Laura c/ Alem Raúl Oscar y ot. S/ daños y perjuicios", R.S. 159/01, Juba sumario B300816), afirmando que
"quien asume la obligación de mantener y controlar el funcionamiento de una ruta debe adoptar las diligencias y los recaudos necesarios para asegurar el tránsito en ella, removiendo las causas que puedan producir daño (...)
Si de suprimir las causas que puedan generar peligro para la circulación de los usuarios se trata, evidentemente la obligación persigue un resultado, por lo que no puede afirmarse que se trate de una obligación de medios.
Esta obligación derivada del contrato de concesión importa para la concesionaria asumir una obligación de seguridad, esto es, de indemnidad, con relación a la circulación en la red vial a su cargo. Tiene por finalidad asegurar la circulación de los automovilistas, tratando de impedir irregularidades como la de autos.-
Importa ello una estipulación contractual emergente de la relación entre concedente y concesionario, en beneficio de quien resulta tercero respecto de tal relación, el usuario que se individualiza al circular por el carril vial.
Esta estipulación a favor del usuario persigue salvaguardar su seguridad en el uso de los caminos objeto de la concesión, y la obligación de seguridad pesa en forma directa sobre el concesionario
(...)".-
Tales consideraciones las reeditamos, parcialmente, al dictar sentencia en la causa nro. 51.196 (R.S. 644/05).-
Y no puedo evitar detenerme aquí para poner de resalto la reciente orientación de la C.S.J.N., que no hace mas que reafirmar lo certero de nuestras consideraciones efectuadas en la causa nro. 47.192.-
En efecto, en la causa "Ferreyra, Víctor D. y otro v. VICOV. S.A." (fallo del 21/03/2006) solo los Dres. Petracchi y Fayt se mantuvieron en la anterior posturamayoritaria de la Corte, quedando -así- en minoría; siendo dable resaltar -especialmente- que en dicha sentencia existieron tres mayorías: una primera (Maqueday Argibay), que no avanzó más allá de la inadmisibilidad de la impugnación; una segunda (Highton de Nolasco), sostuvo que no se configuraba arbitrariedad porque la interpretación dada por el tribunal de grado era una de las posibles que admitía la resolucióndel conflicto y una tercera (Zaffaroni y Lorenzetti), que exhibiendo marcadas coincidencias y algunas diferencias, se expidió por la responsabilidad civil plena y de Derecho Privado de los concesionarios, analizándola en el marco de la relación de consumo que genera un deber de seguridad -aunque con diversos matices para cada uno de los votantes- (ver, para un análisis mas exhaustivo de la postura actual de la Corte Suprema, Galdos, Jorge M. El fallo "Ferreyra" de la Corte Suprema Nacional sobre peaje, animalessueltos y relación de consumo. Auspiciosa reapertura de un debate no clausurado. J.A. del 10/5/2006)".-
Sentado ello y para llegar a la aplicación del sistema de responsabilidad debe demostrarse que el daño provocado a la víctima ha sido causado por el incumplimiento de las nomas por parte del concesionario y tal demostración es gobernada por las reglas propias del onus probandi (art. 375 del C.P.C.C.), es decir la carga de la prueba en tal sentido pesa sobre la parte actora. Así lo ha sustentado la mas autorizada doctrina (PIZARRO, Ramón Daniel. Responsabilidad Civil por el riesgo o vicio de la cosa, p g. 442; en igual sentido ver esta Sala en causa 42.823, R.S. 200/00, mas arriba citada, entre muchísimas otras).-
Con respecto al nexo causal, debo señalar que es la necesaria relación que debe existir entre el hecho que se atribuye y los daños que se reclaman; se ha dicho en la causa n° 44.571, R.S. 155/01, sentencia dictada por unanimidad de los integrantes de esta Sala que "la relación causal es un elemento del acto ilícito que vincula el daño directamente con el hecho o indirectamente con el elemento de imputación objetiva; el efecto dañoso es el que debería resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica según el orden natural y ordinario de las cosas (Art. 901 del C.C.A.); el daño debe haber sido causado por acción u omisión (Arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114 y cc. del C.C.A.); el Código de Velez ha receptado el principio de la causalidad adecuada conforme la doctrina del Art. 906 del C.C.A. por lo que, la adecuación del evento dañoso a la causa debe ser juzgada en función de una previsibilidad en abstracto, es decir, ser "causa adecuada de un resultado previsible para un hombre normal"; en igual sentido esta Sala en causas 27.024 (R.S. 280/92), 32.847 (R.S. 94/95), entre otras.-
Entonces, quien alega que un daño es consecuencia de un hecho determinado, debe demostrarlo; así lo ha venido señalando esta Sala desde antaño (causa nro. 27114 R.S. 222/91).-
Así hemos dicho que es necesaria una conexión causal entre un acto y un resultado, y ello se registra cuando el primero ha contribuido al hecho de producir el segundo, o sea cuando ha sido una de las condiciones "sine qua non" de él y además debía normalmente producirlo de acuerdo con el orden natural y ordinario de las cosas -art. 901 del Cod. Civ-, y se agregaba allí que la investigación sobre el nexo entre la conducta y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez quien debe establecer a través de los medios de prueba que se aporten, si la relación de causalidad ha existido o no, rigiéndose la carga probatoria de las normas proce
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.