Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 9621
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada en el orden causado (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.)
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
Causa Nº MO-9621-2014
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto, con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ DIAS DE OLIVEIRA JOSE MARIA Y OTRO/A C/ MIRON MARCELA VIVIANA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-9621-2014 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
Contra la sentencia definitiva del 2 de Agosto de 2021, que hizo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen, se alzan la parte actora y la citada en garantía interponiendo recurso de apelación; los que fueron concedidos libremente.
La actora fundó su recurso con la expresión de agravios de fecha 2 de Diciembre de 2021 (a las 17.08hs.), replicada con fecha 16 de Diciembre de 2021 (a las 18.11hs).
La citada en garantía hizo lo propio con la expresión de agravios de fecha 2 de Diciembre de 2021 (a las 18.54hs.), replicada con fecha 16 de Diciembre de 2021 (a las 18.15hs.) .
El día 3 de febrero de 2022, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Mientras que la actora se queja de la tasa de interés, la citada en garantía se agravia de lo resuelto en cuanto a los rubros incapacidad, tratamientos futuros, gastos y daño moral.
A los términos de cada fundamentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que la Sra. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras) y sobre el tema no existen agravios de las partes.
Así las cosas y partiendo de la base de las expresiones de agravios sortean -en líneas generales y mas allá de lo que indicaré acerca de algunos tramos de las mismas- las exigencias del art. 260 del CPCC, pasaré a ocuparme del tratamiento de las quejas traídas.
a) Incapacidad física
A fin de dar respuesta a los agravios de la apelante, es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
Ahora bien, en el punto los agravios se enfocan predominantemente a la acreditación del nexo causal entre las dolencias de los actores y el accidente; en lo que hace al monto fijado, se efectúan algunas menciones, pero las mismas son genéricas y no conectadas, para nada, con el caso específico, con lo cual no llegan a erigirse en crítica bastante (art. 260 del CPCC).
Sí existe, en cambio, crítica computable en lo referente a la demostración del nexo causal.
Con todo, no le asiste razón a la quejosa.
En efecto: para decidir como lo hizo, el fallo se apoya en las menciones del dictamen pericial (pericia del 9/4/2019 y explicaciones rendidas a tenor del pedido de la actora con fecha 25/7/2019) acerca de la vinculación causal del hecho con los daños, analizando el Sr. Juez de Grado detenidamente este tema.
Por lo demás, la sentencia capitaliza, asimismo, las constancias médicas concomitantes al accidente (fs. 17/8, 214/5 y 239/240).
Acerca de esto último, la quejosa no dice nada.
Y en cuanto a la pericia, no podemos dejar de señalar que, al presentarse la misma, la apelante guardó total silencio a su respecto, no formulando ningún planteo en los términos del art. 473 del ritual.
Es tardío, entonces, venir con el tema a la instancia de origen.
Por lo demás, no existen elementos objetivos en la causa que ameriten un apartamiento del dictamen (arts. 384 y 474 del ritual).
Llegado este punto, y para ir cerrando, debemos decir también que la mención que se efectúa al tiempo transcurrido desde el accidente, para nada enerva la vinculación causal de las dolencias con el hecho respectivo.
Así entonces, y siendo que en estas consideraciones encuentra respuesta lo medular del planteo traído, habré de proponer la desestimación del agravio en análisis.
b) Tratamiento futuro
Aquí, lo único que hace la citada en garantía es remitirse a lo ya dicho anteriormente en su expresión de agravios, acerca del transcurso del tiempo y la imposibilidad de demostrar vinculación causal.
Como el tema de la vinculación causal ya fue tratado en el punto anterior, y en este la quejosa no dice nada puntual, se desestimará también esta queja.
c) Gastos
También se queja la aseguradora de la suma acordada en este rubro, para cada co actor.
Sabido es que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, pero ese concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces, sino que encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba y en la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas, tratamientos aconsejados, y todo ello sí debe ser probado y no puede derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares.-
Importante resulta mencionar, que reiteradamente esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente. El resarcimiento debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe -S.C.B.A., Ac.y Sent., Tº 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.-No debe olvidarse que el art. 1.086 del Código Civil establece que la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de la curación y convalecencia del ofendido..." (conf. Causa de esta Sala Nº 21.203, R.S. 134/88, Nº 41.649, R.S. 607/99, entre otras).-
También es menester referir que ha dicho esta Sala, con anterioridad, que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no esté demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., Tº 117, pág. 127- (conf. Causas de esta Sala Nº 20.745, R.S. 63/88; Nº 24.973 R.S. 165/90; Nº 41.649, R.S. 607/99).-
En el caso concreto de autos vienen probadas las lesiones sufridas por los actores como consecuencia del evento de autos como así también su atención médica.
Frente a tal cuadro de situación, la suma otorgada en la instancia originaria ($5000 para cada actor) no aparece para nada excesiva y no existiendo recurso de apelación por baja contra ella, habrá de confirmársela (arts. 1.083 y 1.086 del Código Civil y 165 del C.P.C.C.).-
d) Daño moral
El Sr. juez de grado ha acogido el rubro pero su cuantificación ha sido apelada por la citada en garantía
Por otro lado, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que el rubro tiene carácter eminentemente resarcitorio para la víctima y no sancionatorio para el victimario (esta Sala en causa nro. 42.001 R.S. 364/01, 47.522 R.S. 447/03).-
Decíamos en la causa nro. 44.628 (R.S. 637/01) que si el dinero que se paga por el daño moral no tuviera carácter indemnizatorio, faltaría el fundamento necesario para que la víctima lo percibiera y que encarando la reparación del daño moral como pena, se incurre en el defecto de enfocar el problema desde el punto de vista del autor, únicamente, al cual se le impondría la sanción de reparar el agravio causado, pero quedaría sin justificar la razón en virtud de la cual la víctima recibiría el importe de esa sanción ejemplar y que entre los objetivos de la pena prevenir, punir o enmendar, no está ciertamente el de enriquecer el bolsillo del perjudicado; en base a ello se señalaba que para constituir el derecho de la víctima a cobrar el importe de la reparación, es imprescindible recurrir a la idea del resarcimiento por lo que la reparación del daño moral es eminentemente satisfactoria.-
Sentado ello, computando la índole misma del hecho dañoso y las repercusiones que les han quedado instaladas, entiendo que las sumas fijadas ($180.000 para el co actor y $120.000 para la co actora) no aparecen excesivas, recordando -asimismo- que dichas sumas son fijadas a los valores mas próximos a la época del fallo, por lo que hablándose efectuado la pertinente reserva en la demanda, no queda el juez encorsetado por el monto allí indicado, por lo que promoveré su confirmación.
e) Enriquecimiento indebido
Aquí la citada en garantía trae una serie de consideraciones en virtud de las cuales objeta el fallo, denunciando que los actores obtendrían un enriquecimiento indebido a resultas de lo decidido.
Entiendo que no le asiste razón: estando probado el daño, y los demás requisitos de la responsabilidad civil, allí radica la causa del crédito de los accionantes y, pariendo de la base de que su integridad, y su patrimonio, se han visto dañados a resultas del hecho, no se configura la situación que describe la recurrente, sin poder olvidar -asimismo- que su cometido y actividad específica son, justamente, atender los reclamos efectuados por las personas damnificadas, en los términos de la normativa que rige su accionar (17.418).
Ello así, la queja tampoco prospera.
f) Intereses
Voy a tratar, finalmente, el agravio de los actores atinente a la tasa de interés.
En tal sentido, debo recordar que hasta el momento de celebrarse el Acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho acuerdo me sumé a la postura de aplicar la tasa pura (6%) establecida por la SCJBA en los casos "Vera y Nidera". Así lo hice porque dicha orientación se había tornado mayoritaria tanto en el seno de este tribunal como así también en las diversa Cámaras Provinciales.
Pues bien recientemente la SCJBA se ha expedido en la causa C 123.090, "Paredes Roberto Gabriel Horacio c/ Transporte La Perlita S.A. s/ Ds. y Pj." (fallo del 18-09-2020) considerando aplicable la doctrina sentada en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real en las causas C.120.536 "Vera", sent.de 18-04-2018 y C.121.134, "Nidera", sent. de 3-05-2018 a un supuesto análogo presente.
Por cierto, los quejosos no se hacen cargo, en sus agravios, de esta circunstancia.
Coincido, de este modo, con la tasa de interés que se ordena aplicar en la sentencia y el agravio de la actora ha de rechazarse.
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas de Alzada en el orden causado, dado que ninguno de los recursos prospera (arts. 68 y 71 del CPCC)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO DIJO:
Adhiero a la propuesta del voto que antecede, por sus mismos fundamentos, dando mi voto por
LA AFIRMATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada en el orden causado (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.)
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2022 11:58:22 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 12:12:06 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 12:13:23 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 05/05/2022 12:29:03 hs. bajo el número RS-102-2022 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia