Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 31940
Causa Nº MO-31940-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PERALTA ERNESTO Y OTRO/A C/ ARCE GRACIELA ESTER Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-31940-2018" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental, con fecha 23 de Marzo de 2022 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
La sentencia fue apelada por la actora y por la citada en garantía
Sus recursos se concedieron en forma libre.
La actora fundó el suyo con la expresión de agravios de fecha 2 de Diciembre de 2022, presentada a las 16:18hs.
La citada en garantía lo hizo con la de la misma fecha, pero presentada a las 11:57hs.
La actora viene cuestionando la suma fijada en concepto de daño extrapatrimonial, lo decidido en cuanto al límite de cobertura, el rechazo de los rubros privación de uso y desvalorización del rodado y la tasa de interés que mandó a aplicarse.
La aseguradora, mientras tanto, se queja del monto reconocido en concepto de incapacidad.
Al tenor de ambos escritos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 2 de Febrero de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- ambas expresiones de agravios sortean, en líneas generales, y sin perjuicio de lo que diré en algunos aspectos en particular, la valla del art. 260 del CPCC.
Por razones metodológicas, abordaré primero las quejas contra los rubros resarcitorios.
Comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad, rubro que prosperó por la suma de $4.250.000.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios traídos, voy a referirme antes que nada a las pericias.
La pericia médica (escritos del 21 y 23 de Septiembre y explicaciones del 5 de Octubre de 2021) detecta rigidez de hombro derecho (dominante) con inestabilidad anterior por lesión del labrum, inestabilidad anterior de rodilla con hipotrofia e hidrartrosis, y esguince de tobillo izquierdo con laxitud de ligamentos laterales con bostezo y cajón positivos.
Dictamina una incapacidad del 23,14% (13% por inestabilidad anterior de rodilla con hipotrofia e hidrartrosis, 6,09% por rigidez de hombro derecho (dominante) con inestabilidad anterior por lesión del labrum y 4,05% por esguince de tobillo izquierdo con laxitud de ligamentos laterales con bostezo y cajón positivos, calculados según el método de la capacidad restante).
Mientras tanto, la pericia psicológica (escrito del 30 de Agosto de 2021 y explicaciones del 13 de Octubre del mismo año) detecta Daño Psíquico compatible con los criterios que definen el Trastorno de stres post traumático, estimando un grado de incapacidad del 10% .
No existen críticas (suficientes) que apunten a que nos apartemos de las conclusiones de dichos dictámenes, por lo que -emanando de profesionales competentes y no existiendo tampoco elementos de convicción (objetivos) que los contradigan- he de ceñirme a ellos (arts. 384 y 474 del CPCC).
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, aun prescindiendo de la aplicación de fórmulas matemáticas de tarifación (a las que tal lo ya dicho no cabe ceñirse), tratándose de una incapacidad no menor, instalada en una persona joven y con carácter permanente (es decir que la acompañará por el resto de su existencia), entiendo que la suma fijada en este rubro no se perfila excesiva, por lo que -en ausencia de recurso de la actora- promoveré su confirmación.
Habiendo dado tratamiento a las quejas de la citada en garantía, prosigo con las de la actora.
Viene cuestionando el accionante la suma fijada en concepto de daño extrapatrimonial ($200.000)
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Hoy estas consecuencias deben resarcirse en el contexto del art. 1741 del CCyCN cuya parte final nos señala también algunas pautas para la fijación del resarcimiento.
Pues bien, desde esta perspectiva, teniendo en cuenta las circunstancias personales del accionante, sumado a las características del accidente, las lesiones que se le produjeron, los tratamientos a los que debió someterse y computando -a la luz de todo ello- la suma fijada ($200.000) y las satisfacciones sustitutivas a las que podría acceder con ella, entiendo que dicha suma se perfila sensiblemente reducida, por lo que promoveré su elevación a la de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos).
En cuanto a las quejas que se traen en relación al rubro privación de uso y reparación del rodado, se observa que la parte actora no cumple las exigencias del art. 260 del CPCC en tanto la argumentación expuesta es genérica, dejando sin rebatir las (específicas) razones que da la sentencia en uno y otro punto (jurisprudencia de la SCBA en el primer caso y conclusiones periciales en el segundo).
De este modo, este aspecto del recurso deviene desierto.
Prosigo, ahora, con las quejas tocantes al límite de cobertura, que también son traídas de manera genérica y haciendo alusión a algunos precedentes, sin identificar con claridad de qué tribunal emanarían.
En verdad, si se está refiriendo la parte actora a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en verdad, dichos precedentes se ciñeron a la doctrina de "Flores, Lorena c/ Gimenez, Marcelino s/ daños y perjuicios" (Fallos: 340:765) donde se consagró la oponibilidad del límite de cobertura al damnificado.
Me detengo aquí para señalar que los agravios aquí traídos se han enfocado, únicamente, en la cuestión del límite de cobertura por lo que no podemos trascender tales alcances (arts. 260, 266 y ccdtes. CPCC).
Digo esto pues la quejosa no ha introducido la cuestión de los mínimos por los que debería responder la aseguradora (SCBA, "Martinez c. Boito" y diversos antecedentes de este tribunal donde hemos seguido dicha doctrina), motivo por el cual no podemos abordar esta temática.
En suma, y por tales razones, el fallo apelado también deberá confirmarse en este punto,
Continuando con el tratamiento de las quejas, me queda por dar respuesta a las atinentes a los intereses, donde tenemos agravios de ambas partes.
Desde esta perspectiva, y de acuerdo con la doctrina sentada por la SCBA en "Vera" y "Nidera" como así también los precedentes ulteriores, reiterada en "Paredes" y en la causa C. 122.708, "Cristos, Pablo Exequiel contra González, María Paula y otros. Daños y Perjuicios", sentencia del 30 de Diciembre de 2020, la tasa de interés fijada en la sentencia apelada se ajusta plenamente a dicha doctrina.
E incluso a la establecida por este Tribunal en el Ac. Extr. 839, citado en el auto apelado.
Así, vemos que la parte actora no se hace cargo de esta circunstancia, ni del hecho de que la tasa de interés haya sido fijada con apego a la doctrina de la casación local, con una serie de fallos posteriores a los que menciona en sus agravios.
Así entonces, también deberá confirmarse este aspecto del fallo.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia apelada, elevándose la suma fijada en concepto de daño extrapatrimonial a la de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) , confirmándola en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
A tenor de lo propuesto, las costas de Alzada deberán quedar impuestas en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
La base referencial que estamos utilizando es la de $200.000 por punto de incapacidad.
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento
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