Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 26284
Causa Nº MO-26284-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "GONZALEZ JOANA CECILIA C/ CORONEL CLAUDIO FERNANDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-26284-2018" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - CUNTO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental con fecha 4 de Julio de 2022 dictó sentencia rechazando la demanda.
Apela la parte actora, su recurso es concedido libremente y se funda con la presentación de fecha 13 de Diciembre de 2022, replicada con fecha 19 de ese mismo mes y año.
Obviamente, la accionante se queja del rechazo de su demanda, dando diversos fundamentos en pos de su admisión.
A los términos de dicha presentación -y su réplica- cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 29 de Diciembre de 2022 se llamaron "autos para sentencia", providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, debo señalar, liminarmente, que a mi juicio la expresión de agravios de la parte actora satisface, adecuadamente, las exigencias del art. 260 del CPCC, con lo cual he de ocuparme de los agravios.
Ahora bien, a fin de dar respuesta a las quejas traídas, es necesario efectuar una precisión acerca del ordenamiento jurídico que resulta de aplicación al presente para el juzgamiento del tema.
Dada la fecha del accidente, y de acuerdo con las previsiones de su art. 7, el caso debe juzgarse a la luz de las previsiones del CCyCN.
En tal sentido, el art. 1769 del CCyCN indica que " los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos ".-
Con lo cual, devienen de aplicación las pautas de los arts. 1757 y siguientes.
En virtud del primero " toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención ".
La responsabilidad se coloca, concurrentemente, sobre el dueño y el guardián (art. 1758) indicando que " se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta ".
Ahora, cuando la responsabilidad es objetiva, debemos abrevar en el art. 1722: " el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario ".-
Coincidentemente, y cuando se hubiera alegado la conducta de la propia víctima como eximente legal, debemos acudir al art. 1729 que ya no habla -como regla- de "culpa" de la víctima, sino de "hecho del damnificado".
El artículo indica que " la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial ".-
El círculo termina de cerrarse con la regla del art. 1734 del mismo estatuto legal: la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega.
Así, y desde mi punto de vista, el mecanismo de juzgamiento no ha variado, en sustancia, del existente en el régimen del anterior: siguen pesando sobre las partes las mismas cargas de afirmación y demostración, y siguen siendo de utilización -para nosotros- iguales pautas de juzgamiento.-
Al respecto, en vigencia del régimen anterior se ha venido señalando que:
" un automóvil constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs. As 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones",t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974: en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113), circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la exención de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113 2do párrafo cit), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art.1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (art. 513 y 514 del Código Civil).
Viene al caso referir que esta Sala tiene dicho en las causas nro. 26.963, R.S. 139/91; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras que: "...Cuando el artículo 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743 del 14/10/86; D. J. B. A. T. 132-1.987, ejemplar n ° 10.229 del 24/4/87).
Asimismo, la circunstancia que el accidente fuera protagonizado por dos vehículos en movimiento, de manera alguna puede destruir de vigencia la presunción de responsabilidad que el art. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián que con su vehículo ha provocado los daños cuyo resarcimiento es motivo de reclamo.-
Es decir, los accionantes sólo están obligados a demostrar el accidente, el contacto material de la cosa conducida por su parte con la otra y la existencia de daños (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.744, D. J. J. oct. 1.988). Por el contrario, corre por cuenta del demandado, acreditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por el que no deba responder (arts. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil y 375, 2° párrafo del C. P. C. C.), o, en su defecto, la ocurrencia de un caso fortuito -arg. arts. 513 y 514 del Código Civil"-.
Ha dicho también esta Sala en las causas nro. 20.745, R. S. 63/88; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras: "...Cualquiera fuere el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño sea para demostrar la existencia de aquélla, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar -frente a la concreta invocación del victimario exteriorizada en su responde (art. 354, inciso segundo del C. P. C. C.)- es si ha mediado responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder -art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte "in fine" del Código Civil".
En cuanto a la justificación de las eximentes legales, " Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa... " -art. 375 del C. P. C. C..
Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos, deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743; D. J. B. A. T. 132-1.987)" (Causa Nº MO-24867-2011 R.S. 54/2019) .
Sentado ello, he de pasar -ahora- al análisis del plexo probatorio; ello con la advertencia que he de analizar los elementos de prueba de acuerdo a la regla de la sana crítica, haciendo mención o poniéndose énfasis sólo en aquellos que sean esenciales para formar mi convicción (conf. arg. Art. 384 del Cód. Procesal), y/o como ha dicho nuestro mas Alto Tribunal que "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo más fehaciente" (conf. SCBA, DJBA, t. 36, págs. 393 y 471, autos "Emmi c/ Carnevale", Agosto/53).
Sobre dicha plataforma conceptual, tenemos que pasar a analizar el caso, recordando que el Sr. Juez de Grado rechazó la demanda por considerar que no se había acreditado que las lesiones padecidas por la actora provenían del contacto material con el automotor del demandado.
Desde ya, que no comparto su punto de vista.
Como primer punto, debo destacar que los demandados Coronel y Gonzales incurrieron en rebeldía (ver resoluciones del 11 de Febrero y 11 de Abril, en ambos casos de 2019).
No está de mas recalcar que Coronel era, justamente, mencionado en la demanda como el conductor del automotor que habría atropellado a la actora.
Ahora bien, en cuanto a la rebeldía, desde esta Sala se ha dicho que " conforme el art. 60 del C.P.C.C. la sentencia debe ser pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 354, inc. 1° y que en caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Sin embargo, el art. 354, inc. 1° obliga al contestar la demanda, reconocer o negar la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren, debiendo tenérselos por reconocidos al rebelde siempre y cuando haya intervenido " (causa nro. 27173 R.S. 225/91).
Y si bien la rebeldía, por si sola, no impone al juez una decisión favorable a la parte actora (esta Sala en causa nro. 48698 R.S. 650/03, entre otras), tampoco se la puede dejar de considerar, como aquí ha sucedido.
Veamos.
Además de dicha rebeldía, tenemos que el automotor que la actora mencionó como participante del siniestro, fue secuestrado, y peritado, en la causa penal, encontrándose que el mismo poseía daños visibles en la parte frontal, paragolpes delantero, rayones y raspaduras (ver fs. 6).
La existencia de daños, en un automotor que se denuncia como participante de un siniestro goza, a mi juicio, de buena potencialidad acreditativa (art. 163 inc. 5 del CPCC), mas aun si la persona que se menciona como conductor del mismo ha incurrido en rebeldía (art. 60, antes citado).
Aquí me detengo para señalar que en modo alguno comparto la consideración del sentenciante de la instancia previa en cuanto a que, por no ser los daños en el vehículo de entidad, ello implicaría su no participación en el choque.
Es que dicha afirmación no se encuentra avalada por prueba alguna y, en verdad, constituye una consideración de suyo subjetiva .
Por cierto, las máximas de la experiencia (art. 384 del CPCC) pueden servir para la apreciación de la prueba.
Pero, a mi juicio, hay que ser muy cuidadoso en este sentido, para que, con la invocación de la experiencia, no se incurra en la subjetividad ni se supla lo que debía dilucidarse en el proceso con la prueba respectiva (principio de necesidad de la prueba).
Ahora bien, hasta acá tenemos que el conductor del rodado incurrió en rebeldía, y que en la causa penal, el rodado apareció con daños en su frente.
¿Qué mas tenemos?
Pues que la pareja de la actora concurrió a efectuar una denuncia penal al día siguiente del accidente (fs. 1 de la causa penal).
Obviamente, la actora -que había sufrido una fractura expuesta y estaba internada- no iba a ir por sus propios medios a efectuar dicha denuncia; es razonable que la hubiera hecho, entonces, su pareja (es decir, una persona cercana).
Por lo demás, el hecho de que no se hubiera procedido de oficio puede ser un indicio de que el accidente no hubiera existido.
Pero ese indicio se diluye, a mi modo de ver, a poco que se advierta que el automotor presentaba daños en su frente, y el demandado no concurrió al proceso civil a negar los hechos que se habían invocado en el reclamo inicial (art. 354 CPCC).
A lo que vengo marcando se sobreagregan las constancias de la Historia Clínica: la actora ingresó en el nosocomio el mismo día en que se denuncian los hechos, con una fractura expuesta en su pierna y mas lesiones, en la Historia Clínica se mencionó, efectivamente, un accidente en la vía pública (ver fs. 70/4).
Por cierto, ni el ingreso en el hospital ni esa mención son, por si solo concluyentes, pero si se los aprecia contextualmente (principio de unidad de la prueba), las cosas toman otra perspectiva.
Ahora bien, no pierdo de vista que la actora no ha ofrecido prueba testimonial, pero tampoco pierdo de vista que el accidente se denuncia como acontecido en la vía pública, en horario nocturno y que la actora aparece con lesiones importantes (una fractura expuesta).
En tal contexto, ponerse a recabar testigos del accidente puede ser ciertamente complejo.
Por lo demás, también tenemos que, frente al plexo de evidencia que vengo señalando, la citada en garantía no hizo absolutamente nada .
Se limitó a negar la existencia del hecho, y nada más.
De hecho, frente al tenor de los agravios (bien fundados) su réplica es bastante escueta.
No pierdo de vista, tampoco, que ya desde la demanda (punto III del escrito inicial) la actora venía requiriendo que la citada en garantía adjuntara la denuncia del siniestro, y la citada en garantía no lo hizo, lo cual fue tenido presente en el proveído del 8 de Noviembre de 2018 y, por cierto, generaba las consecuencias del art. 386 del CPCC, lo que puede contextualizarse con todo lo que vengo diciendo hasta aquí.
Luego, y por todo lo señalado, sumando la revisación del automotor en la causa penal, las constancias ya referidas de la historia clínica, y contextualizándolo con la rebeldía del conductor, sumado ello a la total ausencia de prueba en contrario y el no aporte de la denuncia de siniestro, entiendo que corresponde tener por acreditada la existencia del hecho dañoso.
Frente a ello, y no habiéndose invocado ninguna circunstancia exonerativa de la responsabilidad, considero que la demanda debió haber prosperado contra Claudio Fernando Coronel y Gaston Maximiliano Gonzalez, y hacerse extensiva la condena contra la citada en garantía Compañía de Seguros Mercantil Andina S.A., en los términos del art. 118 de la ley 17.418, aunque dejando establecido que la aseguradora responderá de acuerdo con los mínimos que la Superintendencia de Seguros haya fijado, al momento del pago, en sus resoluciones para un seguro como el de autos.
Para fundamentar esta última decisión, recordaré la postura que ha venido adoptando la Sala (causa 30.716, R.S. 313/2020, entre muchas otras).
Allí se decía que " viola el principio de reparación integral la aplicación del límite de cobertura vigente a la fecha del siniestro, ello implicaría que la prestación a cargo de Generali Argentina fuese por una cifra inferior al de la garantía mínima vigente en ese momento, porque como bien dice la SCBA en autos " Martinez, Emir c/ Boito Alfredo s/ Ds. y Pj. "...implicaría desnaturalizar el contrato, provocar un infraseguro y patentizar el beneficio indebido a la aseguradora...".
En un reciente fallo -que analógicamente se puede traer a estos obrados-, esta sala segunda en causa mo16237-2015, ha dicho que "el devenir y desarrollo del proceso económico de este país en los últimos años y teniendo en cuenta los destructivos efectos inflacionarios... la clausula limitativa de cobertura del seguro se ha mantenido petrea, en valores desactualizados haciendo recaer ese atraso exclusivamente en la víctima.
La aplicación literal de la clausula de limitación de cobertura contenida en la póliza resultaría frustratoria de la finalidad económica-social del seguro, dejando al firmante del mismo desprotegido por una cobertura proporcionalmente inferior en relación con la magnitud del daño.
Esta situación repercute en la víctima frente a quien se respondería en interior proporción, frustrando su naturaleza indemnizatoria.
La SCBA en causa 119088 ha dicho que " Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.
Dicha obligatoriedad es una pieza más del sistema de protección de las víctimas porque la garantía de solvencia que -en ejercicio de una función social- ofrecen las aseguradoras permite que los daños irrogados con el ejercicio de determinadas actividades (como ser la conducción de un automóvil) sean efectivamente reparados (conf. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio, "Derecho de tránsito. Ley 24.449", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, pág. 269 y sigs.).
Así, el seguro obligatorio -que no se agota en la relación jurídica que vincula al asegurado con el asegurador- también obedece a una necesidad y función socializadora y colectivizadora de los riesgos, atenta primordialmente a la protección de la víctima a través de la efectiva reparación de sus daños; de modo que una razonable aplicación de las cláusulas del contrato, ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del principio de reparación integral de los damnificados, debe llevar a extender la garantía contratada incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico, y sin perjuicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio y las demás prestaciones o riesgos convencionalmente comprometidos por la aseguradora (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43, y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 69, 109, 118, 158 y concs., LS; 3, 37 y concs., ley 24.240; arts. 217, 218, 219 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430)."
Por lo expuesto se deberá revocar parcialmente la sentencia de grado, dejando establecido que el límite de cobertura ha de computarse según la normativa vigente, al momento de hacerse efectivo el p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.