Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 24064
“ MALDONADO DIEGO FERNANDO C/ ORDONEZ VICTOR HUGO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-50169-2016
"PEREZ JOEL ALEJANDRO C/ ORDOÑEZ VICTOR HUGO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
Causa N° MO 24064 2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "MALDONADO DIEGO FERNANDO C/ ORDONEZ VICTOR HUGO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-50169-2016" ; "PEREZ JOEL ALEJANDRO C/ ORDOÑEZ VICTOR HUGO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N° MO 24064 2020 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 con fecha 22 de Agosto de 2022 dictó sentencia para ambos expedientes acumulados.
En cada uno de ellos apeló el actor respectivo y también la citada en garantía, los recursos fueron concedidos libremente.
A los fines del presente, y para una lectura mas sencilla, me referiré a los expedientes indicándolos como "Maldonado" y "Perez".
a) En el expediente "Maldonado" la parte actora expresó sus agravios con la presentación de fecha 12 de Diciembre de 2022, que no fuera replicada en término (ver despacho del 29 de Diciembre de 2022).
La citada en garantía lo hizo con el escrito de fecha 14 de Diciembre de 2022, replicado con fecha 19 de ese mismo mes y año.
Mientras que la actora se viene quejando de las sumas fijadas en concepto de incapacidad psicofísica, daño moral y gastos, la aseguradora cuestiona lo decidido en cuanto a los dos primeros rubros (incapacidad y daño moral), atacando -asimismo- lo resuelto en lo que hace a la tasa de interés aplicable, a la extensión de la cobertura y al límite de la misma.
A los términos de cada una de esas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
b) En el expediente "Perez" la parte actora fundó su recurso con la presentación de fecha 1 de Diciembre de 2022, que no fuera replicada en término (ver despacho del 29 de Diciembre de 2022).
La citada en garantía lo hizo con el escrito de fecha 14 de Diciembre de 2022, replicado con fecha 19 de Diciembre de 2022.
Mientras que la actora se viene quejando de los montos fijados por tratamiento psicológico y lo decidido en cuanto al daño moral, la aseguradora cuestiona -al igual que en el otro expediente acumulado- lo decidido en torno a la incapacidad y al daño moral, atacando -asimismo- lo resuelto en lo que hace a la tasa de interés aplicable, quejándose de la extensión de la cobertura, planteando la inexistencia de acción directa, señalando que aquí no ha sido demandada la asegurada y cuestionando, también, lo decidido en torno al límite de la cobertura.
A los términos de cada una de esas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 2 de Febrero de 2023 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , en ambos expedientes, providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, quedando entonces las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- las expresiones de agravios sortean, en líneas generales, la valla del art. 260 del CPCC, ello sin perjuicio de lo que indicaré en cuanto a algunos aspectos en particular de cada una de ellas, en los que se cae en la insolvencia argumental.
Amén de ello, y siendo que en algunos casos los agravios son idénticos o muy similares, iré tratando conjuntamente aquellos que se puedan, y en forma separada los que sean diversos.
Pues bien, por razones metodológicas (en tanto de ello dependería el tratamiento del resto de los agravios) debo referirme, antes que nada, a las objeciones de la citada en garantía relativas al expediente "Perez" donde plantea que la asegurada no fue demandada, que no existe acción directa y que, por ello, la condena no debería haberle sido hecha extensiva.
El recurso, en este tramo, es notoriamente insuficiente.
Me explico.
Esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
Volviendo al caso, vemos que el argumento medular de la sentencia, para hacer extensiva la cobertura, es que el seguro debía cubrir también al conductor, de acuerdo con las normas jurídicas allí mencionadas.
Luego, la decisión señala que no solamente la citada en garantía debía mantener indemne a la asegurada Gonzalez, sino también al conductor del vehículo (Ordoñez) que sí ha sido demandado.
Pues bien, la aseguradora -en sus quejas- insiste en que no existe demanda contra la asegurada, pero deja totalmente irrebatidas las consideraciones de la sentenciante a las que he hecho mención precedentemente .
Ello así, entiendo que el recurso -en el punto- resulta manifiestamente insuficiente, y que no sortea la valla del art. 260 del CPCC, al dejar irrebatidos los pilares argumentales de la sentencia.
Zanjada esta cuestión, debo proseguir con el tratamiento de las restantes quejas.
Comienzo con el rubro incapacidad psicofísica.
La sentencia fijó la suma de $7.000.000 para el co actor Maldonado y la de $ 2.200.000 para el co actor Perez; la primera suma es apelada por la parte actora, mientas que ambas son apeladas por la citada en garantía.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de las pericias traídas en autos.
Me ocupo primero de lo decidido en cuanto al co actor Maldonado.
Aquí tenemos una pericia médica presentada el 8 de Abril de 2021, respondiendo el experto las explicaciones el día 21 de ese mismo mes y año.
El experto señala que el accionante, a raíz del accidente ocurrido el día 30/06/2016, en base a mecánica accidental, examen clínico, estudios complementarios (TAC, ESPIROMETRÍA y RMN) y antecedentes hospitalarios acreditados en autos, presenta: Insuficiencia respiratoria secuela de trauma cerrado de tórax (neumotórax grado I) y Cervicalgia postraumática por mecanismo de aceleración-desaceleración (contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis en las radiografías, reducción del rango de movilidad de la columna y rigidez con cambios degenerativos discales).
Informando una incapacidad parcial y permanente del 62,40% , que desglosa en un 60% por Insuficiencia respiratoria y 6% por Cervicalgia postraumática.
Asimismo, la pericia psicológica presentada el 9 de Febrero de 2021 (y sus explicaciones del 24 de ese mismo mes y año) nos habla de un daño psíquico, de un Trastorno Adaptativo Subtipo con estado de ánimo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, informando una incapacidad parcial y permanente del 7% .
Llegado este punto, he de señalar que -al igual que lo hizo la Sra. Jueza de la instancia anterior- no veo mérito, razón ni fundamento para apartarme de las conclusiones periciales, pues la sola discrepancia subjetiva de las partes con el dictamen del experto son insuficientes en tal sentido y las pericias se encuentran fundadas, emanan de profesionales competentes, son claras y explicativas, se apoyan en constancias médicas obrantes en la causa y en estudios complementarios de cada especialidad, no habiendo datos -objetivos- que las contradigan.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante vinculado con el hecho cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida y con repercusión en varias áreas de su existencia, no solo en lo laborativo.
La citada en garantía trae una serie de quejas sobre el particular, pero son mas bien genéricas, construidas solo a partir de citas de doctrina y jurisprudencia, con mínimas referencias a las circunstancias del caso concreto.
Lo cierto es que aquí se ha demostrado, pericialmente, un grado de incapacidad psicofísica muy importante (que incluye insuficiencia respiratoria), en una persona joven (21 años al momento del hecho) y que la acompañará por el resto de su vida.
Por lo demás, el hecho de que la suma fijada sea superior a la mencionada en el escrito de demanda no implica, a mi juicio, infracción al principio de congruencia.
Desde esta Sala se ha venido señalando, reiteradamente, que
" Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de este Estado, in re "Piersantelli Vda. de Suarez, Renata y otro c/ Mauregui, Angel s/daños y perjuicios" -Acuerdo 22.875 del 23/11/76- (Acuerdos y Sentencias Tomo 1976-III-p gs 157/60) que: "La remisión, respecto del monto pretendido "a lo que en más o en menos resulte de la prueba", o "de los autos" o "que fijen los peritos" u otras fórmulas de equivalente contenido, es admisible siempre que no exteriorice inconducta procesal". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las sentencias que condenan a un monto que sobrepasa la petición originaria, en tales supuestos no son susceptibles de recursos constitucionales, cualquiera fuere el tipo de acción (E:D: 17-494; L.L. 125-91). No existe, en realidad, decisión "ultra petita" en la genuina acepción del concepto" -mi voto en Causas 21.203 R.S. 143/88 y 18.828 R.S. m167/91 de esta Sala-.- Precisamente la Casación Provincial anuló una sentencia que había limitado el monto de la condena al importe requerido, no obstante haberlo supeditado la demandante a lo que resultare de la prueba.- sostuvo en dicha oportunidad el Dr. Negri: "La Cámara incurre en absurdo al sostener que la sentencia debe ceñirse al monto reclamado, cuando justamente la actora al peticionar esa suma" o lo que en más o en menos resulte de la prueba", está expresamente poniendo de manifiesto que los valores no se "congelen" a cifras históricas, máxime cuando, como en el caso, los rubos valor vida y daño moral que según el fallo "insumen la casi totalidad del reclamo", no están sujetos a reglas fijas, ni a pautas rígidas en función de lo probado, para lo cual basta la certeza que ha existido un perjuicio cierto " (causa nro. 38449 R.S. 544/97; 7656 R.S. 251/15; entre infinidad de otras).
Pues bien, aquí la demanda contiene efectivamente esa salvedad (ver fs. 11) y, asimismo, allí se señala que se pretenden sumas a valores actualizados; no es dato menor, tampoco, que la demanda data del año 2016, es decir, de hace casi siete años.
Con lo cual, y en virtud de lo expuesto, no se observa infracción alguna si se fijan montos mayores a los nominalmente indicados en la demanda.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando la incapacidad resultante con las circunstancias personales del actor (21 años de edad al mome
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.