Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 25125
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, con costas de alzada , al recurrente vencido.
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-25125-2011
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andrés Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "HEREDEROS DE BOGADO MARIA ESTHER C/ LA CABAÑA S.A. S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-25125-2011" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO dijo:
1. Contra el decisorio del 10 de noviembre del 2021, se alzó la citada en garantía el 23 de noviembre, interponiendo recurso de reposición con apelación en subsidio, el cual, rechazado que fue el primero se concedió, el segundo en relación, teniéndoselo por fundado con la misma presentación recursiva, confiriéndose el respectivo traslado el 17 de noviembre del 2022, mereciendo la réplica del 24 del mismo mes y año.
2. El 13 de diciembre del 2022, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Para abordar el caso traídos a resolver, entiendo necesario en primer lugar, efectuar una breve reseña del trámite de las presentes actuaciones.
Contra la sentencia definitiva dictada en autos el 29 de octubre del 2021, se alzó la citada en garantía el 1 de noviembre del mismo año.
Frente a ello, la jurisdicción señala que previo a proveer cuanto por derecho corresponda, dada la naturaleza de orden público de la norma contenida en el art. 29 de la ley 13133, se le hace saber que deberá proceder al depósito pertinente.
Ante lo cual y con fecha 23 de noviembre. el letrado apoderado de la citada en garantía deduce recurso de reposición con apelación en subsidio, planteando en dicha oportunidad la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley 13.133.
La magistrada de la instancia de origen el 14 de junio del 2022, desestimó el planteo de inconstitucionalidad efectuado respecto del Art. 29 de la Ley 13.133; sin imponer costas, concediendo el 27 de junio el recurso deducido en subsidio.
De la reseña efectuada y más allá del tratamiento del planteo de inconstitucionalidiad realizado por la a quo, considero que dicho planteo, resulta extemporáneo, dado que el mismo tuvo que ser introducido en la primera oportunidad donde la normativa se visualizaba aplicable, en sentido, cabe destacar que pese a los agravios aquí traídos en la sentencia definitiva la sentenciante aplica la normativa de defensa al consumidor, teniendo en cuanta las características del caso.
Llegados a este punto vale recordar que esta sala ha venido sosteniendo a través del tiempo que el requerimiento de declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal debe ser formulado en la primera oportunidad procesal propicia (causas n° 46.092, R.S. 50/02; 45.595, R.S. 444/03 y 48.395 R.S. 498/03; entre otras).
Ahora, cuadra ahora clarificar el concepto de "primera oportunidad procesal".
Para ello he de remitirme a lo sostenido por nuestro Superior Tribunal Provincial en el Ac. 44.241 (del 7-5-1991), en donde se señaló que "Cuando esta Corte se ha referido a la "primera oportunidad procesal" en que debe formularse el planteo de inconstitucionalidad, ha añadido que aquella debe ser propicia. Por tal debe entenderse la que permite tanto al interesado desarrollar sus argumentos sobre la pretendida inconstitucionalidad, como a la contraparte la posibilidad de rebatirlos, y no las simples actuaciones de trámite".
En este lineamiento este Tribunal en la causa nro. 39.940 (R.S. 898/04) se inclinó por la temporaneidad del planteo de inconstitucionalidad considerando oportuna la cuestión introducida "en la primera oportunidad en que la aplicación de las normas atacadas al caso se perfiló como posible".-
Con esto quiero señalar que el planteo de inconstitucionalidad de la misma pudo incluso ser introducido en la causa con antelación, ya que se perfilaba como posible la aplicación de dicha normativa en las presentes actuaciones (nótese que ya la sentencia apelada mencionaba la aplicación de la ley 24.240).
Sin perjuicio de ello y para satisfacer el cuestionamiento recursivo de la aseguradora, relativo al derecho de defensa como también del supuesto desequilibrio y enfrentamiento con los derechos de los consumidores he de recordar lo sostenido por esta alzada al decidir en la causa MO-55119-2017 (R.S.:92/2021), donde se ha señalado:
"... Por lo demás, y aquí sí enfatizan, traen una serie de cuestionamientos vinculados con el derecho de defensa, la doble instancia y la igualdad ante la ley.
Estas objeciones encuentran respuesta en dos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (C 122789, 24/02/2021, "Andersen, Federico Ezequiel c/ Telefónica Móviles Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios extracontractual (Exc. Auto./Estado)" -que puede consultarse aquí: http://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=179475- y C 121614, 26/02/2021, "Aparicio, Leandro c/Telefónica de Argentina S.A. s/Daños y perjuicios" -que puede consultarse siguiendo en este enlace http://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=179479- ).
En ellos, y mas allá de la diferencia de matices en sus soluciones (de acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso y las posturas mayoritarias y minoritarias en relación a la solución a adoptar) existió consenso unánime en que la norma se enfoca en la protección a un sector específico (el de los consumidores), alineándose con otros preceptos análogos de nuestro ordenamiento que también exigen la realización de un depósito como recaudo para recurrir, que no constituye una ejecución condicional de la sentencia o una pena y que no violenta la igualdad ante la ley, ni tampoco derechos o garantías consagrados en la Constitución o Convenciones Internacionales.
Así, y compartiendo tales consideraciones (a las que me remito, para su lectura extensiva), entiendo que la normativa objetada no vulnera ninguno de los derechos o garantías expuestos por los apelantes, sino que implica un, razonable, arbitrio del legislador encaminado a la protección de un sector específico.
Las quejosas nos hablan de la cantidad de procesos instaurados a su respecto, mas ello no está previsto como una excepción dentro de la normativa y, en definitiva, hace a la dinámica propia de determinadas actividades.
Por lo demás, la Suprema Corte -en aquellos precedentes- deja abierta la puerta a la posibilidad de que si, en algún caso concreto, la realización del depósito configurara un recaudo de cumplimiento imposible, se contemple la posibilidad de su eximición, cuestión que -aquí- ni siquiera se ha dejado entrever y que, por lo demás, observando el monto de la condena, tampoco queda en evidencia.
Amén de todo lo expuesto, la Sala III de esta Excelentísima Cámara, integrada en ese momento por el suscripto y la Dra. Ludueña, lo ha resuelto en el sentido indicado (Causa nro. MO-26362-2010 R.I. 171/20)" .
Aplicando tales conceptos al presente caso, y agregando a ello que no obstante los perjuicios (genéricos) que se mencionan, la quejosa no demuestra que el depósito exigido le esté impidiendo en el caso concreto el acceso a la segunda instancia, los agravios no son atendibles.
Nótese, incluso, que no habría infracción a la igualdad procesal, porque la apelante y la parte actora no se encuentan en igualdad de condiciones, siendo que la protección a usuarios y consumidores es un mandato que emana de la propia Constitución Nacional (art. 42 Const. Nac.).
Por último, respecto a lo manifestado por el apelante respecto de la existencia de franquicia, el deposito se deberá efectuar en los términos estipulados en la sentencia cuestionada, en cuanto analiza los alcances de la condena en el punto sexto de los considerandos, destacando que la magistrada de la instancia de origen en el decisorio aquí cuestionado se refiere al "depósito pertinente".
En virtud de lo expuesto considero que se deberá, sin más, confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, con costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, con costas de alzada , al recurrente vencido.
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 18/04/2023 09:17:39 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2023 10:45:47 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2023 10:47:49 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 18/04/2023 10:47:50 hs. bajo el número RS-105-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia