Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 8466
Causa Nº MO-8466-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "GUERRERO CRISTINA Y OTRO/A C/ BRACCI MARISA BEATRIZ Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-8466-2018" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 Departamental, con fecha 25 de Octubre de 2022 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelaron la demandada y la citada en garantía.
Su recurso se concedió libremente y se fundamentó con la expresión de agravios de fecha 28 de Diciembre de 2022, replicada por la actora con fecha 7 de Febrero de 2023.
Básicamente, se quejan las apelantes por las sumas fijadas en concepto de incapacidad física, daño psíquico y tratamiento y daño moral, cuestionando asimismo la tasa de interés que manda a aplicarse a los montos de condena.
Al tenor de sus agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 16 de Febrero de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- la expresión de agravios satisface las exigencias del art. 260 del CPCC.
Paso entonces a ocuparme del fondo del asunto.
Comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad física, rubro que prosperó por la suma de $980.000 para la co actora Guerrero y de $848.500 para el co actor Ruiz.
Comienzo dando respuesta al planteo que formulan las apelantes en cuando a la relación entre los montos de condena y los montos reclamados.
Desde esta Sala se ha venido sosteniendo que, " como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de este Estado, in re "Piersantelli Vda. de Suarez, Renata y otro c/ Mauregui, Angel s/daños y perjuicios" -Acuerdo 22.875 del 23/11/76- (Acuerdos y Sentencias Tomo 1976-III-p gs 157/60) que: "La remisión, respecto del monto pretendido "a lo que en más o en menos resulte de la prueba", o "de los autos" o "que fijen los peritos" u otras fórmulas de equivalente contenido, es admisible siempre que no exteriorice inconducta procesal". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las sentencias que condenan a un monto que sobrepasa la petición originaria, en tales supuestos no son susceptibles de recursos constitucionales, cualquiera fuere el tipo de acción (E:D: 17-494; L.L. 125-91). No existe, en realidad, decisión "ultra petita" en la genuina acepción del concepto" -mi voto en Causas 21.203 R.S. 143/88 y 18.828 R.S. m167/91 de esta Sala-.- Precisamente la Casación Provincial anuló una sentencia que había limitado el monto de la condena al importe requerido, no obstante haberlo supeditado la demandante a lo que resultare de la prueba.- sostuvo en dicha oportunidad el Dr. Negri: "La Cámara incurre en absurdo al sostener que la sentencia debe ceñirse al monto reclamado, cuando justamente la actora al peticionar esa suma" o lo que en más o en menos resulte de la prueba", está expresamente poniendo de manifiesto que los valores no se "congelen" a cifras históricas, máxime cuando, como en el caso, los rubos valor vida y daño moral que según el fallo "insumen la casi totalidad del reclamo", no está n sujetos a reglas fijas, ni a pautas rígidas en función de lo probado, para lo cual basta la certeza que ha existido un perjuicio cierto (art. 1067 Código Civil, Causas L. 34.235 en Acuerdos y Sentencias 1985-III-178; L. 36.489 del 2/9/86, su doctrina) " (causa nro. 38449 R.S. 544/97, entre infinidad de otras).
Sentado ello, y dados los términos del escrito inicial (ver fs. 36, 38 y siguientes) donde incluso se exteriorizó la pretensión de que se mantengan esos valores constantes, teniendo en cuenta incluso el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, no cabe reproche alguno ni implica incongruencia el hecho de que se hayan fijado montos mayores a los mencionados en el escrito inicial.
Zanjada tal cuestión, puedo proseguir con mi análisis de las sumas fijadas.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de la pericia traída en autos.
El dictamen pericial de fecha 7 de Agosto de 2020 informa que, como consecuencia del accidente los actores padecieron Cervicalgia y lumbalgia con limitación funcional y tendinitis hombro izquierdo con limitación funcional en el caso de Guerrero y Cervicalgia con limitación funcional, esguince rodilla derecha y tendinitis hombro derecho con limitación funcional en el caso de Ruis.
Informa para la primera una incapacidad parcial y permanente del 19,59% que desglosa en la forma allí indicada y para el segundo una incapacidad parcial y permanente del 16,97%, que desglosa en la forma que allí se expresa.
Las apelantes requirieron explicaciones del perito con fecha 24 de Agosto de 2020, quien las evacuó con fecha 2 de Septiembre de ese mismo año.
Ahora bien, en cuanto a la vinculación causal de las lesiones con el accidente, temática que introducen las recurrentes, se observa que el perito se apoyó en la documentación médica concomitante al hecho (ver la glosada a fs. 77/80 y 82/85) e incluso así lo dice el perito al responder las explicaciones, frente a las cuales las quejosas permanecieron silentes.
Las recurrentes traen una serie de cuestiones en sus agravios respecto de esta documentación médica, pero lo cierto es que en las piezas de fs. 82/85 surgen mencionadas las lesiones de las que nos habla el perito y, frente a dicho aporte, que llegó al proceso por vía informativa, las quejosas no hicieron absolutamente nada (art. 401 del CPCC).
Con lo cual, es tarde que intenten hacerlo en la instancia recursiva.
En suma: la pericia emana de profesional competente, es clara, concisa y asertiva, está fundada y apoyadas en documentación concomitante al hecho y no existen en el expediente elementos de convicción (objetivos) que las contradigan (arts. 384 y 474 del CPCC) mas allá de la discrepancia subjetiva de las quejosas.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a los actores a lo largo de los años que les queden de vida.
Por supuesto que habrán de evaluarse las demás circunstancias del caso, que bien refiere la sentencia (edad, ocupación, condición socio económica, etc.).
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, estando probado el accidente y la participación de los actores en el mismo, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales de cada actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generarles, entiendo que las sumas fijadas en este rubro no son para nada elevadas.
Luego, y existiendo solo recurso de la demandada y citada en garantía, voy a promover su confirmación.
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de incapacidad y tratamiento psicológico.
Aquí se fijó por incapacidad la suma de $650.000 y por costo de tratamiento psicoterapeutico la de $96.000 para la co actora Guerrero y de $700.000 y $108.000 para el co actor Ruiz, por los mismos conceptos.
Siguiendo las pautas antedichas, tenemos que aquí se llevó a cabo prueba pericial.
De la pericia de fecha 21 de Marzo de 2020 y explicaciones del 21 de Mayo del mismo año surge que -en el caso de la Sra. Guerrero- la actora padece neurosis de angustia moderada, otorgándole un 13% de incapacidad parcial y permanente, sugiriendo un tratamiento de 12 meses de duración a fin de que no se agraven el cuadro previamente descripto, y señalando que el promedio de frecuencia de la consulta Psicológica es semanal y la Psiquiátrica mensual.
Y en el caso de Ruiz, que el actor padece desorden por Estrés Postraumático moderado, otorgandole un 14% de incapacidad parcial y permanente, sugiriendo tratamiento Psicoterapéutico de 18 meses de duración a fin de que no se agraven el cuadro previamente descripto, señalando que el promedio de frecuencia de la consulta es semanal.
Pues bien, la pericia emana de profesional competente, es fundada, clara y explicativa, se basa en estudios y trabajos de su especialidad y no existe elemento de convicción (objetivo) en el proceso que lo contradiga; desde ya, la discrepancia (subjetiva) de las apelantes con lo sostenido por el experto no es motivo bastante como para apartarse del dictamen (arts. 384 y 474 del CPCC).
Amén de lo cual, tampoco le asiste razón a las quejosas cuando dicen que con el tratamiento desaparecerá la incapacidad, pues dicho tratamiento fue fijado a los fines de prevenir eventuales agravamientos.
Ello así, tomando las antedichas pautas de tarifación y conjugando las incapacidades resultantes con las condiciones personales de los actores, ponderando -asimismo- el tipo y duración de los tratamientos aconsejados, como así también el costo medio -actual- que conforme las máximas de la experiencia requiere ese tipo de abordaje terapéutico, entiendo que ni la suma fijada por incapacidad ni la fijada por tratamiento son excesivas.
Ello así, propondré su confirmación.
Debo continuar, ahora, con las sumas fijadas para resarcir el daño extrapatrimonial.
Aquí se fijó la suma de $815.000 para la co actora Guerrero y $774.000 para el co actor Ruiz.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrieron los actores, y las secuelas psicofísicas que les han quedado.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que los actores pudieran encontrar con el dinero, entiendo que los montos fijados no son excesivos.
He abordado, ya, todos los componentes resarcitorios.
Me queda por tratar la cuestión de los intereses.
Y aquí, las quejosas argumentan en cuanto a la fijación de los montos a valores actuales, en orden a extender la aplicación de la tasa del 6% hasta el presente decisorio.
Pero ocurre que, al no existir recurso de la actora, solo nos hemos limitado a considerar si dichos montos resultaban elevados, y estamos entendiendo que no lo son.
En este contexto, no hemos fijado, aquí y ahora, las indemnizaciones, sino solo revisado las de primera instancia, en cuanto se las denunciaba excesivas.
Distinto hubiera sido, por supuesto, el caso si hubiera existido plenitud total en la apertura de la jurisdicción revisora, por apelación de ambas partes.
Pero como aquí solo apelaron la demandad y su garante, ello no sucedió.
Luego, y por tales razones, no resulta atendible el planteo que formulan las quejosas, por la sencilla razón de que no estamos, en este momento, fijando los montos, sino revisando (limitadamente, insisto) los establecidos en primera instancia.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá confirmarse la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a las apelantes (art. 68 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya var
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