Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 29765
Causa Nº MO-29765-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "I. M. E. Y OTROS C/ EMPRESA LINEA DOSCIENTOS DIECISEIS SA DE TRANSPORTES Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-29765-2020" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. Contra la sentencia definitiva del 31 de Octubre de 2022, se alzaron la parte actora como la demandada y citada en garantía interponiendo recurso de apelación; los mismos fueron concedidos libremente.
La parte actora fundó su recurso con el escrito de fecha 19 de Diciembre de 2022, replicado con fecha 2 de Febrero de 2023.
La demandada y su garante lo hicieron con el de fecha 21 de Diciembre de 2022, replicado con fecha 1 de Febrero de 2023.
La actora se queja de los montos resarcitorios fijados en concepto de valor vida y perdida de chance a favor de M. E. I., daño Psicológico a favor de los actores M. E. I., L. V. K. D. y J. M. N. D., también de la desestimación del tratamiento psicológico para los actores M. E. I., L. V. K. D. y J. M. N. D., y de las sumas fijada en concepto de daño moral a favor de la madre y los hermanos de la víctima.
Mientras tanto, la demandada y citada en garantía cuestionan la atribución de responsabilidad, de los montos resarcitorios y los intereses establecidos en la sentencia.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
El día 23 de febrero de 2022, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada voy a referirme, inicialmente, a la atribución de responsabilidad.
La demandada y su aseguradora la cuestionaron, pero lo han hecho de manera notoriamente insuficiente.
Veamos.
Aquí la discusión giró en torno a la ausencia de casco, como circunstancia que -a juicio de las quejosas- denotaba la responsabilidad de la propia víctima, en el desenlace de los hechos.
Este tema fue abordado en la sentencia y su conclusión es clarísima: " la no utilización del casco protector por parte de A. S. I. I., que no ha sido probado en autos ni en la causa penal venida ad effectum videndi et probandi, no hubiera tenido incidencia alguna en el desenlace de muerte de la ciclista, en tanto su utilización no hubiese impedido el traumatismo torácico y politraumatismos que también sufrió la joven y que contribuyeron a su deceso ".
Es decir, dicha conclusión se apoya en dos pilares: no se ha acreditado debidamente la ausencia de casco y, aun si la víctima lo hubiera tenido, ello no hubiera variado el desenlace, dado el traumatismo toráxico que ella padeció también.
Ahora bien, para refutar este postulado, las apelantes debían demostrar, de manera concreta y razonada, que el hecho de haber contado con casco, sí hubiera variado el desenlace.
No olvidemos que la pericia en la que se basa la sentencia considera como causa del deceso un paro cardiorespiratorio traumático consecuente con hemorragia cerebral secundario a traumatismo encéfalocraneano Y torácico (politraumatismo).
Entonces, lo que las apelantes debieron haber demostrado, debidamente, es que de haber existido el casco, el deceso no se hubiera producido.
Cosa que no hacen, porque al traumatismo torácico no le dedican siquiera una palabra.
De este modo, el recurso deviene desierto en el punto, por cuanto estaba a cargo de las apelantes primero la interpretación y, luego, la refutación de los postulados en que el fallo se apoya.
Lo que, por lo expuesto, no han hecho, dado que se han quedado en la cuestión de la ausencia, o no de casco, y su acreditación, sin decir absolutamente nada del restante traumatismo, del que hablaron la autopsia y el perito.
Ello así, su recurso deviene desierto en el punto (art. 260 del CPCC) y así propondré que se lo declare.
Prosigo, ahora, tratando los restantes agravios, y comienzo con los montos resarcitorios.
Comienzo por la suma fijada en concepto de valor vida ($1.000.0000).
Aquí es de aplicación la regla del art. 1745 inc. c) del CCyCN que consagra como rubro indemnizatorio, en caso de fallecimiento, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos.
Nuestra Suprema Corte de Justicia tiene resuelto que la vida humana no tiene de por sí valor pecuniario porque no está en el comercio, ni puede cotizarse en dinero, toda vez que, si bien es un derecho de la personalidad "el más eminente de todos- empero, no obstante la importancia que tiene para el hombre su vida, no constituye un bien en el sentido que usa esa denominación el art.2312 del Cód. Civil, como "...objeto material o inmaterial susceptible de valor", sólo tiene valor económico en consideración a lo que produce o puede producir (Ac.35.428 del 14/05/91, voto del Dr. Negri).
La reparación del perjuicio derivado de la muerte de la víctima, corresponde aplicar un criterio estimativo racional, tratando de reestablecer el equilibrio roto por el acto ilícito y restituir en la medida de lo posible a quien o quienes resulten perjudicados, el bien económico perdido, teniendo a este respecto el arbitrio judicial vasto margen de apreciación (COLOMBO, "Culpa aquiliana", p.800; SALVAT-ACUÑA ANZORENA, "Fuentes de las obligaciones", T.IV, p.112).
La indemnización que se acuerda por el valor chance se caracteriza por la incertidumbre, pues si así no fuere, si el bien futuro resultara cierto, no habría probabilidad de pérdida sino directamente daño a un bien que habría de llegar de todos modos. La doctrina y jurisprudencia han puesto énfasis en ella, pues lo que se indemniza es la privación de una esperanza para los padres. Está en juego una oportunidad que el causante del daño impide, pero no la ventaja perdida o un mal evitado, pues se manejan siempre en el concepto de chance: probabilidades en contra y probabilidades a favor, que no es posible definir por causa del daño (CNEsp. C. y C. Sala I, "Fleitas c/ Isnardi s/Daños", 9//9/87).-
La chance de ayuda es presumible, en principio, cualquiera sea la condición económica de los padres, inferencia que es especialmente fundada tratándose de familias humildes.-
Es de tener en cuenta que resulta difícil conceptualizar el valor de la vida humana, la cual no tiene valor económico "per se" sino en consideración a lo que produce o puede producir.-
Pero, esta productividad puede manifestarse en las formas más variadas: sea como trabajo que inmediatamente determina beneficios patrimoniales (ganancias, sueldos, etc), sea como actividad que, aunque sin producir por sí misma estos beneficios, los ocasiona mediatamente para el propio sujeto o para otros: así, se estima con razón, v.gr. que el esposo y los hijos sufren un daño material por la muerte de la esposa y de la madre, que atendía con sus cuidados a las necesidades del hogar y hacía de este modo posible el trabajo fuera de la casa o en otros menesteres de los demás miembros de la familia (ORGAZ, "El daño resarcible", p.104).-
El cálculo indemnizatorio debe ser establecido prudencialmente por los jueces, sin que para ello deban utilizarse fórmulas estrictas o materiales.
Como dice LLAMBIAS, lo que se computa, no es la ganancia del muerto, sino las necesidades de los vivos (ED, 51-886).
Es decir, que la determinación de la vida humana no se hace en consideración al titular de esa vida que ha fallecido, sino en consideración a quienes lo sobreviven porque sonéstos los que, en sus patrimonios, sufrirán las consecuencias económicas que pudo haber provocado la desaparición del occiso y es por ello que ejercen su acción "iure propio".
Es el valor de esas consecuencias, el valor de los bienes y recursos que la actividad productiva del muerto permitía ingresar a esos patrimonios lo que cabe medir y tarifar cuando se trata del valor vida humana (C1ª CC La Plata, Sala III, 4-2-99, La Ley Bs.As. 1999, p.601).
Lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza con contenido económico que constituye para una familia, la vida de uno de sus integrantes muerto a consecuencia de un hecho ilícito, toda vez que, independientemente de la lesión moral que representa para esa familia la pérdida de un ser querido, integrante de la misma, la supresión de la vida humana se traduce en un perjuicio de tipo patrimonial, fundamento común al del resarcimiento del perjuicio derivado de la muerte de la víctima en el caso (Cám. C. y C. Mercedes, sala I, 24-02-94).
En el caso de autos el reclamo lo hace la madre de la víctima.
Tenemos para valorar las condiciones personales de la víctima: una joven de 18 años de edad, soltera, estudiante y que realizaba tareas como niñera, de las condiciones socio económicas (humildes) mencionadas en el fallo.
Conjugamos ello con la edad y condiciones socio económicas de su madre, y las características del grupo familiar.
En este contexto, si consideramos la asistencia que la víctima podría prestar a su madre, tanto en el momento del deceso -pues convivía con ella- y -luego- durante la mayor edad de la progenitora (especialmente los últimos diez años), entiendo que el monto fijado es reducido y por ello en ejercicio de la facultad-deber del art. 165 del CPCC, propongo elevar la indemnización establecida a la de $10.000.000 (diez millones de pesos) .
Prosigo ahora con las quejas atinentes al rubro daño y tratamiento psicológico en favor de M. E. I., L. V. K. D. Y J. M. N. D..
El rubro prospera, solo en concepto de daño psíquico, por la suma de $1.980.000 y de $1.645.000 para los dos hermanos, rechazando el tratamiento psicológico para todos ellos; además de rechazar el rubro en su totalidad para los restantes hermanos reclamantes.
Este último aspecto del fallo no es cuestionado.
Sí se objetan los montos resarcitorios aludidos -por ambas partes- y el rechazo del tratamiento psicológico -por la parte actora-.
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art. 1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).
Respecto al daño en la esfera psíquica, el mismo se configura mediante la "...perturbación patológica de la personalidad, que altera el equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente del damnificado" (ZAVALA DE GÓNZALEZ, "Daños a las personas...", T.2, p.231).
Este daño comprende tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, sea como situación estable o bien accidental y transitoria que implica en todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación (JORGE GALDOS, Acerca del daño psicológico), JA 2005-1, fas.n°10).
Según Mariano Castex y M. Ciruzzi "... puede hablarse de la existencia de daño psíquico en un determinado sujeto, cuando éste presente un deterioro, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psico-orgánico que, afectando sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o social y/o recreativa, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativa" ("El daño psíquico en la Medicina y Psicología Forense" por Mariano Castex y María Ciruzzi 1989/1990?).-
Resulta innegable que la integridad psíquica de las personas es objeto de protección jurídica, de modo tal que toda lesión a la psique debe ser resarcida sin perjuicio de las lesiones corporales que el afectado haya sufrido o no, ya que el cuerpo y psique son una unidad inescindible (KRAUT, Alfredo, "Los derechos de los pacientes").-
La prueba esencial, en este caso es la pericial.
La perito psicóloga, en su dictamen de fecha 22 de Febrero de 2022 informa que la Sra. Mariel Edith Insaurralde presenta como secuelas causales al accidente trastorno por stress postraumático cronificado informando un 25% de incapacidad, recomendando realizar un tratamiento psicoterapéutico consistente en una sesión semanal por un período de 12 a 24 meses de duración, a los fines de no agravar el trastorno referido.
Lo cual es ratificado con sus escritos del 3 y 16 de Marzo de ese mismo año, a los que cabe remitirse.
Respecto de los otros dos actores, en los escritos también presentados con fecha 22 de Febrero de 2022, la perito informa que el menor L. V. K. D. presenta como secuelas causales al accidente un trastorno por stress postraumático crónico con una incapacidad del 35%, recomendando realizar un tratamiento psicoterapéutico consistente en una sesión semanal por un período de 12 a 24 meses de duración, a los fines de no agravar el trastorno referido.
Y expresa que J. M. N. D. presenta como secuelas causales al accidente un trastorno adaptativo crónico con estado de ánimo depresivo, con un 15% de incapacidad, recomendando realizar un tratamiento psicoterapéutico consistente en una sesión semanal por un período de 6 a 12 meses de duración.
Con los escritos de fecha 3 y 16 de Marzo de 2022, la perito ratifica aquel dictamen.
No encuentro mérito alguno en este punto que me incline a apartarme de la opinión técnico pericial, pues emana de profesional competente, está fundada, es clara y explicativa, no existiendo en el expediente elementos que la contradigan (art. 384 y 474, C.P.C.C.).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcula au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
La fuerza probatoria de los dictámenes periciales es de meritación exclusiva del magistrado, quien, teniendo en consideración la competencia de las personas que efectúan los mismos, los principios en que puedan fundarlos y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, tomará su propia convicción, adjudicándole el valor que estime apropiado para la solución de la litis (S.C.B.A., D.J.B.A. v. 134 p. 345, L.L. 1988-D-100; Morello, "Códigos...", t. V-B, pág. 439).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (art. 1740, C.C.C.; conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).
Pues bien, a la luz de lo expuesto, debemos conjugar los porcentuales de incapacidad con las demás circunstancias que el proceso nos ofrece.
En el caso de la madre de la víctima, tenía, al momento del accidente, 44 años de edad, y sus circunstancias socio económicas son las que se mencionan en la sentencia.
Los hermanos de la víctima, L. V. K. D. y J. M. N. D. tenían 10 y 20 años respectivamente, solteros y estudiantes.
Aquí he de detenerme para señalar que no coincido con la postulación del fallo en el sentido de que el monto a fijarse a los hermanos no pueda superar el de la progenitora, si tenemos en cuenta que pueden ser diversas las circunstancias del caso, o diversas las incapacidades, también distintas las edades (y la proyección del daño) e, incluso, computando lo que bien se resalta en los agravios, en el sentido de que L. V. ha presenciado el accidente que costó la vida de su hermana.
El daño se tarifa para cada co actor y puede llegar a ser muy diverso de una persona a otra.
No desconozco, así, el dolor que implica para una madre la pérdida de una hija en un accidente de tránsito y todo lo que ello conlleva, pero -desde mi punto de vista- ello no puede ir en desmedro de los hermanos de la víctima, que también han padecido un impacto en su integridad psíquica, aun si este daño es mayor que el de su madre (no olvidemos que Lars era un niño de muy corta edad a ese momento).
Sobre este piso de marcha, y teniendo en cuenta todo lo dicho, entiendo que las sumas fijadas por incapacidad son sensiblemente reducidas y, por ello, promoveré su elevación a las de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) para M. E. I., $6.000.000 (seis millones de pesos) para L. V. K. D. y $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) para J. M. N. D..
Por otro lado, en cuanto a los gastos de tratamiento, la opinión pericial transcripta ha sido clara en cuanto a que los mismos apuntan a evitar eventuales agravamientos del cuadro instalado.
De este modo, el tema debe observarse no ya a la luz de lo previsto por el art. 1746 del CCyCN, sino de lo establecido en el ámbito de la función preventiva de la responsabilidad civil (arts. 1710 inc. c), 1711 y 1713 del CCyCN).
Así, si el accidente causó un daño y es necesario un tratamiento para evitar que se agrave el cuadro instalado, no existe duplicidad resarcitoria alguna y el responsable del evento deberá hacerse cargo, justamente, del pago de este tratamiento.
Consecuentemente, teniendo en cuenta el tipo de tratamiento aconsejado y el valor medio de la sesión que, conforme las máximas de la experiencia cabe computar en la actualidad -dado que estamos hablando de tratamientos futuros- considero que el rubro tratamiento psicológico debe prosperar por la suma de $416.000 (cuatroscientos dieciseis mil pesos) para M. E. I., $416.000 (cuatroscientos dieciseis mil pesos) para L. V. K. D. y $208.000 (doscientos ocho mil pesos) para J. M. N. D..
Debo continuar, ahora, abordando las sumas fijadas en concepto de daño extrapatrimonial.
El rubro prosperó por las sumas de $3.000.000 para la Sra. Insaurralde y, en el caso de L. V. K. D., A. J. A. D., A. P. N. D. y J. M. N. D., por la suma de $1.000.000 para cada uno de ellos.
Al respecto se ha venido sosteniendo que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se t
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.