Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 18968
Causa Nº MO-18968-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "IRIBARREN LORENZO PEDRO C/ DIAZ RAUL ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-18968-2020" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. Contra la sentencia dictada el 10 de noviembre del 2022, se alzaron tanto la parte actora como la citada en garantía, interponiendo sendos recursos de apelación los días 10 y 14 de noviembre, siendo los mismos concedidos libremente el 14 de noviembre.
Llegadas las actuaciones a esta alzada, se presentaron las pertinentes expresiones de agravios los días 2 y 12 de diciembre del 2022, confiriéndose el respectivo traslado, mereció las réplicas presentadas los días 15 y 20 de diciembre.
2. El 29 de diciembre del 2022, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
A.- agravios de la parte actora
En primer lugar cuestiona la cuantificación del rubro incapacidad sobreviniente, daño psicofísico, solicitando que se eleven el monto tarifado.
En segundo término, se alza contra el monto fijado en concepto de daño moral, también por considerarlo insuficiente.
B.- Agravios de la Aseguradora
Comienza, cuestionando la cuantificación del rubro incapacidad sobreviniente, como así también la del daño psicológico y su tratamiento terapéutico.
Luego de ello, solicita la reducción del monto fijado en concepto de daño moral, gastos de atención médica y traslados.
También ataca el monto fijado en concepto del daño y desvalorización del automotor.
Asimismo, se agravia por la extensión de la condena, en cuanto el sentenciante dispuso que el limite de cobertura será el establecido en la resolución de la superintendencia de seguros de la nación al momento del efectivo pago.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
Preliminarmente debo destacar que las expresiones de agravios traídas cumplen con la manda del art. 260 del C.P.C.C. salvo aspecto puntuales de la presentación de la citada en garantía que abordaré oportunamente.
Ahora, y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que el Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).
Decía anteriormente que en algunos aspectos, que en seguida señalaría, las fundamentaciones recursivas no sorteaban la valla del art. 260 del CPCC.
Al respecto es bueno recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio "tantum devolutum quantum apellatum", hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94)".-
En virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde analizar el concreto caso de autos.
Situándonos en el memorial de la citada en garantía observamos que los cuestionamientos respecto a la incapacidad sobreviniente, daño psicológico, tratamiento terapéutico y desvalorización del rodado, no cumplen con la manda del art. 260 del C.P.C.C. en cuanto a la critica concreta y razonada que dicha norma requiere para el embate recursivo.
Observamos que los escasos conceptos traídos en tales embates, sin profundizar en detalles del presente caso y sólidos fundamentos, no logran enervar la decisión jurisdiccional, transitando por consideraciones genéricas pero sin intentar demostrar, de manera concreta y razonada, por qué lo resuelto en el caso específico no sería correcto.
En consecuencia, no habiendo la citada en garantía expresado eficazmente agravios en relación a la resolución apelada respecto a los puntos destacados precedentemente, quedando de esta manera irrebatidos los argumentos expuestos por el sentenciante en estos puntos, entiendo que corresponde dinamizar la sanción prevista en el art. 261 del C.P.C.C. -art. 260 del C.P.C.C.-, debiéndose declarar desierto el recurso de apelación deducido por la aseguradora por insuficiencia recursiva en lo que respecta puntualmente al cuestionamiento de la incapacidad sobreviniente, daño psicológico, tratamiento terapéutico y desvalorización del rodado..
El sentenciante cuantificó el rubro en la suma de $920.000, generando ello el alzamiento de la parte actora.
Comencemos.
Es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
Para ello, entonces, debemos recurrir a la pericia médica (art. 384 y 474 del C.P.C.C) presentada en autos, el 1 de febrero del 2022, donde se indica:
" Analizado lo referido por el examinado y los hallazgos emergentes del examen médico practicado, el análisis de los estudios complementarios, así como las constancias médicas que obran en autos, concluyo:
Que cabe considerar verosímil que ha protagonizado un siniestro.
Que ha evolucionado con secuelas funcionales.
Que si bien la determinación de la relación causal del hecho que nos ocupa, es materia de resorte exclusivo y excluyente del juzgador, de acuerdo al análisis de la documentación que consta en autos, esta perito determina nexo de causalidad entre las lesiones descriptas y el accidente por el que se reclama.
De demostrarse en autos como cierto el accidente sufrido por el actor, se debería reconocer un nexo de causalidad para las incapacidades resultantes.
Encuentro una incapacidad física de tipo parcial y permanente del 11,55 % correspondiendo: (BAREMO GENERAL PARA FUERO CIVIL – ALTUBE JOSE, RINALDI CARLOS) 1. Cervicalgia: Contractura muscular y rigidez con cambios degenerativos discales (estrechamiento del disco intervertebral involucrado). Baremo determina 6-12%. Se asigna 10% descontando por edad y eventual patología degenerativa columnaria. Se otorga 5% 2. Hombro izquierdo: Tendinitis crónica y rebelde al tratamiento. No dominante. Baremo determina 3-7%. Considerando edad y eventual patología degenerativa se otorga 5% 3. Codo izquierdo: Bursitis o epicondilitis de codo crónica y rebelde al tratamiento No dominante. Baremo determina 1-5%. Considerando edad y eventual patología degenerativa se otorga 2%
Determinación de incapacidad:
1. 5% cervical
100% - 5% = 95% capacidad restante: 95%
2. 5% hombro
95% x 5 % =4,75 % 95% - 4,75% = 90,25%
Capacidad restante: 90,25 %
3. 2% codo
90,25% x 2 % = 1,80 % 90.25% - 1,80= 88,45%
Capacidad restante: 88,45 %
SUMATORIA DE INCAPACIDADES
1 + 2 + 3 = INCAPACIDADES
5 % + 4.75% +1.80% = 11,55%
CAPACIDAD RESTANTE + PORCENTAJE DE INCAPACIDAD
88,45 % + 11,55% = 100%
Puntos de pericia de la parte actora.
1. Las lesiones sufridas por el actor, después de evaluar los certificados médicos, historia clínica y estudios complementarios que constan en autos, podrían haber sido ocasionadas como se relatan en la demanda.
2. El actor debería continuar con sesiones de fisiokinesiología. Las patologías mencionadas generalmente tienen una evolución crónica, dichas sesiones probablemente deban realizarse en forma intermitente, pero con continuidad en el tiempo. Costo actual estimado de $1000-$1500 la sesión según el tipo de kinesiología a realizar. En esta etapa de las lesiones la cantidad de sesiones dependen de la evolución controlada permanentemente.
3. No hay documentación de gastos realizados. De igual medo no es función del perito medico el cálculo de gastos.
4. Incapacidad física de tipo parcial y permanente del 11,55 % BAREMO GENERAL PARA FUERO CIVIL – ALTUBE JOSE, RINALDI CARLOS
(...)Consulta día 16-03-2020, Cervicalgia post traumática. Omalgia izquierda y artralgia en codo izquierdo sin limitación funcional. Solicita radiografías. Aine, cabestrillo y nuevo control. Control día 19-03-2020 persiste dolor en hombro izquierdo. Continúa con cabestrillo y kinesiología.
Al momento de la evaluación, 8 meses después del hecho, las patologías evolucionaron como se describen en el examen funcional del presente informe pericial.
(...)5. El actor no refiere antecedente de traumas clínicos o quirúrgicos. Si bien estadísticamente la edad del actor determina la presencia de patología degenerativa, no manifiesta ni hay constancia de sintomatología incapacitante hasta el siniestro.
En la modalidad de trauma auto vs auto, donde el conductor de un automóvil (en este caso el actor) circula con cinturón de seguridad y resulta embestido en su parte trasera, se generan lesiones como las que presenta el demandante, latigazo cervical, trauma de hombro izquierdo fijado por el cinturón de seguridad y codo izquierdo al golpear contra el interior de la puerta del conductor".
El 23 de febrero el experto contesta el pedido de explicaciones y destaca
"2. El actor no refiere antecedentes traumáticos clínicos o quirúrgicos. De demostrarse en autos como cierto el accidente sufrido por el actor, es de considerar causalidad entre las dolencias actuales y el accidente denunciado. El actor fue evaluado al año del siniestro refiriendo que los traumatismos acreditados por historia clínica continuaban alterando su actividad diaria. Sin perjuicio a considerar la edad del actor con probable patología degenerativa, es claro que las lesiones que habría sufrido en el hecho, reflejadas en estudios complementarios con patología post trauma, se condicen con las afecciones manifestadas por los galenos en las historias clínicas aportadas al momento del hecho.
3. Como se transcribió en el punto 1 el actor fue tratado con analgésicos, inmovilización y reposo. La persistencia de sintomatología y patología en estudios complementarios determinan la eficacia parcial del tratamiento. Así como se considera la patología degenerativa por edad que pudiera estar presente en el actor para disminuir su incapacidad, debe considerarse que esa misma patología existente en el actor, ante un trauma, provoca una sintomatología que requiere mayor tiempo y tratamiento para su mejoría.
4. Analizado lo referido por el examinado y los hallazgos emergentes del examen médico practicado, el análisis de los estudios complementarios, así como las constancias médicas que obran en autos, concluyo:
Que cabe considerar verosímil que ha protagonizado un siniestro.
Que ha evolucionado con secuelas funcionales.
Que por evaluación del medico al momento del hecho se evidenciaron traumas en las articulaciones descriptas
Que al momen
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