Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 5166
Causa Nº MO-5166-2012
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ECHANIZ FERNANDEZ CRISTIAN JOSUE C/ GOMEZ SERGIO DARIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-5166-2012" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. Contra la sentencia definitiva dictada por la Sra. Juez Titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 3 departamental el día 2 de febrero de 2023 se alzaron la parte actora, la demandada y la citada en garantia interponiendo recurso de apelación; los mismos fueron concedidos libremente y se fundó con la expresión de agravios de fecha 8 de mayo de 2023 (la actora) y 15 del mismo mes y año (demandada y citada en garantia). Ambos escritos han sido replicados por la contraria, con los de fecha 29 y 31 de ese mes.
2. Previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Las partes se agravian de los montos otorgados para los distintos rubros indemnizatorios. La actora para que estos sean elevados y -claro esta- la demandada y citada en garantia pregonan su reducción.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse,
A fin de dotar a mi exposición de la mayor claridad, iré desglosando los distintos puntos que son materia de agravio.
a) Incapacidad psicofísica
La suma fijada en la instancia previa ($600.000) llega cuestionada por ambas partes.
Es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Para ello, entonces, debemos recurrir a la pericia médica del 8 de abril de 2017 y sus explicaciones del 26 de marzo de 2018; 9 de junio de 2020 y 12 de agosto de 2020.
Entonces, en un primer momento el perito médico legista dictaminó que "la escasa documentación obrante en autos, el examen clínico, los estudios médicos solicitados y teniendo en consideración la mecánica del accidente, se puede inferir que el actor presenta, a raíz del mismo, una incapacidad física, parcial y permanente de 21,60% de la T.V., teniendo en cuenta: 12% por el compromiso cervical, 10% por el compromiso lumbar (en ambos se ha tenido en cuenta la presencia de factores concausales) y 1% por la fractura del cuarto metacarpiano de mano izquierda" .
Pero luego, es sus explicaciones del 26 de marzo de 2018 y 9 de junio de 2020 y por último el 18 de agosto de 2022 nos dice que " este perito aclara que en sus conclusiones médico legales, expone y pondera las secuelas halladas al momento del examen; sin embargo, las mismas no se encuentran debidamente documentadas en las historias clínicas agregadas al expediente, siendo así que no es posible establecer un nexo de causalidad directo entre éstas y el evento dañoso de autos ." Atento a la mecánica del accidente, las mencionadas secuelas podrían haberse producido como consecuencia del mismo. Sin perjuicio de ello, no se ha establecido nexo de causalidad directo, lo cual, quedará sujeto al criterio de V.S .
Sigue explicando el perito que "Este perito aclara que en sus conclusiones médico legales, expone y pondera las secuelas halladas al momento del examen; sin embargo, las mismas no se encuentran debidamente documentadas en las historias clínicas agregadas al expediente, siendo así que no es posible establecer un nexo de causalidad directo entre éstas y el evento dañoso de autos " no se ha establecido nexo de causalidad entre las secuelas ponderadas y el evento dañoso de autos" .
Entonces debemos señalar que el nexo causal, es la relación de causa a efecto; el hecho es la causa; el efecto los daños reclamados.-
Por cierto, quien alega que un daño es consecuencia de un hecho determinado, debe demostrarlo; así lo ha venido señalando esta Sala desde antaño (causa nro. 27114 R.S. 222/91).-
Así hemos dicho que es necesaria una conexión causal entre un acto y un resultado, y ello se registra cuando el primero ha contribuido al hecho de producir el segundo, o sea cuando ha sido una de las condiciones "sine qua non" de él y además debía normalmente producirlo de acuerdo con el orden natural y ordinario de las cosas -art. 901 del Cod. Civ- (hoy arts. 1726 y 1727 del CCCN), y se agregaba allí que la investigación sobre el nexo entre la conducta y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez quien debe establecer a través de los medios de prueba que se aporten, si la relación de causalidad ha existido o no, rigiéndose la carga probatoria de las normas procesales básicas -arts. 375 del C.P.C.C.-, importando en caso contrario, es decir que no lo logre- aún en supuestos en que pueda contar con una presunción de culpabilidad a su favor -que su reclamo indemnizatorio no podrá prosperar -causa 20.690, RS 40 del 22-3-88 de esa Sala, entre infinidad de otros-.-
Ello es relevante en materia de daños y perjuicios pues puede una persona acreditar padecimientos físicos o psíquicos, pero para pretender ser indemnizada por ellos debe demostrar, indispensablemente, que el hecho que narra (causa) fue el desencadenante de aquellos padecimientos (efecto); tal es la relación causal referida en el párrafo anterior, cuya existencia -insisto- es imprescindible para dinamizar las requeridas indemnizaciones.
Es del caso analizar si la actora demostró la aludida relación causal.
De la IPP que tengo a la vista en este acto, se desprende que el actor en su denuncia de fecha 7 de octubre de 2011 -es decir varios dias posteriores al accidente- refiere que "... Sergio Gomez... ofreció llevar al deponente a algún centro asistencial. A lo que acepto... solicitó ser atendido en el Hospital Castex... lugar donde fue asistido y le fue diagnosticado una lesión en su mano izquierda.
Luego tenemos los certificados de fs. 5 de estos obrados, con las indicaciones dadas al actor el día 15 de septiembre de 2011; las fotos de fs. 3/4 de las heridas en la mano; el informe de fs. 145 del Higa "Eva Peron" expedido por el Jefe de Servicio de Emergencias donde refiere que el actor ingreso el 15 de septiembre de 2011 con el diagnostico que consta en el folio 279/3 de sus registros.
Allí expone el diagnostico: accidente en la vía pública. Fractura de 4to. metacarpiano izquierdo y herida en 3er y 4to. dedo de mano izquierda. Radiografía mano izquierda. Tratamiento: previa asepsia y antisepsia se realiza bloqueo del 3er. y 4to. dedo de mano izquierda con sutura de herida que se cubre con gasa esteril. Se inmoviliza con valva de yeso palmar. Signos de alarma. Recomendaciones de postura. Analgésia, Antibióticos. Suero + vacuna antitetánica. Curación diaria. Control por consultorio externo de ortopedia y traumatología el 19/09/2011. Asistido por Dr. Carlos Martinez."
Analizada esta situación, entiendo que -a la luz de los precedentes ya evocados- no existen en el caso elementos de convicción (objetivos) que nos lleven a apartarnos de las conclusiones del perito: las mismas emanan de profesional competente, se apoyan en estudios complementarios y aluden a las constancias médicas contemporáneas al hecho (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Entonces tengo por probado únicamente que el actor tiene una incapacidad parcial y permanente del 1% por la fractura del cuarto metacarpiano de mano izquierda.
Coincido, totalmente, con el análisis que en tal sentido efectúa el fallo.
Ahora debo proseguir con la cuestión del daño psíquico.
Para dar respuesta al reclamo de las partes en el punto resulta menester memorar que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.-
Y que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).-
Ahora bien, tenemos una cuestión preliminar, que nos traen la demandada y citada en garantía vinculada con la competencia del perito médico legista para expedirse sobre cuestiones que tengan que ver con lo psicológico.
Abordando el tema, lo primero que debemos analizar es si el planteo es traído en tiempo propio; luego, recién, si lo hubiera sido, daría mi postura en cuanto al fondo del asunto.
Diré, en tal sentido, que a mi juicio el tema es traído a la Alzada tardíamente y, por aplicación del principio que subyace al art. 272 del CPCC, no podemos introducirnos en el tema.
Veamos.
En su escrito inicial, la parte actora ofreció perito médico legista e incluyó, entre las cuestiones a preguntarle, lo psicológico (ver fs. 21vta.).
Venidas al proceso las apelantes, plantearon oposiciones respecto de la designación de médico legista, pero ninguna de ellas tuvo que ver con el hecho de que debiera expedirse sobre la cuestión psicológica.
Dichas oposiciones fueron resueltas el 29 de Mayo de 2013 ( si, hace ya mas de diez años ).
El proceso siguió adelante, el perito médico efectuó su labor (que ahora se cuestiona) y las apelantes plantearon algunas cuestiones a su respecto, incluso la nulidad, pero ninguna de ellas tuvo que ver con que el perito se hubiera expedido sobre la cuestión psicológica (ver actuaciones de fecha 12 de Mayo de 2017 y siguientes).
La nulidad fue rechazada el 6 de Septiembre de 2022.
Por lo demás, las apelantes habían ofrecido pericial psicológica, y desistieron expresamente de ella (ver fs. 208).
Aquí me detengo para señalar que, en su caso, la producción de esta prueba hubiera posibilitado contrastarla con lo que había informado, tiempo atrás, el perito médico y que las hoy quejosas no habían objetado en su momento.
De este modo, venir en esta instancia con la cuestión de que el perito médico carecería de competencia para expedirse sobre el punto cuando, en la instancia originaria se actuó como lo he señalado, es claramente extemporáneo, por lo que las quejas no prosperan.
Entonces entiendo que debe computarse la incapacidad psíquica informada por el perito (10%), sin perder de vista que el tratamiento aconsejado es para evitar agravamientos, sin que surja del dictamen que vaya a hacer desaparecer la patología (arts. 384 y 474 del CPCC).
Dicho esto, y sobre este piso de marcha queda por aludir -ahora- a la tarifación del perjuicio.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente el valor referencial utilizado es el de $250.000 (veinticinco mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapac
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