Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 28730
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso de apelación de la demandada y citada en garantía relativo a la atribución de responsabilidad, revocando la sentencia en cuanto admite el rubro daño psicofísico, el que se rechaza , elevando las sumas fijadas en concepto de gastos y daño extrapatrimonial a las de $30.000 (treinta mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos) , dejando establecido que los intereses deberán calcularse a la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta la del presente decisorio y, de aquí en mas, a la tasa bancaria señalada en el fallo.
Costas de Alzada, en el orden causado, atento el éxito parcial de ambos recursos (arts. 68 y 71 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa N º MO-28730-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "MONTERO NICOLAS ALEXIS C/ TRANSPORTE ALMIRANTE BROWN S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " Causa N º MO-28730-2020 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental, con fecha 29 de Diciembre de 2022 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora, la demandada y la citada en garantía.
Sus recursos se concedieron libremente.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 4 de Abril de 2023, replicado con fecha 17 de Abril de 2023.
El de la demandada y citada en garantía lo fue con el escrito de fecha 10 de Abril de 2023, replicado con fecha 18 de Abril de 2023.
La parte actora se agravia de las sumas fijadas en concepto de gastos, incapacidad (física y psíquica) y daño moral.
La demandada y su garante se quejan, a su turno, de lo decidido en cuanto a la atribución de responsabilidad y a los distintos rubros que fueron receptados en la sentencia (incapacidad psicofísica, gastos y daño moral), cuestionando también la forma en que mandaron a computarse los intereses.
A los términos de cada fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 4 de Mayo de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de ingresar al tratamiento de los distintos temas que se traen.
Comienzo dando respuesta a lo que plantea la demandada y citada en garantía sobre la atribución de responsabilidad.
Creo que, en el punto, sus agravios no sortean la valla del art. 260 del CPCC.
En efecto: la quejosa no refuta, ni mínimamente, aquel aspecto del fallo en el cual se señala que eran las legitimadas pasivas quienes debían acreditar algún eximente legal de responsabilidad, en los términos de la normativa del CCyCN allí citada.
Luego, y en este contexto, aunque prescindiéramos de los dichos del testigo que, recién ahora, viene a cuestionar, seguiría sin quedar acreditada la eximente legal invocada.
Así entonces, aunque descartáramos los dichos de este testigo, no nos dice la quejosa qué elemento de convicción demostraría la eximente necesaria como para ameritar el rechazo de la demanda.
Ello así, y si mi propuesta es compartida, su recurso deviene desierto en el punto.
Prosigo con las quejas vinculadas a la incapacidad, rubro que prosperó por la suma de $2.650.000.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de la pericia, pues la demandada y su garante trae cuestionamientos relativos al nexo causal entre los perjuicios en base a los cuales se reclama y el accidente de autos.
Como bien sabemos, pesa sobre la actora la carga de acreditar la vinculación causal entre el hecho y los daños reclamados (arts. 1736 CCyCN, 375 CPCC).
Aquí tenemos una labor pericial, emitida por médico legista, que nos habló de una incapacidad física del 4% y una psíquica del 15% (ver informe de fecha 19 de Julio, ampliación del 15 de Agosto y explicaciones del 5 de Septiembre y 21 de Octubre de ese mismo año).
Ahora bien, entiendo que en ambos cuestionamientos que formulan la demanda y citada en garantía, les asiste razón.
Veamos.
En el aspecto físico, el perito viene informando, desde el principio, que el actor padece, como consecuencia del accidente, " cervicalgia con contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de lordosis y reducción del rango de movilidad de la columna " y fija por ello el 4% de incapacidad.
Ahora bien, este hecho fue denunciado como acontecido el 29 de Abril de 2018 .
Pero sucede que, conforme la información aportada por la empleadora del actor con fecha 29 de Septiembre de 2022 , el actor ya venía padeciendo problemas de cervicalgia y lumbalgia con anterioridad.
En su escrito de fecha 21 de Octubre de 2022, el perito indica lo siguiente
" Que vista la respuesta agregada en autos por la empresa DABRA S.A. sobre un siniestro que padeciera el actor con fecha 25/08/2017, en esta copia de Historia Clínica, con asiento registrado el 11/09/2017, consta que el actor fue dado de ALTA, con informe de "RX SP" es decir "SIN PARTICULARIDADES", difiriendo de los hallazgos radiográficos del estudio efectuado al actor el 08/05/2022 y que fueran volcados en el informe pericial presentado.
Pero resulta imposible, a falta de registros más precisos en cuanto a rangos de movilidad y otros elementos semiológicos, determinar a ciencia cierta la cuantía que podría haber tenido este evento nosológico, previo al accidente que originara los presentes actuados, en el estado actual del actor".
De este modo, y a mi juicio, no podemos tener por suficientemente acreditada que la patología de la que habló el perito provenga, efectivamente, de este accidente o que tenga que ver con el anterior.
Es mas, el mismo perito dice no poder determinar a ciencia cierta la incidencia de este evento previo, en el estado actual del actor.
Amén de lo cual, la documentación médica que sustenta el dictamen no define, categóricamente, que la incapacidad informada provenga de este hecho dañoso.
Frente a este contexto de indeterminación, y tratándose de dos sucesos que impactaron en las mismas zonas del cuero, e incluso próximos en el tiempo, dada esta última explicación pericial, entiendo que no podemos tener por demostrado el vínculo causal entre el accidente y el estado de salud por el que se informa la incapacidad.
Y algo similar sucede con el aspecto psicológico.
Aquí destaco, inicialmente, que el actor había ofrecido, correctamente, en su escrito inicial prueba pericial médica y, por separado, psicológica.
Sucede que, luego, opta por unificar ambas especialidades, y que haga todo el medico legista (ver actuación de fecha 29 de Septiembre de 2021).
Ahora bien, sucede que el actor aporta un psicodiagnóstico efectuado privadamente (ver actuación del 30 de Mayo de 2022), y en base al mismo el perito informa (ver actuación del 15 de Agosto de 2022).
El 22 de Agosto de 2022 la demandada y citada en garantía le piden explicaciones (fundadas) sobre este tema, y el perito dice lo siguiente
" Con respecto a la veracidad y autenticidad del INFORME PSICODIAGNÓSTICO agregado en autos, deberá ser V.S. quien pondere su real valía en su decisorio ".
O sea, y en concreto: el perito se expide sobre un tema, pero luego no puede siquiera evacuar las explicaciones que se le pidieron al respecto.
Creo que este es un elemento de peso en cuanto a su eficacia probatoria (arts. 384 y 474 del CPCC) pues si no puede esclarecer lo que se le pregunta a modo de explicaciones, mal podamos considerar que el juicio técnico que emite emane de su persona.
Básicamente, aquí se ha limitado a copiar lo que dijo un profesional, de otra materia.
De esto, a delegar el encargo pericial, hay un paso.
Pues bien, aun así, leo el psicodiagnóstico y el mismo no resulta del todo convincente, a poco que advirtamos que allí no se exploraron, suficientemente, los otros antecedentes traumáticos y médicos del actor, a los que hiciera referencia en el punto anterior, como para justificar -suficientemente- que la incapacidad que se informa provenga de este accidente y no de sucesos anteriores.
Hubiera sido bueno que esto pudiera clarificarse si el perito respondía las explicaciones pero, insisto, aquí ello no pudo hacerse, por las razones ya indicadas.
Y no pierdo de vista que ha sido la actora, quien tenía a su cargo la demostración, adecuada, del nexo causal, quien avanzó en esta unificación pericial, ya que inicialmente había ofrecido bien la prueba.
Así, asumió un riesgo probatorio, que terminó desembocando en esta atípica situación.
Ello así, y por las razones expuestas, no estando acreditado el nexo causal entre el hecho y la patología psicológica, entiendo que este aspecto del reclamo también debe repelerse.
Consecuentemente, promoveré el rechazo del rubro incapacidad psicofísica.
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos.
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Por lo demás, aunque no tengamos por demostrada la existencia de una incapacidad permanente derivada de este suceso, en tanto esté acreditado el hecho y las atenciones médicas, el rubro es procedente.
Pues bien, en virtud de lo expuesto, estando acreditado el hecho y la atención médica del actor, el rubro es procedente y por ello promoveré la elevación del monto a la suma de $30.000 (treinta mil pesos) .
Finalizo con las quejas relativas al daño extrapatrimonial.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, los traumatismos que padeció el actor pero, paralelamente, la no demostración de secuelas permanentes derivadas del mismo.
Aún así, el mero hecho de haber protagonizado el accidente, de haber padecido alguna lesión (aunque no dejara secuelas) hace procedente el resarcimiento de este rubro.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado es algo reducido, por lo que promoveré su elevación a la suma de $500.000 (quinientos mil pesos) .
Punto final a tratar es el relativo a la forma de calcular los intereses.
Entiendo que aqui también lleva razón la parte demandada y citada en garantía.
Es que, aplicando la doctrina de la SCBA emergente de los casos "Vera", "Nidera", "Paredes" y concordantes en el mismo sentido, la tasa del 6% anual debe aplicarse hasta la fecha de cuantificación del daño.
Y aquí lo está siendo al momento de esta sentencia, por los rubros que han prosperado.
Luego, deberá modificarse el fallo apelado, dejando establecido que los intereses deberán calcularse a la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta la del presente decisorio y, de aquí en mas, a la tasa bancaria señalada en el fallo.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá declararse desierto el recurso de apelación de la demandada y citada en garantía relativo a la atribución de responsabilidad, revocar la sentencia en cuanto admite el rubro daño psicofísico, el que habrá de rechazarse, elevar las sumas fijadas en concepto de gastos y daño extrapatrimonial a las de $30.000 (treinta mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos), dejando establecido que los intereses deberán calcularse a la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta la del presente decisorio y, de aquí en mas, a la tasa bancaria señalada en el fallo.
Las costas de Alzada deberán quedar impuestas en el orden causado, atento el éxito parcial de ambos recursos (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, dando el mio
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación de la demandada y citada en garantía relativo a la atribución de responsabilidad, REVOCANDO la sentencia en cuanto admite el rubro daño psicofísico, el que SE RECHAZA , ELEVANDO las sumas fijadas en concepto de gastos y daño extrapatrimonial a las de $30.000 (treinta mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos) , DEJANDO ESTABLECIDO que los intereses deberán calcularse a la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta la del presente decisorio y, de aquí en mas, a la tasa bancaria señalada en el fallo.
Costas de Alzada, en el orden causado, atento el éxito parcial de ambos recursos (arts. 68 y 71 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 11/07/2023 09:56:14 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2023 10:05:39 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2023 10:07:10 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 11/07/2023 10:07:11 hs. bajo el número RS-256-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia