Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 16199
Causa N º MO-16199-2021
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "VELOZO ROMINA ELIANA Y OTRO/A C/ HERMANOS MENDI S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-16199-2021 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental, con fecha 28 de Febrero de 2023 dictó sentencia definitiva, rechazando la demanda.
Apeló la actora.
Su recurso se concedió libremente.
Fue fundado con el escrito de fecha 30 de Marzo de 2023, replicado con fecha 5 de Abril de ese mismo año.
Básicamente, la accionante se queja del rechazo de su demanda y de que no se hubiera tenido por probado el acaecimiento del hecho dañoso.
Al tenor de dicho escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 20 de Abril de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos del recurso sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Ello así, paso a ocuparme del fondo del asunto.
Tenemos que el caso ha sido decidido aplicando la regla de los arts. 1721, 1722, 1757, 1758 y 1769 del CCyCN, y la responsabilidad objetiva allí consagrada.
En virtud de ello, quien reclama deberá acreditar el hecho, el carácter de vicioso o riesgoso de la cosa y el nexo causal entre la actuación de la cosa y el daño causado; mientras tanto, el sindicado responsable deberá acreditar, si lo viera menester, alguno de los eximentes contemplados por la normativa.
No hay mayores discusiones en cuanto al encuadre jurídico del caso, por lo que no he de extenderme al respecto.
Aquí la cuestión es que, en la sentencia que llega apelada, no se tuvo por demostrada la existencia del hecho dañoso invocado por la actora al reclamar.
Pues bien, abordando las quejas traídas, entiendo que si bien la prueba rendida es magra, existen suficientes elementos de convicción como para tener por demostrado el acaecimiento del hecho dañoso.
Veamos, la actora entabla su demanda y trae, junto con la documental, algunas placas fotográficas de los rodados involucrados (ver documental adjunta al escrito de fecha 12 de Julio de 2021).
Por lo que se aprecia en ellas, no ha sido un accidente de magnitud, pues los daños no son de importancia.
Pues bien, sucede que, producida la pericial mecánica (ver escrito de fecha 7 de Junio de 2022) el experto dice que " es probable que por la ubicación de los daños mencionados en los elementos probatorios del expediente, es probable que el siniestro y los daños al vehículo de la parte actora, se hayan producido en la forma descripta en la demanda ".
Amén de lo cual, revisó el rodado de la actora y constató que, parte de los daños informados, aun subsistían en él.
Veamos, ahora, con qué otros elementos de convicción contamos.
Con fecha 8 de Marzo de 2022, se glosó la contestación al oficio remitido al profesional allí aludido, que nos habla de la atención médica de ambas actoras con fecha 11 de Mayo de 2021, con politraumatismos.
Es decir, que ya tenemos las placas fotográficas, la pericial mecánica y el hecho de que ambas actoras fueron atendidas con politraumatismos, el día que se denunció como acaecido el accidente (art. 384 del CPCC).
Y todavía existe un elemento mas que, a mi juicio, es fundamental.
Lo acontecido con la denuncia de siniestro, que la citada en garantía fue intimada a aportar (ver proveído de fecha 10 de Mayo de 2022) y que nunca allegó.
Ni tampoco contestó nada frente a dicha intimación.
Es decir, si la intimaron a adjuntar documentación en su poder, podría haberse presentado y, en su caso, sostener que no existía.
En tal caso, deberíamos analizar el temperamento a adoptar.
Pero, en la especie, no hizo absolutamente nada.
Con lo cual, no sabemos si no la adjuntó porque no existía, o porque decidió ser reticente.
Incluso, la actora trae en sus agravios tal cuestión, y en su réplica, la contaria no dice absolutamente nada sobre este punto.
De este modo, y en atención a lo expresamente previsto por el art. 386 del CPCC, entiendo que la omisión en que incurrió la aseguradora genera una presunción (intensa) en su contra que, correlacionada con los demás elementos de juicio que ya he ponderado y con el hecho de que ni la demandada ni la aseguradora aportaron ninguna otra prueba al proceso, entiendo que autoriza a tener por efectivamente demostrada la existencia del hecho en base al cual se reclamó.
Por ello, y no habiéndose alegado ninguna eximente de responsabilidad, considero que la demanda debió haber prosperado.
Promoveré, entonces, se revoque la sentencia en cuanto la desestimó, lo que implica ingresar al tratamiento de las diversas pretensiones resarcitorias incluidas.
En la demanda se incluyeron los siguientes rubros: daño físico, daño psíquico, daño moral, gastos, daños en el rodado, depreciación del mismo, desvalorización y privación de uso.
Analizaré cada uno de ellos.
En cuanto a la incapacidad física, cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Pero, por cierto, quien alega haber sufrido un daño, debe demostrar su existencia.
Y aquí, producida la pericial médica (ver escrito de fecha 11 de Diciembre de 2022), se sostuvo en ella que no se pudo detectar secuelas ni tampoco informar incapacidad física vinculada con el accidente de autos, rindiendo con fecha 23 de Diciembre de 2022 la experta las explicaciones del caso.
No veo mérito, razón ni fundamento para apartarme de lo informado pericialmente (arts. 384 y 474 del CPCC), con lo cual el rubro no prospera.
En el aspecto psicológico, el dictamen de fecha 7 de Agosto de 2022, en base a las razones que allí expresa la perito, nos habla de una incapacidad del 20% en cabeza de cada una de las co actoras, de carácter parcial y permanente; con fecha 17 de Agosto de 2022, la perito evacúa las explicaciones que le fueron solicitadas.
Ahora bien, sabemos que las conclusiones periciales no atan al juez y que las mismas deben ser valoradas, mediante las reglas de la sana crítica y conforme lo indican los arts. 384 y 474 del CPCC.
Tenemos que, aquí, se ha tratado de un accidente de tránsito, que tuve por demostrado, pero que -como lo decía y teniendo en cuenta lo indicado por el perito- no ha sido un accidente de magnitud.
Por otro lado, y conforme surge de la pericial médica, se ha descartado que las actoras, quienes dijeron en su demanda padecer una incapacidad física, tuvieran dicha incapacidad (con esto quiero significar que ya desde su escrito de demanda, las secuelas del evento aparecen, en cierto modo, exageradas).
Ambas cosas congrúen: el accidente ha sido menor y, mas allá de los politraumatismos que informó el consultorio médico que brindó atención en la inmediatez, no hay secuelas físicas resultantes del accidente.
En tal contexto, no parece -a primera vista- razonable, que luego de un accidente menor, dos personas hayan quedado con un grado de incapacidad psíquica considerable.
De hecho, en la pericia se habla de sucesos traumáticos pero veo suficientemente explicado que, en el específico contexto descripto anteriormente (accidente menor, sin secuelas físicas permanentes), ello quede claramente vinculado con el suceso de autos.
E, incluso, añadiendo a ello que una de las co actoras reconoce haber tenido otros accidentes previos, con lo cual me preguntó por qué la perito considera que toda esa incapacidad que informa deriva de este accidente puntual.
No es dato menor, incluso, que para ambas accionantes le esté asignando el mismo porcentaje de incapacidad.
De este modo, y por lo que llevo dicho, la pericia psicológica efectuada, en el específico contexto de este proceso, no me parece convincente y por ello me apartaré de sus conclusiones (arts. 384 y 474 del CPCC), desestimando el rubro.
Prosigo con el rubro gastos.
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Pues bien, a esta altura, están acreditados algunos menoscabos físicos luego del accidente, aunque sin secuelas, y está acreditada también la atención médica concomitante.
Entiendo, entonces, que el rubro ha de prosperar, por la suma de $30.000 (treinta mil pesos) para cada una de las actoras.
Sigo con el daño extrapatrimonial.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, debemos tener en cuenta que ambas actoras protagonizaron un accidente de tránsito lo cual, conforme las máximas de la experiencia, genera un estado de incomodidad, alteración y preocupación.
A ello se suma que, aunque no se demostró que tuvieran secuelas permanentes, sí se probó que sufrieron politraumatismos, lo que denota algún sufrimiento y padecimiento físico, lógicamente extensible al ámbito espiritual.
En tal contexto, entiendo que el rubro es procedente y, desde mi punto de vista, ha de tarifarse en la suma de $300.000 (trescientos mil pesos) para cada una de las accionantes .
Prosigo con los rubros vinculados con el rodado.
En cuanto a los daños sufridos por el mismo, están probados mediante la pericial mecánica rendida (lateral derecho guardabarros delantero y trasero puerta delantera y trasera, espejo retrovisor, bagueta lateral trasera y llanta).
El rubro es, entonces, procedente en los términos de los arts. 1738 y 1740 del CCyCN.
Y si bien el perito nos habla de un monto para la reparación, se está refiriendo a valores de la fecha de su dictamen (Junio del año pasado) y, de nuestra parte, tratándose de una obligación de valor (reparación del rodado) tenemos que tarifarla a los valores más próximos a la fecha de este decisorio.
Con lo cual, partiendo de la base de la suma informada pericialmente, acudiendo a las máximas de la experiencia, analizando la evolución de las variables económicas desde la fecha del dictamen y hasta el presente, y en los términos del art. 165 del CPCC, entiendo que el rubro debe prosperar, por la suma de $200.000 (doscientos mil pesos) .
En lo que hace a la privación de uso, cabe entonces recordar que, en la causa MO-8106-2019, sentencia del 19 de Mayo de 2022, adherí al voto del Dr. Gallo en cuanto sostuvo que
" Con relación a la privación de uso, he sostenido (causa Nº MO-47-08, R.S. 296/12) que “la sola privación del uso del automotor es un daño indemnizable (conf. entre otros: Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, t. II, nro. 1.555, págs. 393 y 394; Trigo Represas-Compagnucci de Caso, "Responsabilidad Civil por accidentes de automotores", v. 2, pág. 546 y sgs.; C.C. y C. Morón, Sala I, R.S. 33/81; idem, Sala II, R.S. 141/80).-
La opinión contraria, a mi modesto entender, es desconocer la realidad del acontecer diario en cuanto a que cualquier persona que diariamente utilice un automóvil para desplazarse, es notorio que necesita para efectuar el mismo accionar la sustitución por otro medio de transporte y/u otro vehículo, teniendo presente mi voto en tal sentido y que he sostenido en otra causa recientemente (conf. causa nro. 39.933, R.S. 443 del 22/10/98) el respeto de máximas de experiencia, notoriedad y reconocimiento de una realidad cotidiana que vivimos en la sociedad.-
Desde otroángulo, no pierdo de vista el criterio sostenido (por mayoría) en precedentes de la SCBA: Ac 44760 fallo del 2-8-1994, Ac 52441 fallo del 4-4-1995, Ac 54878 fallo del 25-11-1997 (Juba sumario B23040).-
Aunque tampoco pierdo de vista el criterio contrario sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso posteriormente a tales precedentes, en el sentido que si se trata de un automotor afectado al uso particular, la sola privación de su uso produce una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria (Fallos 319:1975; 320:1564; 323:4065).-
Por lo que -entiendo- debo mantenerme en la postura anteriormente descripta pues no solo es la que refleja mi pensamiento sobre el tema sino que también es la que, en su momento, ha adoptado el cimero tribunal nacional” .
Luego, teniendo en cuenta que según indica el experto, la reparación del vehículo demandaría unos 12 días, entiendo que el rubro debe prosperar por la suma de $25.000 (veintincinco mil pesos) .
Finalmente, el reclamo por desvalorización no prospera, porque el perito afirma no poder expedirse al respecto.
Los dos rubros anteriormente mencionados corresponderán a la co actora Nicoleta, conforme los términos del reclamo inicial.
3. De este modo, he analizado y definido el componente resarcitorio por el que ha de prosperar la demanda entablada contra Hermanos Mendi S.A., la misma debe admitirse por la suma de $330.000 (trescientos treinta mil pesos) para Romina Eliana Velozo y de $ 555.000 (quinientos cincuenta mil pesos) para Maria de los Angeles Nicoleta.
A ese capital deberán adicionarse los intereses que, conforme la doctrina sentada por la SCBA en las causas "Vera", "Nidera", "Paredes" y subsiguientes, que ha sido seguida por este Tribunal (Ac. Extr. 839), deberá calcularse desde la fecha del hecho 12 de Mayo de 2021 y hasta la de este decisorio a la tasa del 6% anual y, de allí en mas, a la tasa pasiva mas alta que pague la banca provincial, en sus operaciones de depósito a treinta días.
La condena deberá cumplirse en el plazo de 10 días de quedar firme la resolución que apruebe la liquidación, bajo apercibimiento de ejecución, y se hará extensiva a la aseguradora Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. en los términos del art. 118 de la ley 17.418, aunque dejando establecido que la citada en garantía deberá responder respetando los mínimos de cobertura vigentes, según lo determine la autoridad de aplicación, a la fecha del pago.
Las costas de ambas instancias deberán quedarle impuestas a la demandada, con extensión a su aseguradora (arts. 68 y 274 del CPCC) y la regulación de honorarios habrá de diferirse para su oportunidad.
Consecuentemente, y con tales alcances, a la cuestión planteada doy mi voto
POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, dando el mio
POR LA NEGATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la sentencia apelada, HACIENDO LUGAR a la demanda promovida, CONDENANDO A Hermanos Mendi S.A. a abonar la suma de $330.000 (trescientos treinta mil pesos) a Romina Eliana Velozo y de $ 555.000 (quin
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.