Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 18942
Causa Nº MO-18942-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "HEREDEROS DE CORREA EZEQUIEL EDUARDO C/ TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.A C.I.I Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-18942-2013" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. Contra la sentencia dictada el 25 de febrero del 2022, se alzó el letrado apoderado del Sr. Jorge Daniel Soares, Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I.I., y Metropol Sociedad de Seguros Mutuos, interponiendo el 2 de marzo del 2022 el respectivo recurso de apelación, siendo el mismo concedido libremente el 8 de marzo del 2022.
Arrivados los autos a este alzada, el 13 de mayo del 2022 se presentó la pertinente expresión de agravios, confiriéndose el respectivo traslado el 19 de mayo, mereciendo la réplica del 31 de mayo del 2023.
2. El 25 de febrero del 2023, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
El recurrente comienza cuestionando la atribución de responsabilidad decidida en la sentencia cuestionada, haciendo incapie en la prueba de la mecánica accidental.
Luego de ello, embiste contra la admisión y tarifación de los montos fijados en concepto de daño físico, daño psicológico, daño moral y tratamiento futuro.
Por ultimo, cuestiona el rechazo de la excepción de prescripción.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
Comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que la Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras) y sobre el tema no existen agravios de las partes.
Esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio "tantum devolutum quantum apellatum", hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94)".
En virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde analizar el concreto caso de autos.
De la atenta lectura de la misma se observa que la expresión de agravios presentada por la parte demandada y citada en garantía, en cuanto embiste contra la admisión y cuantificación de tratamiento futuro y el rechazo de la excepción de prescripción, no cumplen con la manda del art. 260 del C.P.C.C., en cuanto a la critica concreta y razonada que dicha norma requiere para el embate recursivo.
Toda vez que dichos embates, resultan escuetos y limitados en cuanto a los argumentos recursivos, no resultando idóneos para enervar la decisión jurisdiccional.
Como lo vemos, concretamemente en el caso del rechazo de la excepción de prescripción, que al pretender revocar lo decidido, sumado a las concretas constancias, por ejemplo de la Receptoría General de Expedientes, requería la presentación de sólidos fundamentos para que esta alzada considere tratar el embate.
En consecuencia, no habiendo el apelante expresado idóneamente agravios en relación a la resolución apelada, quedando de esta manera irrebatidos los argumentos expuestos por la jurisdicción, en los puntos aquí en cuestión, entiendo que corresponde dinamizar la sanción prevista en el art. 261 del C.P.C.C., debiéndose entonces y por la descripta insuficiencia técnica -art. 260 del C.P.C.C.- declarar desierto el recurso de apelación deducido; en cuanto cuestiona la admisión y cuantificación de tratamiento futuro y el rechazo de la excepción de prescripción, con costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Como vimos el letrado apoderado de la demandada y citada en garantía cuestiona la atribución de responsabilidad decidida por la sentenciante.
Para abordar el tema entiendo necesario efectuar una breve reseña del relato de los hechos brindados por las partes al comparecer en autos.
El Sr. Ezequiel Eduardo Correa se presenta a fs. 33/48 por derecho propio e inicia demanda por los daños y perjuicios ocasionados a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 27 de Julio de 2011, contra Transportes Unidos de Merlo SACIeI, Jorge Daniel Soares y /o quien resulte en definitiva haber sido responsable y/o propietario y/o tenedor y/o usuario y/o detentador de la guarda del ómnibus interno 315 perteneciente a la linea 500 con patente colocada JLB 034. Incoa la acción por la suma de pesos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta ($82.650), asimismo cita en garantía a Metropol Sociedad de Seguros Mutuos.
Comienza su relato manifestando que el día 27 de julio de 2011 en ocasión de dirigirse desde su domicilio de la localidad de Libertad hasta la estación Merlo del ferrocarril Sarmiento, ascendió a un transporte público de pasajeros perteneciente a la línea 297. Que al llegar a su destino siendo las 12.10 horas aproximadamente, procedió a bajar del ómnibus mencionado en la parada ubicada en la acera este de la Avenida Libertador General San Martin casi esquina Suipacha de la localidad de Merlo provincia de Buenos Aires.
Destaca que una vez descendido de la unidad de la línea 297 al encontrarse detenida su marcha por bajar otros pasajeros e impedir el semáforo en rojo que siga circulando, ingresó en la senda peatonal para cruzar la avenida Libertador hacia vereda oeste , señalando que es en aquel momento cuando luego de terminar de pasar todo el frente del colectivo 297 que lo había transportado, aparece por el segundo carril de la avenida libertador un colectivo de la linea 500 interno 315 dominio JLB 034 conducido por Jorge Soarez.
Manifiesta que el mencionado conductor no respectó el semáforo en rojo que prohibía su paso, que jamás procedió a frenar la unidad motora, continuó su marcha sobre la senda peatonal e impactó con el frente del omnibus violentamente al accionante sobre su hombro, brazo y cadera derecha, haciendo que con el golpe caiga en el asfalto a mas de tres metros de distancia de la senda peatonal.
En el devenir del proceso nos encontramos con la presentación efectuada a fs. 62/73 por el Dr. Humberto Jorge Raponi, en representación del demandado Jorge Daniel Soares ( poder acompañado a fojas 60/61), oponiendo excepción de prescripción y contestando demanda, citando asimismo a Metropol Sociedad de Seguros Mutuos.
En cuanto al relato de los hechos refiere que el día 27 de julio de 2011 aproximadamente a las 12.20 horas la unidad de Transportes Unidos de Merlo SACIeI interno 315 conducida por el accionado circulaba por Avenida del Libertador en sentido sur a norte, que el estado del tiempo era bueno y el chofer conducía cautelosamente, sin sobrepasar la velocidad permitida, tomando los recaudos necesarios para dominar un vehículo de tal magnitud.
Destaca que la Avenida Libertador tiene a la altura de su intersección con la calle Suipacha dos carriles de circulación por cada una de sus manos.
Puntualiza, sobre el evento que al estar aproximadamente a 40 metros de la intersección con la calle Suipacha y al momento de pasar al lado del interno 307 de una de las líneas explotadas por Transportes Unidos de Merlo SACIeI, el cual se encontraba detenido en la respectiva parada, en el otro carril de esa mano de la avenida efectuando el ascenso y descenso de pasajeros, un peatón apareció imprevista y repentinamente por delante de la parte frontal del vehículo detenido y cruzó corriendo la avenida.
Manifiesta, que fue allí que el imprudente peatón embistió con su humanidad el colectivo conducido por el accionado cayendo hacia el pavimento ya que dado lo sorpresivo e imprevisto de su maniobra no fueron suficientes las maniobras realizadas para evitar el hecho.
Enfatiza que resulta evidente que la culpa recae exclusivamente en la actitud del actor, el cual negligentemente no respectó las normativas de tránsito e intentó cruzar una avenida de gran caudal vehicular por fuera de la senda peatonal cruzando delante de un vehículo detenido de gran porte que el impedía la visión adecuada del tránsito vehicular . Señalando que la víctima debió haber cruzado en la esquina y por la senda peatonal establecida expresamente para ello y que si deseaba realizar la maniobra temeraria de cruzar por mitad de la cuadra , debió al menos esperar que el colectivo detenido reanudase su marcha para poder tener adecuado panorama visual del tránsito de la avenida que se disponía a cruzar.
A fs 89/90 y 103/105 se vuelve a presentar el Dr, Raponi, en la primera de ellas, en representación de la demandada Transportes Unidos de Merlo SACIeI (poder acompañado fs.84/87) y en la segunda en representación de la citada en garantía Metropol Sociedad de Seguros Mutuos(poder fs. 99/102), en ambos casos, adhiriendo a la contestación efectuada por el demandado Soares.
Al dictar la sentencian definitiva la magistrada de la instancia de origen consideró
"Por todo lo antes analizado y por aplicación de los principios y normas referidos habré de rechazar la pretensión de repeler la acción incoada por la parte demandada y citada en garantía y habré de hacer lugar a la demanda promovida por la actora conforme la extensión del resarcimiento que a continuación se analizará (arts. 906, 1068, 1113 y ccdtes. del Código Civil; art. 375, 384 y ccdtes.del CPCC), lo que así quedará resuelto."
Como vimos contra tal forma de decir se alzó la parte demandada y citada en garantia.
Ahora bien, de la síntesis efectuada, observamos que las partes son contestes en la producción del siniestro ocurrido el 27 de julio del 2011, aunque distan en la mecánica propia del infortunio y las responsabilidades en cuanto a la producción del mismo.
Descriptas las disimiles posturas daré paso al pertinente encuadre normativo del caso.
En ese sentido, debemos resaltar liminarmente que la Sra. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, por lo cual y tal lo destacado al inicio del presente desarrollo, estimo, al igual que lo entendiera la a quo, el caso debe emplazarse en la directiva reglada por el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil (última hipótesis), que consagra la teoría del riesgo en los supuestos de daños ocasionados por el vicio o riesgos de la cosa.
A mi modo de ver, el automotor constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs.As., 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974; en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed. A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113) y mas aún si se trata de uno de gran porte, circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la excepción de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113, 2do. párrafo cit.), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art. 1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (arts. 513 y 514 del Código Civil).
Asimismo, cabe recordar que desde esta Sala en causa 28.376 R.S. 203/92, entre muchas otras ha destacado que "...Cualquiera fuera el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño, sea para demostrar la existencia de aquella, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar es si ha mediado culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder..." .
No obstante a los fines de la responsabilidad civil por el riesgo creado, la irrelevancia de la culpa del causante de los daños no enerva el análisis de la conducta por el juzgador.
En tal sentido ha dicho esta Sala en causa 28.460 R.S. 97/1992 entre otras: "...Al juzgar el comportamiento de la víctima o de un tercero, necesariamente deberá incluirse bajo la óptica del juzgador, el obrar dinámico del victimario para poder apreciar con corrección si la conducta que se reprocha al damnificado o al tercero por el que no debe responder resulta o no indiferente o es injustificada y si ha contribuido total o parcialmente a la producción de los daños. Esa investigación fáctica no persigue establecer la culpa del autor material del perjuicio, pues la responsabilidad que la autoría en este caso supone, viene impuesta por la ley con total independencia de un reproche culposo" .-
También sostuvo esta Sala, en esa línea de pensamiento, en la causa 20.947 R.S. 73/88, entre otras, en cuanto a la justificación de las eximentes legales: "...Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa -art. 375 2º p. del CPCC-. Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de responsabilidad civil legalmente establecidos deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo, porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar en casos excepcionales, sin que se le confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S.C.B.A. Acuerdos 33.743 DJBA T 132, 1987, Ejemplar número 10.229 del 24/4/87)".
Con todo ello dicho, puedo ocuparme -ya- del plexo probatorio de autos.
Ello no sin antes recordar que "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente" (S.C.B.A, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; S.C.J.B.A. Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolas") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse -conforme las reglas de la sana crítica- las pruebas que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa.
Luego de analizar los testimonios brindados por los testigos, Hugo María Santana el 26 de agosto del 2015 y el 5 de agosto del mismo año, de Pedro Miguel Acosta y Marcelo Adrián Mendez. (el primero fue ofrecido por la parte actora mientras que los otros dos por la parte demandada y citada en garantia), considero que la recepción de la acción decidida por la sentenciante, se encuentra ajustada a derecho.
Explico el porque de mi postura.
Hemos visto, que la parte demandada y la aseguradora, al comparecer en el proceso, enfatizaron que la culpa recae exclusivamente en la actitud del actor, el cual negligentemente no respe
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.