Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 50500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada (lo que incluye la regulación de honorarios llevada cabo), debiendo continuarse la tramitación del proceso según su estado.
Sin costas de ambas instancias, atento la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
Causa Nº MO-50500-2019
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "DIAZ FELIX EMILIANO C/ LOZADA CARO VICTOR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-50500-2019" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra el decisorio dictado el 2 de marzo del 2023, se alzó la parte actora, el 13 de marzo del 2023, interponiendo recurso de apelación; siendo el mismo concedido en relación, presentando el pertinente memorial el 20 de marzo, confiriéndose el respectivo traslado el 20 de marzo.
2. El 4 de mayo del 2023, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Sentado ello, y para abordar la cuestión planteada, es oportuno recordar que esta Sala en la causa 39.829, R.S. 60/13 ha sostenido en relación al instituto de la caducidad de instancia que: "es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica. Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure". Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.-
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".-
Y el tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).-
Pero también esta sala viene sosteniendo que la caducidad de instancia debe apreciarse con criterio restrictivo (esta Sala en causa nro. 42.515 R.S. 329/02, entre otros).-
Bajo tales premisas, analizaremos el caso traído a decidir.-
Es sabido que, a los efectos de la caducidad, el plazo de inacción debe computarse desde la última actuación procesal útil para impulsar el proceso (doct. art. 311 del CPCC).-
Ello, generalmente, surge de la compulsa del expediente.
Pero puede ocurrir que, en ciertos casos, se trate de actividad procesal que no se documente, inmediatamente, en las actuaciones.-
Al respecto, se ha dicho (causa nro. 43.410, R.S. 334/00) que " cuando se practica una diligencia fuera del trámite del expediente, resulta idónea como actividad impulsoria del proceso, siempre que haya sido ordenada por el Juzgado, siendo indiferente el momento en que la misma se cristalice en las actuaciones " (en igual sentido ver esta Sala en causas 43.138 R.S. 106/00; 45.366 R.S. 518/01; 49379 R.S. 473/04, entre otras).-
Pues bien, en el caso, el fallo apelado toma como última actuación procesal el proveído del 31 de octubre del 2022.
Mas allá de lo cual, según las constancias adunadas por el apelante, la cedula diligenciada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue informada el 6 de diciembre del 2022.
Es decir, dicho diligenciamiento fue entre la fecha tomada por la magistrada como última actividad útil y la declaración de caducidad de instancia.
Así entonces, y a la luz de lo expuesto, es claro que tomando esa fecha, al momento de decretarse la caducidad, no había transcurrido, aun, el plazo trimestral contemplado por el art. 310 inc. 3 del CPCC para este tipo de procesos.
Consecuentemente, a la luz de lo expuesto y con el criterio restrictivo antes enunciado, habrá de revocarse la resolución apelada (incluso en cuanto regula honorarios), continuándose la tramitación del proceso según su estado.
Resultando abstracto el tratamiento del embate recursivo a los emolumentos regulados en tal resolución.
Todo ello sin imponer costas, atento la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la resolución apelada (lo que incluye la regulación de honorarios llevada cabo), debiendo continuarse la tramitación del proceso según su estado.
Sin costas de ambas instancias, atento la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2023 12:43:55 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2023 12:50:14 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2023 12:52:00 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/08/2023 12:52:01 hs. bajo el número RS-298-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia