Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 37419
Causa N º MO-37419-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "RUIZ JORGE ANTONIO Y OTROS C/ FLORES MIRIAN EDITH Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-37419-2013 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental, con fecha 30 de Diciembre de 2021 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora, la demandada y la citada en garantía.
Los recurso se conceden libremente.
La actora presentó su expresión de agravios con fecha 15 de Junio de 2022, y no fue contestada.
La demandada y su aseguradora presentan sus agravios el día 21 de Junio de ese mismo año, replicados por la actora el 12 de Julio de ese año.
La actora se agravia de las sumas fijadas en concepto de incapacidad, gastos, daño moral y de la tasa de interés; mientras tanto, la demandada y citada en garantía objetan los montos fijados para los tres primeros rubros mencionados.
A los términos de cada uno de tales escritos cabe remitirse, para evitar repeticiones innecesarias.
Originalmente, se habían llamado "autos para sentencia" pero, posteriormente, el llamamiento se suspendió y se le requirieron explicaciones al perito médico (ver resolución del 8 de Noviembre de 2022), que las rindió con fecha 31 de Marzo de 2023, de las cuales se confirió traslado, no habiendo dicho nada ninguna de las partes.
Por ello, el llamamiento fue reanudado el 10 de Agosto de 2023, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar a abordar los distintos temas que las partes han sometido a nuestra decisión.
Comienzo con el rubro incapacidad, que ha prosperado por las sumas de $600.000 para el co actor Ruiz y $650.000 para el co actor Figueroa.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de las pericias.
La sentencia descartó el resarcimiento por el componente psicológico del daño, y sobre eso no existen agravios.
Mientras tanto, computa la documentación médica obrante en el expediente y el dictamen pericial del 20 de Noviembre de 2018 (con sus explicaciones) para considerar que el actor Ruiz presenta Cervicobraquialgia post-traumática, Lumbalgia post-traumática y Esguince de ambas rodillas y síndrome meniscal, considerando una incapacidad del 18,77% que se desglosa así: 1) Cervicobraquialgia post-traumática: 5% 2) Lumbalgia post-traumática: 5% 3) Esguince de ambas rodillas y síndrome meniscal:10.%
Y que el actor Figueroa padece una incapacidad parcial y permanente del 20,36% , que se desglosa así: 1) Cervicobraquialgia: 5%, 2) Lumbociatalgia posttraumática: 5%, 3) Síndrome post-conmocional tardío: 7%, 4) Pérdida de piezas dentales: 2,2% y 5) Secuelas estéticas: 3%.
Pues bien, en base a unos agravios bastante sintéticos de la demandada y citada en garantía, que ponderamos con amplitud, le hemos pedido al perito médico que explique la vinculación causal del hecho con tales daños y lo correlacione con la documentación médica, efectuando el experto la presentación de fecha 31 de Marzo de 2023 en la cual, muy brevemente, procura cumplir lo que le solicitó este Tribunal, ratificando su dictamen y correlacionando las patologías mencionadas con los elementos a los que alude.
Ahora bien, sucede que, notificada dicha presentación a las apelantes, no dijeron absolutamente nada .
Por cierto, no corresponde que esta Sala asuma las incumbencias propias de las partes y el perito, convocado para expedirse al respecto, está correlacionando lo dicho con las constancias médicas que refiere y ratificando su dictamen.
Lo esperable de quien apeló hubiera sido que dijera, mínimamente, algo y no que se mantuviera silente.
Con lo cual, teniendo en cuenta que la pericia emana de profesional competente, que ha ido respondiendo las explicaciones que se le solicitaron, que en su última actuación ratificó su dictamen, que está probada la existencia del accidente y que no existe prueba (objetiva) en la causa que permita conectar las dolencias informadas pericialmente con alguna otra circunstancia, entiendo que no corresponde que nos apartemos del dictamen (arts. 384 y 474 del CPCC).
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales de cada actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar a los reclamantes a futuro, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino que resulta reducida, por lo que habré de proponer su elevación a la de $6.000.000 (seis millones de pesos) para el co actor Ruiz y a la de $6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos) para el co actor Figueroa.
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos ($20.000 para cada co actor).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Pues bien, a esta altura, están acreditados los menoscabos físicos que ha sufrido cada co actor y los tratamientos a los que debieron someterse, por lo que -computando incluso la antedicha presunción- entiendo que debe elevarse la suma fijada a la de $40.000 (cuarenta mil pesos) para cada uno de ellos.
Sigo con las quejas relativas al daño moral, que prosperó por la suma de $300.000 para el co actor Ruiz y $350.000 para el co actor Figueroa.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrieron los actores, los tratamientos a los que debieron someterse y la incapacidad física que les ha quedado, y que va a acompañarlos por el resto de su existencia.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo sino sensiblemente reducido y por ello promoveré su elevación a la de $2.000.000 (dos millones de pesos) para el co actor Ruiz y $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) para el co actor Figueroa.
Me queda por dar respuesta, finalmente, a los agravios sobre los intereses.
En tal sentido, la sentencia ha hecho correcta aplicación de la doctrina de la SCBA sentada en los casos "Vera", "Nidera", "Paredes" y "Cristos", estableciendo la aplicación de una tasa pura hasta la fecha de cuantificación y de allí en mas la tasa pasiva digital.
Es, por otro lado, la tasa de interés que hemos aplicado desde esta Cámara en el Acuerdo 839, siguiendo la doctrina de la SCBA.
La parte actora trae algunas quejas al respecto, evocando incluso precedentes de la SCBA, pero el Alto Tribunal no ha cambiado de criterio, sino que ha mantenido sustancialmente, en sus fallos posteriores, el antedicho, con lo cual estas quejas no prosperan.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberán elevarse las sumas fijadas en concepto de incapacidad, gastos y daño moral, a las de $6.000.000 (seis millones de pesos), $40.000 (cuarenta mil pesos) y $2.000.000 (dos millones de pesos) para el co actor Ruiz y a las de $6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos), $40.000 (cuarenta mil pesos), $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) para el co actor Figueroa, confirmándose la tasa de interés establecida en el fallo.
Atento el resultado propuesto para los recursos, propondré que las costas de Alzada queden impuestas en un 10% a la parte actora y en un 90% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la ca
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