Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 38509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia apelada en cuanto a los montos que fija por gastos y daño extrapatrimonial, elevándolos a las sumas de $40.000 (cuarenta mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos) , para cada uno de los co actores, CONFIRMANDOLA en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, en un 20% a la actora y en un 80% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa N º MO-38509-2019
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LANG VICTOR EMANUEL Y OTROS C/ SALCEDO RICARDO NICOLAS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-38509-2019 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr.. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 Departamental, con fecha 12 de Abril de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan la actora y la citada en garantía.
Sus recursos se concedieron libremente.
El de la actora fue fundado con el escrito de fecha 30 de Mayo de 2023, replicado con fecha 21 de Junio de 2023
El de la citada en garantía con el de fecha 30 de Mayo de 2023 (presentado en primera instancia), que no mereciera réplica.
La actora se agravia por la desestimación del rubro incapacidad, por la suma fijada en concepto de gastos y por la suma fijada en concepto de daño extrapatrimonial.
La citada en garantía, mientras tanto, ataca la procedencia del rubro gastos, como así también la del rubro daño extrapatrimonial y su cuantificación.
Al tenor de dichos escritos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 6 de Julio de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de ambos recursos sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Ello no sin dejar de resaltar (y llamar a la reflexión) al letrado de la citada en garantía, que remitió tanto su expresión de agravios como la contestación de los agravios de la contraria, al juzgado de primera instancia, generando mayor actividad procesal.
Que esto pase una vez, puede ser un error; que esto pase dos, ya es mas difícil de comprender y justificar.
Y aunque hemos tenido por presentados ambos escritos, a fin de evitar un exceso ritual y resguardando su derecho defensa, ello no me exime de marcar la situación, para procurar que en el futuro no se repita.
Paso, entonces, a tratar los agravios.
Comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad, rubro que se ha desestimado por falta de prueba.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Pero, por cierto, para que prospere el reclamo en los términos del aludido art. 1746 del CCyCN debe demostrarse, adecuadamente, el menoscabo incapacitante derivado de las lesiones, instalado de manera permanente, o siquiera transitoria.
Lo cual, en los términos del art. 1744 del mismo Código, queda en cabeza de la parte actora, que es quien viene a reclamar.
Ahora, para cumplir dicha carga, debe acudirse al medio probatorio específico, que es la prueba pericial (art. 457 CPCC).
Y debería demostrarse una incapacidad vinculada causalmente con el evento dañoso, no siendo -de este modo- suficiente demostrar algunas lesiones, porque las mismas pueden, o no, haber dejado secuela.
Pero en el caso, y como bien lo resalta el fallo, no se llevó a cabo la pericia.
De este modo, no es suficiente, como lo pretende la actora, incorporar constancias de atención médica concomitantes al accidente para obtener el resarcimiento del art. 1746 del CCyCN, sencillamente porque no sabemos qué es lo que sucedió, como evolucionó el cuadro y si los reclamantes padecen, o no, alguna secuela instalada en su integridad psicofísica.
Coincido, entonces, con la desestimación del rubro.
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos ($20.000 para cada co actor).
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Juega, además, la presunción del art. 1746 del CCyCN.
Pues bien, a esta altura, están acreditadas las lesiones, mediante el aporte de las constancias de la historia clínica, y también está demostrado el hecho.
Con lo cual, en base a lo dicho, el monto prospera.
Amén de ello, teniendo en cuenta lo que surge de la documentación médica reseñada por el Sr. Juez de Grado, y las atenciones que de allí surgen, entiendo que la suma fijada se perfila reducida y por ello promoveré su elevación a la de $40.000 (cuarenta mil pesos) para cada uno de los actores.
Finalizo con las quejas relativas al daño extrapatrimonial, rubro que prosperó por la suma de $200.000 para cada co actor.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por lo demás, el art. 1741 del CCyCN nos indica las pautas a seguir para su tarifación.
Pues bien, desde esta perspectiva, hay algunos elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió cada actor, el hecho de que, efectivamente, padecieron lesiones a resultas del hecho, pero todo ello debe balancearse con la circunstancia de no haberse llegado a demostrar ninguna incapacidad vinculada causalmente con el mismo.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que los actores pudieran encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo, sino mas bien reducido, proponiendo su elevación a la suma de $500.000 (quinientos mil pesos) para cada uno de los co actores.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia en cuanto a los montos que fija por gastos y daño extrapatrimonial, elevándolos a las sumas de $40.000 (cuarenta mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos) , para cada uno de los co actores, confirmándola en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Las costas de Alzada deberán imponerse en un 20% a la actora y en un 80% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, dando el mio.
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la sentencia apelada en cuanto a los montos que fija por gastos y daño extrapatrimonial, elevándolos a las sumas de $40.000 (cuarenta mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos) , para cada uno de los co actores, CONFIRMANDOLA en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, en un 20% a la actora y en un 80% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2023 09:50:25 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 10:38:31 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 11:05:11 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 12/09/2023 11:05:12 hs. bajo el número RS-359-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia