Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 48748
Causa N º MO-48748-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "MENDOZA MARCOS MARCELO C/ FLORES JOSE RAMON Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa N º MO-48748-2018 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental, con fecha 5 de Abril de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelaron la actora, la demandada y la citada en garantía.
Los recursos se conceden libremente.
El de la actora es fundado con la expresión de agravios de fecha 10 de Mayo de 2023, que no fue replicada.
El de la demandada y citada en garantía con la de fecha 14 de Mayo de 2023, replicada con fecha 29 de ese mismo mes y año.
La actora se queja de las sumas fijadas por incapacidad y daño moral.
La demandada y citada en garantía llegan agraviándose de los montos establecidos por incapacidad, tratamiento kinésico, daño moral y daño material.
Al tenor de cada uno de esos escritos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 15 de Junio de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, comienzo por las quejas vinculadas a la incapacidad, rubro que prosperó por la suma de $1.600.000.
Al respecto cabe recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. del CCyCN).
Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Pues bien, teniendo en cuenta los alcances de los agravios de las partes, comienzo por lo atinente a la valoración de las pericia traída en autos.
El fallo trabaja con una incapacidad del 21,8% , que se desglosa así: 15 % luxación o esguince de tobillo (laxitud de ligamentos laterales con bostezo y/o cajón positivo y alteraciones artrósicas del tobillo); 8 % cervicalgia (contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis en las radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna).
Ello según la pericia del 11 de Noviembre de 2019 y sus explicaciones del 18 de Diciembre de ese mismo año.
La pericia emana de profesional competente, es clara, explicativa y fundada, se apoya en estudios complementarios, no existiendo elementos (objetivos) que la contradigan, mas allá de la discrepancia subjetiva de la demandada y su garante.
Por lo demás, no podemos perder de vista que -como bien se señala al replicar los agravios- la cuestión cervical sí fue mencionada en las constancias médicas concomitantes al hecho (ver folio 4 de la documentación incorporada el 10 de Abril de 2019 donde el actor ya refería dolor cervical) y el perito explica, claramente, por qué considera la vinculación causal con el hecho, sin que surja de ninguna otra constancia de la causa que la patología cervical provenga de ninguna otra causa.
En suma, no existen razones (objetivas, insisto) que nos lleven a apartarnos de lo que el experto convocado al efecto ha sostenido en el expediente.
Pues bien, llegado a este punto, efectuadas las antedichas aclaraciones y teniendo determinado el menoscabo incapacitante cabe aclarar que la cuestión resarcitoria no debe observarse desde el estrecho lente del menoscabo económico que ya pudiera haberse sufrido, desde el momento en que nos hallamos ante una incapacidad, de carácter permanente, que acompañará a una persona a lo largo de los años que le queden de vida.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, conjugando las incapacidades resultantes con las circunstancias personales del actor (sexo, edad y condiciones socio económicas del reclamante) y el impacto patrimonial que ello ha de generar al reclamante, entiendo que la suma fijada en este rubro no es para nada excesiva, sino mas bien reducida, por lo que habré de proponer su elevación a la de $6.000.000 (seis millones de pesos)
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos de tratamiento kinésico.
Aquí la demandada y citada en garantía malinterpretan los alcances del fallo, por cuanto la sentencia condena a abonar lo necesario para realizar tratamientos futuros, no la restitución de lo abonado por tratamientos ya realizados.
Con lo cual, no es suficiente para fundar el recurso (art. 260 del CPCC) argumentar acerca de quien abonó los tratamientos pasados, cuando de lo que estamos hablando es de tratamientos futuros.
Sigo con las quejas relativas al daño moral.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Llegado este punto, destaco que los agravios del actor (expuestos en no mas de dos renglones) son notoriamente insuficientes.
Es que si bien en materia de daño moral es algo complejo argumentar en los términos del art. 260 del CPCC, tampoco podemos tolerar -desde la instancia de revisión- que lo único que hagan las partes sea pedir la elevación, sin dar mayores fundamentos en pos de demostrar, siquiera mínimamente, lo exiguo de la partida fijada.
En cuanto al recurso de la demandada y citada en garantía, y para evaluar si el monto es, o no, excesivo, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió el actor, los tratamientos a los que debió someterse y la incapacidad que le ha quedado
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo.
Promoveré, entonces, su confirmación.
Lo mismo sucede con el monto fijado por daño material.
El fallo fija la suma de $40.000.
La demandada y citada en garantía sostienen que es excesivo.
Pero, en primer lugar, se enfocan solo en el dictamen pericial, sin decir nada de lo informado con fecha 20 de Septiembre de 2019 acerca de la autenticidad del presupuesto (que es expresamente mencionado en la sentencia).
Amén de lo cual, y mas allá de lo que se argumenta en cuanto a la pericia, lo cierto es que no existen elementos (objetivos) que contradigan lo sostenido por el experto -que expresamente indicó que su opinión era estimativa- y que la suma de $40.000, aunque el desperfecto haya sido menor (solo el guardabarros), lejos está de resultar -en los términos del art. 165 del CPCC- excesiva a los fines de reparar un vehículo hoy en día, incluyendo repuestos y mano de obra.
Promoveré entonces su confirmación.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá elevarse la suma fijada en concepto de incapacidad a la de $6.000.000 (seis millones de pesos), confirmando la sentencia apelada en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Imponiendo las costas de Alzada en un 20% a la parte actora y en el 80% restante a la demandada y citada en garantía, atento el resultado propuesto para los recursos (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado
En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
La base referencial que estamos utilizando es la de $400.000 por punto de incapacidad.
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros. Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...la
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