Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 6221
Causa Nº MO-6221-2019
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M. C. G. Y OTROS C/ TRANSPORTES ALMIRANTE BROWN SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-6221-2019" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. Contra la sentencia definitiva dictada por la Señora Juez Titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 11 departamental el día 30 de junio de 2023 se alzaron tanto la parte actora como la demandada y citada en garantia interponiendo recurso de apelación; los mismos fueron concedidos libremente y se fundó con la expresión de agravios de fecha 7 y 8 de agosto de 2023 las que han sido replicadas con fecha 15 y 18 del mismo mes y año.
2. Previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Varias son las quejas traídas por las partes a esta Alzada por medio de su escrito de fundamentación.
La parte demandada y citada en garantia se agravia de la atribución de responsabilidad que cayó sobre ella en la sentencia de primera instancia; asimismo se agravia de la ausencia de respuesta en base a la intervención del coactor G. R. en el hecho que se ventila en autos.
Por otra parte ataca los montos de los rubros indemnizatorios como la tasa de interés aplicada por la jueza de grado.
Los actores centran sus quejas en la cuantificación de los distintas parcelas oportunamente peticionadas. Reclamando que se eleven aquellas sumas.
A los términos de cada fundamentación recursiva cabe remitirse.
A) Responsabilidad
En orden a dar respuesta a la cuestión planteada por la parte demandada y citada en garantia es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
Ello sentado, la quejosa utilizó los mismos fundamentos que han sido declarado desierto en los autos "M. N. A. C/ TRANSPORTE ALMIRANTE BROWN S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa Nº MO-28730-2020 .
No refuta, ni mínimamente, aquel aspecto del fallo en el cual se señala que eran las legitimadas pasivas quienes debían acreditar algún eximente legal de responsabilidad, en los términos de la normativa del CCyCN allí citada.
Y aunque prescindiéramos de los dichos del testigo que, recién ahora, se viene a cuestionar, seguiría sin quedar acreditada la eximente legal invocada.
Así entonces, aunque descartáramos los dichos de este testigo, no nos dice la quejosa qué elemento de convicción demostraría la eximente necesaria como para ameritar el rechazo de la demanda.
Por todas estas razones, no habiéndose satisfecho la carga del art. 260 del C.P.C.C., corresponderá declarar desierto el recurso de apelación interpuesto respecto de la atribución de responsabilidad.
B) RECONOCIMIENTO DEL CO ACTOR R. G. A. EN EL HECHO. SU LEGITIMACION ACTIVA
Se queja la demandada y citada en garantia en que la sentenciante de grado tuvo por probado la presencia del Sr. G. A. R. en el automóvil que manejaba el Sr. M. N..
Para dar respuesta a las quejas es preciso efectuar un recorrido a lo largo de la causa y de la actuación llevada a cabo en sede penal.
Relatan los actores que con fecha 29 de Abril de 2018, siendo aproximadamente las 04:10hs., el vehículo Volkswagen Gol dominio AB378UR, conducido por M. N. A., circulaba por la Avenida Ingeniero Huergo en dirección al Este, de la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, Provincia de buenos Aires. Lo hacía a velocidad reglamentaria y atento a las contingencias del tránsito, acompañado por los actores: R. J. C., M. C. G. y R. G. A.. Al encontrarse superando la intersección con la arteria L. N. Alem con luz verde habilitante del semáforo allí ubicado, es violentamente embestido en su lateral izquierdo por el vehículo destinado al transporte público de pasajeros Mercedes Benz modelo CN-BMO 368 dominio JOZ 470 propiedad de Transportes Almirante Brown S.A. y conducido al momento del hecho por M. O..-
Que de la IPP 07-2-008246-18/00 extraigo el acta de procedimientos obrante a fs.28 de la misma y que da cuenta efectivamente del accidente que se ventila en autos y dice que: " ... se entrevistan con el chofer del vehículo marca Volkswagen modelo Gol MSI de color negro con dominio colocado AB378UR... que refirió ser M. N. A.... que el mismo refirió acusar varios golpes a causa de la colisión, que así mismo transportaba en el vehículo al momento del siniestro a una joven femenina menor de edad de apellido R. I. C. (15) y otra joven femenina mayor de edad, de nombre M. C....acto seguido es que se procede a trasladar con un móvil del Comando a las ciudadanas R. I. C. y M. C. hasta el asiento del hospital Interzonal Pedro Fiorito..."
Luego tenemos la declaración del Señor D. quien se encontraba dentro del colectivo pero no refiere dato alguno de los ocupantes del Gol.
De la declaración de la Sra. M. en sede penal extraigo que cuando se produjo el siniestro ". .. recuerda que su cabeza golpea fuertemente el cristal izquierdo de la puerta que le corresponde a su lateral y que se produce un estallido de dicho cristal, el cual cae sobre su cuerpo y dentro de su boca, que luego solo recuerda que todo de puso oscuro, escucho gritos de sus hijos que viajaban junto a ella.. ."
Nada dice respecto a la presencia de su esposo (Sr. G. R.)
De toda la causa penal que tengo a la vista, leo y releo si surge la presencia de G. A. R. en el lugar del hecho y la respuesta es negativa.
Tampoco surge de la declaración de la Sra. I. C. R. obrante a fs. 41 de la aludida IPP.
Así las cosas y mas allá del relato de la parte actora en la demanda tanto en estos obrados como en los autos mo-28730 que tengo a la vista, atento a la orfandad probatoria de la parte actora, soy de la idea que no se encuentra probado que el Sr. G. A. R. haya estado presente en el lugar del hecho que se ventila en autos.
Lógicamente, ante este déficit, y aunque haya acreditado algún padecimiento, no podemos considerar demostrado que el mismo se vincule con el accidente (arts. 1736 CCyCN y 375 del CPCC).
Por tales motivos se deberá hacer lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y citada en garantía y consecuentemente revocar la sentencia apelada en tal sentido, debiendo rechazar la demanda instada por el Sr. G. A. R.. Lo que así dejo propuesto.
C) Rubros indemnizatorios
Ambas partes se agravian de los montos otorgados por la jueza de grado para las distintas parcelas indemizatorias.
Obviamente, no abordaré los rubros concedidos al Sr. R., pues habré de proponer el rechazo de su demanda, en los términos antes indicados.
a) Incapacidad física
Es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art.1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Por otra parte, respecto al nexo causal, es la relación de causa a efecto; el hecho es la causa; el efecto los daños reclamados.-
Por cierto, quien alega que un daño es consecuencia de un hecho determinado, debe demostrarlo; así lo ha venido señalando esta Sala desde antaño (causa nro. 27114 R.S. 222/91).-
Así hemos dicho que es necesaria una conexión causal entre un acto y un resultado, y ello se registra cuando el primero ha contribuido al hecho de producir el segundo, o sea cuando ha sido una de las condiciones "sine qua non" de él y además debía normalmente producirlo de acuerdo con el orden natural y ordinario de las cosas -art. 901 del Cod. Civ- (hoy arts. 1726 y 1727 del CCCN), y se agregaba allí que la investigación sobre el nexo entre la conducta y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez quien debe establecer a través de los medios de prueba que se aporten, si la relación de causalidad ha existido o no, rigiéndose la carga probatoria de las normas procesales básicas -arts. 375 del C.P.C.C.-, importando en caso contrario, es decir que no lo logre- aún en supuestos en que pueda contar con una presunción de culpabilidad a su favor -que su reclamo indemnizatorio no podrá prosperar -causa 20.690, RS 40 del 22-3-88 de esa Sala, entre infinidad de otros-.-
Ello es relevante en materia de daños y perjuicios pues puede una persona acreditar padecimientos físicos o psíquicos, pero para pretender ser indemnizada por ellos debe demostrar, indispensablemente, que el hecho que narra (causa) fue el desencadenante de aquellos padecimientos (efecto); tal es la relación causal referida en el párrafo anterior, cuya existencia -insisto- es imprescindible para dinamizar las requeridas indemnizaciones.
Es del caso analizar si las actoras han probado el daño denunciado y para ello son idóneas pruebas la atención inicial recibida por la víctima, la pericial medica y psicológicas y todos los restantes medios de prueba anejados a los autos.-
Comencemos con la actora I. C. R..
La pericia llevada a cabo el día 13 de mayo de 2023 y sus explicaciones del 20 del mismo mes y año.
De las consideraciones efectuadas por el experto extraigo que "... surge del examen físico llevado a cabo que padece de limitación funcional de la articulación de la muñeca izquierda, siendo coinc
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.